domingo, 17 de agosto de 2014

El Combate Espiritual

Los conflictos humanos, sobre todo si se dan entre colectividades, tienen muchos componentes. Hay, en ellos, por supuesto, rivalidades personales e intereses contrapuestos, pero muy a menudo lo que los anima tiene que ver con ideologías y, en un sentido más amplio, con concepciones del mundo. Entonces, asumen el cariz de choque de civilizaciones (Huntington) o de religiones. Eso se ve con claridad en la confrontación del mundo occidental con el islámico. Pero también hay que admitirlo cuando se examina la discordia que amenaza con destruir o por lo menos debilitar severamente al primero de ellos.

 

En el fondo, el conflicto espiritual que se vive en el interior de nuestra civilización enfrenta a dos humanismos: el cristiano y el secular. Uno y otro exaltan al ser humano y alegan que el sentido de toda organización social es la promoción del Hombre, pero discrepan profundamente en sus concepciones antropológicas. En el centro de esas discrepancias están los temas de Dios y la espiritualidad humana.

 

El credo cristiano parte de la base de que Dios es creador del mundo y, por supuesto, del hombre, a quien hizo “según su imagen y semejanza”(Gen. 1,26) y con quien coronó su Creación (Gen. 1,28-31).

 

El Creador le dio libertad, y del abuso de esta provino su caída. Para redimirlo, envió a Jesucristo:“Porque tanto ha amado Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito, para que quien crea en Él no muera; sino que tenga vida eterna” (Jn. 3,16).

 

Su Ley tiene por cometido el perfeccionamiento del hombre:"Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”(Mt. 5,48). Ese perfeccionamiento es ante todo espiritual:"No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”(Mt. 4.4).

 

Y la Palabra tiene por objeto un mandamiento fundamental: el del amor. Así lo dijo el Señor en la Última Cena:"Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. Como yo os amé que así también vosotros os améis mutuamente”(Jn. 13,34).

 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida”, les anunció (Jn. 14,6). Y proclamó que “la verdad os hará libres” (Jn. 8,32). Según su enseñanza, la mayor esclavitud es la del pecado:"En verdad, en verdad os digo que quien comete pecado es un esclavo”(Jn. 8,34).

 

Es el corazón del hombre lo que hay que sanar:"Pero lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias. Eso es lo que contamina al hombre…”(Mt. 15,18-20).

 

Satanás actúa a través del corazón:"Y durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la traición…”(Jn. 13,2). Pero es también en el corazón en donde se aloja el Reino de Dios:"El Reino de Dios está entre vosotros” (Lc. 17,21)…"Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”(Mt. 5,8)…"Atesorad en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, ni los ladrones socavan ni roban, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón” (Mt. 6,20-21).

 

Es un credo que proclama la dignidad, la libertad y la igualdad de los hijos de Dios, que lo somos todos los seres humanos, ya que nuestro Padre Celestial “hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos" (Mateo 5,45). A nadie se le niega el llamado a hacer parte de su Reino:"El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”(Lc. 19.10). "Pues no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él”(Jn.3,17).

 

Pero hay quienes desatienden libremente su llamado y sus obras los condenan:"Atadlo de pies y manos, y arrojadlo a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos”(Mt.22,13-14).

 

Es un humanismo que llama al hombre al estado superior de realización de sus potencialidades, la santidad, pero al mismo tiempo le advierte el riesgo de perderse en los abismos del mal y la muerte espiritual que el mismo conlleva:"¿Qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia vida?” (Mc. 8,36).

 

En realidad, ese mundo entero es secundario, diríase que desdeñable y apenas el proscenio de una vida futura de plenitud o aniquilación:"Guardaos bien de toda avaricia; que aunque uno esté en la abundancia, no tiene asegurada su vida con la hacienda” (Lc. 12,15).

 

Todos estos enunciados, desde luego, son de índole religiosa. Su fuerza primordial deriva de la Revelación en que creemos los cristianos. Para nosotros, son Palabra de Dios, y somos centenares de millones los que profesamos esta fe, unos con más convicción que otros, y no todos con el mismo entendimiento de lo que los textos dicen.

 

Pero, según Claude Tresmontant, son además enunciados que hacen parte de una verdadera ciencia del orden espiritual, un orden que no se agota en lo psicobiológico o psicosomático, sino que apunta hacia el destino final y las transformaciones que el hombre debe promover en su interior para llegar a Dios.

 

Si ciencia, en el sentido propio del término, “es un conocimiento intelectual, fundado en una experiencia, de lo que existe”, la mística cristiana “es ciencia de un modo eminente, puesto que capta por medio de la inteligencia, lo que existe de un modo eminente y primordial. Hay que añadir también: es ciencia de lo que existe en estado de devenir, y de las condiciones de realización de lo que existe en estado de devenir. Es la ciencia del porvenir del hombre”(Tresmontant, Claude, “La Mística Cristiana y el Porvenir del Hombre”, Herder, Barcelona, 1980, p. 11).

 

El humanismo cristiano no ofrece entonces un catálogo de recetas piadosas surgidas de lo que Bergson denominaba la “función fabuladora” de la mente humana, sino de la Revelación, avaladas además por profundas experiencias espirituales y la observación de las mismas por parte de la inteligencia.

 

Evidentemente, fluye de una cosmovisión que diferencia a Dios de lo creado por Él y lo considera actuante no solo en la historia natural, sino sobre todo en el devenir humano. Es una cosmovisión que destaca la dimensión espiritual del hombre, no solo como una realidad, sino como su última realidad en su proceso de desarrollo. Y, por supuesto, lo que Jean Prieur ha llamado el “País del Después” es ingrediente fundamental de esa realidad.(Vid. http://jeanprieur.over-blog.com/).

 

La trascendencia que postula el humanismo cristiano nada tiene que ver con la que menciona Kant en sus obras. Es una trascendencia ontológica, real, efectiva, que entraña el tránsito del individuo natural hacia lo espiritual, esto es, hacia una humanidad que va en búsqueda de Dios, al que siempre al momento de la Consagración alabo porque nos auxilia con su gracia, nos fortalece con su presencia y nos lleva de la mano por el camino de de la bienaventuranza. La trascendencia kantiana es apenas de tipo lógico, la del Yo que pretende desasirse del mundo empírico y configurarlo idealmente en su entendimiento. De tipo lógico es, por otra parte, la noción del espíritu que desarrolla Hegel, según me explicó alguna vez el profesor Cayetano Betancur.

 

El humanismo cristiano es, además, una cosmovisión que toma nota de la gradación jerárquica de entes y valores, en cuya virtud reconoce la primacía de lo espiritual.

 

Este es tema del primer libro político de Maritain, sobre el que recomiendo el brillante  escrito de Gabriel J. Zanotti,“Jacques Maritain: su pensamiento político y su relevancia actual”(http://www.eseade.edu.ar/files/riim/RIIM_57/riim57_zanotti.pdf).

 

La primacía de lo espiritual significa, ni más ni menos, la acción del espíritu sobre el mundo tangible, tal como se pone de presente en el comportamiento humano y lo está intuyendo, con diversos matices, la ciencia actual.(Vid. McTaggart, Lynne," The Field:The quest for the secret force of the universe”, Harper, NY, 2008; Tart, Charles O., “The End of Materialism”, New Harbinger Publications, Oackland, California, 2009; Ruyer, Raymond, “La Gnose de Princeton”, Fayard, Paris, 1974).

 

Volviendo a Tresmontant, este enseña que “todo lo espiritual es de otro orden que el psicológico y no se puede reducir a él”(p. 17).

 

Agrega:

 

“La cuestión de saber si lo espiritual, en el sentido técnico y preciso que el término tiene en Pablo y en toda la tradición mística cristiana, existe o no en el hombre, pertenece a una disciplina que todavía no se ha constituido como ciencia, y que sería la antropología global.{…} Es evidente que si no hay orden espiritual en el sentido de los místicos cristianos, si no hay sobrenatural, si el hombre no tiene un  destino sobrenatural, si el ateísmo es verdad, entonces, las que hoy se llaman <ciencias humanas>--la psicología, la etnología, la sociología, etc.--bastan para constituir la antropología. Pero si por azar o de hecho los místicos cristianos tuviesen razón, es decir, si efectivamente el hombre es un animal que lleva en sí mismo una dimensión y una apertura que trascienden la competencia del psicólogo y del sociólogo, entonces la antropología que hoy nos presentan está gravemente mutilada, es incompleta y truncada por arriba. Le falta algo al hombre, tal como lo describen las llamadas <ciencias humanas>”(ps. 17-8){…}"Dicho de otro modo, la vida mística, la dimensión mística o sobrenatural, normalmente forma parte del hombre tal como existe en concreto. Una antropología completa, íntegra, debe tenerlo en cuenta, y una antropología que no quiere observarlo o descubrirlo es una antropología mutilada, decapitada” (ps. 40-1).

 

Hay, según esto, leyes de expansión del espíritu en el hombre, tanto en la esfera individual como en la social, que lo llevan a trascender a planos existenciales superiores al de la mera animalidad. Esa leyes son precisamente las que desde tiempos antiguos, a partir del concepto de ley eterna, se han conocido como leyes naturales, denominación que en realidad es inexacta o se presta a confusión, por lo que sería preferible reemplazarla por otra que diera cuenta cabal de su objeto: “La idea de una transformación radical , de una metamorfosis, de un nuevo nacimiento, de un paso del orden físico, biológico y psicológico, a otro orden ulterior y superior…”(Tresmontant, op. cit., p. 26).

 

A diferencia de las leyes naturales, que son deterministas, esta legalidad espiritual, la del “deber ser”, o como enseñaba Scheler, la del valor, obra a través de la libertad, si bien auxiliada por la gracia. El tránsito hacia estados superiores no se puede forzar por medio de la coacción, pues requiere la apertura de la mente y la disposición de la voluntad. Es la lección que tardíamente aprendió la Iglesia, después de reconocer los excesos de la censura y la inquisición en el Concilio Vaticano II.

 

En la cosmovisión cristiana se da cuenta de dos realidades que en los tiempos que corren la hacen ver como retrógrada y cargada de mitología: el pecado y los espíritus malignos.

 

El mal existe, es una realidad actuante en el interior de los individuos y en las colectividades. Pero hay hondas discrepancias acerca de su naturaleza, su origen y los modos de afrontarlo.

 

Para la cosmovisión cristiana, se trata de un misterio que desafía la explicación racional. Es uno de los temas más arduos de la Teología, como lo pone de presente Maritain en “Y Dios permite el mal”.

 

En un artículo publicado bajo el título de “A Collision of Worlds: Evil Spirits Then and Now” en el sitio Knowing & Doing, de C.S. Lewis Institute, Clinton P. Arnold Ph.D. observa que “los últimos 300 años en Occidente representan la única época de la historia humana en que la existencia de espíritus malignos se ha tratado con vasto escepticismo”.

(Vid.http://www.cslewisinstitute.org/A_Collision_of_Worlds_FullArticle).

 

La opinión dominante en la actualidad es más bien refractaria acerca de la identificación del mal en los individuos y las comunidades. Se niega a definirlo y más bien lo toma como un tipo de desorden de la personalidad, debido  a trastornos bien sea cerebrales o psicológicos que pueden tratarse mediante procedimientos psiquiátricos o psicoterapéuticos, según sea el caso. Con frecuencia se lo mira como un asunto de educación o como una falla cultural. Y en las relaciones interpersonales se lo considera como resultado de desajustes,  errores de conducta o algo semejante, susceptibles de corregirse mediante técnicas adecuadas. En el orden comunitario, la anomia, las conductas rebeldes o excéntricas, los conflictos, la criminalidad y la violencia, etc., se  consideran como patologías que es posible solucionar mediante la acción social y la superación de los factores objetivos que se cree que facilitan o condicionan todos esos comportamientos desviados . Corregidas las injusticias que los explican, se logrará recuperar o instaurar una situación de normalidad .  En todo caso, se rechaza la idea de pecado y, por supuesto, la de que tras estas desviaciones obran agentes maléficos de carácter espiritual.

