domingo, 19 de enero de 2014

Petro es un peligro para la institucionalidad

La Procuraduría , por iniciativa de varios quejosos y después de agotar el debido proceso disciplinario, sancionó al Alcalde de Bogotá con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años.

La decisión inicial se hizo constar en un documento de más de 400 páginas que  probablemente muy pocos de sus críticos se han tomado el trabajo de leer.

De acuerdo con publicaciones de prensa, el ente disciplinario encontró que Petro incurrió en varias faltas gravísimas que ameritaban tan drásticas sanciones, al tenor del Código Disciplinario Único que puede consultarse aquí:

 http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/normatividad/LEY_734/WEB/Codigo_Disciplinario_Unico%202011.pdf 

Lo resuelto  es susceptible de controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, que es  competente para definir si la Procuraduría goza de atribuciones para investigar y sancionar a  un alcalde de Bogotá, si los hechos que se imputan a Petro sucedieron efectivamente, si los mismos entrañan violación del ordenamiento jurídico, si su gravedad en caso afirmativo es de tal magnitud que justifica las dos sanciones impuestas, si los 15 años de inhabilitación se ajustan a la dosimetría legal y si el proceso se adelantó de acuerdo con las reglas pertinentes.

Aceptando, en gracia de discusión, que la acción ante lo contencioso administrativo no es una vía inmediatamente eficaz para proteger los derechos de Petro, queda como recurso subsidiario la acción de tutela, mediante la cual es posible cuestionar desde el punto de vista de la normatividad de los derechos fundamentales si hubo en la actuación de la Procuraduría violación del debido proceso.

Y en caso de que los funcionarios que adoptaron las decisiones controvertidas hubieran incurrido en delitos, como el prevaricato u otros, habría lugar además a ejercer contra ellos las acciones disciplinarias y penales previstas por el ordenamiento superior de la Constitución y las leyes.

Desde luego que alrededor de todo esto no solo caben las discusiones estrictamente jurídicas, sino también otras de carácter político acerca de si conviene a los intereses de la sociedad que la Procuraduría tenga estos poderes o del modo como sería preferible que los ejerciera.

El alcalde Petro, no pocos políticos y bastantes informadores  o comentaristas de los medios han preferido desviar el debate, tratando de crear un clima de opinión hostil al Procurador General de la Nación, de tender cortinas de humo bastante viciadas acerca de los datos fundamentales del asunto y de imponerle al público una visión simplista de los mismos.

Es mucho lo que podría decirse sobre infundios, tonterías o sofismas que han hecho carrera para poner en tela de juicio la acción de la Procuraduría.

No entraré en detalles, pues lo que me interesa es señalar cómo esas reacciones ponen de manifiesto una estrategia de más hondo calado que se vincula con la creación de condiciones favorables  a la promoción de  una acción revolucionaria en Colombia.

Es evidente que el procurador Ordóñez representa un enorme obstáculo para los planes de Petro y sus conmilitones, no solo por sus convicciones religiosas y su identidad política, sino por la firmeza de su carácter. Entonces, el primer paso del proyecto desinstitucionalizador consiste en deslegitimarlo, intimidarlo y, de ser posible, sacarlo del camino.

Los discursos de Petro, la movilización popular que está convocando, las injurias y calumnias proferidas en contra del Procurador, las amenazas veladas del fiscal Montealegre, la agitación pública, la manipulación de las acciones de tutela y hasta la presión ejercida el viernes pasado sobre el presidente Santos para exigirle la toma de partido, tienen ante todo el propósito de impedir que lo decidido por la  Procuraduría tenga cumplido efecto.

Petro obstaculiza la destitución y la inabilidad que se le impuso, porque dentro de la lógica revolucionaria que  lo inspira la entrega del segundo cargo político en importancia dentro de nuestra organización política constituiría un grave retroceso para sus proyectos. La alcaldía de la capital es una conquista que la extrema izquierda que él representa no está dispuesta a entregar por obra de formulismos legales que ella no respeta. Luchará hasta lo último por mantenerse en el cargo.

La acción que ha emprendido va más allá, pues desde hace varios meses ha venido amenazando con la movilización popular, que hace parte de la última etapa del Plan Estratégico de las Farc.

Lo que Petro está haciendo es un ensayo que sienta precedentes para futuras acciones de desconocimiento del orden institucional.

