miércoles, 2 de abril de 2014

La torcedura de la U

El Partido Social de la Unidad Nacional, más conocido como de la U, es, tal como su logo emblemático y su evolución lo atestiguan, un partido torcido.

Se sabe que la U se constituyó formalmente el 31 de agosto del 2005 como la unión de un grupo de  dirigentes y congresistas principalmente de origen liberal en torno de los postulados del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Su antecedente inmediato fue el Nuevo Partido, promovido entre otros por Armando Benedetti y Rafael Pardo para albergar a los partidarios de Uribe que ya no podían permanecer en el Partido Liberal o que venían de otras toldas políticas, según puede leerse en la siguiente información: http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2003/07/02/hoy/mundo/1107652.html

Después de muchos ires y venires de que son testigos de primera mano Oscar Iván Zuluaga, José Obdulio Gaviria y Diego José Tobón, se pensó que la denominación Nuevo Partido era insuficiente para identificar adecudamente los propósitos que se buscaban. Y por un golpe de suerte, se encontró una estructura cuyo nombre caía como anillo al dedo para identificarla con Uribe con miras al proceso electoral de 2006 y la reelección suya como presidente de los colombianos.

Juan Manuel Santos estaba incómodo a la sazón con los liberales, que se negaron a nombrarlo Jefe Único de su partido y no veían con buenos ojos una candidatura presidencial suya. Aunque venía haciéndole oposición a Uribe, oyó cantos de sirena y se dejó convencer  para que entrara al uribismo dentro del marco de la U. Los uribistas lo recibieron con los brazos abiertos, lo colmaron de halagos y le dieron la dirección del partido, sin sospechar las sorpresas que su caterva les reservaba.

El Partido de la U luchó con denuedo por la reelección de Uribe en 2006 y trató de que fuera nuevamente reelegido en 2010, pero un fallo de la Corte Constitucional dispuso que una segunda reelección alteraría la esencia de la Constitución de 1991 y declaró inconstitucional la reforma que la autorizaba. No faltó quien dijera que tras la andanada mediática en contra de esa posibilidad estaba precisamente Santos, cuyas aspiraciones políticas se habrían visto  afectadas con un tercer período presidencial de Uribe.

Santos logró  la candidatura de la U sin mayor esfuerzo cuando se hizo imposible que la ostentara Uribe. Su paso por el ministerio de Defensa les hizo creer a muchos que  era el indicado para consolidar la seguridad democrática. Él se autopresentaba como el mejor ministro de Defensa que había tenido Colombia en toda su historia, se adjudicaba los éxitos del gobierno de Uribe contra las Farc y decía que su conocimiento de la institución armada acreditaba que estaba en capacidad de forzar a los capos de la guerrilla a entrar en una negociación de paz sin ventajas para ellos.

No le fue fácil convencer a los colombianos de sus méritos para gobernarlos y se vio forzado a enfrentar a Antanas Mockus en una segunda vuelta, en la que no las tenía todas consigo. Pero un inexcusable error político de Mockus en la celebración de los resultados de la primera vuelta hizo que la opinión se volcara caudalosamente en favor de Santos con un número de votos nunca antes visto en nuestra historia.

Desde el momento mismo de su posesión, Santos empezó a marcar distancias con su antecesor.

Muchos pensaron que era asunto de estilo de gobierno y que había que respetarle al nuevo mandatario su autonomía. No se dieron cuenta de algo que yo advertí para mis adentros más tarde y que con el tiempo se hizo obvio, a saber: que Santos se hizo elegir con una agenda oculta que se esmeró en que no fuera ni siquiera sospechada, pues si se la hubiera conocido oportunamente no habría podido ganar la elección presidencial.

Esa agenda oculta consistía nada menos que en ofrecerles a las Farc negociaciones de paz a través de los gobiernos de Cuba y Venezuela.

A lo largo de sus dos primeros años de gobierno, Santos negó tajantemente esas negociaciones, las cuales comenzaron  en septiembre de 2010, según documento emanado de las Farc que comenté en pasada ocasión y unas declaraciones que dio su hermano, Enrique Santos, cuando se destapó el entripado.

Sinuosamente, sin mayor despliegue en los medios ni debate público, se fue tramitando en el Congreso una iniciativa de reforma constitucional que terminó adoptándose por medio del Acto Legislativo No. 1 de 2012, conocida como “Marco Jurídico para la Paz”, que yo me obstino en denominar como “Marco Jurídico para la Impunidad”.

La forma acelerada como se aprobó esta reforma encendió las alarmas. Y pocos días después, Francisco Santos, que ejercía la Dirección de Noticias de RCN, soltó lo que en el argot periodístico se conoce como un “chiva”: el gobierno no solo estaba negociando secretamente con las Farc, sino que ya tenía un acuerdo firmado para formalizar el inicio de conversaciones.

A Santos no le quedó otro remedio que destapar sus cartas dando a conocer unos textos que, según se ha sabido después, al parecer fueron redactados por las Farc.

Quedó claro que el Marco Jurídico fue un requisito que los narcoterroristas exigieron como condición previa para iniciar diálogos formales, del mismo modo que la prohibición de la extradición por la Constituyente de 1991 fue la exigencia sine que non de Pablo Escobar para entregarse dizque en manos de la justicia.

Estos hechos, agravados con el deterioro de la seguridad en muchas localidades, produjeron la ruptura de buena parte de la opinión pública con el gobierno de Santos, quiebre que en lo que concierne al expresidente Uribe se protocolizó a fines del año 2012 con ocasión de la asamblea de la U que se celebró en el mes de octubre.