 

El psiquiatra polaco Andrzej Łobaczewski le ha puesto el nombre de Ponerología a un estudio interdisciplinario de las causas de períodos de injusticia social. Según se lee en Wikipedia,"Esta disciplina hace uso de datos de la psicología, la psicopatología, la sociología, la filosofía y la historia para explicar tales fenómenos como la guerra de agresión, la limpieza étnica, el genocidio y los estados policiales”.(Véase en http://es.wikipedia.org/wiki/Ponerolog%C3%ADa).

 

Pero, como lo observaba el papa Benedicto XVI en alguna ocasión, hay manifestaciones extremas del mal que hacen difícil explicarlo con prescindencia de la acción del Maligno. Los exorcistas, por su parte, saben bien cuál es el agua que los moja cuando afrontan casos para los que la psiquiatría carece de explicaciones y de tratamientos. Y cada uno de nosotros, si hace un cuidadoso examen de conciencia, no dejará de encontrar el influjo de entidades perversas en su interior. De ello puedo dar fe, como también puedo darla de la acción de la gracia de Dios.

 

Los cristianos no podemos dejar de ver en los graves trastornos que individual y colectivamente nos aquejan los efectos de un verdadero drama cósmico en el que las fuerzas oscuras de las potencias demoníacas desafían el plan de Dios. Es la materia que aborda  Andrew John Hoffman en un inquietante libro que lleva por título “ The New World Order and the Eugenics Wars: A Christian Perspective”.

 

Igual que otros analistas, Hoffman ha llegado a la conclusión de que el NOM desarrolla, ni más ni menos, una agenda satánica. Para muestra, lo que el Dr. Monteith denuncia en el artículo sobre la Agenda de Control de la Población que está en curso: http://no666nwo.info/StanleyMonteith/PopCon.htm.

 

A la cosmovisión cristiana, que suministró el fundamento religioso de las civilizaciones Cristiana Occidental y Ortodoxa (Toynbee), se contrapone la del humanismo secular que de hecho se ha impuesto en el mundo occidental.

 

Es un humanismo que pretende ser religioso a su manera o que suele considerarse de índole religiosa a pesar de sus pretensiones seculares. De tal jaez son, por ejemplo, libros como “El hombre-Dios o el sentido de la vida”, de Luc Ferry, o “Religión sin Dios”, obra póstuma del célebre iusfilósofo Ronald Dworkin. Se habla, por otra parte, de la democracia y los derechos humanos como sustitutos de la religión o como nuevas religiones, lo que otrora se había dicho del nacionalismo (Vid. Llobera, J.R.,“El Dios de la Modernidad”, Anagrama, Barcelona, 1996). A propósito de ello, observo que la versión XXI de las Conferencias Aranguren se ocupó del tema de la Religión sin Dios:http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/viewFile/787/786.

 

A pesar de ciertas connotaciones religiosas, como las que exhibe el trascendentalismo masónico, el humanismo secular tiende de hecho a ser más bien irreligioso, cuando no antirreligioso, o por lo menos anticristiano. Se proclama ante todo como racionalista, con fuertes inclinaciones materialistas y cientificistas. Pero trata de salvaguardar no solo en la teoría, sino en la práctica, valores que considera universales, como la dignidad de la persona humana, la libertad, la igualdad y la tolerancia, bajo el concepto de que la aspiración a la felicidad (que los norteamericanos han elevado a la categoría de derecho inalienable) debe realizarse en esta vida, que para muchos es la única que se nos ha concedido. Al Paraíso que Nuestro Señor en la cruz le ofreció al Buen Ladrón, se contrapone el de las utopías terrenales, bien sea la comunista, la del Estado de bienestar de los escandinavos o la del “American way of life”.

 

Se lee en Wikipedia que:

 

“En 1933, un grupo de 34 pensadores, ministros religiosos (principalmente de la Iglesia unitaria) y científicos publicaron un manifiesto en el que expresaban la necesidad de organizar la religión sobre bases científicas y éticas, dejando definitivamente de lado los dogmas del pasado que lastraban el avance humano. El documento incluía una lista de quince puntos en que se delineaban los cambios que debían aplicarse para avanzar hacia una religión natural y científica y una sociedad cada vez más igualitaria y basada en la cooperación.

 

“Desde entonces se han fundado diversos grupos y asociaciones basadas en los principios enumerados en el Manifiesto Humanista, entre las que destacan, la Asociación Humanista Americana. Asimismo, existe una corriente de humanistas religiosos dentro de la Asociación Unitaria Universalista norteamericana.

 

“Posteriormente se han publicado otros documentos con el propósito de renovar y actualizar los postulados del Manifiesto Humanista original. Cabe destacar el llamado Manifiesto Humanista II (1973) y el Manifiesto Humanista2000.”         (http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_religioso#El_Manifiesto_Humanista_.281933.29).

 

Los documentos de los referidos Manifiestos Humanistas pueden consultarse en los siguientes enlaces:

 

-Manifiesto Humanista I, de 1933: http://www.20desetiembre.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22

 

-Manifiesto Humanista II:  http://www.20desetiembre.org/index.php?option=com_content&task=view&id=23

 

-Manifiesto Humanista III: http://www.filosofia.org/cod/c1999hum.htm

 

A raíz de las críticas que desde posiciones religiosas se enfilaron contra el Manifiesto Humanista II, sus promotores dieron a conocer en 1980 esta Declaración del Humanismo Secular   http://www.secularhumanism.org/index.php/11. La traducción al castellano puede descargarse en el siguiente sitio: https://bibliotecaesceptica.wordpress.com/2008/07/05/una-declaracion-humanista-secular-paul-kurtz-2/

 

Las tesis de estos Manifiestos Humanistas son moneda corriente en los círculos rectores de nuestras sociedades. Configuran el acervo de la “Razón Pública” en donde es admisible el debate sobre los asuntos que interesan a las comunidades, y en el que, por definición, se excluyen los argumentos sospechosos de coloración religiosa.

 

Pero la gente del común, heredera de las tradiciones religiosas, sigue mirando en muchas partes lo que sucede, valiéndose de las ideas y las valoraciones que aquellas les han transmitido, no obstante la presión mediática que se viene ejerciendo de modo persistente para que abandone o ablande sus convicciones.

 

Esa presión es tan fuerte, que hace algunos años el destacado escritor católico norteamericano George Weigel publicó un libro adolorido bajo el título de “El coraje de ser católico”. El libro versa principalmente sobre la crisis del Catolicismo en los Estados Unidos, ocasionada en gran medida por los escándalos sexuales de la Iglesia. Pero su trasfondo es la dificultad de profesar la religión en una sociedad sometida a fuertes procesos de secularización.

 

Estos procesos están dando lugar a la superación de los conflictos interreligiosos por otro que podría ser de inusitada gravedad: el conflicto entre creyentes y no creyentes.

 

Acabo de ver en Amazon un libro sobre el tema, “BLOOD ON THE ALTAR: The Coming War Between Christian vs. Christian”, de Thomas Horn.

 

En una reseña se denuncia que en los últimos seis años, es decir, bajo el régimen de Obama que declaró hace algún tiempo que los Estados Unidos dejó de ser una nación cristiana, el país “se ha convertido en el principal promotor de la persecución contra los cristianos en el mundo actual”(Vid.     http://www.raidersnewsupdate.com/ChristianWar1.htm). Así lo establece 2014 World Watch List, que relaciona los 50 países en donde los cristianos son más perseguidos. Curiosamente, en un mapa que muestra los países de mayor riesgo para los creyentes figura el nuestro, probablemente por la acción de los grupos subversivos. Según informe de Amazon, el libro lleva ocho semanas ocupando el primer puesto en ventas.(http://blcs.wordpress.com/2014/08/03/8-weeks-running-blood-on-the-altar-remains-no-1-on-amazon/).

 

Pues bien, si se habla de sangre y de guerra,  ello significa que el combate espiritual de que trata este escrito está pasando al plano de una no improbable guerra civil en el interior de los Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

 

viernes, 8 de agosto de 2014

¿Quiénes gobiernan el mundo?

Comparto con los lectores del blog el resumen de la charla que ofrecí en días pasado a los amigos de la tertulia conservadora que coordina don Carlos Vélez Londoño acerca de las sociedades secretas y su influencia en el mundo actual.

 

Es un tema difícil que se enmarca dentro de un cuadro más amplio, el de los poderes fácticos que influyen y hasta se imponen sobre los poderes jurídicos o formales.

 

Esos poderes muchas veces son discretos e incluso secretos, por lo que se estructuran y funcionan en medio de la penumbra, cuando no de la oscuridad. Son, por ello, refractarios a la investigación objetiva y solo es posible examinarlos a través de medios indirectos, bien sea por lo que a veces dejan entrever sus actores, ya por las huellas que dejan sus acciones en la vida social.

 

Como son poderes que actúan en las sombras, una de sus estrategias es la desinformación acerca de su existencia o su naturaleza. Otra estrategia es la satanización de quiénes se atrevan a investigarlos y denunciarlos.

 

De parte de estos hay, además, el riesgo de incurrir en la paranoia y los delirios de las teorías de la conspiración, que  llevan a menudo a dar por ciertas hipótesis descabelladas que son más fruto de imaginaciones calenturientas que del examen riguroso de los hechos.

 

Creo que para abordar la cuestión conviene distinguir entre poderes discretos y secretos, así como entre el poder de las bandas criminales y el de las sociedades secretas propiamente dichas.

 

Esta segunda distinción se basa en los propósitos que animan a unas y a otras. Las primeras viven del delito y toda su actividad se encamina a lucrarse de él y  asegurar el goce de sus beneficios. Las segundas tienen objetivos que pueden considerarse políticos e incluso espirituales. La distinción no siempre es fácil de establecer, dadas las interacciones que muy frecuentemente se dan entre los grupos criminales y las sociedades iniciáticas o las de cuño político.

 

Discretos o secretos, los poderes criminales que obran en el mundo actual constituyen un tema que ofrece muy serios motivos de preocupación. De hecho, hay sociedades en que la criminalidad está tan enquistada que no se exagera si se las cataloga como sociedades mafiosas.

 

En “El G-9 de las Mafias del Mundo”, J. F. Gyraud muestra que, al lado del G-9 de las grandes potencias, hay una estructura internacional de organizaciones criminales cuyo poder poco tendría que envidiarle al de los grandes cuerpos políticos. En un libro del que no conozco traducción castellana y que fue un “best-seller” hace un cuarto de siglo,"The Underground Empire", el periodista norteamericano James Mills se ocupó de la enorme influencia del narcotráfico en la sociedad norteamericana y las severas dificultades que median para actuar sobre una actividad que movía cuando hizo su investigación tres veces la cantidad de dinero circulante en los Estados Unidos. A partir de la lectura de este libro no me quedaron dudas de que la droga es, ni más ni menos, un problema de civilización contra el que no hay soluciones jurídicas eficaces. Traigo a colación el dicho de Paul Valéry que he citado en otras oportunidades:"Vosotras, civilizaciones, ahora sabéis que sois mortales".