Por ahora les dice a sus seguidores que no acudan a la violencia y en tono pugnaz a más no poder les dice que lo suyo es por la paz, la libertad, la democracia y la “Bogotá humana”, al tiempo que, dentro de una cabal retórica revolucionaria, apostrofa a la que llama la “oligarquía fascista” de la que, según dice, el Procurador es apenas un instrumento.

Esa burda simplificación, que no es otra cosa que lo que los marxistas de mediado del siglo pasado llamaban una “mistificación”, tiende a agudizar la diálectica “amigo-enemigo” que sataniza a este último y crea un clima emocional que en cualquier momento podría degenerar en acciones violentas imposibles de controlar por las autoridades.

Un muy querido amigo me recomendó en estos días el libro de Curzio Malaparte sobre “Técnicas del Golpe de Estado”, que cobra gran actualidad en estos momentos de la vida colombiana. Buscando información en Google, encontré un interesante escrito titulado “La Movilización Política” que viene como anillo al dedo en torno del tema que estoy examinando. Se lo puede leer a través del siguiente enlace: http://www.nucleosoa.org/Documentosnoa/documentos/LaMovilizacionPolitica/La%20movilizacion%20politica.html

Su tesis central se resume así:"las revoluciones se basan en la acción de minorías políticas que crean las condiciones que permiten las movilizaciones, en un proceso complejo y hasta cierto punto aleatorio, cuya explicación ha quedado oscurecida o mistificada por las ideologías.”

El artículo destaca el papel que juegan  las representaciones colectivas, que constituyen  el famoso “imaginario” de los sociólogos contemporáneos, en el proceso revolucionario.

Ese “imaginario” se construye principalmente a través de la acción de intelectuales y activistas que a través sobre todo de la prensa generan opiniones que muchas veces son más fuertes que las ideologías.

Es lo que Petro, ayudado por los medios que están más  en poder de los profesionales de la comunicación que de sus dueños y directores, se propone crear: un “imaginario” de constructores populares de la paz que se ve injustemente agredido por los enemigos solapados de tan legítima aspiración de los colombianos.

Por eso alega que la Procuraduría atenta contra la paz y pone en peligro el proceso de diálogos en la Habana. Y por eso cuenta con la solidaridad de los narcoterroristas de las Farc, que instan al gobierno para que torpedee la acción de la Procuraduría.

De ese modo, un funcionario que ha ejercido su cargo haciendo gala de la más atrevida arbitrariedad y de su abierto desafío al orden legal, al que sigue trasgrediendo con sus injurias y calumnias contra el Procurador y su llamado a la movilización popular en favor suyo, pasa a ser  visto como  víctima de una oscura y proditoria conspiración oligárquica y reaccionaria.

Convenciendo a la masa popular de que es un perseguido por sus opiniones y ejecutorias en favor de los humildes, crea en ella la idea de que lo que se está cometiendo con él es una injusticia que tendría que impedirse mediante la acción de las  muchedumbres.

El sainete de Petro no ha terminado. Lo más probable es que, de continuar como va, derive en un drama que podría costar vidas, daños materiales y, de todos modos, un deterioro mortal de la institucionalidad que nos rige.

jueves, 16 de enero de 2014

Cuestión de dignidad

Hay dos declaraciones recientes de Santos que no se pueden pasar por alto, pues dan fe clara del ánimo claudicante que tiene ante las Farc.

La primera puede leerse a través del siguiente enlace: http://www.ntn24.com/noticias/santos-asegura-que-no-se-puede-arrodillar-ni-humillar-las-farc-en-los-dialogos-de-paz-101473

La segunda aparece acá: http://www.elespectador.com/noticias/paz/el-proceso-de-paz-ninguna-parte-somete-otra-segun-santo-articulo-468085

Ambas van en el mismo sentido: los diálogos de La Habana transcurren entre dos partes iguales, el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. Por eso, en el documento con les dio inicio se habló de “altas partes contratantes”.

No en vano los signatarios de la guerrilla han pretendido que se lo incluya dentro del Bloque de Constitucionalidad, como pieza amparada por el Derecho Internacional.

Para examinar el asunto, recordemos que, a la fecha, Colombia es uno de los 193 Estados que hacen parte de la ONU. Es más, fue uno de sus fundadores y le cupo el honor de presidir, en cabeza de Eduardo Zuleta Ángel, el Comité Preparatorio del Primer Período de Sesiones de la Asamblea General.

