sábado, 28 de marzo de 2015

El Estado soy yo

Es poco probable que esta afirmación haya sido pronunciada por Luis XIV, el célebre “Rey Sol”.

A pesar de que es un lugar común atribuírsela, el historiador Louis Madelin niega su autenticidad (Vid. http://www.lovapourrier.com/letat-cest-moi-na-jamais-ete-prononcee-par-louis-xiv). Sin embargo, resume el talante del absolutismo monárquico, de suerte que de su tenor bien puede decirse, acudiendo a la conocida expresión italiana, que “se non è vero, è ben trovato”.

Quizás, entonces, esta frase corresponda al estado de ánimo del monarca, sobre todo en los primeros años de su largo reinado. Pero, como lo observa Madelin, años después "Luis el Grande se tornó más humilde, afirmando que era necesario someterse a los designios de Dios, sobre todo después de los terribles duelos que afligieron a su familia”. Y añade:"Dios me ha castigado y yo lo he merecido, es el credo de sus días finales”.

Viene esto a cuento a propósito de de la fuerte tendencia autocrática que se observa en el modo de gobernar de Juan Manuel Santos, cuyas actitudes reflejan más la arrogancia propia  de un monarca que la discreción y la modestia que se esperan de un dirigente republicano.

Es dudoso que tenga alguna conciencia de la necesidad de someterse a la voluntad de Dios y muchísimo menos a la del pueblo que, según el dogma democrático, se pone de manifiesto en la Constitución. Esta, para él, es una baraja marcada que maneja a su amaño con trucos de tahúr.

El programa principal de su gobierno es la búsqueda de un acuerdo de paz con la insurgencia colombiana, comenzando por la de las Farc.

A él se lo eligió en 2010 para combatirla y doblegarla, de modo que llegara a la mesa de diálogos con un sincero ánimo de reconciliación y de inserción a nuestra institucionalidad democrática y liberal. Pero Santos, por sí y ante sí, consultando tan solo el parecer de un círculo cerrado, tomó la decisión de desconocer sus compromisos de campaña para emprender lo que ya se está viendo claramente como un salto al vacío. Ni siquiera consultó a los integrantes de su Mesa de Unidad Nacional, a quienes les impuso el cambio de rumbo por medio de la reforma constitucional mal llamada del Marco Jurídico para la Paz, cuyo trámite se hizo casi sin discusión y se aprobó por el Congreso bajo el estímulo de la repugnante “mermelada”.

Para Santos, el contenido de la agenda legislativa no se acuerda con el Congreso, sino que se negocia con cada congresista a cambio de prebendas presupuestales y burocráticas que conllevan corrupción. La consigna es "Tómelo o déjelo". Para guardar ciertas apariencias, solo se les concede cierto margen de iniciativa propia, siempre y cuando no se afecten los propósitos gubernamentales. Por consiguiente, la mal llamada representación popular no es para él en su conjunto una correa de transmisión de las inquietudes de las comunidades, sino instrumento de imposición de los dictados gubernamentales.

Podrían multiplicarse los ejemplos que muestran cómo se distorsiona y pervierte en beneficio del poder presidencial todo el andamiaje de frenos y contrapesas  previsto por la Constitución.

El poder presidencial, bajo el ímpetu autocrático de Santos, se instaura no solo sobre el Congreso, sino también sobre los cuerpos judiciales, los órganos de control, el poder electoral y la autonomía de las entidades territoriales, para expandirse luego hacia las organizaciones gremiales del sector privado y los medios de comunicación social.

No se admiten las voces discrepantes; ni siquiera son de recibo las que aconsejan cautela y discreción. Como en la vieja y venerable imagen de los discos de  fonógrafo, solo es posible que se oiga la voz del amo. Para las otras, solo caben tres alternativas: sumarse al coro laudatorio, sufrir los improperios o someterse a la campana neumática que condena al silencio.

La crisis que se ha desatado en el sector judicial es bien diciente. Si se toman en serio las declaraciones del magistrado Pretelt, el matoneo en contra suya se origina en el propósito del Fiscal y, en últimas del Presidente, de controlar la Corte Constitucional, eliminando un protagonista indócil para la elección de Registrador del Estado Civil, que corresponde a los presidentes de las Altas Cortes, y para las votaciones sobre temas complejos, como los que conciernen a los acuerdos a que eventualmente se llegare con los narcoterroristas.

¿Cómo ha respondido el gobierno a esta crisis?

Nada menos que con la idea de que el Tribunal de Aforados, llamado a investigar y procesar a los altos funcionarios del Estado, se integre por primera vez con magistrados que nombre el Presidente de la República. Y luego sale el Superministro, que en contravía de la Constitución designó Santos hace unos meses, a proponer que al Fiscal General también lo nombre el Presidente, como si el contubernio de la dupla Santos-Montealegre no mostrase facetas infernales que tienen aterrados a los colombianos de bien.

Denunció La Hora de la Verdad el viernes pasado que se rumora que el gobierno estudia fórmulas jurídicas para convocar un referendo que le otorgue plenos poderes a Santos para suscribir y poner en ejecución los eventuales acuerdos con las Farc y quizás también el Eln, lo que implicaría algo peor que las leyes habilitantes que el chavismo copió del régimen hitleriano, pues el alcance de las facultades comprendería nada menos que reformar sustancialmente la Constitución. Ello significa entonces que el dictador Santos quedaría investido del poder constituyente.