 

Acerca de la segunda categoría de sociedades discretas y secretas que he mencionado, las que abrigan finalidades políticas e incluso espirituales, hay abundante bibliografía a la que es muy fácil acceder por medio de Google. Destaco la investigación que a lo largo de varias décadas hizo el Dr. Stanley Monteith, con base en la cual escribió su libro titulado “Brotherhood of Darkness”. A través de Amazon lo descargué en mi Kindle, pero con ocasión de este escrito lo busqué en Google, en donde es posible encontrarlo pulsando en http://www.keepandshare.com/doc/3537970/brotherhood-of-darkness-stanley-monteith-2000-pdf-february-10-2012-5-32-pm-229k?da=y&dnad=y

 

El Dr. Monteith parte de la base de los cambios tan profundos que hemos venido presenciando en las últimas décadas, tanto en lo político como en lo económico, pero sobre todo en el orden de la cultura, encaminados todos ellos hacia la instauración de un Nuevo Orden Mundial (NOM) presidido por un gobierno también mundial, respaldado por una economía globalizada e inspirado en la idea de una religión universal que supere las religiones tradicionales a través de sistemas de creencias comunes y códigos de ética aceptables para todos. Este, entre paréntesis, es un proyecto en que han venido trabajando personalidades como Hans Küng, el díscolo teólogo católico que ha dado tanto de qué hablar.

 

En el libro se pasa revista a los posibles agentes de estas transformaciones, unos de ellos discretos y otros rigurosamente secretos, para concluir que tras las mismas está a no dudarlo la Masonería. No parece osado, entonces, afirmar que el NOM pretende ser  en realidad un Nuevo Orden Masónico.

 

Para el examen de la Masonería y su acción sobre el mundo de hoy, se vale de muy variadas fuentes, entre las que se destacan el libro de Albert Pike, “Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry , prepared for the Supreme Council of the Thirty Third Degree for the Southern Jurisdiction of the United States”, y el de Manly P. Hall,"Lectures on Ancient Philosophy”. Este último es especialmente valioso, especialmente por su Capítulo 19 sobre  Rosacruces y Masones que puede leerse a través del siguiente enlace:http://www.masoniclib.com/images/images0/530441838615.pdf. Y puede tenerse acceso al libro completo titulado “The secret teachings of all ages: An enciclopedic outline of masonic, hemetic, qabbalistic, and rosicrucian symbolical  philosophy being an interpretation of the secret teachings concealed within the Rituals, Allegories, and Misteries of all ages”en este otro:  

http://www.framsteget.net/gratis/TheSecretTeachingsOfAllAges.pdf

 

Tanto Pike como Hall coinciden en que la Masonería es una religión cuyo credo proviene de tiempos muy antiguos. De hecho, Hall considera que mantiene la herencia de lo que podría considerarse la religión primordial de los egipcios, los babilonios, los persas y los indios, que a través de distintos cauces ha permeado al Judaísmo, el Cristianismo y el Islam, pero al mismo tiempo ha sido tergiversada por ellos. El Capítulo 19 del libro de Hall es especialmente ilustrativo al respecto.

 

Otra muy significativa coincidencia de ambas autoridades masónicas estriba en la afirmación de que en la Masonería hay dos órdenes, el discreto y el secreto.

 

Reproduzco a continuación el texto de Hall, que es supremamente ilustrativo al respecto:

 

“FREEMASONRY is a fraternity within a fraternity—an outer organization
concealing an inner brotherhood of the elect. Before it is possible to
intelligently discuss the origin of the Craft, it is necessary, therefore, to
establish the existence of these two separate yet interdependent orders, the
one visible and the other invisible. The visible society is a splendid
camaraderie of "free and accepted" men enjoined to devote themselves to
ethical, educational, fraternal, patriotic, and humanitarian concerns. The
invisible society is a secret and most august fraternity whose members are dedicated to the service of a mysterious arcanum arcanorum.Those Brethren
who have essayed to write the history of their Craft have not included in their
disquisitions the story of that truly secret inner society which is to the body
Freemasonic what the heart is to the body human.In each generation only a
few are accepted into the inner sanctuary of the Work, but these are veritable
Princes of the Truth and their sainted names shall be remembered in future
ages together with the seers and prophets of the elder world. Though the
great initiate-philosophers of Freemasonry can be counted upon one's
fingers, yet their power is not to be measured by the achievements of
ordinary men. They are dwellers upon the Threshold of the Innermost,
Masters of that secret doctrine which forms the invisible foundation of every
great theological and rational institution.”

 

Hay, pues, una sociedad secreta que actúa a través de una sociedad discreta y, quizás, de otras muchas, al servicio de un misterioso “Arcanum arcanorum”. Esa sociedad va más allá del Grado 33 de la Masonería aparente. Su existencia y su acción no solo se documentan en fuentes masónicas, como las que vengo citando, sino también en fuentes externas, tales como en “The Brotherhood”, de Stephen Knight; “Blood on the altar”,  de Craig Hembichner; o “Windswept House: A Vatican Novel”, de Malachi Martin, que se conoce en castellano como “El Último Papa”.

 

Dice Stephen King al comienzo del capítulo 5 de su libro:

 

“Hay un grupo de élite de masones en Inglaterra sobre el que la Gran Logia Unida carece de jurisdicción. Esa es la fraternidad de los Altos Grados, cuya existencia es desconocida incluso por la mayoría de los masones”( p. 38)

 

Dado su carácter ultrasecreto, resulta en extremo difícil saber cómo se integra y cómo actúa. Hay muchas especulaciones sobre quiénes son sus miembros. A menudo se los identifica con los Illuminati de Baviera, orden creada en 1776 por el exjesuíta de origen judío Adam Weishaupt, que penetraron las logias francesas, promovieron la Revolución e instigaron a los Jacobinos en su reinado del Terror, con el propósito de eliminar todo gobierno y toda religión para así instaurar un orden mundial, el “Novum Ordo Seculorum” que se proclama en los documentos constitutivos de los Estados Unidos. Pero este es un tema de discusión sobre el que no hay acuerdo entre los investigadores.

 

Todo indica, en todo caso, que sus integrantes pertenecen a las más altas esferas de la sociedad:  políticos,  financistas, diplomáticos, magistrados, empresarios,  militares, académicos, periodistas, científicos, religiosos, etc. Se habla, incluso, de conspicuos miembros de la jerarquía católica que hacen parte de esos Altos Grados.

 

Este es precisamente uno de los temas que trata Malachi Martin en su libro. Y Don Luigi Villa, a instancias del Santo Padre Pío de Pietrelcina, dedicó los últimos años de su vida a desenmascarar la presencia masónica en el Vaticano. Por otra parte, Stephen Knight sostiene que la Iglesia de Inglaterra se halla de hecho bajo el control de las logias.

 

Por definición, el “Arcanum arcanorum” (Secreto de los secretos) no está al alcance de los profanos y ni siquiera de los masones comunes y corrientes, incluso los de los más altos grados de la jerarquía ordinaria. Su conocimiento solo se brinda a los Príncipes de la Verdad de que habla Hall. Es conocimiento oculto, en un doble sentido: oculto, porque a él acceden unos pocos iniciados; oculto, porque se refiere a los arcanos del universo.

 

Dicho de otro modo, la Masonería es ocultista. Así lo declara uno de sus divulgadores más conocidos, por lo menos entre nosotros, Robert Ambelain, autor de “El Secreto masónico”. Ambelain es fantasioso y podría decirse que un charlatán en lo que a la historia del Cristianismo se refiere, pero sus credenciales como masón están bien establecidas(Vid. http://www.4shared.com/get/teRphFDa/ambelain_secretomasonico.html).

 

El ocultismo es, por así decirlo, una disciplina teórico-práctica. Una cosa son sus enunciados, que para muchos suenan a palabrería vana que parece reñir con la racionalidad y, por supuesto, con el método científico. Pero sus cultores consideran que se trata de verdades a las que se llega a través de rituales que comienzan con la iniciación y prosiguen superando etapas de construcción espiritual hasta llegar a los más altos niveles en que se tiene acceso a la iluminación.

 

En qué consiste ella y cómo se la logra, son temas de debate. En rigor, ahí es donde se pone de manifiesto la radical incompatibilidad entre la Masonería y el Cristianismo o, por lo menos, el Catolicismo. Aquella, en efecto, es heredera del Gnosticismo, cuyo concepto de la Luz, como opuesta a las Tinieblas, difiere sustancialmente del que recoge sobre todo el Evangelio de San Juan, por cuanto ignora que para salir de la oscuridad del pecado se requiere la acción de la gracia de Dios.

 

En rigor, el concepto de pecado está ausente en esa cosmovisión y se lo reemplaza por otros, como el oscurantismo, la superstición, la opresión, el fanatismo, el prejuicio o el temor, todos ellos de carácter socio-cultural. A la Luz se llegaría entonces por el conocimiento, la educación, el orden social y, según Pike, la armonía de los contrarios (Vid. la interesante explicación filosófica que ofrece Roscoe Pound en http://www.themasonictrowel.com/ebooks/freemasonry/eb0339.pdf), acompañados de una severa autodisciplina ritual que como por arte de magia eleva el espíritu.

 

No hay que olvidar, a propósito de ello, que Pike se inspiró en buena medida en los trabajos de Eliphas Levy, el conocido autor de “Dogma y Ritual de la Alta Magia”. El mismo Pike escribe que “La ciencia oculta de la Antigua Magia... se encuentra encerrada en enigmas que parecen impene­trables, en los Ritos de la Masonería Superior” (Vid. http://syllabus-errorum.blogspot.com/2013/10/un-mason-casi-se-convierte-en-papa-la.html).

 

Cierta corriente masónica identifica esta lucha contra las tinieblas con la acción de Lucifer, el ángel caído portador de la Luz, e incluso con  la de la serpiente tentadora que en el Edén excita a Eva y luego a Adán a desatender la prohibición y atreverse a ser libres, buscando por sí mismos el conocimiento del Bien y del Mal (Gen. 3,5).

 

Algunos llegan a identificar a Lucifer con el aspecto luminoso de Dios, que contrasta con el oscuro que una sesgada interpretación del Antiguo Testamento hace ver como colérico, violento y vengativo. Otros más, influenciados por Helena Blavatsky,  siguen “una tradición espiritual que considera a Lucifer como uno de los Ángeles solares, esos Seres avanzados de los que dice la Teosofía que descendieron (de ahí “la caída”), desde Venus a nuestro planeta hace eones para traer el principio de la mente al que entonces era el hombre-animal. En la perspectiva teosófica, el descenso de esos Ángeles solares no fue una caída en el pecado o en la deshonra sino más bien un acto de gran sacrificio, como sugiere el nombre de “Lucifer”, que significa portador de luz” (http://www.lucistrust.org/es/arcane_school/talks_and_articles/the_esoteric_meaning_of_lucifer).

 

Algunos comentaristas observan que el simbolismo de la Estatua de la Libertad, obra de nítida inspiración masónica, evoca a Lucifer, el portador de  luz. La antorcha encendida trae consigo la iluminación y, con esta, la libertad. Y aquí encontramos otra confrontación con el pensamiento cristiano, para el que la verdad es ante todo de carácter moral y condición necesaria para liberarnos de la esclavitud del pecado. La liberación que ofrece el pensamiento masónico es otra, tal como lo ponen de presente las consignas del gobierno socialista que hoy impera en Francia: liberación de todo condicionamiento o determinismo de orden natural o cultural, por no hablar de los de orden sobrenatural, que se excluyen por sustracción de materia. A ello se refiere toda la doctrina masónica de la emancipación humana.

 

Por este sendero se llega al Satanismo. La inspiración ya no viene de Lucifer, el portador de luz, sino de Satán, el Príncipe de las Tinieblas.

 

La acusación de Satanismo contra la Masonería ha sido persistente en el magisterio de la Iglesia a partir de la condena que lanzó el papa Clemente XII en la Encíclica In Eminenti en 1738. Años después, el papa Pío IX se refirió a ella denominándola la “Sinagoga de Satán”. Y el papa León XIII la calificó en los más severos términos en la Encíclica Humanum Genus de 1884. No obstante ello, la posición de la Iglesia se ha suavizado en los últimos tiempos, aunque persiste la prohibición a los católicos de afiliarse a organizaciones que promuevan la destrucción de la Iglesia u objetivos contrarios al credo católico (Vid.http://bibliaytradicion.wordpress.com/miscelaneo/francmasoneria/documentos-pontificios-que-condenan-a-la-francmasoneria/).