Las Farc, en cambio, son una organización calificada como terrorista por 33 Estados, incluyendo los Estados Unidos  y la Unión Europea, según lo dice la publicación derecho internacional.net(http://derechointernacional.net/publico/index.php?option=com_content&view=article&id=242:articulo-periodistico-sobre-las-farc&catid=427:parte-especial&Itemid=219)

El gobierno norteamericano considera, además, que son responsables del 60% de la cocaína que ingresa a su país, motivo por el cual sus principales cabecillas han sido acusados por su fiscalía y figuran entre los criminales más buscados por sus autoridades.

Una entidad seria que se dedica al estudio de la gran delicuencia en América Latina, insightcrime.org, declara que las Farc están fuertemente comprometidas en todos los eslabones de la cadena criminal del narcotráfico, según puede leerse en el siguiente enlace: http://es.insightcrime.org/paz-farc/actividades-criminales-farc-y-ganancias-de-la-guerrilla

Según el artículo que atrás mencioné de derechointernacional.net, “Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional los consideran, al igual que a otros grupos ilegales, culpables de violar los derechos humanos, de atacar y perjudicar indiscriminadamente a civiles. Según Human Rights Watch, las FARC han reclutado a niños, incluyendo a menores de 18 y 15 años.”

Decir que las Farc son narcoterroristas es entonces afirmar un hecho notorio, del que, además, el gobierno colombiano no solo tiene pruebas palpables, sino que es su víctima más conspicua.

A la luz de lo anterior, ¿cómo puede ocurrírsele al Jefe de Estado de un país respetable cuyo régimen institucional lleva cerca de dos siglos y cuenta con una de las democracias más antiguas del mundo, decir ante la faz de las naciones civilizadas que negocia de igual a igual con una de las organizaciones criminales más peligrosas que existen?

Es como si el gobierno italiano declarara que dialoga con sus pares de las tres grandes organizaciones mafiosas que actúan en su país, o que el gobierno del Japón declarara que la Yakuza es su interlocutor válido, o que el presidente Putin anunciara que su desvelo es llegar a acuerdos en que no haya vencedores ni vencidos con las organizaciones mafiosas que controlan en buena medida la economía rusa, por no hablar del imposible moral de unos acuerdos programáticos del gobierno norteamericano con Al-Qaeda o del español con ETA.

La opinión sensata del país ha apoyado a lo largo de años la idea de poner término a las actividades criminales de las guerrillas a través de acuerdos de desmovilización, entrega de armas, reinserción a la vida ciudadana, judicialización y trato especial de sus delitos, compromiso de reconocimiento y reparación a las víctimas, cesación de actividades ilegales y no repetición de las mismas.

Contra el mandato de sus electores, Santos resolvió ir más allá de lo razonable e incluso de los “inamovibles” que fijó en su discurso de posesión, para ofrecerles a las Farc de entrada, antes de que aceptaran sentarse en una mesa de diálogo, lo que no me canso de llamar el “Marco Jurídico de la Impunidad”, que por la vía de una reforma constitucional abre un sinuoso camino para que sus cabecillas no sean perseguidos judicialmente por sus crímenes y puedan aspirar a que se los elija para cargos de representación popular.

He dicho en Twitter que la lista de atrocidades de las Farc es interminable e infernal. Y no es cosa de un pasado que en gracia de la paz futura quizás convendría disimular, sino algo muy ominoso que hace presencia todos los días en la vida nacional, como la caída del helicóptero en Anorí la semana anterior, la bomba que estalló hoy en Pradera, el reclutamiento cotidiano de niños para convertirlos en homicidas o el desplazamiento de comunidades que  padece el Chocó. Si así obran haciendo oposición, ¿por qué tendríamos que esperar que de alcanzar el poder actuarían civilizadamente?

Los diálogos de La Habana no prometen la normalización de la vida política colombiana con el ingreso de un actor comprometido con las reglas de juego de la institucionalidad. Por el contrario, en el escenario público haría presencia una organización animada, como lo he dicho en otras oportunidades, por un proyecto totalitario y liberticida cuyo modelo es la isla-prisión de Cuba.

Santos, cuyo compromiso con la verdad es bastante precario, insiste una y otra vez en que en La Habana no se está negociando nuestro sistema político, social y económico. Pero otra cosa dicen los voceros de las Farc, que a voz en cuello proclaman que su objetivo es una asamblea constituyente que modifique sustancialmente el ordenamiento institucional.

Todo da a entender que son los narcoterroristas quienes están en lo cierto, pues, si no se está hablando con ellos sobre cambios institucionales, ¿de qué tratan entonces las fatigosas conversaciones que llevan ya más de un año?

