Algo para recordar

Por los mismos días en que la Cámara de Representantes se ocupaba de diligenciar el proceso contra Ernesto Samper Pizano, la Corte Constitucional expidió varios fallos en los que sostenía, con buenas razones, que la inviolabilidad de los congresistas por sus votos y opiniones no podía extenderse a los casos en que ellos actuasen como jueces, por cuanto la idea de un juez irresponsable es incompatible con la garantía del debido proceso que consagra la Constitución.

Con base en esos pronunciamientos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se aplicó a investigar a los representantes que votaron en favor de la preclusión del proceso contra Samper, en razón de la denuncia que por posible prevaricato presentó una importante entidad sin ánimo de lucro.

Conviene recordar que el tema que se estudiaba en la Cámara de Representantes exhibía difíciles aspectos de tipo probatorio sobre los que podía haber distintas apreciaciones, pero, además, hubo denuncias acerca de prebendas de varia índole con que el gobierno de ese entonces pretendió estimular el voto favorable de sus acusadores.

Recuerdo que uno de los representantes que votaron en favor de la acusación me dijo que, a pesar de no ser abogado, les pidió a sus asesores jurídicos que estudiaran concienzudamente el tema , y  ellos le suministraron bases suficientemente sólidas, a su juicio, para sustentar su voto en contra de Samper. A él mismo le dijo el ministro del Interior de aquel entonces que, si se portaba bien, tendría puestos como los que les estaba ofreciendo a otros.

Lo que investigaba la Corte no era entonces lo relativo al poder de interpretación de las pruebas que tiene en conciencia cada juez, sino si el voto favorable a la preclusión del caso había sido motivado o condicionado por prebendas gubernamentales, como, por ejemplo, el nombramiento del esposo de una representante para desempeñar un cargo consular. En síntesis, algo muy parecido a lo que después vino a conocerse en el argot periodístico colombiano como la yidispolítica.

Para oponerse a la investigación que le inició la Corte Suprema de Justicia, el mismo organismo que acaba de elegirla para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación, Vivian Morales incoó una acción de tutela tendiente a frenar esas diligencias, con fundamento en que con ellas se violaba su derecho fundamental a la inviolabilidad de sus votos y opiniones como congresista.

El caso llegó a la Corte Constitucional, cuya mayoría votó en contra de la ponencia contraria a las pretensiones de la tutelante que presentó el magistrado Herrera Vergara. Les correspondió entonces a los magistrados Gaviria Díaz y Martínez Caballero redactar el fallo que, en defensa de los supuestos derechos fundamentales que Vivian Morales sostenía que le habían sido vulnerados, dispuso que la inviolabilidad que la Constitución les garantiza a los congresistas incluye los votos y las opiniones que emitan cuando ejercen funciones jurisdiccionales y se extiende, además, a los hechos inescindiblemente unidos a tales votos y opiniones. En consecuencia, le ordenó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que suspendiera la investigación que había iniciado contra Vivian Morales.

Con base en esta orden, la Corte Suprema cesó el procedimiento que había iniciado contra otros congresistas.

Por supuesto que en el caso se ventilaban cuestiones muy discutibles que podrían haberse dirimido de diferentes maneras. No era, como suele decirse, un asunto pacífico. Además, tampoco se contaba con precedentes significativos tanto nacionales como extranjeros.

Uno de los temas en juego era el de si la Corte Suprema de Justicia incurrió en vía de hecho lesiva de derechos fundamentales al iniciar unas investigaciones amparadas en fallos de la Corte Constitucional. Si ésta misma había dicho que los congresistas al actuar como jueces no están amparados por la garantía de la inviolabilidad, parece de lógica elemental que son procedentes las investigaciones contra ellos por prevaricato y otros delitos conexos, como el cohecho o la concusión.

Por consiguiente, parece un desafío a la lógica que la Corte Constitucional considerase que, por haber seguido unas doctrinas suyas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en vía de hecho susceptible de enervarse por medio de una acción de tutela.