Ardiendo de ira contra el Procurador General de la Nación, que ha hecho muy sensatas observaciones sobre los diálogos de La Habana en defensa de la integridad del ordenamiento jurídico y de los intereses superiores de la sociedad, Santos ha resuelto pedirle que se abstenga de intervenir porque el único facultado para tratar los temas de paz es él, como si el mismo se identificara con el Estado y los colombianos tuviéramos que resignarnos a ser espectadores pasivos de sus claudicaciones.

¿Qué es todo esto, sino autocracia monda y lironda?

Mucha gente se burla de Santos, pero, como a los sátrapas africanos, lo que hay es que temerle. Podría hacer mucho daño. Mejor dicho, ya lo ha hecho.

lunes, 23 de marzo de 2015

Hay algo demasiado podrido en Cundinamarca

Alguien trajo a colación en estos días, a raíz de los escándalos en la Corte Constitucional, la conocida frase de Hamlet sobre el estado moral del reino de su asesinado padre.

No es para menos. Lo que ha salido a la luz a raíz del linchamiento moral y jurídico contra el magistrado Pretelt es, simplemente, escabroso.

Para futura memoria, anoto aquí los enlaces de la entrevista que dio para la W el viernes pasado y que estremeció al país: 

-http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/escuche-la-entrevista-al-magistrado-jorge-pretelt--parte-1/20150320/oir/2683240.aspx

-http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/escuche-la-entrevista-al-magistrado-jorge-pretelt--parte-2/20150320/oir/2683212.aspx

Debo dejar constancia de que no conozco al magistrado Pretelt, de quien, la verdad sea dicha, algunos amigos míos no dan las mejores referencias. Pero, a  juzgar por lo que públicamente se conoce, tengo la impresión de que en contra suya se ha desatado una campaña de desprestigio e incluso de persecución que no tiene antecedentes en la historia judicial de Colombia y deja ver que hay todo una conspiración urdida para sacarlo a como dé lugar de la Corte Constitucional.

También para futura memoria, invito a leer tres escritos que según mi parecer arrojan mucha luz sobre lo que está sucediendo:

-http://linkis.com/elmeridiano.co/escan/N7qQq

-https://lupinedrive.wordpress.com/2015/03/23/la-importancia-de-la-vigencia-del-estado-de-derecho-en-la-resolucion-del-caso-pretelt/

-http://www.elespectador.com/opinion/linchamientos

Si el magistrado Pretelt incurrió en un delito, es tema que evidentemente debe decidir la justicia penal con el lleno de las formalidades procesales que le garantizan el derecho de defensa. Condenarlo sin haberlo oído y vencido en juicio es una atrocidad que pone en peligro la seguridad jurídica de todos los colombianos. Y a eso equivale la presión que desde distintos frentes se está ejerciendo sobre él para que renuncie a la magistratura.

El escrito del Dr. Fabián Moreno Sánchez, distinguido jurista nariñense que tuvo que emigrar a los Estados Unidos por el deterioro de la seguridad en su terruño, es contundente: en las circunstancias actuales, la renuncia del magistrado Pretelt no sería válida y acarrearía además una gravísima lesión del Estado de Derecho que dizque nos rige. Es más, la presión que sobre él están ejerciendo el Gobierno, la Fiscalía y sus colegas de la Corte Constitucional es ilícita y en rigor configura abuso de autoridad que  por lo menos podría considerarse como falta disciplinaria.

Mención aparte amerita la condena que ya le dictó la prensa en ejercicio de la “justicia mediática” que sus animadores ejercen a menudo irresponsablemente y sin consideración alguna por la dignidad de las personas que por cualquier motivo quedan expuestas a sus atropellos. Bien vale la pena recordar aquí, para enjuiciar lo que está haciendo entre nosotros la que Alberto Zalamea denominaba la “Gran Prensa”, estas sabias palabras de Rafael Núñez:"La prensa debe ser antorcha y no tea, cordial y no tósigo…”. Comprada o presionada por los gobernantes de turno, y puesta al servicio de intereses que no son diáfanos, está contribuyendo decisivamente a lo que hace poco calificó en lúcido escrito María Anastasia O’Grady como “el declive de la democracia colombiana”.

Era previsible que ante la insólita presión ejercida en su contra, el magistrado Pretelt acudiera al conocido recurso de contraatacar para defenderse, activando el ventilador para enlodar a sus detractores. Y, como coloquialmente se dice, no dejó títere con cabeza. Apuntó certeramente a tres frentes: sus colegas de la Corte Constitucional, el Fiscal General de la Nación, el Presidente de la República.

Desnudó a los primeros, exhibiendo sus lacras. Acusó al fiscal Montealegre de perseguirlo para hacerse al control de la Corte Constitucional con miras a asegurar la impunidad para las Farc. Mostró, en fin, que tras esta hedionda intriga se halla el presidente Santos. De ahí que el expresidente Uribe hubiera dicho que “Santos y la Fiscalía presionan a la justicia para dar impunidad al terrorismo”(Vid.http://periodicodebate.com/#8).