Ahí, Uribe le formuló severas críticas al gobierno (vid.http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/alvaro_uribe_discurso_en_asamblea_del_partido_social_de_unidad_nacional/alvaro_uribe_discurso_en_asamblea_del_partido_social_de_unidad_nacional.asp). La respuesta de Santos no pudo ser más desafortunada, pues en lugar de rebatir las glosas de Uribe, lo atacó de manera soez llamándolo “rufián de esquina”.

El expresidente Uribe había participado activamente en la campaña electoral de 2011 apoyando aspiraciones de candidatos a gobernaciones y alcaldías del partido de la U. Es probable que dentro de sus llamadas bases contara con un buen número de partidarios, tal como lo acreditan los aplausos que ganó su intervención en la asamblea.

Pero la jerarquía del partido ya no estaba con él y le dio la espalda.

¿Qué había sucedido?

Se supone que en una democracia madura los giros en la política que haya ganado el favor de la ciudadanía en unas elecciones deben ventilarse públicamente, de modo que las comunidades conozcan las razones de los cambios y deliberen sobre su justificación. En efecto, si un presidente y unos congresistas han sido elegidos sobre la base de unas promesas de campaña, parece lógico que les expliquen a sus electores los motivos que los llevan a cambiar de parecer y se esmeren en convencerlos de sus ventajas.

En Colombia las cosas no ocurren así.

Santos tiene una concepción autocrática de la institución presidencial. Cree estar por encima de todos y de todo, no reconoce límites jurídicos ni morales. Por consiguiente, piensa que el hecho de haber ganado las elecciones con nueve millones de votos le ha dado carta blanca para gobernar como a bien tenga, sin necesidad de dar explicaciones ni rendir cuentas a nadie. Maneja los hilos del poder como si estuviera en un espectáculo de marionetas.

Como tales trata a los congresistas, a los partidos de la fementida Mesa de Unidad Nacional, a gobernadores y alcaldes, a los medios de comunicación, a los gremios empresariales, a la opinión pública.

Como lo puse de presente en un artículo que acá publiqué en 2012, Santos negoció con los congresistas la aprobación del Marco Jurídico a cambio de una reforma judicial que los favorecía . Puso, además, a su disposición el presupuesto nacional a través de los “cupos indicativos”, lo que significa que compró sus votos. No tuvo necesidad de convencerlos con argumentos persuasivos que acreditaran las bondades del cambio de política en que estaba empeñado. Le bastaba con acudir al trueque.

En teoría, al electorado le compete decir la última palabra sobre las políticas públicas. La ciudadanía se manifiesta en favor o en contra de ellas por medio del voto. Si le ha parecido bien que sus representantes  no mantengan  sus promesas porque las circunstancias han cambiado, los reelige. Si está en desacuerdo con sus incumplimentos, les niega el voto.

Pues bien, para alterar estas elementales reglas de la democracia, Santos optó por lo mismo que hizo con los congresistas, es decir, la compra del electorado.

Lo hizo repartiendo la famosa mermelada, con la que se gana el favor de las comunidades a cambio de obras y prestaciones que ellas consideran más importantes que las promesas incumplidas, y además se termina proveyendo a los políticos afectos al gobierno de fondos suficientes para la compra de votos.

En mi último artículo cité la publicación que hizo “Soledad Informa” acerca de los contratistas que se beneficiaron con la construcción de las casas gratis que ofreció el gobierno de Santos y el modus operandi de la compra de votos en el departamento del Atlántico, de la que es campeón el equipo político del senador Gerlein. Lo traigo de nuevo a cuento, no solo por lo diciente que es, sino porque una amable corresponsal barranquillera me advirtió que su contenido es explosivo y muy peligroso de tratar en público por los riesgos personales que entraña su difusión. (Vid.http://soledad-informa.tumblr.com/post/60843594537/los-duenos-del-negocio-de-las-casa-gratis-que-entrega)

Hay, en efecto, toda una organización criminal involucrada en la compra de votos, como se vio en el Bajo Cauca antioqueño en los últimos comicios, pues la región está bajo el control de los Urabaños, Los Rastrojos, Las Águilas Negras, la Oficina de Envigado y otras bandas criminales.

Según informa “El Espectador”, la Universidad de los Andes acaba de publicar un estudio que muestra que el programa de viviendas gratis se ejecutó  a todas luces con el propósito de promover la reelección de Santos en los municipios que le convenía ganar para su causa. (Vid.http://periodicodebate.com/index.php/nacion/politica/item/4164-santos-casas-gratis-a-cambio-de-votos?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Portada-PeridicoDebate-PeridicoDebate+%28Portada+-+Peri%C3%B3dico+Debate%29)

“La Silla Vacía”, por su parte, hizo una seria investigación acerca de la famosa “mermelada” que Santos repartió a diestra y siniestra para comprar a los congresistas y, a través de ellos, a las comunidades.

Recomiendo que se lea cuidadosamente esta publicación que lleva por título “Santos, su Ñoño y su Musa”, pues, como se decía antes en los códigos de procedimiento penal, bien podría servir para dictar auto cabeza de proceso contra los implicados en esta maquinación criminal, una de las más sucias de toda la historia política colombiana.  (http://lasillavacia.com/historia/santos-su-nono-y-su-musa-46982)

Recordemos que en las elecciones de 2010 el candidato que mayor número de votos obtuvo en la elección de senadores fue Juan Lozano Ramírez, con la muy respetable suma de 212.840.

Como Lozano se mantuvo fiel a sus compromisos con el electorado y a la línea política del expresidente Uribe Vélez, que es la que inspiró el logo de la U, no pudo aspirar a que se lo reeligiera el 9 de marzo pasado. Lo mismo les ocurrió a otros dos muy respetables congresistas, Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez Martínez.