Si se mira bien este proceso, son las Farc las que al parecer llevan las de ganar, pues en nada han cedido, mientras que Santos retrocede una y otra vez, dizque para  no humillarlas ni hacer que se sientan arrodilladas.

Hace un tiempo escribí en este blog que Santos merece que se lo juzgue por indignidad en el ejercicio de su cargo. Hoy lo sostengo con más veras: es un gobernante que ha arrastrado por el suelo el decoro de Colombia.

Para justificar su abyección, sale a decir que llevamos más de medio siglo matándonos entre nosotros, cuando es lo cierto que son los guerrilleros comunistas los que a lo largo de esos años vienen intimidándonos para que nos sometamos a su pernicioso proyecto político. Y para no ofender a su contraparte, cada que puede hacerlo disimula o niega sus atrocidades, como lo hizo respecto del brutal atentado que perpetró contra Fernando Londoño Hoyos o con el proyecto de asesinar a Álvaro Uribe Vélez.

Dice Santos que en La Habana "Nadie está sometiendo a la contraparte a que se arrodille y se rinda, estamos dando una salida digna, que es como terminan todos los conflictos"(“El Espectador” 11 de enero de 2014).

Eso no es cierto y la historia es pródiga en ejemplos que lo desmienten. Lo que sí está comprobado por la experiencia es que un proceso mal concebido es incapaz de sustentar una paz duradera. Y es lo que los escépticos tememos que podría ocurrir en Colombia con la aventura en que está empeñado Santos.

Uno de mis eximios profesores a distancia, Guglielmo Ferrero, insistía una y otra vez en el peligro que para las sociedades representan los gobernantes poseídos del “espíritu de aventura”, como es el caso del actual inquilino de la Casa de Nariño, cuyos antecedentes políticos lo ubican claramente dentro de esa temible categoría. Santos es, en efecto, un aventurero que está llevando a Colombia por el más escabroso de los caminos.

La única oportunidad que tenemos hoy para enderezar el rumbo es el Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya él salvó a Colombia de las garras del narcoterrorismo guerrillero hace 12 años. Hoy, como ayer, habremos de decirle lo mismo que Bolívar a Rondón en el Pantano de Vargas:”Salve usted la patria”.

Por fortuna, esta empresa política cuenta con un candidato presidencial de lujo, Oscar Iván Zuluaga, y una nómina de aspirantes  al Congreso que Fernando Londoño Hoyos, con muy buen sentido, no vacila en exaltar como la “Generación del 14”, llamada a marcar un hito fundamental en la historia de Colombia.

lunes, 6 de enero de 2014

Cuestión de credibilidad

Santos y sus áulicos dicen que la polarización del país en torno de los diálogos de La Habana se da entre los que, como ellos, quieren la paz, y los que quieren que los colombianos sigamos matándonos indefinidamente como venimos haciéndolo desde hace medio siglo.

Esta es una presentación tan simplista como malintencionada de los posiciones en que se divide la opinión pública en los actuales momentos.

El fondo del debate es otro. Hay quienes creen que los diálogos son serios, se fundan en bases realistas y van por buen camino, de suerte que es probable que conduzcan a unos acuerdos positivos con las Farc y, en últimas, a la paz con esa organización insurgente. Pero muchos otros pensamos que no hay motivos suficientes para esperar esos halagüeños resultados y que, si a algún acuerdo se llegare, no traerá consigo la anhelada paz, sino que beneficiará principalmente a los narcoterroristas que controlan la subversión.

Esta actitud escéptica no se propone, como con redomada mala fe suele recalcarlo el senador Roy Barreras, mantener un estado de guerra que culmine con la eliminación física de los guerrilleros, sino replantear el proceso con miras a satisfacer exigencias de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia, así como para garantizar que a las Farc no se les otorguen privilegios indebidos que les permitan imponer la agenda totalitaria que el pueblo colombiano rechaza,

Para decirlo en pocas palabras, los escépticos no creemos en Santos ni en las Farc.

Abundan las razones para desconfiar de Santos.

No es necesario entrar en el juego de insultos con que la gente del común suele zaherirlo a punto tal que ha perdido todo respeto por él. Basta con observar sus actuaciones para llegar a la conclusión de que es un político oportunista, veleidoso,  incoherente y, en definitiva, nada serio. Es, a no dudarlo, un aventurero, diríase que un saltimbanqui dado al espectáculo, a la comedia, a los fuegos de artificio. Y en asunto tan delicado como es el trato con una de las organizaciones narcoterroristas más temibles del mundo, una persona con esas deficiencias resulta ser un verdadero peligro.