Son tres capítulos que conviene examinar por separado a pesar de los vasos comunicantes que los ligan entre sí.

La pérdida de respetabilidad y credibilidad de las altas Cortes es palmaria y ha tocado fondo, pero sus causas vienen de tiempo atrás. En otra oportunidad he señalado que nuestra justicia padece, entre otros defectos, de ideologización, politización y corrupción.

Son tres aspectos de un mismo proceso de deterioro de la juridicidad que se ha venido agudizando en las últimas décadas. El viejo culto por la sacralidad de la Regla de Derecho que caracterizaba antes a los juristas, que los llevaba a venerarla, ha cedido el paso a concepciones pragmáticas que ven la normatividad como un mero instrumento al servicio de distintos fines elegidos ad libitum por los que hoy se denominan los “operadores jurídicos”. Unos de esos fines parecen encomiables y justifican ante muchos el activismo judicial, ignorando que en un ambiente de relativismo moral esa es una tendencia disolvente que abre paso a la arbitrariedad y a la promoción de otros fines menos plausibles e incluso protervos, como la venganza política o la satisfacción de apetitos venales.

“El Meridiano” de Montería publicó ayer un artículo de Toño Sánchez Jr. que se puede leer a partir del siguiente enlace: http://elmeridiano.co/estamos-en-un-pais-donde-se-maneja-la-presuncion-delincuencial/1475.

Lo menos que cabe decir del mismo es que resulta aterrador. Para la muestra, un botón de los cuestionamientos que formula:

“¿Por qué no hacen un listado de todas las tutelas seleccionadas por los nueve magistrados y no solo las escogidas por Pretelt? ¿Por qué no aprovechar, esta turbulencia mediática, e investigar la elección de Mario Iguarán como Fiscal General, para saber, de una vez por todas, cuál fue la magistrada que puso a un mensajero de las AUC, en la madrugada, a recontar (¡!) más de mil 500 millones de pesos. Por qué no aprovechar este linchamiento para investigar quiénes y cuáles altos magistrados se beneficiaron, o por interpuestas personas, de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes.”

Más adelante viene este otro botón:

“Ya es hora que también se conozca la 'tabla de pago' que hay en el Consejo de Estado para no tumbar alcaldes y gobernadores. No es un secreto que así como están categorizados los municipios están los cobros para no tumbarlos.”

El artículo parece darles razón a los que denunciaron que hubo magistrados de la Corte Suprema de Justicia que recibieron en total $ 15.000.000.000 para que eligieran a Mario Iguarán como Fiscal General de la Nación. Y con esto se abre un capítulo que suscita tremendas inquietudes:¿Cuál es en últimas el balance que deja la institución de la Fiscalía?

Cuando manejaba una cuenta en Twitter que fue usurpada por terceros de mala fe y por considerar que es un medio poco fiable no la quise reactivar, leí el trino de una dama que decía que el fiscal Montealegre es un peligro para la sociedad. Lo mismo parece que piensa Lorenzo Madrigal cuando habla de “los calabozos de la Fiscalía, a cargo de quien, impedido en temas vidriosos, ruge con acaloramiento”.

Pues bien, hace unos días, después de negarse a conciliar con el “hácker” Sepúlveda la querella que le formuló por las afirmaciones calumniosas que hizo ante la Fiscalía, el expresidente Uribe Vélez dio una declaración que en un país medianamente serio habría producido graves repercusiones colectivas y dado lugar a fuertes debates en   los medios (Vid.http://www.radiored.com.co/noticias/judicial/uribe-se-niega-a-conciliar-y-tacha-de-loco-al-hacker-sepulveda/). Dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

“En el caso del señor Sepúlveda estamos ante un joven con trastornos mentales, a quien indujeron en falso testimonio e infiltraron en la campaña,  a quien mantienen confinado en el búnker, cuya débil piscología ha sido manipulada y torturada por la Fiscalía General, lo cual genera el mayor daño a la justicia”

En varios escritos para este blog traté detalladamente el año pasado sobre la empresa criminal que el presidente-candidato Santos, el fiscal Montealegre, la revista “Semana”, el periódico “El Tiempo” y los dirigentes de la Mesa de Unidad Nacional montaron para infiltrar. desprestigiar y criminalizar al Centro Democrático y su candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga.

Remito a los lectores a lo que entonces escribí sobre los delitos que se cometieron por todos ellos y que, por supuesto, están llamados a quedar impunes.

Tiempo después alguien le contó al Procurador que, en medio de unas libaciones, el Fiscal se había jactado de ser el artífice de la reelección de Santos.

Sobre este no es mucho lo que tengo que añadir, pues ya he escrito, y lo corroboro, que su reelección representa una catástrofe moral para Colombia. Es lo que estamos presenciando con estremecimiento a ojos vistas. Santos miente, intriga, manipula, traiciona, enloda, persigue con saña pervirtiendo de modo irresponsable nuestra endeble institucionalidad, y las que otrora solía denominarse “fuerzas vivas” del país lo dejan hacer  sin advertir que de ello podría seguirse inexorablemente el caos.