 

Independientemente de si tiene o no inspiración satánica, es un hecho que la Masonería ha instigado los peores ataques contra la Iglesia, desde la persecución que contra ella se desató en la Revolución Francesa hasta la reciente criminalización del Cristianismo que acredita el documentado libro de Janet L. Folger que he mencionado en este blog en varias ocasiones.(http://www.amazon.com/The-Criminalization-Christianity-Becomes-Illegal/dp/1590524683).

 

La descristianización de Francia es, a no dudarlo, obra de la Masonería, lo mismo que la que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, según lo denuncia el Dr. Monteith en el libro que atrás he citado. A su entender, no nos encontramos acá frente a una Hermandad de los Hijos de la Luz, sino de las Tinieblas.

 

La vinculación de la Masonería con el  Satanismo es tema que se trata en los libros de Heimbichner y Knight que he citado arriba.

 

No es extraño que figuras tan representativas del Satanismo en los tiempos recientes hayan hecho carrera en las logias masónicas, como es el caso de Aleister Crowley, que ocupa un lugar destacado en el capítulo  que escribió William H. Kennedy sobre historia del Satanismo moderno para su libro “Satanic Crime-A Threat in the New Millennium”(Vid. http://www.whale.to/c/sataniccrime.pdf).

 

Escribe Kennedy que en su búsqueda de iluminación espiritual, Crowley combinaba consumo de drogas con prácticas de meditación y ritos sexuales que configuran un sistema de magia sexual. Sus seguidores sostenían que las drogas, la visualización y el frenesí sexual los hacían ascender hasta la visión de la deidad que buscaban.

 

Esta magia sexual es tema del “Arcanum arcanorum”, según observa Heimbichner en el capítulo Séptimo de “The Blood on the Altar”.

 

El Satanismo, según Kennedy, puede entenderse bien como la adoración de Satán entendido como un ser real, ya como un símbolo.

 

Aunque la Masonería ha declarado tradicionalmente su creencia en Dios como Gran Arquitecto del Universo, su idea de Dios oscila entre la del  Ser Supremo de los filósofos racionalistas, que es un ser bastante impersonal y desentendido de la suerte de su creación, y la de místicos de la Antigüedad, que combinan en un solo ente los atributos de Jahweh, Baal y Osiris, dándole el nombre de Jahbulon (Vid. Knight, pags. 236-40). Pero, siguiendo influencias gnósticas, es frecuente que tenga una concepción dualista de su Dios, en la que se integran, como atrás señalé, la Luz y las Tinieblas, el Dios bueno y el Dios malo. Y, al tenor de la Teosofía, se llega a considerar como malo al  Dios de nuestros padres, y como bueno a Lucifer/Satán. En fin, ya hay obediencias masónicas, como el Gran Oriente de Francia, que han dejado de exigirles a sus miembros la creencia en un Ser Superior.

 

La creencia y la adoración del Demonio como un ser real es fuente de los pavorosos crímenes satánicos que estudia Kennedy en su libro. De crímenes instigados por espíritus malignos se ocupa un libro que no dejo de recomendar, “Treinta años con los muertos”, del Dr. Carl Wickland , que se encuentra en la red (http://new-birth.net/booklet/30_years_among_the_dead.PDF).

 

Es también fuente  de la depravación sexual que, a partir de las elites, se extiende por toda la sociedad. Se acusa a la Iglesia Católica por la pedofilia del Clero, tema que dio lugar a la patética declaración de Pablo VI sobre la infiltración del humo de Satanás en su interior y que ocupa, además, los estudios de Randy Engel (“El Rito de la Sodomía”) o de William T. Kennedy (“Lucifer’s Lodge-Satanic- Ritual Abuse in the Catholic Church”). Pero se sesga lo relativo a las poderosas redes pedófilas que obran en altos sectores de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica u Holanda, para citar tan solo algunos de los casos más conocidos hoy por hoy   (Vid. http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_activismo_ped%C3%B3filo; http://www.barruel.com/info12.html). En este último sitio puede verse un terrible expediente sobre las conexiones masónicas con esas redes de pedofilia.

 

La segunda vertiente del Satanismo considera que Satán es un símbolo. Lo es, en primer término, del rechazo al Cristianismo; en segundo término, lo es de la emancipación del hombre y, en el fondo, de su divinización, en virtud de la cual el hombre se convierte en un dios para sí mismo.

 

Un aspecto muy significativo de este punto de vista es la divinización de la naturaleza, que da lugar al Naturalismo , el cual exalta las fuerzas telúricas y destaca en el hombre sus potencias biológicas, especialmente las de carácter sexual. De hecho, esta vía conlleva el regreso del paganismo. Por ese motivo, ahora se viene hablando con insistencia de un neopaganismo  llamado a superar la religiosidad cristiana, tal como se advierte en movimientos como New Age y Wicca.

 

Algunos observadores han llamado la atención acerca de esta incompatibilidad radical de ciertas tendencias de la Masonería de hoy con el pensamiento cristiano e, incluso, con las vertientes espiritualistas de aquella, a las que se llama “trascendentalistas”.

 

Sea que el Satanismo se tome por los masones en sentido literal o meramente simbólico, su anticristianismo y su naturalismo influyen decisivamente en la revolución cultural que está en curso y aspira con distintos pretextos a erradicar todo sentido cristiano de la vida, de la familia, de la sexualidad y, en suma, de las buenas costumbres, tal como se pone de manifiesto en el documento que lleva por título “El Nuevo Orden de los Bárbaros”, el cual recoge consignas de inocultable origen masónico (Vid. http://biblicalscholarship.net/barbarians.htm).

 

Estas consignas se ambientan en los medios de comunicación y en los sectores académicos, para luego imponerlas a través de instancias internacionales, órganos legislativos, autoridades administrativas o entidades judiciales, según convenga en cada caso. Por ejemplo, en un mismo año, 1973, el aborto se impuso en Estados Unidos por sentencia de la Corte Suprema, mientras que en Francia se lo adoptó mediante la llamada Ley Weill. Y lo mismo va sucediendo con las bodas y las adopciones de parejas homosexuales: al mismo tiempo se las aprueba por medio de leyes, si se cuenta con mayorías parlamentarias favorables, o de sentencias de altos tribunales, si están ellos sometidos al control masónico.

 

Craig Heimbichner observa en el prefacio de su libro que, para imponer en las comunidades las ideas de esta revolución cultural, se acude a técnicas de control mental que manipulan las actitudes, las opiniones, los valores y el comportamiento de la gente en la dirección deseada por la Criptocracia que mueve los hilos como si obrase sobre marionetas. A través del siguiente enlace se pueden leer en francés algunos extractos del libro: http://www.fichier-pdf.fr/2013/06/18/du-sang-sur-l-autel-extrait/du-sang-sur-l-autel-extrait.pdf.

 

Esa Criptocracia ejerce un gobierno invisible sobre las sociedades, tal como lo han señalado David Wise y Thomas B. Ross (“The Invisible Government”, New York , Random House, 1964;https://archive.org/stream/theinvisiblegove20224gut/20224-8.txt).

 

Creo que puedo rematar dando repuesta a la pregunta que sirve de título para este escrito: ¿en manos de quién o quiénes está el gobierno del mundo de hoy? Nada menos que en las del que el Evangelio llama el “Príncipe de este  mundo”, es decir, de Lucifer/Satán.

domingo, 27 de julio de 2014

Consideraciones sobre la institucionalidad colombiana (III)

3. Riesgos de crisis institucional

 

En mi escrito precedente me esmeré en mostrar los abismos que median entre los propósitos que animaron a los creadores de nuestra Constitución Política de 1991 y los resultados obtenidos hasta ahora, así como las ostensibles y graves diferencias que por ende se observan de bulto entre la Constitución formal y la Constitución real.

 

Los panegiristas de la Constitución se duelen de que, en efecto, a ella no se la dado cabal cumplimiento. Piensan que se la ha traicionado y que todavía cabe la posibilidad de enderezar el rumbo buscando el cauce señalado por ella. No faltan los que creen que habría mucho que enmendarle, pero consideran que sería mejor no tocarla para no  poner en peligro lo que estiman las grandes conquistas que se obtuvieron con ella, como la jurisdicción constitucional, la acción de tutela, la elección popular de gobernadores y alcaldes, el control de las altas cortes sobre los congresistas y algunas otra más.

 

Como yo he sido crítico pertinaz de lo que suelo llamar el Código Funesto desde que en mala hora se lo expidió, es poco lo que considero rescatable del mismo. A lo largo de este casi un cuarto de siglo de su vigencia, he sostenido que en 1991 se adoptó una mala Constitución, hija de pactos ocultos con la subversión y el narcotráfico, nacida de un vulgar atropello contra el orden constitucional reinante hasta ese año y elaborada a las volandas por quienes se dieron al delirio de creerse unos Padres Fundadores, parecidos a los que configuraron la Constitución de los Estados Unidos de América.

 

Por mí, lo procedente sería revisarla a fondo a través de un minucioso proceso de separación de la paja, que es mucha, y el grano, que es poco. Pero, dadas las condiciones reinantes en Colombia hoy por hoy, esa sería una misión imposible. No tenemos congresistas capaces de emprenderla con buen sentido. Y ni hablar de otra asamblea constituyente, que es lo que exigen las Farc siempre y cuando se la integre a su amaño.

 

Lo previsible a corto plazo es un progresivo deterioro de nuestra débil institucionalidad, con abusos cada vez más descarados de parte del gobierno, del sistema judicial, de los políticos enquistados en los cuerpos colegiados de elección popular, o de los órganos de control, así como con preocupantes manifestaciones del desquiciamiento de aquella.

 

Veamos algunos de los síntomas de ese desquiciamiento:

 

1- El control de vastas porciones del territorio por parte de organizaciones ilegales.

 

El imperio de la ilegalidad (expresión que, entre paréntesis, dio lugar a furibundas reacciones del entonces presidente López Michelsen contra la ANDI), se extiende como mancha viscosa a todo lo largo y ancho del país, por obra principalmente de dos grandes actores: los grupos guerrilleros (Farc-Eln) y las bandas criminales (Bacrim).

 

Por una torpe decisión de la Corte Suprema de Justicia, entre los primeros y los segundos dizque hay una diferencia sustancial que justifica que se los trate de distinto modo, pues los guerrilleros son algo así como ovejas descarriadas que buscan propósitos de justicia política por caminos equivocados, mientras que los integrantes de las bacrim son simplemente eso, criminales que obran por motivos antisociales.

 

Pero, de hecho, unos y otros, parafraseando el célebre “Silencio” de Gardel, han cubierto de sangre los campos de esta patria colombiana. Agreguemos que también los han cubierto de lágrimas y que, en rigor, como dijo nuestro poeta José María Vergara y Vergara en verso memorable, “Olivos y aceitunos todos son unos”. Guerrilleros y miembros de bandas criminales organizadas son idénticos en su maldad, en su salvajismo, en sus prácticas atroces, en su infernal desprecio por la vida humana.

 

Hay fuertes indicios, además, acerca de que entre unos y otros se dan entendimientos de muchas clases, desde la repartición de territorios hasta la colaboración en sus diferentes empresas criminales, como el narcotráfico, el comercio de armas, el lavado de activos, el contrabando, los secuestros y extorsiones o la minería ilegal.

 

Es probable que las Farc sean el más poderoso y peligroso de estos grupos criminales, pues, como lo señalé en otro escrito, se cree que son la segunda organización terrorista más acaudalada del mundo, después de los promotores del Estado islámico de Irak y del Levante. Hace poco leí en “El Colombiano” que disponen de tanto armamento como el de un Estado pequeño,  por ejemplo,uno de los centroamericanos.