De ahí que no haya podido suscitar el apoyo colectivo que se requiere para que este proceso sea exitoso. Es difícil que un gobernante impopular al que la opinión no respeta tenga capacidad de convocatoria en las comunidades para hacerles entender y aceptar los sacrificios que necesariamente conllevaría un acuerdo con los guerrilleros.

Tampoco estos tienen credibilidad. Su egolatría los lleva a magnificar el medio siglo que dicen haber estado luchando por una Colombia más justa, pero el pueblo los ve de otra manera, como unas hordas salvajes que han causado sufrimientos infinitos especialmente entre la gente humilde del campo y las poblaciones.

Es muy significativo que los capos que se están dando la gran vida en La Habana no hayan hecho la más leve manifestación de arrepentimiento por las atrocidades con que han flagelado a los colombianos. Son verdaderos sociópatas que están comprometidos, además, en uno de los negocios criminales más dañinos que hay, el narcotráfico.

No es cierto lo que dice Santos acerca de que llevamos medio siglo matándonos entre nosotros mismos. La verdad es muy otra: son los guerrilleros quienes a lo largo de las últimas décadas se han dado a la inicua tarea de cubrir de sangre nuestros campos y poblados. Los paramilitares apenas fueron sus discípulos, muy aventajados por cierto, pero nunca más feroces y despiadados que sus maestros.

Pero, dejando de lado la índole perversa de las guerrillas, hay que anotar, por otra parte, que las anima una ideología totalitaria y liberticida completamente incompatible con los principios de nuestra organización política.

Esa ideología pregona la combinación de las formas de lucha y una moral revolucionaria que legitima todo aquello que convenga a los propósitos finales de sus promotores.

Por consiguiente, lo que se negocia con ellos no es su adaptación a nuestro régimen político, así sea el pluralista, democrático y extremadamente garantista de la Constitución de 1991, sino las oportunidades que exigen para que dentro de su normatividad tengan vía franca para infiltrar nuestras instituciones y demolerlas por dentro.

Los ilusos piensan que con los acuerdos los capos de las Farc cambiarán las balas por votos y harán política ordenadamente dentro de los cauces de la juridicidad.

Eso es no conocer a los comunistas e ignorarlo todo acerca de sus procedimientos. Toda concesión que se les haga significa para ellos avanzar en la toma del poder. Y así juren y perjuren que a cambio de abrirles espacios de participación en el juego político se esmerarán en comportarse dignamente, su mentalidad los llevará inexorablemente a mantener su juego sucio.

Tal como estaba previsto, se firmó hace varias semanas un acuerdo en La Habana con el que las Farc le facilitan a Santos su aspiración a ser reelegido. Ese acuerdo se ha dado a conocer con bombos y platillos, pero ocultando sus detalles. El gobierno y los medios que controla lo están festinando como el gran paso hacia la superación del conflicto. Algunos han dado a entender que a partir de ahí ya quedarían pocos meses para ponerle feliz término. Pero cuando se lo aborda con mirada crítica, como lo ha hecho con envidiable lucidez Eduardo Mackenzie, son más las incertidumbres que suscita que las certezas que arroja.

Piénsese tan solo en las circunscripciones especiales que se les ofrecen a las Farc.¿Cuántas curules representarían en el Congreso? ¿El 40 % que dio a entender Álvaro Leyva en unas declaraciones para Cablenoticias a las que poca atención se prestó?

Santos defiende su proyecto insultando a los críticos. Pero no se esmera en convencer a la opinión con informaciones serias y argumentos persuasivos acerca de sus bondades. y en asunto del que depende la suerte de Colombia, la transparencia que ofrezca sólidas bases para confiar es indispensable.

¿Cómo así que en La Habana no se está negociando nuestro sistema político, económico y social, cuando los capos de las Farc dicen a voz en cuello que no llegaron allá para rendirse, sino para decidir sobre las transformaciones que, según su periclitada ideología, son indispensables para construir lo que dicen que sería una nueva Colombia?

Oscar Iván Zuluaga le escribió una carta pública a Santos para que dijera qué es lo que está dispuesto a entregarles a las Farc a cambio de que le firmen el acuerdo que facilitaría su reelección?

Por supuesto que esta respetuosa solicitud no ha tenido respuesta alguna. Y no podría tenerla, pues Santos sabe que si revela el contenido de lo que les está ofreciendo a los narcoterroristas, el país lo rechazaría con enojo.