Para salvar este escollo, a los redactores de la sentencia que tuteló los supuestos derechos de Vivian Morales se les ocurrió una fórmula estrambótica, según la cual, aunque la Sala Penal no estaba incurriendo actualmente en vía de hecho por las investigaciones que había iniciado, las misma derivarían en el futuro en un desconocimiento de la garantía de la inviolabilidad de los congresistas. Por consiguiente, se daba así una vía de hecho prospectiva.

El país ha dado en tragarse sin más los abusos dialécticos de la Corte Constitucional. De ahí que denunciarlos equivalga a dar coces contra el aguijón. Pero como acá escribo para la historia, poco me da que salga de estas discusiones como gato escaldado. Quizás en el futuro se diga que por lo menos hubo alguno que no tragó entero ni comulgó con ruedas de molino.

¿Que hubo detrás de esa voltereta de la Corte Constitucional?

Días antes, Alfonso López Michelsen publicó un artículo en El Tiempo para defender la acción intentada por Vivian Morales. No faltó quién dijera que su fama de constitucionalista, su prestigio público y su poder político influyeron decisivamente en el voto de algunos magistrados. Pero hubo también amenazas de parte del Congreso acerca de acciones penales por prevaricato contra los magistrados de la Corte Constitucional que habían sostenido la limitación del privilegio de la inviolabilidad. En fin, se sugiere que algunos de ellos habían sido muy cercanos a Samper y querían blindar la preclusión con que lo favoreció la Cámara de Representantes.

Sea de ello lo que fuere, el precedente que sentó la Corte Constitucional en este caso no es digno de aplaudirse, pues impidió que se pudiera llegar al fondo de uno de los episodios más turbios de nuestra turbulenta historia.

En esta época de los wikileaks es pertinente preguntarse por las motivaciones reales de las grandes decisiones que afectan al público, es decir, los argumentos no explícitos que inciden decisivamente en los que, para salvar las apariencias, se dan a conocer a las comunidades.

Por ejemplo, no parece excesivo inquirir por las razones que llevaron a Juan Manuel Santos a postular como candidata a la Fiscalía a Vivian Morales, y las que a su vez hicieron que la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia votaran en favor suyo. Es tema sobre el que convendrá volver, reitero que en obsequio de la historia.

Divagaciones para la historia

En política, igual que en las demás cosas de la vida, es más fácil equivocarse que acertar.

El error de juicio puede cometerse de buena fe, por distintas circunstancias, y no necesariamente  conlleva algún tipo de déficit moral, así dé lugar a observaciones acerca de si las cosas pudieron haberse manejado de distinta manera.

Conviene traer a colación estas consideraciones de elemental sentido común, ahora que le están lloviendo varapalos al magistrado Arrubla por el modo como ejerció interinamente la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la inusitada renuncia que presentó a poco de ser elegido en propiedad.

Quizás él sea más bien el chivo expiatorio de una situación cuyos ribetes apenas se están conociendo y que no han sido de dominio público.

El editorial que publicó El Espectador el martes último señala algunos aspectos de la cuestión  que los observadores desprevenidos del comportamiento de la Corte no habíamos sospechado, como es el caso del conflicto interno que se vivió entre la Sala Laboral y las restantes por la negativa reiterada de éstas de votar por el candidato que aquélla había postulado para reemplazar a un magistrado de  la misma. Según se comenta, la elección de Fiscal se vio entorpecida no sólo por el conflicto que se había armado con el gobierno de Uribe, sino porque los magistrados laborales decretaron una especie de huelga electoral para presionar que se votara por el que no era del gusto de los demás.

Bien decían los de la terna defenestrada o decaída que el impedimento para la elección de Fiscal no era de ellos, sino de la Corte misma, que ni siquiera había logrado ponerse de acuerdo para elegir Presidente en propiedad, por lo cual le  tocó al magistrado Arrubla ejercer bajo el precario título del encargo por orden alfabético.