Ante todo esto, no puedo hacer otra cosa que exclamar:¡Colombia, despierta antes de que sea demasiado tarde!

martes, 17 de marzo de 2015

Memoria de cosas viejas

Una mujer cualquiera  que me insultó hace poco en el Centro Comercial Oviedo porque ocupé un espacio al que ella creía tener derecho preferencial, cerró su agravio gritándome desde la ventanilla de su auto:"Siquiera te faltan pocos años de vida".

Hube de soportar con cristiana resignación que me dijera viejo, amén de un epíteto que por decoro no puedo reproducir aquí, y tratara de recordarme lo que en efecto tengo todos los días muy presente en mi interior, esto es, que dentro de no mucho tiempo habré de comparecer ante Dios para dar cuenta de mi vida. Temo llegar ante Él con las manos vacías, pero confío en su misericordia infinita, de la que personalmente puedo dar testimonio fehaciente.

Pues bien, como mantengo a la vista lo que Julián Marías llamaba “el horizonte de las ultimidades”, creo que hay cosas que no debo guardarme para que queden sepultadas conmigo en la frialdad de la sepultura.

De las que ahora diré, muy poco he hablado y nunca en público, para no herir susceptibilidades  ni posar de impoluto, que no lo soy. Pero, al tenor de lo que hoy se debate en Colombia, tal vez no sobre dar un testimonio personal acerca de asuntos que sucedieron hace algo más de un cuarto de siglo y ahora recuperan actualidad porque tocan con el delicado tema de la extradición, que ahora Santos pretende liquidar, y la transparencia de la administración de justicia, que recientes escándalos han empañado.

He dicho en otras ocasiones que llegué a la Corte Suprema de Justicia, como lo aseveraba para sí algún rústico, “en una escasez que hubimos”. No tuve que intrigar el puesto ni hacer campaña para que me eligieran, pues el asunto se resolvió en cosa de dos o tres días.

Sucede que el entonces integrante de la Sala Constitucional Jaime Pinzón López, que había sido nombrado después del fatídico holocausto de 1985, consideró cumplida su misión en la Corte y presentó renuncia a su cargo en diciembre del año siguiente. Como tal vez nadie quería aspirar a una posición tan peligrosa desde muchos puntos de vista, se resolvió, como dice por ahí uno de esos tangos reos que me encantan, “ir al campo a cachar giles”, y caí en la red.

Mi profesor de Obligaciones y Derecho Procesal Administrativo, Jairo Duque Pérez, propuso mi nombre y entiendo que el único reparo que hubo fue por ser antioqueño, pero como nací en Cali y por motivos familiares he tenido vínculos con el Valle del Cauca, según me contaron después, me presentaron como valluno y, además, medio caucano, por ser mi adorada esposa de origen payanés.

El magistrado Duque me llamó a ofrecerme el cargo y sin mayor discernimiento, “con profunda emoción patriótica”, como solía decir Guillermo León Valencia, lo acepté. ¡Cómo iba yo a negarle ese servicio a mi patria colombiana!

La elección se produjo por unanimidad el 11 de diciembre de 1986. Ese mismo día, por desgracia, la Corte Suprema de Justicia falló, también de modo unánime, declarando la inexequibilidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición que se había celebrado con Estados Unidos bajo el gobierno de Turbay.

La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Duque, hizo dos consideraciones no solo muy discutibles, sino realmente acomodaticias, a saber: a) que la Corte era competente para fallar sobre la inexequibilidad de esa ley, no obstante hacer parte la misma de un acto complejo que había culminado con el canje de ratificaciones por parte de los gobiernos respectivos, pues la ley era un “acto separable” para efectos jurisdiccionales, tal como estaba previsto en esa época para controvertir las adjudicaciones en la contratación estatal; b) que la ley adolecía de vicio procedimental insalvable porque no la había sancionado el Presidente de la República, sino el ministro delegatario con funciones presidenciales, dado que aquel se hallaba a la sazón fuera del país.

Tiempo después me gané un regaño inmerecido de Germán Zea Hernández, que fue quien sancionó la ley. Me dijo Zea con visible indignación que él fue  promotor de la reforma constitucional que introdujo la figura del ministro delegatario y en parte alguna se había considerado que el mismo estuviera sometido a los límites que  la Corte extrajo de su magín para invalidar su actuación. Hube de responderle que yo no integraba  la Corte cuando se dictó esa sentencia y que tampoco estaba de acuerdo con ella. Por consiguiente, las recriminaciones no tenía por qué hacérmelas a mí, sino a otros.

Como el supuesto vicio de inconstitucionalidad que la Corte encontró consistía en que el proyecto de ley que el Congreso aprobó con el lleno de las formalidades constitucionales fue sancionado para convertirse en ley por un ministro delegatario que, según aquella, no podía gozar de la facultad de sancionar leyes aprobatorias de tratados internacionales, el presidente Barco, que era hombre decidido al que no le temblaba la mano, resolvió sancionarla él mismo , de suerte que la ley entró a regir con otra numeración a pesar del fallo de inexequibilidad emitido por la Corte Suprema de Justicia.

Las demandas contra la decisión de Barco no se hicieron esperar. A mí me tocó en reparto una de ellas; otra le correspondió al magistrado Fabio Morón Díaz. La Corte había adoptado una tesis poco sólida acerca de la acumulación de demandas de inexequibilidad, en cuya virtud  tenían que tramitarse por “distinta cuerda”, como se dice en la jerga de los procesalistas.