 

La presencia contundente de estas organizaciones criminales se da  en regiones relativamente periféricas de la geografía nacional, como la Amazonia, el Catatumbo o la costa del  Pacífico, pero también en los grandes núcleos urbanos, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali.

 

Quizás no exagere si digo que en el interior del Estado medran unos paraestados o contraestados de evidente signo criminal, con capacidad de neutralizar y corromper a las autoridades legítimas, así como de ejercer presiones de diverso grado sobre las comunidades.

 

Durante muchos años dicté el curso de Teoría Constitucional en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y a menudo les decía a mis estudiantes que mis enseñanzas probablemente dejaban de ser válidas a pocos kilómetros del campus universitario. Bastaba con asomarse a las ventanas de los salones de clase para divisar las peligrosas comunas noroccidentales y nororientales de nuestra “Bella Villa”, a las que difícilmente llega la policía y en las que es reina y señora la delincuencia de todos los pelambres.

 

Ahora que se habla de diálogos de paz con las Farc, los conocedores observan que en caso de que algo llegare a acordarse con sus cabecillas, buena parte de sus integrantes quizás se negarían a aceptarlo, declarándose en rebelión contra aquellos o integrándose a otras bandas criminales.

 

En síntesis, el flamante “Estado social de derecho” que consagra presuntuosamente el artículo 1 de la Constitución Política ejerce una precaria autoridad sobre vastas regiones del país y en algunas de ellas esa autoridad es casi del todo ineficaz.

 

Recuerdo que cuando tomó posesión  Alberto Lleras Camargo de la presidencia el 7 de agosto de 1958, dijo en su discurso, palabra más palabra menos, que “Cumplir la Constitución y las leyes de la República” era suficiente programa de gobierno, dadas las circunstancias de anormalidad institucional que acabábamos de padecer y cuyos efectos todavía estaban presentes en distintos lugares.  En estos momentos es poco o algo más lo que, si es serio, puede prometer con moderado optimismo quien ejerza el poder presidencial entre nosotros.

 

Nuestros ilusos constituyente de 1991 creyeron que podrían sentar las bases de un Estado providencia al estilo de los escandinavos en un país en el que ni siquiera ha habido consolidación del poder estatal, pues Colombia sigue siendo, como lo manifestó Darío Echandía a propósito de los horribles desmanes del 9 de abril de 1948 y los tiempos que siguieron, “Un país de cafres, dicho con perdón de los cafres”.

 

Los gobiernos carecen de poderes efectivos para enfrentar a los delincuentes; su autoridad sobre gobernadores y alcaldes es muy precaria; la regulación del estado de conmoción interior es tan engorrosa que son más los problemas que crea su aplicación que las ventajas que proporciona; la fuerza pública está rodeada, como dijo Gabriel Turbay en cierta ocasión, de una “alambrada de garantías hostiles”; no hay justicia creíble, etc. Todo conspira, en fin, a favor del desorden, de la anarquía.

 

Hacia allá vamos, en efecto, porque la ideología dominante arriba y abajo es es enemiga de la autoridad, salvo que se la ejerza en favor de los propios intereses.

 

Es un cuadro que evoca el de la “España Invertebrada” que pintó Don José Ortega y Gasset hace ya cerca de un siglo. En palabras de Carlos Lleras Restrepo, estamos frente a una “Colombia descuadernada”. ¡ Y su nieto es uno de los  encargados de botar hojas al aire!

 

2.¿Qué se fizieron los derechos?

 

Pasé revista a nuestra pomposa Declaración de Derechos que hace que a los beatos de la Constitución se les chorreen las babas cuando entonan sus loas.

 

También a mis discípulos solía decirles que en Inglaterra no hay semejante catálogo de derechos y garantías, con todas sus clasificaciones y subclasificaciones que hacen las delicias de los teólogos de la Constitución; pero, en cambio, los súbditos de Su Majestad Británica gozan de muchísima mayor seguridad que nosotros.

 

¿Cuál es la diferencia? Simple y llanamente, una: la Civilización.

 

Ahora dudo de que los ingleses puedan abrigar muchas esperanzas hacia el futuro más o menos cercano, porque su territorio está sometido a la invasión de quienes descreen de su Civilización, y para colmo de males, tampoco ellos creen en lo que la hizo grande, pues su ideología es la de los asesinos de civilizaciones que menciona Mgr. Pope en luminoso escrito que cité en mi artículo anterior.

 

Para que haya garantía de los derechos se requiere administración de justicia y autoridad puesta a su servicio. Pero Colombia se ha dado el lujo de desmantelar la autoridad, y su justicia, como se lo escuché decir hace unos años a Juan Carlos Esguerra Portocarrero, carece del sentido de la autocontención de sus poderes. Dicho de otro modo, es desmesurada, está bajo el imperio de “Hybris”, esa entidad que los antiguos griegos vieron que causaba desequilibrios y, por consiguiente, desórdenes.

 

Como en “Camino de Guanajuato”, esa preciosa ranchera de José Alfredo Jiménez, acá “No vale nada la vida, la vida no vale nada”.

 

3.¿Cuál democracia?

 

Se atribuye a distintos ideólogos y estadistas aquello de que “Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”. Y tal fue una de los ideas determinantes del proceso constituyente de 1991: había que airear el sistema excluyente heredado de la Constitución de 1886 y el Frente Nacional. Según uno de nuestros politólogos más conspicuos, “era necesario desbloquear una sociedad que estaba bloqueada”.

 

Nuestra Constitución Política es prolija en lo que a mecanismos democráticos concierne. Ninguno quedó por fuera de ella. Pero, ¿tenemos hoy más y mejor democracia que hace un cuarto de siglo?

 

Las encuestas y los resultados electorales avalan una respuesta escéptica.

 

Las primeras exhiben un muy preocupante desprestigio de todas las instituciones, salvedad hecha de la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Pero, a medida que los enemigos de la primera y las segundas vayan haciendo su persistente labor de zapa, es probable que en no muy remoto tiempo ambas desciendan al bajo nivel de aceptación que hoy padecen el Congreso, los partidos o el sistema judicial.

 

Los resultados electorales muestran muy elevados índices de abstención. Además, el voto en blanco creció significativamente en las últimas elecciones.

 

Lo uno y lo otro son síntomas de debilidad de nuestro sistema político, bien sea porque obedecen a desagrado o indignación de importantes sectores del electorado, ya porque manifiestan desgano y falta de compromiso con el régimen.

 

Hay, de hecho, vastos sectores de la población que no se sienten integrados al cuerpo político y desconocen lo que significan el Estado y la participación ciudadana. Muchas veces, solo los mueve lo tangible, las contraprestaciones de distinto género que les procuran los agentes partidistas.

 

Un amigo me contó que hace poco estuvo de vacaciones en San Antero y, hablando con la gente del lugar, se enteró de cuáles fueron sus motivaciones para votar por la reelección de Santos. Una empleada doméstica le dijo que lo hizo a cambio de unas tejas que le dieron para su casita. Otro fue más explícito: le pagaron $ 150.000 por el voto, le dieron $ 50.000 de anticipo y le suministraron un teléfono celular con cámara fotográfica; al momento de votar, le tomó una foto al tarjetón y con esa prueba le dieron los $ 100.000 restantes. Según él, hizo el trato con la gente de “Ñoño”.

 

Anécdotas similares se oyen a todo lo largo y ancho de la geografía colombiana. El voto comprado y, en general, el impuesto por la “maquinaria” representa un componente difícil de cuantificar, pero real y actuante, tal vez decisivo en los procesos electorales.

 

¿De qué democracia hablamos, entonces? ¿En qué queda el “republicanismo cívico” que alaban los seguidores de Kant?

 

4. Los mismos con las mismas.

 

Creo que fue Jorge Eliécer Gaitán el que popularizó esta diciente expresión que viene a cuento a raíz de otra de las frustraciones de  nuestro proceso constituyente de 1991.

 

Una de sus propósitos fue controlar a la clase política, superar el clientelismo y poner fin a su corrupción, que fueron grandes banderas de Luis Carlos Galán, sacrificado pocos meses antes por el narcotráfico.

 

Muchas medidas se adoptaron con estas finalidades, tales como el Senado elegido por circunscripción nacional, la participación de la rama judicial en la selección de los titulares de los órganos de control, el tarjetón electoral, el fuero de los congresistas ante la Corte Suprema de Justicia, la pérdida de la investidura ante el Consejo de Estado, la extinción del dominio de bienes habidos a través de la corrupción, las fuertes atribuciones que se otorgaron a la Procuraduría y las Contralorías, etc., a lo que se suma la revocatoria del Congreso que fue elegido en 1990.

 

Recuerdo que por esas calendas me encontré con un discípulo que estaba haciendo una fulgurante carrera política. Fue uno de los revocados y estaba haciendo campaña para hacerse elegir nuevamente. “Volveremos, así no le guste a César Gaviria”, me dijo. Y, en efecto, volvieron y nuevamente se enquistaron en el poder.

 

En lo sucesivo, todos los presidentes han tenido que habérselas con congresistas ávidos que venden sus votos a cambio de la pitanza que aquellos les aseguran.

 

Había que ver al tecnócrata Rudolf Hommes sentado a la entrada del recinto del Senado o el de la Cámara para controlar la asistencia a las sesiones en que se votaban proyectos importantes para el gobierno de César Gaviria y negociando con ellos las partidas presupuestales que exigían para dar su voto favorable. Qué decir de la inmundicia del Congreso de Samper, o la de los liberales “colaboracionistas” que extorsionaron a Pastrana de tal modo que este, desesperado por sus exigencias, resolvió lanzarse a la aventura de otra revocatoria, que se frustró porque Horacio Serpa empezó a pedir que se revocara también el mandato presidencial. No obstante su peso político, también Álvaro Uribe Vélez tuvo que pactar con los congresistas, inclusive los del Partido de la U que supuestamente eran sus más fieles seguidores. Él mismo ha dicho que su desencuentro con Vargas Lleras se produjo debido a la insaciable voracidad burocrática del hoy Vicepresidente de la República. Quiso poner orden en la casa por medio de un referendo que de hecho naufragó por obra de los torpedos que desde distintos frentes, incluido el de la Corte Constitucional, le dispararon. En fin, Juan Manuel Santos decidió venderle el alma al Diablo y, con el fervoroso apoyo de los hijos del finado Galán, se hizo reelegir corrompiendo descaradamente a los políticos y dándole rienda suelta al clientelismo.

 

Podría decirse que en lo único que  dio resultado el proceso constituyente fue en la destrucción del bipartidismo, del que han quedado dos zombies que todavía hieden y hacen daño: el Partido Liberal y el Conservador.

 

En síntesis, hoy nos encontramos prácticamente en la misma situación de 1990: el narcotráfico rampante, la subversión en su fina, la clase política haciendo de las suyas y el gobierno maniatado.

 

No me cabe duda de que Juan Manuel Santos terminará arrepintiéndose amargamente de haber promovido por vanidad y para desquitarse de Álvaro Uribe Vélez su indecorosa reelección.

 

Se ha dicho, en general con buenas razones, que “Segundas partes nunca fueron buenas”. Mi augurio, en el caso de Santos, es que su segunda parte será pésima. Va a hundirse en el albañal que él mismo alimentó recogiendo aguas negras de todas las procedencias.

 

5. Choques de trenes.

 

El régimen presidencialista adolece de un defecto grave, consistente en que no prevé soluciones adecuadas para superar los conflictos entre el poder ejecutivo y el poder congresional.

 

Mientras que los regímenes parlamentarios están diseñados para mantener el equilibrio entre ambos poderes y resolver de modo institucional sus desacuerdos, en los presidencialistas se los resuelve de manera informal, ya a través de negociaciones o componendas, bien por la imposición del uno sobre el otro. En tal caso, o cae el Presidente o se cierra el Congreso.

 

Pues bien, como atrás lo dije, Colombia se ha inclinado por la componenda: el Gobierno compra el Congreso, pero a unos costos de tal magnitud, no solo morales sino pecuniarios, que terminan siendo ruinosos.