¿Pudo haber evitado él tomarse ese cáliz?

No lo sabemos. Quizás alguno más avisado podría haberle hecho el quite a tan dudosa distinción. Pero tal vez los que lo acompañaban en su legítima aspiración de que se lo eligiera en propiedad lo presionaron de alguna manera para que no retrocediese en sus empeños.

Lo cierto es que le correspondió poner la cara por sus colegas en un episodio que reitero que fue bochornoso a más no poder, a punto tal que su imagen y la de la corporación se han visto notoriamente deslucidas.

Por las declaraciones que dio el magistrado Munar al ser elegido para reemplazar en propiedad a Arrubla durante las vacaciones, se supo que hubo una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Santos, a la que asistieron cuatro magistrados. Su objetivo era destrabar las designaciones que estaban empantanadas en la Corte: la de Fiscal, la de Presidente en propiedad y las de cinco vacantes.

No obstante la cacareada declaración de independencia y autonomía que ha pregonado la Corte para impedir injerencias en sus decisiones, todo parece indicar que Santos, como buen cundi-boyacense y aficionado al póker, terminó poniendo a los magistrados contra la pared: o eligen o eligen.

Vaya uno a saber de qué manera los presionó, pero todo hace pensar que a él se debe la fórmula de la componenda, consistente en elegir a Arrubla en propiedad por unos días y después entronizar a su rival, Munar, para que ejerciese en vacaciones. Los malpensados dicen que de ese modo ambos quedaron con derecho a pasaporte diplomático vitalicio y a retrato en la galería de ex presidentes de la corporación.

También cabe atribuirle a la malicia presidencial la partija de candidatos a elegir para llenar las vacantes, de a dos por cada bando y con inclusión del aspirante que había originado la disputa.

¿Hizo guiño Santos acerca de alguno de los que él mismo ternó para la Fiscalía? ¿Fue espontáneo el voto de los magistrados por Viviane Morales? ¿Cómo hicieron ellos para ponerse rápidamente de acuerdo para elegirla, cuando según muchos observadores el que hizo la mejor presentación ese día ante la Corte fue Juan Carlos Esguerra? ¿Qué se movió tras bambalinas?

Dicen los que saben que en la primera votación hubo 12 sufragios por Morales y el resto fue en blanco, lo que llevó al Presidente de la Corte a decir que era muy grave que en esa sesión no pudiera elegirse Fiscal y que de no ser así, “la Corte se derrumbaría”. Se habla de que hubo que calmar el zaperoco que se armó y urdir una solución de emergencia, consistente en rebajar a 14 el número de votos necesarios para perfeccionar la elección. y lograr que por lo menos dos de los reticentes se sumaran a los 12 que ya estaban filados.

Como acaba de observarlo Juan Manuel Charry en Ámbito Jurídico, lo sucedido ha deteriorado ostensiblemente el prestigio de la Corte.

En otro escrito recordé lo que leí en un ascensor de EDA en la época de Samper:”Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”. Ello significa que el deterioro de la imagen institucional acarrea consecuencias tan nocivas como impredecibles. Ya lo veremos.

Más sobre los nuevos mejores amigos

Los únicos enemigos del ex presidente Uribe que Santos no se ha atrevido a incorporar al círculo de sus nuevas mejores amistades son los terroristas de las Farc y el ELN. Pero todos los demás se han visto beneficiados de algún modo con la política de borrón y cuenta nueva que se ha instaurado a partir del 7 de agosto pasado en la Casa de Nariño.

Es muy diciente, por ejemplo, el encuentro con Petro, quien salió diciendo que le gustaba hablar con un Presidente que no lo “chuzaba”, a diferencia de Uribe. También lo es la vistosa invitación que le hizo a César Gaviria para que lo acompañara en una ceremonia militar.

