Transcribo, para futura memoria y con miras a hacer unos comentarios al respecto, la carta que le dirigió hace unos días el distinguido dirigente santandereano Alberto Montoya Puyana al Presidente de la República:
“Doctor
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia
Bogotá D.C.
Señor Presidente:
Permítame presentar renuncia al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, en el que me he venido desempeñando como representante del Presidente de la República, desde el mes de marzo de 2008.
Motiva esta decisión la preocupación que me asiste por la creciente desinstitucionalización a la que usted, Señor Presidente, viene sometiendo al Pais. El fracaso del intento de reformar la Justicia, en evidente crisis, lo ha llevado a darle alas a la ” Justicia Mediática” y a colocar como ” chivo expiatorio” al Ejército Nacional, Institución a la que, en conjunto, le debemos en parte muy importante la recuperación de la seguridad del Pais. Además, como corolario, intentan colocarse ahora las FARC como jueces de los militares.
Sobre esta base, me siento moralmente impedido a continuar representándolo.
Cordial saludo,
Alberto Montoya Puyana.
cc.
Presidente y miembros del Consejo Directivo de la ANH.”
Destaco en este escrito tres temas, a saber: a) la denuncia de la desinstitucionalización a que está sometiendo Santos al país; b) la denuncia sobre el trato que le está dando al Ejército Nacional; c) la imposibilidad moral de representar a Santos en la Agencia nacional de Hidrocarburos.
Sobre lo primero, señalo que, si bien nosotros no contamos con una sólida tradición de escrupuloso respeto por la normatividad jurídica y más bien hemos sido, como dijo alguna vez Carlos Lleras Restrepo sobre su sucesor Misael Pastrana Borrero, bastante “manguianchos” con la Constitución, lo que hemos presenciado bajo el actual gobierno llega a extremos inconcebilbles.
Hace unos días publiqué en Twitter este trino:
“#Santos está imponiendo una dictadura embozada en #Colombia. Compra medios, presiona gremios y empresarios, corrompe congresistas. Sin freno”.
Creo que en esos 140 caracteres he logrado resumir los rasgos básicos de ese proceso de desinstitucionalización promovido por el actual Presidente de la República que alarma a Montoya Puyana.
Santos viene de una familia de periodistas y él mismo ejerció ese noble oficio durante varios años. Por sus contactos con el medio, tuvo acceso amplio y generoso a muchos periódicos que le abrieron sus puertas para que expresara sus opiniones y pudiera ser conocido por la ciudadanía. Logró cierto renombre como columnista que se manifestaba sobre todos los tópicos del acontecer nacional al parecer con buen criterio y solvente información. Agitaba en sus artículos las banderas del buen gobierno, nombre que la dio a la fundación que creó para hacer presencia pública.
Pues bien, como lo expresé también vía Twitter hace un tiempo, y tal vez en algún escrito para este blog, desde la época del general Rojas Pinilla no he visto un gobernante tan poco respetuoso por la independencia de la prensa como Juan Manuel Santos.
Debo agregar, como lo escribí en mi último artículo, que tampoco he conocido un gobernante tan adicto a la mentira como fórmula de comunicación con los gobernados.
Es un hecho notorio el modo como desde el gobierno se ha presionado a los periodistas para constreñirlos a seguir la línea oficial. Los que se han mostrado refractarios han tenido que salir, como le sucedió a Ana Mercedes Gómez en El Colombiano. A otros se los ha querido asfixiar privándolos de recursos para subsistir. Y solo por la tenacidad de Fernando Londoño Hoyos, hombre de carácter si los hay, ha podido sobrevivir La Hora de la Verdad, pese a la falta de apoyo publicitario que se le niega a pesar de su innegable presencia en importantes nichos de la opinión pública.
Pero lo más ostentoso es la compra de opinión a través de distintos procedimientos. El primero de ellos, desde luego, es la pauta publicitaria, que asciende en los dos últimos años a $ 579.000.000, según la Contraloría General de la República, tal como acaba de informarlo La Hora de la Verdad.
Hay otros procedimientos más sinuosos, que tienen que ver con la preocupante configuración financiera de los medios colombianos en las últimas décadas, pues muchos de ellos se han convertido en apéndices o instrumentos de poderosos grupos económicos que los ponen al servicio de los gobernantes de turno a cambio de los múltiples favores que ellos están en capacidad de hacerles.
“Do ut des” parece ser la fórmula reinante para las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación.
A lo largo de los años se ha señalado que la libertad de prensa es la garantía fundamental de la democracia liberal. Pero esa libertad, como todas las demás, implica ejercicio responsable de las prerrogativas que otorga. Y ese ejercicio responsable toca con conceptos elevados de moralidad, pues si esta desaparece de la vida pública, la sociedad se disuelve.
Una prensa amoral pierde toda respetabilidad y, por consiguiente, toda legitimidad. Es lo que está logrando este gobierno con su descarada compra de periodistas. De ese modo, socava la democracia y el sistema de libertades.
De ahí el silencio que la “Gran Prensa” guarda acerca de gravísimas denuncias como la que formuló Ernesto Macías Tovar sobre el Carrusel de la Reelección, o la campana neumática que se aplica a candidatos de la oposición para dar a entender que “no despegan”, por no hablar de su reticencia a hacer eco a a las acusaciones que se han presentado en torno de fraude y escandalosas irregularidades en las elecciones del 9 de marzo.
La presión gubernamental sobre gremios y empresarios es de lo más funesto que se haya podido ver en muchos años. Santos se tomó la Andi. Ycomo el Presidente de la SAC le hizo un comentario incómodo, se enfureció y lo obligó a dar explicaciones que no desvirtúan el fondo de lo que dijo, a saber; que la política agropecuaria no se decide en Bogotá, sino en La Habana.