 

Hay, en efecto, una crisis fiscal en camino que suscitará conflictos por doquiera.

 

A despecho de la flamante “colaboración armónica” que consagra el artículo 113 de la Constitución Política, la misma es apenas un decir en lo que concierne a las relaciones del Gobierno con el Congreso.

 

Pero resulta siendo un chiste cruel si se observa lo que ha sucedido en las relaciones de las Altas Cortes entre ellas, las de los Órganos de Control entre sí o, como se está viendo con las actitudes del fiscal Montealegre, las de la Fiscalía con la Procuraduría, la Contraloría o con el Ministro de Justicia.

 

Todo ello obedece al pésimo diseño institucional que nos legaron los constituyentes de 1991 con su prurito de difuminar los poderes e introducir nuevas figuras exóticas en el andamiaje de nuestras instituciones.

 

Esos choques de trenes son prácticamente insolubles, suscitan perturbaciones de todo género y le dan pésimo ejemplo a una sociedad que de suyo es conflictiva a más no poder.

 

6. Su Majestad, el Paro Cívico.

 

Todos los gobiernos tienen que lidiar con los “paros cívicos”. Los hay de comunidades, por sus necesidades insatisfechas; de transportadores, de agricultores, de mineros, de venteros ambulantes, etc.; y también de servidores públicos a los que se les prohíbe la huelga, pero sin embargo la hacen, siempre con resultados catastróficos.

 

Recuerdo que hace unos años, en medio de un paro judicial, exigí que me dejaran llegar a un despacho para efectos de una diligencia que se había programado. Me dijeron que ingresara por una puerta trasera que habían dejado abierta para que nadie alegara que se le hubiese negado el servicio. Llegué hasta la oficina judicial y pedí que se dejara constancia de que ahí había estado yo. Me atendió uno de los empleados, desde luego que con cara de muy malos amigos. Le dije que me parecía escandaloso lo que estaban haciendo, ya que el Juez y sus empleados prestaron juramento de obedecer y cumplir la Constitución y las leyes de la República. La respuesta fue tajante: “Aquí se hace lo que ordene Asonal Judicial”.

 

El “Imperio de la Ilegalidad” nace pues en los despachos judiciales, que exhiben diversos argumentos para declararse desasidos de sus solemnes promesas de cumplir fiel y lealmente con sus deberes. Y si la sal se corrompe…

 

En nuestros pueblos, los paros cívicos marcan los hitos de su historia. La gente ubica los distintos momentos del pasado en relación con ellos, antes o después de…

 

Es cierto, como señala Amartya Sen, que la protesta ciudadana es un derecho que debe respetarse, pues constituye un preciosa garantía de poderse defender contra los malos gobiernos. Es la versión reciente de la “resistencia a la opresión”, a la que los revolucionarios franceses le asignaron tanta importancia como a la libertad, la propiedad y la seguridad.(Vid. Art. 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano).

 

Pero, llevada al extremo, conduce a la anarquía, en la que nadie goza de seguridad y prevalecen los más fuertes, los más audaces, los más inescrupulosos, los más despiadados. Ahí no se da el régimen en cuya virtud se hace cierto lo del “Homo Homini Deus” que aspiran a instaurar los humanistas ateos, sino el del célebre “Homo Homini Lupus” de que hablaba Lucrecio y tomó Hobbes para describir los horrores que según él caracterizan el “estado de naturaleza”.

 

No es por casualidad que las Farc a través de sus diversos tentáculos penetran prácticamente todas las agitaciones que se producen en el país. Ello hace parte de de su agenda revolucionaria, a la que me referiré en seguida.

 

7. Hacer invivible la República.

 

He buscado en internet la mención de cuándo, dónde  y en qué contexto pronunció o escribió Laureano Gómez esta ominosa consigna. Muchos la citan, pero no encuentro la fuente. De todas maneras, fue algo, por decir lo menos, bastante desafortunado que mancha su memoria.

 

Las Farc y el Eln han tenido la precaución de no decir algo semejante, pero lo practican a troche y moche en todas los lugares y las ocasiones que estén a su alcance. Al fin y al cabo, es lo que les enseñan los manuales revolucionarios inspirados en el Marxismo-Leninismo: Es lícito hacer todo aquello que contribuya al triunfo de la Revolución.

 

Y, por supuesto, la demolición de las instituciones, la alteración general del orden público, la destrucción de las fuentes productivas, la intimidación de las comunidades, la neutralización  y el descrédito de la autoridad legítima, etc. contribuyen eficientemente al logro de sus propósitos.

 

Si se les ofrece la paz, lo toman como señal de debilidad de la ciudadanía y, entonces, arrecian sus agresiones con miras a debilitarla aún más, hasta hacer que se arrodille.

 

Su propósito no es compartir el poder dentro de las reglas democráticas y liberales forjadas por la civilización política, sino conquistarlo para ejercerlo de modo excluyente, con el propósito de imponer a como dé lugar su proyecto totalitario y liberticida.

 

Dentro de su plan estratégico se contempla una etapa final: la insurrección popular.

 

Los paros cívicos alentados por la guerrilla o infiltrados por esta, así como la movilización colectiva promovida por Petro a raíz de la sanción que le impuso la Procuraduría, son apenas “prácticas de calentamiento”, modos de entrenarse para la acometida final, en la que, como tantas veces ha sucedido en la historia, las fuerzas armadas terminan diciéndole al gobierno que no tienen posibilidad de controlar los desórdenes.

 

Así se lo hicieron ver los generales a Andrés Pastrana para hacerlo desistir de su peligrosa iniciativa de promover la revocatoria del Congreso.

 

No es, en realidad, el “ruido de sables” lo que pone en peligro la estabilidad de los gobiernos entre nosotros, pues nuestras fuerzas armadas no solo son civilistas y legalistas, sino que saben que la presión internacional haría abortar cualquier intento de golpe de Estado.

 

El peligro real estriba en la descomposición que poco a poco va produciéndose, como un fenómeno de erosión del poder que termina ocasionando su desplome.

 

No me gusta hacer de Casandra, pero hacia allá vamos inexorablemente.

 

Colombia lleva más de 65 años defendiéndose de la agresión comunista. Pero los que la promueven son insistentes y recursivos, piensan que el tiempo está de su parte y son en extremo hábiles para colocar sus fichas en posición de ataque. No tardarán en anunciar el jaque. ¿Vendrá el mate?

 

8. Un país ingobernable.

 

Según se dice por ahí, Alfonso López Pumarejo contaba que cuando Dios hizo el territorio colombiano se levantó una ola de protestas. “Cómo así, exclamaban, que le está dando acceso a dos océanos, todos los climas, los paisajes más variados y hermosos, abundantes flora y fauna, recursos minerales e hídricos por montones?”. Entonces, Él respondió:“No se apresuren a juzgar; esperen a ver la gentecita que le voy a poner”.

 

Muchos presidentes se han dolido de la mala índole de los colombianos y lo difícil que resulta gobernarlos.

 

Así, Guillermo León Valencia comparaba su puesto con un potro de tormentos. Carlos Lleras Restrepo culminó su gobierno con el “affaire” de Fadul y Peñalosa, que puso en vilo al Frente Nacional en las elecciones en que hubo de competir su candidato contra Rojas Pinilla.  Misael Pastrana Borrero tuvo que habérselas con la chusma de la Anapo. Alfonso López Michelsen sintió pánico al pensar que un humorista podría sacarlo del poder. Julio César Turbay decía que era necesario estar muy loco para aspirar a repetir el oficio de presidente. Belisario Betancur, que ascendió en medio de aclamaciones, bebió hasta las heces el cáliz de la amargura. Virgilio Barco perdió el uso de su menguada razón con el ejercicio del mando y tuvo qué valerse de dos cirineos que le ayudaran a cargar su cruz. A César Gaviria lo acometió una incontenible risa nerviosa al término de su mandato: parecía no creer que iba a salir incólume de la Casa de Nariño. Según Ernesto Samper, el oficio presidencial es parecido al de los bomberos, que se la pasan apagando incendios. Álvaro Uribe Vélez, que logró una contundente reelección, terminó su segundo mandato en medio de ruidosos escándalos, y todavía no hemos presenciado el final de su rutilante carrera política. ¿Qué le espera a Santos?

 

Los politólogos han puesto de moda el tema de la gobernabilidad con un neologismo: la “gobernanza”.

 

¿Cuán gobernable es Colombia? ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para que un gobernante no solo se mantenga en el poder, sino que logre dejar huella perdurable?

 

Ahí les dejo a mis amables y pacientes lectores la inquietud.

domingo, 13 de julio de 2014

Consideraciones sobre la institucionalidad colombiana (II)

2.Principios básicos de ordenación del Estado colombiano

 

2.1 La ordenación institucional del Estado en Colombia se articula, como he dicho, alrededor de lo que podría denominarse unos ejes temáticos en los cuales se desarrollan los principios fundamentales de la Constitución.

 

Esos ejes temáticos son, en mi opinión, los siguientes:

 

-El Estado Constitucional.

 

-El Estado Nacional.

 

-El Estado Republicano.

 

-El Estado Democrático.

 

-El Estado Pluralista y Laico.

 

-El Estado promotor de la Justicia y el Bien Común.

 

-El Estado garante de la Dignidad de la Persona Humana.

 

-El Estado articulado a través de la Separación y la Colaboración de Poderes dentro del esquema del Régimen Presidencialista.

 

-El Estado Descentralizado con Autonomía de sus Entidades Territoriales.

 

-El Estado con Gobierno Controlado y Responsable.

 

-El Estado Social de Derecho.

 

2.2 Cada uno de esos ejes temáticos da lugar al examen acerca de cómo se formulan los principios respectivos; cuáles son sus antecedentes históricos y sus fundamentos ideológicos; cómo los desarrollan la legislación y la jurisprudencia; cómo se relacionan unos con otros; cómo se los lleva a la práctica; cómo, en fin, se los vive en el medio social.

 

Por supuesto que todo ello entraña un vasto programa que, desafortunadamente,  no creo que se haya llevado a cabo todavía, no obstante la gran cantidad de publicaciones que se encuentran en el mercado bibliográfico acerca de la Constitución vigente y las que la precedieron.

 

Es interesante destacar que estos ejes temáticos se inscriben en términos generales dentro de ideas y desarrollos institucionales preponderantes en la Civilización Occidental Moderna, lo cual significa que es ya muy poco lo que le deben a nuestro pasado colonial y mucho, en cambio, sobre todo al constitucionalismo norteamericano, el francés y el español, los cuales han sufrido distintas adaptaciones a nuestro medio. No podemos hablar, salvo en algunos casos, de la originalidad de nuestros aportes a la ordenación constitucional.

 

Desde luego, varios de estos postulados, no obstante su carácter exógeno, han arraigado por obra del tiempo en nuestra cultura jurídico-política y hacen parte de una tradición constitucional que se ha venido configurando a lo largo de dos siglos con distintas variaciones y evoluciones. Es una tradición que paso a paso ha asimilado ideas que se han abierto camino en el constitucionalismo moderno y contemporáneo.

 

También interesa destacar que, al lado de la acusada tendencia a imitar o adaptar instituciones foráneas, obra un cierto sincretismo ideológico que combina aportes conservadores, liberales y socialistas.

 

Aunque la Constitución invoca la legitimidad democrática, pues proclama que ha sido expedida por el Pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, lo cierto es que, por una parte, ellos fueron elegidos con una votación bastante precaria y, por otra, el modus operandi de su convocatoria y la asunción de sus poderes fue fruto de lo que alguna vez denominé “los tres golpes”, a saber: el que dio el presidente Gaviria contra la Constitución de 1886 con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia; el que dio la Asamblea Constituyente contra el presidente Gaviria al declararse soberana; y el que la misma Asamblea dio contra el Congreso, al decretar su revocatoria.