Para que se los reeligiera, tendrían que haberse arrodillado ante Santos  o haber renunciado a sus curules con un año de anticipación e inscribir sus candidaturas a través de otros medios. Optaron por quedarse en la U para librar una batalla por la dignidad que se sabía de antemano que estaba perdida por las maquinaciones del gobierno.

Pues bien, el pasado 9 de marzo se consagraron como grandes electores y practicamente dueños de la U dos oscuros personajes, Musa Besaile Fayad y Bernardo Miguel Elías Vidal (a. Ñoño), que obtuvieron en su orden al parecer 145.402 y 140.143 votos.

El artículo de “La Silla Vacía” muestra cómo los obtuvieron, haciendo hincapié en que esos altos resultados fueron fruto de la obsesión de Santos por arrebatarle a Uribe los votos del departamento de Córdoba.

Invito a los lectores a que comparen la votación por el Partido de la U en 2010, cuando apoyaba la gestión de Uribe, y los de 2014, cuando se plegó a la traición de Santos. Pueden ver los resultados a través de  los siguientes enlaces:

http://www.registraduria.gov.co/Informacion/canddidatos%20senado.pdf

http://congreso2014.registraduria.gov.co/99SE/DSE9999999_L2.htm

Con razón se ha dicho que Santos es no solo el candidato de las Farc, que presionan a las comunidades para que voten por él dado que es quien las favorece con sus promesas de paz, sino el de lo peor de la política colombiana, que hoy anida, aunque no exclusivamente, en el Partido de la U.

El partido que vivó con tanto entusiasmo en la noche del 9 de marzo es, ni más ni menos, el de Ñoño y de Musa, quienes ya están reclamando el control del próximo Congreso, no obstante las reticencias que median para reconocerles su triunfo en las urnas.

Es de esperar que la justicia termine diciendo que la primera fuerza política en el país es el Centro Democrático que lidera el expresidente Uribe Vélez, que logró más de dos millones de votos contra las presiones del gobierno de Santos, la persecución de los organismos electorales, las manipulaciones de la Gran Prensa, la obstrucción de las guerrillas y la falta de recursos económicos, pues a los empresarios que habrían estado dispuestos a apoyarlo se les hizo saber sotto voce que correrían el riesgo de sufrir la persecución del gobierno si le daban un solo peso.

La cifra de votos con la que dice superarlo el partido de la U se explica fácilmente por la compra masiva que promovieron, con la anuencia de Santos, sus actuales amos.

Lo que ha sucedido es simple y llanamente una vergüenza. Produce asco y motiva a rechazar con reciedumbre, como lo hizo Alberto Montoya Puyana en carta que comenté hace unos días acá, la desinstitucionalización que Santos está imponiendo en Colombia.

Hay fuertes motivos morales para oponerse a la reelección de un presidente indigno, tan torcido como la U que lo respalda.

jueves, 27 de marzo de 2014

Un proceso nada edificante

El certamen electoral del pasado 9 de marzo puso de manifiesto varias de las lacras de nuestra democracia, a punto tal que no pocos hemos considerado que ese día presenciamos una de las elecciones más sucias en muchos años.

Van 16 días y este es el momento en que no contamos con un escrutinio definitivo, dadas las múltiples impugnaciones que con toda razón han formulado principalmente los grupos de oposición al gobierno de Santos.

Ya va habiendo consenso acerca de las deficiencias de la organización electoral, tanto de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil como del Consejo Nacional Electoral.

De hecho, como lo han observado el senador Juan Carlos Vélez y el exministro Fernando Londoño Hoyos, en la práctica no tenemos organización electoral, bien sea porque parece haber colapsado, ya porque ha perdido su credibilidad.

Las quejas y dudas sobre la actuación de los jurados son muy inquietantes.

En el reconteo de votos han aparecido miles de errores que difícilmente pueden dejar de considerarse, por su reiteración, como deliberados. Se habla, además, de “mesas compradas” con jurados que permitían que los votantes llegaran con tarjetones prefabricados , les decían a los ingenuos que preguntaban cómo se votaba por Uribe que marcaran el tarjetón en la U o quizás agregaban marcas a los tarjetones depositados, para así anularlos.

El control primario sobre los jurados se ejerce por medio de los testigos electorales que vigilan el desarrollo de los comicios y en el momento del conteo inicial pueden hacer reclamaciones.

Por supuesto que los partidos y movimientos pequeños no están en capacidad de enviar testigos a todas partes, lo cual los pone en desventaja frente a los grandes.

Y en el caso de una agrupación nueva a la que se quiso hostigar, como el Centro Democrático, se pusieron trabas inconcebibles que dejaron por fuera a muchos de sus testigos a quienes se les negó acceso a los sitios de votación porque la autoridad electoral cambiaba sus nombres, sus números de identificación e incluso la denominación del grupo político. Se denunció, en efecto, que en Antioquia hubo testigos que no pudieron actuar porque la Registraduría los identificó como representantes de un grupo inexistente, el “Centro Democrático Alternativo”.

El Registrador Nacional del Estado Civil, tratando de calmar los ánimos, dijo que la información sobre resultados que se dio a conocer el día de las elecciones era apenas un “preconteo”, pues el dato real aparecería después del escrutinio de las actas de las mesas de votación. Pero en seguida sus agentes salieron a decir que esas actas solo podrían impugnarse para pedir revisión de los votos  si se invocaban anomalías concretas, las que, bueno es decirlo, muchas veces solo se pueden establecer si se  físicamente los tarjetones.

A raíz de la vigilancia que se ha ejercido sobre el escrutinio de las actas, el Centro Democrático encontró que hay 5.008 mesas en las que los votos depositados superan el número de sufragantes disponibles para votar allí. Además, le pidió al Consejo Nacional Electoral hacer el reconteo de los votos en 12.783 mesas en que aparentemente hubo graves anomalías.