El mensaje es muy claro. Tal como lo señalé en mi escrito anterior, Santos aspira a quedarse con los amigos de Uribe, pero no quiere heredar sus enemistades.

Desafortunadamente, su propósito de no malquistarse con las segundas y darles gusto para mantenerlas en su redil no impide los roces con los primeros.

Sólo la prudencia de Uribe ha evitado que se produzca la ruptura con su sucesor, quien no ha escatimado oportunidad alguna para hacerlo quedar mal ante propios y extraños.

Ya me he referido a los temas de Venezuela, Ecuador y Unasur, que de todas maneras requieren consideraciones más detalladas. Tocaré ahora algunos de los aspectos relevantes de las nuevas mejores amistades presidenciales en el ámbito interno.

Uribe, con buenas razones que por lo menos ameritan examinarse, ha denunciado que sus colaboradores no gozan de garantías por parte de algunos sectores de la Corte Suprema, la Procuraduría y la Fiscalía, por lo cual considera que deben de protegerse buscando asilo en el exterior.

Pues bien, para conservar su luna de miel con la Corte, Santos sale a desmentirlo públicamente y a censurar al gobierno panameño por el asilo que le otorgó a María del Pilar Hurtado.

Su discurso es idéntico al del Presidente de la Corte: Colombia es un Estado de Derecho que consagra un sistema garantista y el gobierno está en capacidad de proteger a todos los habitantes del territorio, lo cual, en buena lógica, es una petición de principio, pues admite como probada la premisa que se cuestiona.

En un rapto de euforia, se solaza con la elección de nueva Fiscal, diciendo que de con ello todo el mundo ha quedado contento. Todo el mundo, en efecto, salvo los defenestrados, los que consideramos que ahí se perpetró un grave atentado contra la institucionalidad y, de seguro, el ex presidente Uribe, a quien se le propinó una bofetada al dársele razón a la Corte en lo de la inhabilidad que inventó, según la cual el hecho de que a alguien lo hubiese candidatizado Uribe configuraba un impedimento insalvable para su elección como Fiscal.

Ya he dicho que el ministro Varguitas debe muchas explicaciones acerca de las maniobras que se realizaron en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado con el propósito de imponer la extravagante tesis jurídica del decaimiento de la terna que postuló Uribe.

Pero hay algo más. Designar para el ministerio del Interior y de Justicia a un enemigo jurado de Uribe es un error monumental.

Varguitas pudo haber ganado un  espacio ante la opinión por su buen desempeño en la campaña presidencial, pero no tiene la sindéresis que se requiere para el manejo de una situación política delicada. Es jefe de una facción minoritaria dentro de la coalición gubernamental, aspira a llegar a la primera magistratura, tiene cuentas para cobrarle a Uribe, pretende al parecer quedarse con el Partido Liberal, no goza de la confianza de los conservadores y tampoco se destaca propiamente por sus buenas maneras.

Se dice en los mentideros bogotanos que la posibilidad de que fuera designado para la cartera de Defensa no sólo suscitó la reacción airada de Francisco Santos, sino temores dentro del entorno del propio Juan Manuel, pues no faltó quién pensara que ponerlo al frente de las Fuerzas Armadas le otorgaría un poder enorme a alguien que ha demostrado que no tiene muchas talanqueras.

Quizás no sea impertinente traer a colación un recuerdo familiar. Él presidente Misael Pastrana Borrero tuvo que afrontar al comienzo de su gestión las tensiones entre Carlos Lleras Restrepo y Julio César Turbay Ayala. Como no quería caldear el ambiente, le rogó a mi padre que aceptara. así fuese por unos pocos meses, el ministerio de Gobierno, dado que gozaba de la confianza de los dos jefes liberales.

Santos, en cambio, ha tenido pocas consideraciones con el ex presidente Uribe y con los socios conservadores. Al fin y al cabo, a éstos ya los había humillado en la campaña presidencial. Hoy están pagando el precio de su abyección.