Fue así como cada uno de nosotros tramitó y sometió a la consideración de la Sala Constitucional su respectivo proyecto. El de Morón era de inexequibilidad, sobre la base de que una ley declarada contraria a la Constitución por cualquier motivo salía definitivamente del ordenamiento jurídico y no podía revivírsela de modo alguno. Yo no discutía esa opinión, pero pensaba que, al haberse declarado la inexequibilidad solo por un supuesto defecto en la sanción, la ley ciertamente desaparecía, pero quedaba un proyecto que podía corregirse, como en efecto lo hizo el presidente Barco.

Era, a mi modo de ver, un defecto subsanable, doctrina esta que dio lugar a un intenso debate en el seno de la Corte, con el resultado que luego diré, y que fue acogida después de modo expreso por el parágrafo del artículo 241 de la Constitución actual. Mi inolvidable profesor David Córdoba Medina, cuando exponía en clase alguna tesis propia, la anunciaba como un “inventico”. Pues bien, lo que estoy mencionando fue un “inventico” mío.

La Sala Constitucional derrotó mi ponencia y presentó a la Corte en pleno la de inexequibilidad de Morón. Pero, según el reglamento de la época, yo tenía derecho de presentar la mía como proposición sustitutiva, y así lo hice. En consecuencia, los magistrados tenían ante sí dos ponencias para decidir, la de Morón y la mía.

Al momento de votar, la Sala Plena, en la que actuábamos 22 magistrados, se dividió por mitades. El magistrado Nemesio Camacho apoyaba mi “inventico”, pero ya estaba de salida de la Corte, y su reemplazo, Ramón Zúñiga, podría estar llamado a desempatar el partido. En su primera actuación ante la Sala Plena leyó un documento que daba la impresión de apoyar mi tesis, pero concluía adhiriendo a la de Morón.

Sin embargo, no hubo desempate. El Presidente de la Corte manifestó que era urgente decidir, dado que ya se estaban presentando amenazas contra varios magistrados. La Sala Penal me acompañaba en mi posición, salvedad hecha de uno de sus integrantes. Pero este, cuando se hizo la advertencia de parte del Presidente de la Corte, exclamó:"Si la cosa es con amenazas, yo cambio mi voto”. Y votó en favor de la exequibilidad de la ley. De ese modo, restableció el equilibrio de las fuerzas.

Yo venía sufriendo amenazas desde tiempo atrás. Me llegaban cartas con el membrete de “Los Extraditables” en las que me advertían que si mi proyecto era aprobado harían “justicia” contra mí y los míos do quiera que estuviéremos. A veces, cuando iba de regreso a casa, el conductor me llevaba por rutas extrañas, diciéndome que se habían recibido llamadas de alerta. Los teléfonos de mi residencia estaban intervenidos, pues en el allanamiento que se le hizo a Pablo Escobar en “El Bizcocho” aparecieron grabaciones sobre las que la justicia me pidió después que declarara si correspondían a personas de mi familia. Mi hija mayor me contó años más tarde que un día recibió una llamada en la que le advertían que me iban a matar. Y el segundo de mis hijos, que a la sazón tenía apenas cinco años, hizo alguna vez este comentario:"Es que a mi papá lo van a matar".

Cuando llegaron las primeras cartas de amenaza contra mí a la Corte, se reforzó mi escolta, pero no había para protegerme un carro blindado. El único con que se contaba se lo habían asignado al magistrado Duque y no quiso cedérmelo.

El magistrado Duque alegaba correr mucho peligro. Aunque había sido ponente del fallo del 11 de diciembre de 1986, alguna vez me dijo que había proyectado una ponencia de exequibilidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición, pero la Sala Constitucional no se la aprobó y tuvo que redactar otra en sentido contrario. Incluso, llegó a mostrarme la parte resolutiva de su primer proyecto.

No obstante, tenía estrechas relaciones con Diego Londoño White, que en una grabación de las de “El Bizcocho” figuró dándole a Pablo Escobar noticias sobre la marcha del proceso de inexequibilidad de la ley, recibidas, según él, del propio Duque.

Este fue asesinado años más tarde al parecer por “Los Pepes”, según dijeron fuentes de la Universidad de Antioquia. Y un profesor de esta, que años después fue magistrado de la Corte Constitucional, formulándome airadamente el reclamo por haber hecho un elogio póstumo de Duque en el claustro universitario, lo sustentó afirmando que en su sucesión había aparecido una finca regalada por “El Mejicano”. Lo cierto es que los paramilitares despojaron prácticamente a sus herederos de los ganados y haciendas que poseía en la zona de Maceo.

Como las votaciones en la Corte seguían divididas, hubo que optar por el sorteo de un conjuez cuya misión se limitaría a votar por una de las dos ponencias que estaban sobre la mesa.