La enorme cantidad de tarjetones nulos y no marcados, que ha dado lugar a que se diga que la suma de ellos es la triunfadora en las elecciones, llevó a la Procuraduría a pedir el reconteo físico de cada uno, pues a través del expediente de la anulación o de declarar el voto como no marcado, los jurados, por ignorancia o por deliberada mala fe, pudieron distorsionar el resultado de las elecciones.

Los “resultados atípicos” en ciertas regiones del país constituyen serios indicios de complicidad de los jurados con maniobras fraudulentas e incluso con  una masiva operación de compra de votos.

Es fama que en ciertas regiones la compra de votos es un viejo hábito difícil de desarraigar. Pero en esta ocasión parece haberse llegado al colmo del descaro. Se habla de votos comprados aquí y acullá a razón de $ 40.000 incluso en Medellín, o a $50.000, $ 150.000 y $ 200.000 en otros lugares. Hubo votantes que dieron las gracias a sus compradores, mencionándolos en los tarjetones.

Mientras que en el país el promedio de abstención superó el 60%, las zonas en que se cree que operó la compra de votos exhiben tasas de participación electoral del 80% o más, lo que ha producido un aberrante desequilibrio en la representación en el Senado, pues probablemente 14 o 15 departamentos no la tendrán, mientras que los de la Costa podrían sumar unos 30 senadores.

Santos, con la desvergüenza que lo caracteriza, calla sobre las funestas consecuencias de su “mermelada”, a la que en sana lógica cabe atribuir este desastroso efecto, y la defiende diciendo que los congresistas tienen derecho de participar en el desarrollo de sus regiones y las partidas que con ellos acuerda el goberno se reflejan en obras positivas para ellas. Le faltó decir que la más elocuente de esas obras es el aumento de los votos en favor de sus paniaguados.

Remito al informe que presenta “Las Dos Orillas” sobre el impacto de la “mermelada” en ese aumento de votación: http://www.las2orillas.co/los-dineros-de-desastres-naturales-que-se-convirtieron-en-votos-top-10/

En la página de la Registraduría (http://congreso2014.registraduria.gov.co/99SE/DSE9999999_L2.htm) aparece la votación por los dos de los más conspicuos conservadores que a se llaman a sí mismos “enmermelados”, Roberto Gerlein y Efrain Cepeda:

ROBERTO VICTOR GERLEIN ECHEVERRIA

127.004
0,88%

EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA

98.588
0,68%

Sobre ellos dice “El Heraldo” que Santos ha premiado con creces su lealtad otorgándoles fuerte presencia en el Banco Agrario y en el ICA(vid. http://www.elheraldo.co/politica/ley-del-montes-atlantico-que-hacer-con-las-mafias-electorales-143989)

Y La Silla Vacía cuenta en detalle cómo se quedó Gerlein, el más veterano de los congresistas y antiguo seguidor de Laureano y Álvaro Gómez Hurtado, severos críticos en su hora de los que se vendían por un plato de lentejas, con el Banco Agrario (vid. http://lasillavacia.com/historia/asi-fue-como-gerlein-se-quedo-con-el-banco-agrario-45694)

En la página “Soledad Informa” se dice que, además, Gerlein y sus allegados son de los grandes beneficiarios del programa de construcción de casas sin cuota inicial, promovido por el tándem Santos-Vargas Lleras para apalancar sus aspiraciones electorales, así  como de  concesiones viales que les suministran cuantiosos recursos para comprar miles de votos.

Según este medio, “Los más reconocidos compradores de votos en Barranquilla y que se extienden a todo el area metropolitana son los del Partido Conservador liderados por la casa Gerlein y sus aliados”(http://soledad-informa.tumblr.com/post/60843594537/los-duenos-del-negocio-de-las-casa-gratis-que-entrega)

Súmese a todo lo anterior el hecho de que tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral entrabaron ilegalmente la puesta en marcha del Centro Democrático y su presentación  ante la ciudadanía, fuera de que en varios departamentos no pudo presentar candidatos para la Cámara de Representantes por la obstrucción que ejerció la guerrilla de las Farc para la colecta de firmas , amén del engaño descarado que el Partido de la U llevó a cabo para desorientar a los que querían votar por las listas de Uribe.

Al tenor de las denuncias de la recién electa senadora Claudia López acerca de los nexos de Santos y Vargas Lleras no solo con la corrupción de la política, sino con la delincuencia, poca duda cabe sobre la responsabilidad del gobierno en lo que Fernando Londoño Hoyos en “La Hora de la Verdad” no vacila en llamar un monstruoso fraude. (http://www.lafm.com.co/noticias/claudia-lopez-santos-y-vargas-157793)

¿Qué garantías podemos esperar entonces de Santos y Vargas Lleras en las próximas elecciones, en las que se juega decisivamente su futuro político?

Lo he dicho varias veces y aquí lo reitero: “En el alma de Santos espantan” y “La reelección de Santos sería una catástrofe moral para Colombia”.

Hay que multiplicar, pues, los esfuerzos del Centro Democrático para que lo que se logró sin recursos ni maquinaria el 9 de marzo se duplique o triplique el próximo 25 de mayo, pues en ese día se juega la suerte de la patria colombiana.

lunes, 17 de marzo de 2014

Una ejemplar lección de dignidad

Transcribo, para futura memoria y con  miras a hacer unos comentarios al respecto, la carta que le dirigió hace unos días el distinguido dirigente santandereano Alberto Montoya Puyana al Presidente de la República:

“Doctor

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República de Colombia

Bogotá D.C.