Se habla también de la inclusión de Samper dentro del abigarrado círculo de nuevos mejores amigos de Santos. Por lo pronto, ya le entregó el manejo de las relaciones con Venezuela y nada menos que la Fiscalía, a la que le toca avanzar hoy en el tema de la investigación por la muerte de Álvaro Gómez Hurtado.

Ya se verá si avanza o, por el contrario, retrocede.

No sobra recordar lo que he dicho en escritos anteriores acerca de que a la Fiscalía, por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde también investigar al propio Santos, al ex Comandante de la Armada y a un alto oficial de la misma, porque supuestamente incurrieron en falso testimonio en el proceso que se adelantó contra Arango Bacci.

Por supuesto que ya hay un impedimento para que la Fiscalía avance en la investigación contra Santos, dado el fuero que hoy lo cobija. Pero no sobra preguntarle a Viviane Morales si cumplirá en lo concerniente a los otros dos implicados.

Hay que preguntarles a los magistrados de la Corte Suprema cuál fue la razón para que citaran a aquélla junto con Esguerra y Arrieta para someterse al examen de aptitud, cuando al parecer ya había doce magistrados con el voto comprometido con Viviane Morales , según se dice en fuentes de la propia Corte, en connivencia con la Casa de Nariño.

Ahora que estamos en la era del Wikileak, no sobraría que se hiciesen públicos los tejemanejes que hubo para lograr que la Corte, variando sospechosamente la interpretación de su propio reglamento, eligiera a quien se hizo famosa desde los puntos de vista político y jurídico por la defensa que hizo de Samper en el proceso que en su contra adelantó la Cámara de Representantes por la financiación irregular de su campaña presidencial. No le gustaron Gómez, Velilla ni Cabello, pero en cambio sí la defensora a ultranza de Samper, que es el gran beneficiario del bochornoso episodio que protagonizó la Corte al dilatar por más de un año la elección de Fiscal.

Se ve claro que a Santos le gusta buscar resultados aparentes y a corto plazo, sin cuidarse mucho de su trasfondo y los efectos a mediano y remoto porvenir. No le duelen las claudicaciones ni lo asustan las volteretas. Al fin y al cabo, tiene a su disposición a los dómines del prensa capitalina y cuenta con una opinión pública poco informada, así como no muy predispuesta  a la finura del análisis.

Temo que, como dijo Churchill de algún Primer Ministro británico, la historia lo consagre como un prodigio de blandura. Ya volveré sobre este tópico.

Los nuevos mejores amigos

Es claro que Santos ha pretendido heredar las amistades de Uribe Vélez, mas no así sus enemistades.

La tónica fundamental de su gobierno en estos meses ha sido acercarse a todos aquellos que se habían malquistado con su predecesor, salvedad hecha de los grupos alzados en armas. De ese modo, lanzó su programa de Unidad Nacional para atraer a los que estuvieron por fuera de la anterior administración, designó como ministros a señalados enemigos y contradictores de Uribe, finiquitó el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador, se acercó a Unasur y, sobre todo, se reconcilió a las carreras con Chávez.

Hay varios aspectos de esta evolución que ameritan considerarse cuidadosamente.

Ante todo, lo de las relaciones con Venezuela, Ecuador y Unasur, escenarios en los que no sólo se han manifestado críticas severas al Plan Colombia, la política de seguridad democrática y la alianza con los Estados Unidos, sino apoyos no sólo tácitos sino expresos a  las Farc  y el ELN.

Como lo han puesto de presente lúcidos analistas como el profesor Juan David Escobar Valencia, resulta bien difícil ser el nuevo mejor amigo de Chávez y no serlo de esos grupos narcoterroristas de extrema izquierda, por aquello de que los amigos de mis amigos son mis amigos y los enemigos de mis amigos son también mis enemigos.

Acá hay algo que definitivamente no rima, en especial con la voluntad nítida que expresó el pueblo colombiano en las urnas acerca de la lucha sin cuartel contra esos bandidos.