Hubo un primer sorteo y resultó elegido un exmagistrado de la Sala Penal. Cuando se leyó su nombre, uno de los integrantes de dicha Sala exclamó:"Esto se perdió. Ese es de ellos". Pero el sorteado no aceptó, aduciendo que ya había conceptuado sobre el tema en la universidad en donde dictaba clases. La misma excusa invocó el segundo de los sorteados, que gozaba de muchísimo prestigio entre los penalistas y era un connotado personaje que había sido ministro de Gobierno. Un tercer sorteo arrojó el nombre de un respetado constitucionalista, quien con toda razón dijo que no podía aceptar porque había hecho parte del Congreso que aprobó la ley. Hubo un cuarto sorteo y esta vez el señalado, que era un litigante que también gozaba de enorme prestigio, abordó el asunto. Días después se convocó la Sala Plena para escuchar la sustentación de su voto, lo que hizo en un breve escrito en que zanjaba el debate apoyando la tesis de la inexequibilidad.

Una vez leído este documento, me abordó para felicitarme por mi ponencia, agregando que ojalá hubiera en  Colombia otras personas con tanto coraje como el mío. Pero años más tarde, “Popeye” contó en su libro que la víspera del fallo se metió a la oficina del conjuez y arrojó sobre su escritorio un maletín con dos millones de dólares en efectivo, diciéndole que no se admitirían devoluciones.

Todo este tejemaneje ocasionó un grave desprestigio para la Corte Suprema de Justicia, a punto tal que, a raíz de algunas declaraciones que di para Caracol, Antonio Panesso Robledo resolvió atacarme desde su columna en “El Espectador”, tratándome de “metafísico” y diciendo que la Corte se había abstenido de fallar sobre el espinoso tema de la extradición para poner sobre la espalda del conjuez ese fardo tan indeseable.

Ese escrito me molestó muchísimo y lo respondí con acerbía, diciéndole a Panesso que se estaba dando el lujo de escribir sobre lo que ignoraba. Uno de mis colegas me aconsejó que no lo hiciera, porque él tenía periódico para seguir atacándome y yo no; agregó que, además, no lo tenía en buen concepto. “Es un hombre amargado, a quien conozco bien”, me dijo. Como desatendí ese sabio consejo, Panesso aprovechó la oportunidad para seguir maltratándome y denigrando de la Corte.

Resolví, entonces, pedirles a los responsables de ese periódico que me recibieran. La voz cantante era la de José Salgar, pues la dirección había quedado en manos de jóvenes herederos de Don Guillermo Cano, a quien la mafia había asesinado unos  meses antes. Les manifesté que no entendía lo que estaba pasando en Colombia para que ellos se atrevieran a publicar que los magistrados nos habíamos puesto de acuerdo para dividirnos el voto de manera que la decisión tuviese que quedar a cargo de un conjuez. Esa insinuación, a mi juicio, era atroz. Señalé, además, que era inadmisible que después de  uno exponerse a lo peor en función del cumplimiento de su deber, salieran a desacreditarlo de ese modo. Salgar me respondió que ellos respetaban la independencia de sus colaboradores para opinar. Cerró el diálogo diciéndome que la Corte no había sido solidaria con ellos en relación con la trágica muerte de Don Guillermo Cano.

A partir de ahí, tomé la decisión de retirarme de la Corte. Me dije que uno se iba para allá arriesgando por la búsqueda del honor, la vida, la familia, la tranquilidad, la seguridad y el escaso patrimonio, pues nunca fui persona adinerada y de hecho he vivido saltando matones, para terminar perdiéndolo todo y sufriendo la deshonra.

Regresé a Medellín con un sabor muy amargo en el alma. Nunca pude recuperar la envidiable posición profesional que tenía cuando de buenas a primeras acepté la magistratura.

Una amiga me llamó en esos días para decirme que había estado en una reunión en que la esposa de un médico sostenía a pie juntillas que yo me había vendido en la Corte. Ignoro cuánta gente pensaba y decía lo mismo.

Un amigo me contó por esa misma época que, cuando yo estaba en la Corte y tenía en mis manos el tema de la extradición, se le acercó un personaje muy conspicuo en los altos círculos sociales de Medellín para decirle, palabra más palabra menos, lo siguiente:"Como usted conoce al Dr. Vallejo, ¿por qué no le dice que pida la suma que quiera, pues mis mandantes están dispuestos a depositarla como y donde diga”. Según mi amigo, este le respondió:"Ni se les ocurra. Lo conozco muy bien y es absolutamente insobornable”.

Algo similar ocurrió cuando desde las páginas de “El Colombiano” escribía para atacar a Samper. Este se quejó a un gran amigo mío por mis escritos, y le dijo:"Cómo me gustaría hablar con él”. Mi amigo le contestó más o menos lo mismo que el otro:"No se le ocurra. Es un hombre muy independiente”.

No puedo ser ingrato con las personas amigas que creyeron en mí y me tendieron la mano en la travesía por el desierto que hube de padecer a mi regreso a Medellín después del paso por la magistratura. Todas ellas están presentes en mis oraciones, que es lo único que tengo para darles en reciprocidad por el apoyo tanto moral como material que me brindaron. Ya no hay amargura en mi corazón, porque vivo cada vez más cerca de mi Creador. Todos los días, al despertar, le digo:"Dios mío, te amo; en Tí creo, confío y espero; a Ti me encomiendo y quiero servirte …"

Yo podría estar muerto, pues la mafia no perdona. Si el conjuez hubiera votado en favor de mi ponencia, yo no estaría contando este cuento.Pienso ahora en todas las víctimas de la extradición, comenzando por los magistrados de la Sala Constitucional que los del M-19, en alianza con Pablo Escobar, asesinaron en el Palacio de Justicia en 1985.