El presidente de un importantísimo grupo empresarial abrió debate hace algún tiempo en la Asamblea General de la Andi sobre las políticas del gobierno. La respuesta no se hizo esperar. A los pocos días la Dian le abrió una investigación exhaustiva que, según me contó un colega, los esculcó por todas partes. Afortunadamente, los funcionarios no pudieron encontrar motivos de glosa, porque es una organización empresarial seria y ortodoxa a más no poder.
De ese modo, se les envió a los empresarios un tenebroso mensaje.
Por eso, dijo hace poco Francisco Santos que el Centro Democrático no ha podido contar con buenas ayudas del sector empresarial, pues ellos están advertidos que los que colaboren con Uribe tendrán que pagar por ello.
La corrupción de la política impulsada por Santos a través de lo que uno de sus ministros de Hacienda llamó la “mermelada”, es un hecho notorio.
Sentí tristeza al escuchar al ministro de Hacienda hace poco en un reportaje que le hizo Hassan Nassar en 360 grados, ensayando la defensa de los “cupos indicativos” que según él han servido para jecutar importantes obras en las regiones.
¿Ignora el ministro Cárdenas, dizque tan serio y competente él, que esos cupos van atados al apoyo de las autoridades departamentales y municipales a los candidatos que apoyan a Santos, y que uno de los resultados más notables de su distribución fue la compra de votos que le dio deshonrosa mayoría al partido de la U y permitió la cómoda reelección de un abultado número de congresistas “enmermelados”, como uno de ellos se denominó a sí mismo con patética impudicia?
Más adelante tocaré a fondo el tema, pues el deterioro de la separación de poderes y del sistema de partidos arruina la democracia y las libertades públicas. Ahí será oportuno , además, hacer referencia a la corrupción del sistema judicial y la distorsión de la autonomía de las entidades territoriales, que es una de las piezas fundamentales de la Constitución vigente.
Diré tan solo que lo que ha pasado con el Partido de la U es uno de los hechos más vergonzosos de una historia que, como la nuestra, no es avara en desvergüenza.
La valerosa y ejemplar carta de Montoya Puyana hace hincapié en el trato denigrante que bajo este gobierno se le ha dado al Ejército Nacional, que no solo es la institución más querida por los colombianos, según lo acreditan reiteradamente las encuestas, sino la que nos ha defendido, con toda suerte de sacrificios y con abnegación a toda prueba, de la agresión narcoterrorista de quienes pretenden instaurar en Colombia un sistema totalitario y, por ende, liberticida.
Hay serios indicios de que la campaña mediática de la revista Semana contra la institución armada es fruto de una proditoria componenda entre Santos, el Fiscal y esa publicación que para nada honra a la prensa solombiana.
El trasfondo de todo eso es la negociación con las Farc en La Habana, pues el narcoterrorismo exige el sacrificio de nuestras fuerzas armadas desde todo punto de vista (reducción de sus efectivos, tregua bilateral, sitios vedados para ellas, crucifixión jurídica, etc.), y Santos, que anda ofreciendo que la firma definitiva del acuerdo de paz se protocolizará dentro de ocho meses, desde luego está apurado para entregárselas maniatadas a esas hordas feroces.
En este último fin de semana han ocurrido dos hechos muy significativos que muestran el enorme grado de malestar que reina en la oficialidad, con toda la razón, por la actuación desleal del gobierno frente a los héroes que todo lo han sacrificado para que los colombianos nos sintamos protegidos de los peores criminales que hay en estos momentos sobre la faz del Orbe.
El primero de ellos es el fuerte e inusual comunicado del Ejército de Colombia que puede consultarse a través del siguiente enlace:
https://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=359878
El segundo, la publicación que ayer hizo con gran despliegue El Espectador y que sin duda alguna proviene de fuentes militares, bajo el título de “Los planes secretos de las Farc”, que puede leerse acá:
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-planes-secretos-de-farc-articulo-481027
Si hacemos un estudio histórico del comportamiento de Juan Manuel Santos durante todo el tiempo que lleva de Presidente, veremos una constante, que es la siguiente: su manera de corromper al Congreso, de presionar a los gremios económicos, de desacreditar a la oposición, de corromper y presionar a los medios de comunicación, de manipular las demás instituciones, yde proteger y enaltecer a la izquierda radical y violenta en contra de la ciudadanía pacífica, sigue asombrosamente el modelo adoptado por Hugo Chávez en Venezuela, pero adaptado a las circunstancias de Colombia.
ResponderEliminarPor lo tanto, no debería cabernos duda de que el objetivo final de las acciones de Juan Manuel Santos es instaurar una dictadura contra la que toda oposición resultaría inútil, una vez se incruste definitivamente.
El maestro que perfeccionó ese modelo fue Fidel Castro, quien asesoró a Hugo Chávez, paso a paso, a partir del intento de golpe de estado fallido contra Chávez en el 2002. A partir de entonces, Chávez se volvió más astuto, más peligroso, más certero, en su objetivo de eliminar la democracia paulatinamente.
Creo que, además de una catastrophe moral, la reelección de Santos sería el fin de la democracia en Colombia.
jajaja...noo pues, la catástrofe, la hecatombe es la reelección? y quien ha sido el único beneficiario de ese articulito? quien fué el que pretendió extender su mandato con un títere (santos) que no le siguió el juego? ahora se rasgan las vestiduras los que en su momento apoyaron a otro dictadorzuelo de igual talante que Chavez un ególatra que piensa que el es el elegido, el único que puede "salvar" la patria...no mas!!
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