Pero hay más. En las decisiones políticas no hay que guiarse por apariencias, sino por realidades. Como decía Lenin, “los hechos son tozudos”. Y el hecho indudable es, como lo he expresado en otras oportunidades, el propósito de Chávez de avasallar a Colombia o, por lo menos, neutralizarla.

La decisión firme y rotunda del pueblo colombiano al apoyar a Uribe y a Santos como supuesto mejor intérprete de aquél, le opuso a Chávez una talanquera que parecía infranqueable en cuanto al primero de esos propósitos.

A diferencia de lo que ha sucedido en otros países y probablemente ocurra más adelante en otros, acá no hay chavismo y es poco probable que lo haya en el futuro inmediato. Nada pues de aspirar por estos pagos a la entronización de gobiernos títeres ni de aliados en la causa de la expansión del Socialismo del Siglo XXI.

La diplomacia chavista puede ser tosca y hasta vulgar, pero no es bruta. Todo lo contrario: avanza donde ha lugar, retrocede cuando toca, se acomoda en donde las circunstancias lo indiquen, pero mira siempre hacia adelante sin perder el Norte.

No pudiendo avasallar a Colombia, ha resuelto neutralizarla, y a fe que lo ha logrado en virtud de la frivolidad de Santos y su equipo.

La Canciller se dejó probar cuando le permitió a Chávez bajarse del carro dizque para saludar al pueblo que lo vivaba. En lugar de advertirle el riesgo de seguridad en que incurría, dejó que variara en su favor el programa de la visita. Y si es cierto, como se dice en fuentes gubernamentales, que Chávez puso como condición para su primer encuentro con Santos que no se mencionaran las acusaciones que pocos días antes había formulado el embajador Luis Alfonso Hoyos ante la OEA, no hay otro remedio que admitir que aquél  entró ganando.

Convertirse en su nuevo mejor amigo significa muchísimas cosas llamadas a limitar la acción política del gobierno colombiano dizque para no afectar la construcción de confianza en esa relación.

Por consiguiente,  si Chávez considera que algún acercamiento nuestro con los Estados Unidos implica algún riesgo para sus políticas, nos dirá que lo estamos traicionando. Y si denunciamos de nuevo la protección que les brinda a los guerrilleros o sus descaradas injerencias en asuntos internos de nuestro país, vociferará sus denuestos y amenazará con cerrar las fronteras, impedir el comercio y movilizar sus tropas.

Los ingenuos creen que los acuerdos que han estipulado las Cancillerías nos blindan contra esas eventualidades, como si Chávez fuese un modelo digno de encomio en lo que toca con el cumplimiento de los compromisos internacionales. En otras palabras, Colombia quedará amarrada por la palabra que con ligereza ha empeñado Santos, pero sin que ello vincule de igual manera a un vecino cuyos escrúpulos en materia de juridicidad no son confiables.

Santos cree haber resuelto un problema ciertamente grave que afectaba los inicios de su gestión, pero lo ha hecho a corto plazo, sin considerar el elevado precio que está pagando por calmar momentáneamente al vecino.

En lo que tiene que ver con Ecuador, tampoco es el caso de considerarlo como un amigo confiable, pues su gobierno mantiene la acción contra Colombia por el bombardeo en que junto a Raúl Reyes pereció un ciudadano ecuatoriano. Dados los antecedentes del caso, bien podría dar lugar a que a Colombia se la declarase como país agresor, salvo que triunfe la tesis de la falta de jurisdicción para decidir de fondo.

¿Es sensato que, de hecho, como lo dicen en Venezuela, Colombia haya dejado sin efectos sus quejas ante la OEA y la ONU y, en cambio, diga que ha normalizado completamente sus relaciones con Ecuador, cuando no ha resuelto con éste el más grave de sus contenciosos?

No tardará el  momento en que Santos tenga que exclamar como el poeta:”¡Mis amigos, no hay amigos!”