Santos, para congraciarse con los narcoterroristas de las Farc,  acaba de borrar de un plumazo esa figura que, si bien parece odiosa, ha representado un valioso instrumento contra las peores manifestaciones del crimen organizado en nuestro país.

Igual que muchos, estoy escandalizado por lo que ahora sucede en la Corte Constitucional. Pero esto no representa ninguna novedad para mí, y en mi interior, dado lo que he padecido y conocido, pienso que “maña vieja no es resabio”. Desde hace tiempo he venido escribiendo sobre la crisis de la justicia en Colombia. Lo que ahora ocurre es que ha tocado fondo.

Se trata, por supuesto, de una crisis de la institucionalidad. Pero hay algo más grave: una profunda crisis moral que invita a preguntarse como alguien lo hizo en estos días:¿Qué ha sucedido con la dirigencia colombiana?

miércoles, 11 de marzo de 2015

Otro cóctel de vodka y agua bendita

Creo que fue Guillermo León Valencia quien definió la ideología del malogrado cura Camilo Torres Restrepo como “un cóctel de vodka y agua bendita”.

Hoy contamos con nuevas versiones de ese vomitivo. Nos las brindan en sendas copas los narcoterroristas Iván Márquez y Jesús Santrich, así como el tristemente célebre cura Javier Giraldo Moreno S.J, que al parecer  en escandaloso contubernio coinciden en tratar de convencernos de que el horrible accionar de las Farc se justifica por el sagrado derecho de rebelión y que al noble ejercicio del mismo ha tratado de limitarse su conducta, de suerte que sus excesos apenas vienen a constituir efectos colaterales tan inevitables como indeseados.

Tales son las tesis que se desprenden de los términos de la entrevista que los dos primeros le concedieron a The New York Times y de la ponencia que el eclesiástico publicó como contribución al estudio de las causas y el desarrollo del conflicto con las guerrillas en nuestro país (Vid.http://www.nytimes.com/video/opinion/100000003452856/prospect-of-peace-talking-with-the-farc.html?emc=edit_th_20150118&nl=todaysheadlines&nlid=64762377 y http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/GiraldoJavier.pdf).

Por supuesto que uno no tiene por qué extrañarse de las mentiras de las Farc, pues se trata de una organización verdaderamente demoníaca, y bien sabido es que el Demonio es el Padre de la Mentira. Pero sí lo inquieta y hasta lo escandaliza que una persona que se dice consagrada a dar testimonio de la verdad del Evangelio, como lo es el jesuita en mención, se esmere en la defensa de quienes no le han ahorrado a la población colombiana sufrimiento alguno, no tanto en procura de la justicia, cuanto en su empeño por someterla a un régimen totalitario y liberticida.

Que la sociedad colombiana exhibe múltiples aspectos injustos que ameritan corregirse, es algo que nadie que esté en sus cabales podría negar. Las cifras son elocuentes y su comparación con las de otros países suele dejarnos bastante mal parados. Hay muchísimos motivos para promover entre los nosotros la lucha por la justicia en los distintos ámbitos de la vida de relación.

Pero de ahí a sostener que esa lucha por la justicia sea menester adelantarla recurriendo a la violencia y que su propósito deba de identificarse con modelos tan cuestionables como el cubano o el venezolano, por no hablar del que se hundió con la Unión Soviética, hay mucho trecho. Y tal es la ideología de las Farc, del Eln y, desde luego, del padre Giraldo S.J.

El recurso a la violencia para oponerse a un régimen injusto es tema que se ha examinado hasta la saciedad a lo largo de la historia del pensamiento político.

Una aproximación racional al mismo  enseña que es un recurso extremo al que solo debe acudirse como última opción, de manera excepcional y con mucha cautela. Pero hay ideologías que por extrañas consideraciones profesan un culto desmedido por la acción violenta. Y hay personalidades enfermizas que adhieren espontáneamente a las soluciones de fuerza y adoptan con fanatismo esas ideologías.

Recuerdo al respecto un libro bastante olvidado hoy de Zebedeu Barbu que lleva por título “Psicología de la Democracia y la Dictadura”, en el que se analizan las tendencias democráticas y totalitarias de las distintas personalidades, o los lúcidos escritos de Erich Fromm sobre estos tópicos, especialmente “El Miedo a la LIbertad”.(Vid. http://www.enxarxa.com/biblioteca/FROMM%20El%20Miedo%20A%20La%20Libertad.pdf).

La adhesión a ideologías promotoras de la violencia ancla a no dudarlo en la zona abisal del espíritu, lo que los psicoanalistas denominan el inconsciente, y las oscuras energías que le aportan su dinámica. Es algo que un psiquiatra que por ahí intentó sin éxito refutarme, parece ignorar de medio a medio. No es, en efecto, un proceso racional el que suele llevar al apoyo de los violentos e incluso a incorporarse a sus filas, sino, a menudo, una sociopatía. Mire bien, señor Mira, los personajes que defiende, que bien podrían llegar a ser pacientes suyos, a menos que usted se haya contagiado de su locura.