Señor Presidente:

Permítame presentar renuncia al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, en el que me he venido desempeñando como representante del Presidente de la República, desde el mes de marzo de 2008.

Motiva esta decisión la preocupación que me asiste por la creciente desinstitucionalización a la que usted, Señor Presidente, viene sometiendo al Pais. El fracaso del intento de reformar la Justicia, en evidente crisis, lo ha llevado a darle alas a la ” Justicia Mediática” y a colocar como ” chivo expiatorio” al Ejército Nacional, Institución a la que, en conjunto, le debemos en parte muy importante la recuperación de la seguridad del Pais. Además, como corolario, intentan colocarse ahora las FARC como jueces de los militares.

Sobre esta base, me siento moralmente impedido a continuar representándolo.

Cordial saludo,

Alberto Montoya Puyana.

cc.

Presidente y miembros del Consejo Directivo de la ANH.”

Destaco en este escrito tres temas, a saber: a) la denuncia de la desinstitucionalización a que está sometiendo Santos al país; b) la denuncia sobre el trato que le está dando al Ejército Nacional; c) la imposibilidad moral de representar a Santos en la Agencia nacional de Hidrocarburos.

Sobre lo primero, señalo que, si bien nosotros no contamos con una sólida tradición de escrupuloso respeto por la normatividad jurídica y más bien hemos sido, como dijo alguna vez Carlos Lleras Restrepo sobre su sucesor Misael Pastrana Borrero, bastante “manguianchos” con la Constitución, lo que hemos presenciado bajo el actual gobierno llega a extremos inconcebilbles.

Hace unos días publiqué en Twitter este trino:

#Santos está imponiendo una dictadura embozada en #Colombia. Compra medios, presiona gremios y empresarios, corrompe congresistas. Sin freno”.

Creo que en esos 140 caracteres he logrado resumir los rasgos básicos de ese proceso de desinstitucionalización promovido por el actual Presidente de la República que alarma a Montoya Puyana.

Santos viene de una familia de periodistas y él mismo ejerció ese noble oficio durante varios años. Por sus contactos con el medio, tuvo acceso amplio y generoso a muchos periódicos que le abrieron sus puertas para que expresara sus opiniones y pudiera ser conocido por la ciudadanía. Logró cierto renombre como columnista que se manifestaba sobre todos los tópicos del acontecer nacional al parecer con buen criterio y solvente información. Agitaba en sus artículos las banderas del buen gobierno, nombre que la dio a la fundación que creó  para hacer presencia pública.

Pues bien, como lo expresé también vía Twitter hace un tiempo, y tal vez en algún escrito para este blog, desde la época del general Rojas Pinilla no he visto un gobernante tan poco respetuoso por la independencia de la prensa como Juan Manuel Santos.

Debo agregar, como lo escribí en mi último artículo, que tampoco he conocido un gobernante tan adicto a la mentira como fórmula de comunicación con los gobernados.

Es un hecho notorio el modo como desde el gobierno se ha presionado a los periodistas para constreñirlos a seguir la línea oficial. Los que se han mostrado refractarios han tenido que salir, como le sucedió a Ana Mercedes Gómez en El Colombiano. A otros se los ha querido asfixiar privándolos de recursos para subsistir. Y solo por la tenacidad de Fernando Londoño Hoyos, hombre de carácter si los hay, ha podido sobrevivir La Hora de la Verdad, pese a la falta de apoyo publicitario que se le niega a pesar de su innegable presencia en importantes nichos de la opinión pública.

Pero lo más ostentoso es la compra de opinión a través de distintos procedimientos. El primero de ellos, desde luego, es la pauta publicitaria, que asciende en los dos últimos años a $ 579.000.000, según la Contraloría General de la República, tal como acaba de informarlo La Hora de la Verdad. 

Hay otros procedimientos más sinuosos, que tienen que ver con la preocupante configuración financiera de los medios colombianos en las últimas décadas, pues muchos de ellos se han convertido en apéndices o instrumentos de poderosos grupos económicos que los ponen al servicio de los gobernantes de turno a cambio de los múltiples favores que ellos están en capacidad de hacerles.

“Do ut des” parece ser la fórmula reinante para las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación.

A lo largo de los años se ha señalado que la libertad de prensa es la garantía fundamental de la democracia liberal. Pero esa libertad, como todas las demás, implica ejercicio responsable de las prerrogativas que otorga. Y ese ejercicio responsable toca con conceptos elevados de moralidad, pues si esta desaparece de la vida pública, la sociedad se disuelve.

Una prensa amoral pierde toda respetabilidad y, por consiguiente, toda legitimidad. Es lo que está logrando este gobierno con su descarada compra de periodistas. De ese modo, socava la democracia y el sistema de libertades.

De ahí el silencio que la “Gran Prensa” guarda acerca de gravísimas denuncias como la que formuló Ernesto Macías Tovar sobre el Carrusel de la Reelección, o la campana neumática que se aplica a candidatos de la oposición para dar a entender que “no despegan”, por no hablar de su reticencia a hacer eco a a las acusaciones que se han presentado en torno de fraude y escandalosas irregularidades en las elecciones del 9 de marzo.

La presión gubernamental sobre gremios y empresarios es de lo más funesto que se haya podido ver en muchos años. Santos se tomó la Andi. Ycomo el Presidente de la SAC le hizo un comentario incómodo, se enfureció y lo obligó a dar explicaciones que no desvirtúan el fondo de lo que dijo, a saber; que la política agropecuaria no se decide en Bogotá, sino en La Habana.