 

El contenido de la Constitución no fue tema de la breve campaña que precedió a la elección de los delegatarios. Fue surgiendo, más bien, de las mesas de trabajo que funcionaron en distintos lugares para recoger iniciativas comunitarias y de las discusiones que llevaron a cabo dichos delegatarios en torno de los proyectos que iban elaborando en forma individual o colectiva. Hubo, en efecto, interesantes aportes individuales que enriquecieron el contenido de la Constitución.

 

Me dijo un delegatario que, como ningún grupo tenía mayoría en la Asamblea, para conquistar los votos de los sectores minoritarios hubo que entrar en transacciones con ellos, motivo por el cual no pocas iniciativas suyas terminaron imponiéndose a cambio de que apoyaran las de los sectores más influyentes. De ahí. ciertas peculiaridades de lo que terminó aprobándose como texto constitucional.

 

Se ha afirmado que la convocatoria de la Asamblea Constituyente fue fruto de la iniciativa de distintos sectores, entre ellos la juventud universitaria, que cuajó en una consulta popular irregular destinada a legitimarla. Parece más válido pensar que se trató de un hecho político creado por medios poco ortodoxos, como la presión sobre la Corte Suprema de Justicia, para validar tanto los acuerdos con el M-19 y otros grupos subversivos, como unos posibles pactos secretos con capos del narcotráfico, tendientes a resolver el delicado asunto de la extradición a los Estados Unidos.

 

Señalo, en fin, que en buena medida las soluciones constitucionales proceden más bien de los mundos académico, judicial, periodístico o político, que de las bases populares o lo que ahora tiene a llamarse las instancias comunitarias de la sociedad civil, que terminan adaptándose a lo que en los diferentes escenarios de la elite se conviene como si procediera de la voluntad popular.

 

Pasaré revista, a vuelo de pájaro, sobre cada uno de los mencionados ejes temáticos.

 

2.2 El Estado Constitucional.

 

Hans Kelsen demostró que todo Estado es de derecho y ninguno carece de Constitución. Pero no todos se estructuran y funcionan con el mismo grado de sujeción a la normatividad.

 

El constitucionalismo liberal, que surgió de lo que Hosbaum llamó las “revoluciones burguesas”, impuso la idea de que la Constitución debe constar en textos jurídica y políticamente destacados que sirvan de fundamento de validez de todo el ordenamiento jurídico estatal, a los que la normatividad inferior debe ceñirse lo más estrictamente posible, y protegidos a través de dispositivos que les confieran cierta intangibilidad y garanticen su supremacía. De ese modo, la Constitución se erige en  norma fundamental reguladora de la organización y el funcionamiento del poder público, y es un instrumento básico de racionalización del poder.

 

El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano proclamó que “La sociedad que no tiene asegurada la garantía de sus derechos, ni tiene determinada la separación de poderes, carece de Constitución”.

 

La garantía de los derechos es el propósito básico de la Constitución, la separación de poderes, el instrumento por excelencia del control del poder, de acuerdo con la conocida máxima de Montequieu: “Todo el que ejerce el poder tiende a abusar de él; para que eso no suceda, es necesario que el poder controle al poder, mediante un sistema de frenos y contrapesas”.

 

Pero el constitucionalismo liberal tendía a adjudicarle a la Ley, como expresión de la voluntad soberana, la regulación de los derechos. Las tendencias actuales buscan restringir el papel del Legislador, sobre la base de que la consagración constitucional, todo lo abstracta que parezca, brinda elementos suficientes para que los operadores jurídicos, especialmente los jueces, reconozcan y apliquen los derechos que ameritan protección destacada, ateniéndose directamente a los textos de la Constitucional.

 

En este sentido, se habla del tránsito del Estado de Derecho al Estado Constitucional, y así se ha establecido tanto en el articulado de la Constitución Política, como en la práctica judicial.

 

El inciso primero del artículo 4 de aquella es contundente:”La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

 

Esto ha llevado a hablar de la constitucionalización de las ramas del derecho, pues cada una de ellas se estructura con base en normas explícitas o implícitas de la Constitución que deben obedecerse rigurosamente.

 

La Constitución no solo rige la organización y el funcionamiento del poder público, sino toda la vida de relación de los individuos y los grupos que ellos forman voluntariamente, como sucede con el núcleo familiar y las asociaciones de toda índole.

 

Lo que precede es apenas un resumen de la doctrina jurídico-política generalmente aceptada en muchas latitudes. Pero es susceptible de algunas glosas que paso a resumir.

 

Ante todo, está lo que el profesor Lowenstein llamaba la desvalorización funcional y la pérdida de prestigio de la Constitución. Una y otra conspiran para distorsionar la normatividad constitucional y debilitar su eficacia.

 

Estas patologías obedecen en buena medida a la falta de técnica jurídica de que adolecen muchos textos constitucionales, por defectos en su redacción e incluso en su concepción misma, debidos a su carácter declamatorio que halaga la emoción, pero enreda el intelecto.

 

Ese carácter declamatorio es propio de textos que no se redactan como normas, sino como principios abstractos, a través de los que se cuelan los sesgos ideológicos y los fallos de oportunismo político que han convertido a los jueces constitucionales en verdaderos dictadores.

 

2.3 El Estado Nacional.

 

Un célebre jurista francés del siglo XIX, Esmein, decía que “el Estado es la personificación jurídica de la Nación”.

 

Hacía suyas, de esa manera, las pretensiones del nacionalismo: Cada nación tiene derecho de organizarse como Estado; cada Estado debe contar con el soporte sociopolítico de un grupo nacional.

 

El nacionalismo ostenta las características de una religión secular, de suerte que ha llegado a considerarse que la Nación es el Dios de la Modernidad. En buena medida, ha reemplazado al Dios del Cristianismo. 

 

El Preámbulo de la Constitución Política proclama que esta tiene por objeto fortalecer la unidad de la Nación, tratando de dar continuidad en parte a la fórmula que adoptó la Constitución de 1886, cuyo artículo primero rezaba:"La Nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria".

 

Esa reconstitución se hizo para superar la fragmentación a que había dado lugar la Constitución federalista de 1863. Pero la Constitución Política de 1991 introdujo variaciones que, en el fondo, contribuyen a mitigar el nacionalismo de la de 1886.

 

Así, en lugar de establecer que la soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación, como lo dispuso el texto de 1886, el artículo 3 del ordenamiento actual la radica en el pueblo, sin perjuicio de volver sobre la noción de soberanía nacional en los artículos 12 y 217, ni de señalar como fin esencial del Estado la defensa de la independencia nacional (art. 2) o declarar la propiedad nacional sobre el territorio, los bienes públicos que de él hacen parte y los patrimonios arqueológico y cultural (arts. 63, 72 y 102).

 

Es muy significativo el artículo 7, según el cual “El Estado reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.

 

Unidad en la diversidad parece ser uno de los grandes lemas de los tiempos que corren, pero quizás haga parte apenas del catálogo de buenas intenciones que preside lo que ha dado en llamarse lo “políticamente correcto”, dado que la historia muestra que las nacionalidades se han configurado a partir de cierta coerción sobre las particularidades regionales y locales.

 

Remito a la poco conocida obra de Hans Kohn sobre “El Nacionalismo, su significado y su historia”, en la que muestra que el fenómeno nacional no obedece a una ampliación espontánea del horizonte comunitario, como si se tratase de un círculo concéntrico derivado del crecimiento natural a partir de la familia, la localidad y la región, sino a algo novedoso que entraña la simpatía, no por los propios o cercanos, sino por los extraños y lejanos.

 

 

El nacionalismo, que en sus modalidades liberal, conservadora, nazi-fascista y comunista, dominó el pensamiento político a lo largo del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, ha sufrido en los últimos tiempos el impacto, por una parte, de los internacionalismos y, por otra, de los regionalismos y localismos.

 

La comunidad internacional ya no se concibe como un subproducto de las naciones soberanas, sino como una entidad con su propia fuerza y sus propios objetivos. Así juristas como Kelsen la pensaran como una comunidad con características similares a las primitivas, la experiencia de los últimos 50 años enseña que cada vez cobra más cuerpo y, por ende, más independencia respecto de las comunidades nacionales. Muchos piensan que el Nuevo Orden Mundial que está en marcha tiene por objeto la instauración de un gobierno que reine sobre todo el planeta.

 

De todo ello se hace eco la Constitución cuando remite al ordenamiento internacional en materia de derechos humanos (art. 93), diluye el vínculo de nacionalidad (art.96) y abre las puertas a la llamada supranacionalidad (art. 227), pensando sobre todo en la integración con los demás países de América Latina y el Caribe.

 

Hay, pues, unos procesos incipientes pero llenos de virtualidades hacia el futuro que tienden a la absorción de la comunidad nacional colombiana por parte de unidades más amplias que ya no serían de índole nacional, sino global.

 

Al mismo tiempo, la comunidad nacional sufre la presión de regionalismos y localismos que, so pretexto de conservar la unión en medio de la diversidad, podrían más bien debilitarla.

 

Esas tendencias hacen presentes en la Constitución tanto con el reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales, como con la profusión de estas, los derechos otorgados a comunidades étnicas (indígenas y negritudes), particularmente en los artículos 10, 68, 72 y 176 (Vid. Sent.  T-1045A/10, Corte Constitucional), así como los regímenes especiales para el Archipiélago de San Andrés y Providencia o las zonas de frontera (art. 289).

 

Nuestro sistema político se inclina, según lo anterior, hacia una forma atenuada de Estado nacional.

 

2.4 El Estado Republicano.

 

La vieja contraposición entre monarquías y repúblicas ha perdido actualidad por sustracción de materia, pues las monarquías en estado puro que aún quedan son muy pocas. La gran mayoría de los regímenes que hoy existen son republicanos.

 

También carece de actualidad la distinción entre repúblicas aristocráticas y democráticas, dado que casi todos los regímenes se identifican con las segundas.

 

No obstante, vale la pena detenerse en un aspecto del republicanismo que es materia de diversos análisis en el pensamiento contemporáneo: la ciudadanía.

 

La idea republicana parte de que el cuerpo político -la “res publica”- es asunto de todos. En consecuencia, involucra la responsabilidad y la participación de cada uno de sus integrantes, que son los ciudadanos, los que hacen parte de la ciudad.

 

El totalitarismo, que es invento moderno, lleva esta idea al extremo. “Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada sobre ni contra el Estado” decía Mussolini, desarrollando planteamientos hegelianos que, desde cierta perspectiva, proceden de Rousseau, el padre de la democracia totalitaria.

 

En efecto, Rousseau, que no era propiamente paradigma de virtudes privadas, pone la virtud en el centro de su pensamiento; pero su concepto de virtud tiene que ver con las virtudes ciudadanas, las públicas, las externas. Su ideal es transformar los individuos en ciudadanos capaces de sacrificar sus intereses particulares en beneficio de las causas colectivas. De esa manera, creía posible lograr que la voluntad general fuese a la vez la de cada uno y la de todos.

 

Esa fusión de las voluntades individuales en la voluntad general no es otra cosa que un totalitarismo. Pero hay una vertiente más suave que permite conciliar la ética de la ciudadanía con el individualismo liberal, a partir de la distinción entre los ámbitos de la intimidad y de la sociabilidad, es decir, de lo privado y lo público. El primero es el recinto de los derechos, el segundo, el de los deberes.

 

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar”, proclama el artículo 15 de la Constitución Política. Es un derecho que se vincula con otros, como el libre desarrollo de la personalidad (art. 16),  la libertad de conciencia o la libertad religiosa (art. 19). Da pie, además, para otros desarrollos, como los derechos sexuales y reproductivos.