Colombia ha adquirido con Estados Unidos y la Comunidad Internacional distintos compromisos jurídicos y políticos en materia de lucha contra el narcotráfico, que implican acciones que desagradan a sus nuevos mejores amigos, como las fumigaciones cerca de la frontera con Ecuador o la vigilancia de las aeronaves que parten hacia Venezuela. En aras de su amistad,¿terminará aflojando esos controles?

La precipitud con que se ha obrado parece darles la razón a quienes, como Lula, decían que las malas relaciones con los vecinos era problema de Uribe y no de Colombia. Al fin y al cabo, la Canciller no es propiamente amiga del ex mandatario y no se siente en la necesidad moral de cubrirle la espalda.

Lo del acercamiento a Unasur, con el insólito duelo nacional que se decretó a raíz de la muerte de un enemigo, Néstor Kirchner, tampoco suscita entusiasmo. Así se diga que la política de Uribe tendía a aislar a Colombia dentro de la región, es lo cierto que ese aislamiento no obedece a situaciones personales suyas, sino a que Colombia va en contravía de políticas como las de Chávez, Correa, Morales o los Kirchner, que no son propiamente respetuosas del pluralismo y, además, han intervenido sin recato en asuntos que son del exclusivo manejo de nuestras autoridades.

Lo de la nueva mejor amistad con Chávez y sus epígonos ha generado inquietud en países amigos que veían en la política de Uribe un baluarte contra el expansionismo venezolano. Para peruanos y chilenos hemos dejado de ser aliados confiables, lo mismo que para los norteamericanos.

Pero hay algo peor, que es la desmoralización que se ha producido en el seno de nuestras Fuerzas Armadas y en no pocos sectores de opinión que piensan, como mi buen amigo Raúl Tamayo Gaviria, que con lo que está haciendo Santos parece que más bien hubieran ganado las elecciones Mockus o Pardo. Y es precisamente la política de éste, inspirada por Samper, la que se está siguiendo con Venezuela.

Este aspecto de la cuestión suscita reflexiones sobre los compromisos electorales que trataré en otra oportunidad, lo mismo que otras acerca de lo que representa haberles confiado a enemigos declarados de Uribe el manejo de cruciales asuntos de política interna.

Cierro dándole las gracias a mi buen amigo William Calderón, que en su programa La Barbería me dio oportunidad de referirme a estas y otras delicadas cuestiones del acontecer político colombiano.

¿Se cierra un bochornoso capítulo?

Deploro que en el embrollo de la terna para la Fiscalía se hayan visto involucrados tres discípulos míos en la Universidad Pontificia Bolivariana, que, además, son mis amigos: Jaime Arrubla Paucar, Luis Fernando Álvarez Jaramillo y Marco Antonio Velilla Moreno.

No es, pues, para mí el caso de entrar a hacer calificaciones personales sobre sus respectivas actuaciones. Pero en lo que tiene que ver con una apreciación serena de los hechos, no puedo ocultar mi acuerdo con los planteamientos y la actitud pública de Velilla.

Pienso, en efecto, que la tesis del decaimiento de la segunda terna que propuso el entonces presidente Uribe Vélez, en la que incluyó a Velilla, tiene muy precario asidero jurídico; que el comportamiento que observó la Corte Suprema de Justicia para dilatar la elección de Fiscal por más de año y medio es altamente censurable; y que el voto que emitió anoche para elegir a Viviane Morales versó sobre una terna de hecho, que contrariando el ordenamiento jurídico, postuló el presidente Santos.

No entraré en el campo de las descalificaciones personales acerca de la nueva titular de la Fiscalía. Al fin y al cabo, goza de la presunción de buena fe y cabe esperar que no sea inferior a la tremenda responsabilidad que ha asumido al aceptar la elección de que ha sido objeto.

Con todo, hay preguntas y observaciones que no dejan de ser pertinentes en relación con el proceso que acaba de culminar con el voto que emitió la Corte, hecho en el que hay unos aspectos que son de público conocimiento, pero también otros ocultos y quizás sinuosos.