El presidente de un importantísimo grupo empresarial abrió debate hace algún tiempo en la Asamblea General de la Andi sobre las políticas del gobierno. La respuesta no se hizo esperar. A los pocos días la Dian le abrió una investigación exhaustiva que, según me contó un colega, los esculcó por todas partes. Afortunadamente, los funcionarios no pudieron encontrar motivos de glosa, porque es una organización empresarial seria y ortodoxa a más no poder.

De ese modo, se les envió a los empresarios un tenebroso mensaje.

Por eso, dijo hace poco Francisco Santos que el Centro Democrático no ha podido contar con buenas ayudas del sector empresarial, pues ellos están advertidos que los que colaboren con Uribe tendrán que pagar por ello.

La corrupción de la política impulsada por Santos a través de lo que uno de sus ministros de Hacienda llamó la “mermelada”, es un hecho notorio.

Sentí tristeza al escuchar al ministro de Hacienda hace poco en un reportaje que le hizo Hassan Nassar en 360 grados, ensayando la defensa de los “cupos indicativos” que según él han servido para jecutar importantes obras en las regiones.

¿Ignora el ministro Cárdenas, dizque tan serio y competente él,  que esos cupos van atados al apoyo de las autoridades departamentales y municipales a los candidatos que apoyan a Santos, y que uno de los resultados más notables  de su distribución fue la compra de votos que le dio deshonrosa mayoría al partido de la U y permitió la cómoda reelección de un abultado número de congresistas “enmermelados”, como uno de ellos se denominó a sí mismo con patética impudicia?

Más adelante tocaré a fondo el tema, pues el deterioro de la separación de poderes y del sistema de partidos arruina la democracia y las  libertades públicas. Ahí será oportuno , además, hacer referencia a la corrupción del sistema judicial y la distorsión de la autonomía de las entidades territoriales, que es una de las piezas fundamentales de la Constitución vigente.

Diré tan solo que lo que ha pasado con el Partido de la U es uno de los hechos más vergonzosos de una historia que, como la nuestra, no es avara en desvergüenza.

La valerosa y ejemplar carta de Montoya Puyana hace hincapié en el trato denigrante que bajo este gobierno se le ha dado al Ejército Nacional, que no solo es la institución más querida por los colombianos, según lo acreditan reiteradamente las encuestas, sino la que nos ha defendido, con toda suerte de sacrificios y con abnegación a toda prueba, de la agresión narcoterrorista de quienes pretenden instaurar en Colombia un sistema totalitario y, por ende, liberticida.

Hay serios indicios de que la campaña mediática de la revista Semana contra la institución armada es fruto de una proditoria componenda entre Santos, el Fiscal y esa publicación que para nada honra a la prensa solombiana.

El trasfondo de todo eso es la negociación con las Farc en La Habana, pues el narcoterrorismo exige el sacrificio de nuestras fuerzas armadas desde todo punto de vista (reducción de sus efectivos, tregua bilateral, sitios vedados para ellas, crucifixión jurídica, etc.), y Santos, que anda ofreciendo que la firma definitiva del acuerdo de paz se protocolizará dentro de ocho meses, desde luego está apurado para entregárselas maniatadas a esas hordas feroces.

En este último fin de semana han ocurrido dos hechos muy significativos que muestran el enorme grado de malestar que reina en la oficialidad, con toda la razón, por la actuación desleal del gobierno frente a los héroes que todo lo han sacrificado para que los colombianos nos sintamos protegidos de los peores criminales que hay en estos momentos sobre la faz del Orbe.

El primero de ellos es el fuerte e inusual comunicado del Ejército de Colombia que puede consultarse a través del siguiente enlace: 

 https://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=359878

El segundo, la publicación que ayer hizo con gran despliegue El Espectador y que sin duda alguna proviene de fuentes militares, bajo el título de “Los planes secretos de las Farc”, que puede leerse acá:

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-planes-secretos-de-farc-articulo-481027

La institución armada ha sufrido toda clase de hostigamientos y vejámenes de parte de unas autoridades judiciales fuertemente permeadas por la izquierda e incluso por la subversión. Ahora se ve afectada por la deslealtad del gobierno y la persecución de la prensa que a no dudarlo le sirve de vocera.

Pues bien, la copa se rebosó y la oficialidad exige respeto, consideración y garantía del debido proceso. Rechaza la justicia mediática que descaradamente pretende ejercer sobre ella la revista Semana y la audaz pretensión de las Farc en erigirse en jueces suyos.

Razón de sobra tiene pues Alberto Montoya Puyana para decirle a Santos que se siente moralment impedido para representarlo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Es, como digo en el título de este escrito, una ejemplar lección de dignidad que debería de inquietar a dirigentes empresariales que no saben lo que hacen cuando se esmeran en promover apoyos para un gobierno que ha degradado su jerarquía moral y pone en peligro a Colombia de rodar por la pendiente del castrochavismo.

Reitero lo que he escrito en mi cuenta de Twitter (@jesvalme): La reelección de Santos será una catástrofe moral para Colombia.

miércoles, 12 de marzo de 2014

El gobierno de las mentiras

Recuerdo que, a raíz del escándalo por la financiación mafiosa de la campaña de Samper, Hernán Echavarría Olózaga declaró con mucho pesar que el Presidente de Colombia era un granuja.

Muchos colombianos tenemos hoy una percepción similar acerca de Juan Manuel Santos Calderón.

Lo que se ha visto en relación con el debate electoral del pasado domingo parece avalar esa mala impresión, pues es probable que en muchas décadas no hayamos presenciado unas elecciones tan sucias como las que , con su habitual desenfado, acaba de presentar como las más tranquilas y transparentes de nuestra historia.