Hay ciertas personalidades religiosas que son proclives, más que al autoritarismo, a la dictadura y los excesos totalitarios. Los sujetos de esta laya desacreditan la religión y hacen pensar que esta es de suyo irracional, intolerante, impositiva e inhumana. Ciertos rasgos de la Teología tradicional parecen darles la razón a estos críticos. Pero la Teología de la Liberación, fuertemente impregnada de marxismo-leninismo, no escapa a estas tendencias. Hay en ella un fundamentalismo tan dañino como cualquiera otro. Y ese fundamentalismo lleva a sus promotores a legitimar el terror, como lo hace el cura de marras.

El Evangelio, como todo texto, es susceptible de múltiples lecturas. Pero, bien mirado en su conjunto y en lo que prescribe de modo tajante, no cabe presentarlo como legitimador de la ideología de la violencia que propugna cierta izquierda que mal hace en llamarse católica. Repito acá la frase de S.S, Paulo VI en Bogotá que traje a colación en un escrito anterior:"La violencia no es cristiana ni es evangélica".

Presentar a Nuestro Señor Jesucristo como un revolucionario político y social al estilo de los que estudia Josef Leo Seifert en “Los Revolucionarios del Mundo” (Luis de Caralt, Barcelona, 1953) no es más que una descarada impostura, pues, como lo demuestra Seifert, ese espíritu revolucionario es propio de la herejía del gnosticismo y no del cristianismo ortodoxo.

Permítaseme citar un pensamiento del Dr. Eben Alexander, quien a raíz de una Experiencia de Muerte Cercana que relata en su libro “La Prueba del Cielo”, ha vivido un proceso de despertar espiritual a través del que ha superado la estrechez de las concepciones cientificistas en boga, para descubrir la enorme riqueza de las tradiciones religiosas, en especial las del cristianismo. Escribe el Dr. Alexander que “El universo está basado en amor, pero si no tenemos amor dentro de nosotros mismos, el universo quedará cerrado para nosotros” (Alexander, Eben y Tompkins, Ptolemy,”La Geografía del Cielo”, Diana-Planeta, Bogotá, 2014, p. 113).

La esencia del mensaje evangélico es el amor y mal puede un sacerdote jesuita tergiversarla para justificar todo un programa de odio de clases y de violencia política que no se arredra ante los peores excesos de que es capaz el corazón humano cuando lo impulsan fuerzas demoníacas.

Como la nuestra es una sociedad violenta, pese a los argumentos en contra que suele esgrimir con las mejores intenciones Eduardo Posada Carbó, las reflexiones sobre la violencia deberían estar en el centro del debate público.

Está bien adelantarlas a partir de una confesión colectiva de culpabilidades en cuya virtud nadie estaría legitimado para arrojar la primera piedra. Pero la actitud arrogante de las Farc, aupada por el cura Giraldo S.J., está muy lejos de ahí: los violentos son los otros, no ellos.

Vuelvo al Dr. Alexander para una cita muy pertinente a lo que acá examino:"Usted no puede llegar con deshonestidad hasta la verdad. Usted no puede acercarse a ella mientras se diga mentiras a sí mismo o a otros. Usted no puede acercarse si porta una tajada fina y superficial de sí mismo y deja atrás a su ser más grande y profundo. Si quiere ver el cielo completo, tiene que presentarse usted completo, o mejor quédese en casa” (Op. cit., ps. 113-4).

He escrito que hay unos condicionamientos morales necesarios para adelantar con seriedad los diálogos con la guerrilla, pero tanto los voceros de esta como los del gobierno los han ignorado de modo irresponsable. Son diálogos presididos por el espíritu de la mentira. No son constructivos, sino destructivos, y así lo ha advertido la gente del común, que siente defraudada su confianza con el cortejo de engaños y manipulaciones desplegado por Santos, sus negociadores y los facinerosos de las Farc.

Viene a mi mente una consideración que hace muchos años leí en un libro de Bertrand Russell, tal vez el que versa sobre la libertad y la organización. El célebre filósofo, que a decir verdad no es santo de mi devoción, se refería al terror comunista para señalar que si estuviera demostrado que a través del mismo se pudiese instaurar un paraíso terrenal, tal vez cabría justificarlo. Pero, ante la ausencia de dicha prueba, ese terror sería del todo inadmisible.

Hoy ya sabemos a ciencia cierta que el comunismo no trae consigo el paraíso terrestre, sino un infierno. Hacerle caso al cura Giraldo S.J. no solo nos arrojaría al infierno en este mundo, sino, quizás, al eterno. Por eso, Malachi Martin pidió que se le diera de baja en la Compañía de Jesús. Adujo, en efecto, que su permanencia en ella pondría en peligro la salvación de su alma.

Me queda la tarea de examinar con cuidado la ideología de las Farc, si lo que presentan como tal merece ese nombre.¿No dijo Sartre que el nazismo no podía ser tomado en serio, pues ni siquiera merecía que se lo considerara como una ideología? Es tan rudimentario el repertorio de enunciados políticos de los voceros de las Farc, que resulta difícil presentarlo racionalmente, así sea con el ánimo de refutarlo. Para muestra, los deplorables discursos de Márquez y Santrich en la entrevista con The New York Times que atrás he mencionado.