Preguntemos, por ejemplo, por las consideraciones de política criminal que llevaron a Santos a proponer la terna de hecho y en qué resultaba mejor ésta que la de derecho que con aparente desviación de poder frustró la Corte.

¿Por qué los nombres de Morales, Esguerra y Arrieta, y no otros?¿Qué tenían ellos de maravilloso en comparación con los de Gómez, Velilla y Cabello?

Le diferencia, en principio, radica en que los primeros fueron candidatizados por Santos, mientras que los segundos lo fueron por Uribe. Pues bien, como lo señalé en otro escrito para este blog, la Corte parece haber inventado un impedimento para aspirar a la Fiscalía, a saber: que la candidatura hubiese provenido de Uribe.

A la hora de la verdad, Santos, a pesar de ser un cachaco, no ha mostrado mucha elegancia en sus comportamientos.

Piénsese tan sólo en que  la Sala Penal de la Corte pidió por unanimidad que la Fiscalía lo investigara por falso testimonio en el caso del Contra-almirante Arango Bacci.

Si pensar mal de Uribe está de moda en la prensa capitalina, ¿por qué a ésta no se le ocurre considerar que mediaba por lo menos un impedimento moral para que Santos propusiera los candidatos a ocupar el cargo cuyo titular tiene el cometido de hacer el escrutinio del montaje que se hizo para arruinar la honra de Arango?

Que Viviane Morales tenga trayectoria política no la inhibe de suyo para el cargo. Pero es interesante preguntar por qué Santos confeccionó su terna de hecho exclusivamente con personas vinculadas de algún modo con Ernesto Samper Pizano y no hubiese considerado la conveniencia de postular siquiera a un conservador.

¿Tendrá que ver ello con el tema de la fusión del Partido Liberal con Cambio Radical?

Y si Viviane Morales viene del Partido Liberal, ¿comparte el odio de sus copartidarios contra el ex presidente Uribe y sus colaboradores, o es, como algunos ya lo anuncian, una liberal uribista de rara estirpe?

Pero hay algo más. A su iniciativa se debe la frustración de las diligencias que con buenas razones había iniciado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra los representantes que votaron en favor de Samper en el célebre proceso que en su contra adelantó la Cámara.

A raíz de una tutela que ella inició, la Corte Constitucional adoptó una extravagante doctrina sobre la inviolabilidad del voto de los congresistas, que de modo algo confuso ha desconocido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para enjuiciar y condenar a  congresistas que votaron favorablemente o hicieron posible la reelección del ex presidente Uribe.

¿Consideró la Corte estos antecedentes al elegirla como titular de la Fiscalía? ¿Está dispuesta la nueva Fiscal a mantener la rigurosa doctrina de la inviolabilidad de los congresistas que ella defendió litigando en causa propia?

Un vicio ya viejo y arraigado en la Fiscalía es la tendencia a compartir su poder burocrático con los políticos e, incluso, como lo denunció hoy el ex presidente Uribe Vélez, con la Corte Suprema de Justicia.

Hay que investigar si es cierto que el Fiscal interino nombró como Vicefiscal a un recomendado de la Corte Suprema de Justicia, como también lo denunció Uribe en sus declaraciones para RCN, o les dio jugosas cuotas burocráticas a Vargas Lleras y Javier Cáceres, como se dice en los mentideros capitalinos.

Habida consideración de estas insinuaciones, bien puede uno preguntar acerca de si la fácil aunque cuestionable mayoría con que se eligió a la nueva Fiscal fue producto de generación espontánea, como lo da a entender el magistrado Arrubla cuando dice que en la Corte no hay dos partidos, sino veintitrés, o hubo alguna negociación a la que jamás se habría prestado un candidato como Juan Carlos Esguerra.

En fin, como se dice en los campos, amanecerá y veremos.