Fernando Londoño Hoyos habla de ellas en El Tiempo denominándolas “el gran chocorazo”.(http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/fernandolondoo/el-gran-chocorazo-fernando-londono-hoyos-columnista-el-tiempo-_13636957-4)

Hay dos graves antecedentes que apuntan hacia la responsabilidad que le compete al gobierno de Santos en este delicado asunto, ambos denunciados oportunamente por el hoy senador electo Álvaro Uribe Vélez: el Cartel de la Reelección y el manejo de los recursos para las entidades territoriales.

Hace varias semanas, el también hoy electo senador Ernesto Macías Tovar denunció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes al Presidente de la República por la adjudicación de recursos presupuestales y nombramientos de personal en beneficio de congresistas de la llamada Mesa de Unidad Nacional que apoya la gestión del actual gobierno.

El contenido de la denuncia puede consultarse en http://carteldelareeleccion.com/

Se habla de que los recursos distribuídos entre los congresistas por estos conceptos ascienden probablemente a la exorbitante suma de tres billones de pesos. La candidata presidencial del Polo Democrático, Clara López, se ha presentado varias veces en Cablenoticias con la recopilación de los documentos de la denuncia para sustentar sus críticas contra la falta de garantías electorales por parte del gobierno. Y el expresidente Andrés Pastrana ha dicho en Twitter que por este medio el gobierno ha financiado irregularmente las campañas de los candidatos de la coalición que lo respalda en el Congreso, si bien la cifra que menciona es de dos billones y no de tres.

Desde luego que en un país decente estas denuncias habrían suscitado intensos y hasta acalorados debates en todos los escenarios de formación y manifestación de la opinión pública. Pero Colombia ya no es la “potencia moral” de que hablaba hace 70 años el hoy olvidado profesor Luis López de Mesa. Por consiguiente, a la “Gran Prensa” que sigue sumisamente la orientación que le fija el gobierno el tema le pareció poco digno de su interés, lo mismo que el fraude a que me refiero.

Por otra parte, el expresidente Uribe Vélez  en varias ocasiones se ha referido al extraño procedimiento adoptado por el gobierno, consistente en retener los giros de las regalías en favor de entidades territoriales para distribuirlos después con ocasión de las campañas para elegir congresistas y presidente en el primer semestre de este año.

Los hechos demuestran que de este modo el gobierno ha utilizado los recursos fiscales para favorecer a sus candidatos y, por supuesto, la aspiración reeleccionista de Santos.

Me dijo en estos días una de mis fuentes de altísima fidelidad que por boca de un alcalde municipal, se enteró de que el gobierno les prometió a los municipios unos jugosos recursos condicionados a que en Antioquia sus autoridades promovieran la candidatura del senador Germán Darío Hoyos Giraldo, del Partido de la U que dice ser el del presidente Santos. Según datos actuales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dicho senador aparece reelegido el pasado domingo con 55,499 votos y ocupa el número 55 en la lista provisional de nuevos senadores que puede consultarse  en  http://www.elcolombiano.com/elecciones-2014.asp

En declaraciones que dio en estos días, el senador Juan Manuel Galán corroboró las acusaciones del expresidente Uribe Vélez en torno del papel que juegan las autoridades departamentales y municipales en la elección de senadores y representantes.

A través de ellas se canalizan recursos que  gira el gobierno nacional, los cuales se gastan básicamente en nómina de personal y contratación que sirven de modo indirecto, pero ilegal y cuantiosísimo, para la financiación de las campañas políticas.

Se cree que un 20% de cada contrato va a las arcas de los políticos que lo gestionan. A ello hay que agregar que, si bien la contribución del personal a los grupos políticos con cargo a la nómina está prohibida, de hecho los vinculados tienen que seguir financiando a sus amos, so pena de perder sus puestos. A cuánto ascienden estas contribuciones, averígüelo Vargas, que sí debe de saber de eso.

No se ha investigado la medida en que el programa de casas gratuitas que puso en acción el hoy candidato vicepresidencial que acompaña a Santos les trajo beneficios a los promotores de su reelección. Pero, siguiendo la lógica perversa que rige la acción política entre nosotros, es probable que ahí se encuentre un rico filón.

Las campañas electorales son cada vez más costosas. No obstante la financiación estatal que las beneficia, los candidatos tienen que conseguir muchas veces recursos adicionales, sobre todo cuando su intención es hacerle fraude a la normatividad para gozar de las ventajas que otorga una bolsa bien nutrida. Bastante conocida es, en efecto, una perniciosa “ley de hierro” de las democracias actuales, en cuya virtud el voto es producto de la inversión que se haga en las campañas; o sea que, “a mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de votos”.

Esos recursos adicionales proceden en buena parte del crimen organizado, pero también de la corrupción administrativa.

Poco se ha hablado en estos días de lo primero. En cambio, el gran debate que hoy se abre acerca de la suciedad de las elecciones presididas por Santos, tan transparentes como la urna de cristal que cargan los helicópteros militares en que pasean sus familiares, versa sobre los fondos públicos con que los contribuyentes han pagado las campañas de los que, una vez elegidos, les incrementan los gravámenes.

Es posible que gran cantidad de los recursos adicionales que obtienen los candidatos a través de empleos y contratos se destine a la compra de votos. Y este parece haber sido el medio fraudulento que más impacto tuvo en el chocorazo del domingo pasado.

Otra de mis fuentes me explicó el modus operandi del tráfico de votos en la Costa atlántica.

Según lo que me contó una persona conocedora del asunto, en vísperas  de elecciones los agentes de compra de votos van de puerta en puerta ofreciendo el negocio. Esos agentes funcionan a cargo de sujetos que a su vez dependen de algún político que maneja la empresa electoral.

Establecidos los términos de la transacción, al votante se lo cita para que se haga presente en un sitio dado, en donde, con los demás vendedores, toma un bus que los transporta hacia los sitios de votación. Los votantes entran acompañados de sujetos que vigilan que  depositen su voto y les dan instrucciones sobre cómo llenar los tarjetones.

Después de votar, a los vendedores les suministran algún refrigerio (puede tratarse incluso de tamales, como los que repartió el senador Roy Barreras) y los trasladan a determinado sitio en donde les pagan lo convenido.

Varios de mis corresponsales en Twitter me han comentado que el valor de cada voto se cotizó  por lo bajo en $ 50.000, pero en algunas partes o circunstancias su precio pudo haber sido más elevado. Circula en Twitter la fotocopia de un tarjetón en que el votante le da las gracias a Besayle por los $ 50.000 que le pagó. Y otro trinador dijo hace un rato que en Santa Marta el voto se cotizó en $ 100.000.

La compra de votos parece ser una verdadera empresa ilegal. No siempre la maneja directamente el candidato interesado, sino que contrata con políticos de  distintas localidades (por ejemplo, el Jose que compra votos en el barrio San Martín en Barranquilla), a cambio bien sea de dinero o de prebendas oficiales, como empleos,contratos, licencias, etc.

La senadora electa María del Rosario Guerra denunció estas prácticas en “La hora de la verdad”, señalando que debido a ellas la votación del Centro Democrático se vería severamente afectada en la Costa. como en efecto sucedió. Anunció además que expertos en elecciones le habían comentado que por obra de las malas prácticas en la Registraduría, al Centro Democrático le podrían robar medio millón de votos. El Comunicado que se dio a conocer hoy habla de por lo menos 250.000 votos.(Ver  http://www.centrodemocratico.com/entrega-consolidada-registraduria/)

Pues bien, como lo denuncia Fernando Londoño Hoyos en el artículo que atrás cité, todo indica que por obra de la compra de votos tres departamentoas (Atlántico, Sucre y Córdoba) acaban de elegir “el 26 por ciento, más de la cuarta parte, de todo el Senado de la República. Atlántico tiene el 5 por ciento de la población del país y eligió 10 senadores; Córdoba, con el 3 por ciento de la población eligió 9 senadores, y Sucre eligió 7 con el 2 por ciento del censo nacional.” Y en el programa de Hassan Nassar en Cablenoticias acaban de informar que la Costa domina el 41% del Partido de la U.

Santos, el inefable Santos (inefable, porque el DRAE se queda corto en epítetos capaces de describir los oscuros abismos de su alma), se fue a última hora a la sede del Partido de la U a festejar su triunfo. Gritó destemplados vivas a la U y aprovechó para felicitar con sorna al “senador Uribe” por su decoroso segundo puesto en el certamen electoral.

Pero el primer puesto por el que se felicita a sí mismo y congratula a sus secuaces, es bastante deshonroso.

En efecto,¿en poder de quiénes queda la U, a la que Santos le acaba de vender el alma?

Reproduzco el listado de 21 senadores que se dan por elegidos, con sus respectivas votaciones:

MUSA BESAILE FAYAD

145.402
1,01%

BERNARDO MIGUEL ELIAS VIDAL

140.143
0,97%

JOSE DAVID NAME CARDOZO

103.215
0,72%

ROOSVELT RODRIGUEZ RENGIFO

100.229
0,70%

JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA

97.741
0,68%

OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO

96.525
0,67%

MIGUEL AMIN ESCAF

83.944
0,58%

EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA

83.530
0,58%

ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE

80.534
0,56%

MARITZA MARTINEZ ARISTIZABAL

73.037
0,51%

MARTIN EMILIO MORALES DIZ

69.818
0,48%

WILLIAM JIMMY CHAMORRO CRUZ

61.005
0,42%

ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA

60.980
0,42%

SANDRA ELENA VILLADIEGO VILLADIEGO

56.959
0,39%

GERMAN DARIO HOYOS GIRALDO

54.999
0,38%

MILTON ARLEX RODRIGUEZ SARMIENTO

54.815
0,38%

ANDRES FELIPE GARCIA ZUCCARDI

50.220
0,35%

ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ

46.675
0,32%

MANUEL MESIAS ENRIQUEZ ROSERO

46.283
0,32%

MANUEL GUILLERMO MORA JARAMILLO

45.999
0,32%

CARLOS ENRIQUE SOTO JARAMILLO

45.852
0,32%

(Fuente:http://congreso2014.registraduria.gov.co/99SE/DSE9999999_L2.htm)

La gran mayoría son desconocidos para el ciudadano común y corriente. Para identificarlos, hay que entrar a Google y no es raro encontrar nombres que se mencionan en investigaciones de que dan cuenta los periódicos, o que la prensa asocia a  grupos de parapolítica y a negociados, como el Carrusel de la Contratación en Bogotá.

Como dice Juan Carlos Pastrana en Twitter, es poco probable que Santos se atreva a hacerse fotografiar con Besayle y el”Ñoño”. Pero ellos son los amos de la U, y no podrá ignorarlos al momento de promover sus políticas.

Si el de la U es el partido de Santos y sobre él reposa su fuerza parlamentaria, la lógica respalda la conclusión a que esta noche llegaron en el programa de Hassan Nassar los analistas de “La Silla Vacía”: Santos es el candidato de la politiquería.

Su cinismo sin límites lo llevó hoy a proclamar que quiere una campaña sin trampas ni agravios, fundada en la verdad, en las ideas, en los programas. Pero la gente del común no se llama a engaño y sabe de sobra que su gobierno, como lo señaló en su hora Luis Carlos Restrepo, es el de las mentiras. Tiempo habrá para ir mostrándolas una por una.