 

Pero, al mismo tiempo, el artículo 95 de la Constitución trae un listado de deberes y prohibiciones que tiene que ver con la inserción en la comunidad nacional. Según el texto, todos los colombianos tenemos “el deber de engrandecerla y dignificarla”. Y el artículo 258 declara que “el voto es un derecho y un deber ciudadano”. En fin, el artículo 209 consagra como uno de los principios rectores de la función administrativa el de moralidad.

 

Las tendencias doctrinarias y jurisprudenciales se inclinan hacia una permisividad cada vez mayor en lo que a los comportamientos privados atañe, pero también hacia mayores exigencias acerca de la moralidad cívica.

 

Esto plantea la cuestión del límite entre la moralidad privada, que se considera inviolable, y la moralidad pública, que como digo se piensa que es asunto en el que la normatividad jurídica se inclina hacia el rigor. Pero, dónde empieza la una y dónde termina la otra es tema que, en últimas, queda deferido al arbitrio judicial.

 

Esta disociación entre la moralidad pública y la privada establece una distinción arbitraria que ignora qué es en el fondo la moralidad y desconoce que entre esos dos ámbitos se dan múltiples interrelaciones. Resulta difícil, en efecto, sostener que se puede ser intachable en lo público si se es disoluto en lo privado, y que la corrupción de las costumbres individuales solo tiene efectos en la vida individual, mas no en la colectiva.

 

Por eso, Horacio decía:”¿De qué sirven las vanas leyes si las costumbres fallan?”.

 

Esto lo decía para referirse al deterioro de la moralidad en las postrimerías de la república romana, que en sus momentos de esplendor derivaba su fuerza de la conjunción de virtudes cívicas y virtudes privadas.

 

La opinión corriente hoy en día cree de manera insensata que se puede promover un ideal de buen ciudadano que excluya, por sustracción de materia, al buen padre de familias, el buen esposo, el buen hijo y, en suma, el hombre de bien.

 

Hoy, cuando escribo estas notas, publica El Colombiano un precioso escrito del padre Hernando Uribe Carvajal que me atrevo a mencionar aquí, por la luminosidad que arroja sobre la naturaleza del mundo moral: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/etica_es_comportamiento/etica_es_comportamiento.asp

 

2.5 El Estado Democrático.

 

El artículo 1 de la Constitución Política declara que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma democrática y participativa. Reitera así lo que enuncia en el Preámbulo acerca del propósito que animó a los constituyentes de establecer “un marco jurídico democrático y participativo”. Como observé atrás, el artículo 3 deposita la soberanía exclusivamente en el pueblo, agregando que de él “emana el poder público” y que “la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

 

Uno de los propósitos principales del movimiento que dio lugar a la expedición de la Constitución en 1991 fue el de promover el tránsito de una democracia meramente representativa a una participativa que abriera amplio espacio a la manifestación de la voluntad popular. El capítulo I del Título IV se ocupa precisamente de las formas de participación democrática, tema sobre el que se vuelve XIII en torno de la reforma de la Constitución. Y dentro de esta tónica se inscribe, además, la insistencia en articular distintos mecanismos de democracia regional y local que desarrollan el concepto de autonomía de las entidades territoriales.

 

La lectura de los textos da a entender que se quiso profundizar en el ideal de democracia que planteó el presidente Lincoln en su célebre discurso de Gettysburg:"Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

 

Dos motivos, entre otros, llevaron a este importante cambio constitucional: la captura de las instituciones por una clase política corrompida que hizo del clientelismo el factor fundamental de su poder; la necesidad de superar el cierre que impuso un bipartidismo más que centenario para frenar nuevas corrientes políticas, sobre todo de tendencia izquierdista.

 

Observo, al margen, que a la luz de los acontecimientos recientes, ese primer propósito se frustró; el segundo, en cambio, dio lugar, en efecto, a la erosión del bipartidismo, que ha sido reemplazado por un esquema de dispersión de fuerzas políticas que deja mucho que desear. Con todo, no se logró la incorporación de todas las fuerzas contestatarias y, por consiguiente, la anhelada paz con las organizaciones subversivas que sirvió de leitmotiv para que la Corte Suprema de Justicia diera su aval a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Las Farc y el Eln no solo demandan mayor “apertura democrática”, sino que quieren todo el poder para ellos. Alegan que son el pueblo en armas.

 

 

Los debates acerca de cuál es la verdadera democracia y cómo se la estructura en la práctica son interminables. No es esta la oportunidad de abordarlos. Baste con señalar que la definición lincolniana es muy efectista, pero irreal, pues como observa Raymond Aron en “Democracia y Totalitarismo”, en ninguna parte del mundo el pueblo se gobierna a sí mismo, ya que toda sociedad se mueve en torno de la distinción entre gobernantes y gobernados, esto es, entre elites y masas. El tema básico no es, entonces, si el pueblo se gobierna a sí mismo, sino el grado de apertura de las elites gobernantes, que es asunto que desborda el marco constitucional y se inscribe dentro de condicionamientos culturales.

 

De ahí, el interés que reviste la distinción que formula C. J. Friederich entre la democracia como forma política y como forma de vida. Esta es condición necesaria de aquella.

 

Cabe entonces plantear la cuestión de si la  nuestra exhibe las características que se esperan de una sociedad democrática, lo cual, a mi juicio, suscita muchas dudas.

 

Es interesante observar que en el pensamiento político actual aparece reiteradamente la preocupación por la crisis de las democracias, los defectos que las mismas padecen y las soluciones que serían más deseables para acercar los sistemas reales a lo que se cree que sería el ideal. Pero pocos se preguntan hoy en día si, en sí misma considerada, la idea democrática sustenta la posibilidad de un gobierno óptimo de las comunidades. A menudo se echa mano del escepticismo de Churchill cuando afirmaba que “la democracia es el peor de los regímenes políticos, exceptuados los demás”.

 

En varios artículos de este blog me he ocupado de los vicios de que adolece nuestra democracia, a propósito de las recientes elecciones presidenciales y de congresistas. A ellos remito en gracia de brevedad.

 

Hay tres observaciones generales que considero pertinentes por ahora, a saber:

 

-Nuestro régimen democrático, a la usanza de los paradigmas occidentales, adolece de los defectos propios de un individualismo extremo que ignora el peso de las familias y los cuerpos intermedios en la comunidad política. El ciudadano puede o no votar, lo hace sin información y deliberación suficientes, sufre presiones y halagos de varia índole, vende su voto …

 

-La relación política se establece básicamente a través de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, que tienen el monopolio de las postulaciones de candidaturas, así como las ventajas de financiación estatal y acceso a medios de comunicación o el control de la organización electoral, a lo que se agrega lo que en escandalosa conversación de Juan Manuel Santos con dirigentes conservadores denominó las “municiones” para la guerra política, o lo que uno de sus ministros llamó la “mermelada”.

 

-La ley no escrita que vincula los resultados electorales al dinero que se invierte en las campañas, en cuya virtud la democracia se transforma en plutocracia. Esta, como es bien sabido, controla los medios de comunicación y, de ese modo, condiciona la “voluntad popular”.

 

Es evidente que el organigrama real de la distribución del poder en la sociedad está muy alejado del que parece derivarse de los textos constitucionales. No es osado, por consiguiente, afirmar que la soberanía del pueblo es uno más entre los mitos políticos que pueblan el espectro ideológico de nuestro tiempo.

 

En el fondo, es la noción misma de soberanía la que está en crisis como instrumento explicativo y justificativo del poder del Estado, del régimen democrático y la fuente última del Derecho.

 

Otro concepto que está en crisis es el de representación. En teoría, dadas las dificultades de todo orden para que el pueblo se gobierne a sí mismo, deben ordenarse las cosas para que en nombre suyo lo hagan representantes idóneos. Pero, según lo expuesto, dichos representantes terminan capturando el poder popular y representándose a sí mismos, fuera de que, por obra de los sistemas electorales, siempre quedarán sin vocería suficiente los sectores minoritarios de la opinión.

 

Las críticas a la democracia representativa han dado lugar a que se piense en implementar mecanismos de democracia participativa, que se acercaría más al ideal de democracia directa. Tal fue una de las motivaciones principales de nuestro proceso constituyente de 1991. Pero la Constitución, la Ley Estatutaria que la desarrolló en este punto y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, han puesto cortapisas que de hecho reducen significativamente su eficacia. Así se ha visto ahora, a raíz de las dificultades para encontrar una fórmula jurídica adecuada acerca de la participación de la ciudadanía para efectos de aprobar lo que llegue a acordarse con las Farc y el Eln en llos procesos de diálogo con sus dirigentes.

 

Por otra  parte, como lo ha puesto de presente Fareed Zacaria en “The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad”, el abuso de los mecanismos de la democracia participativa en los Estados Unidos suscita muchas dudas sobre la bondad de la extensión de esta figura.

 

Acorde con el escepticismo de Churchill, Popper ha observado que a su juicio la ventaja que ofrece la democracia sobre otras formas políticas es la posibilidad de salir de malos gobiernos, ya que sus periodos son limitados. A esto alude la fórmula del gobierno alternativo que era de usanza en las primeras constituciones modernas, en virtud de la cual la oposición tenía la posibilidad institucional de convertirse en gobierno a través del ejercicio honorable de las reglas del juego político, el “Fair Play” del que se ha ufanado la tradición británica.

 

Lo que acaba de suceder entre nosotros con los muy discutibles procedimientos de que se valió Juan Manuel  Santos para hacerse reelegir, siguiendo con ello la tendencia que se ha impuesto en Venezuela, Argentina, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, por no hablar de lo que sucede en otras latitudes, muestra que la democracia no protege de suyo contra los malos gobiernos, en la medida en que estos tengan la posibilidad de apoyarse en los estratos más incultos de la población.

 

Esto ha dado lugar a que en los últimos tiempos se hable de la presencia de “democracias iliberales”. Conviene señalar que los idearios democrático y liberal no son en sí mismos coincidentes. No tienen los mismos orígenes ni los mismos fundamentos ideológicos. De hecho, desde finales del siglo XVIII y a lo largo tanto del siglo XIX y el XX hubo pugnas entre ellos, de las que dan cuenta, entre otros, los escritos de Benedetto Croce y Guido de Ruggiero sobre el liberalismo. La democracia liberal es apenas una modalidad, que se contrapone a la totalitaria que estudió Jacob Talmon en un libro que ya es clásico:"Los Orígenes de la Democracia Totalitaria”.

 

Como una variante “suave” de esta, ha surgido la democracia “iliberal”, que mantiene en apariencia las formas liberales, pero distorsionándolas de tal modo que que se vuelven ineficaces en la práctica, pues en el fondo es hostil al pensamiento que las inspira.

 

 

 

2.6 El Estado Pluralista y Laico

 

El artículo 1 de la Constitución Política califica de “pluralista” la democracia que proclama. Y el inciso 2 del artículo 12 remata diciendo que “Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.

 

El pluralismo se opone al totalitarismo. Reconoce como natural y conveniente que haya diversidad de opiniones, de intereses, de agrupaciones dentro del Estado. Su fundamento radica en la libertad y en la idea de que el Estado no puede monopolizar todas las funciones sociales, no solo porque no sería capaz de ello, sino porque ese extremo sería perjudicial para la comunidad.

 

De ese modo, se reivindica la vieja idea católica de los cuerpos intermedios que se sitúan entre los individuos y las familias, por una parte, y el cuerpo político, por la otra. Esos cuerpos intermedios están llamados a satisfacer las necesidades que individuos y familias no pueden resolver adecuadamente por sí solos. Al Estado le correspondería, en razón del llamado principio de subsidiariedad, atender todo aquello que los individuos, las familias y los cuerpos intermedios no estén en capacidad de manejar, lo hagan insuficientemente o, por consideraciones de bien común, no convenga que asuman ellos.

 

Esta visión se opone a la que los revolucionarios franceses, siguiendo a Rousseau, pretendieron imponer, al tenor de la cual entre el cuerpo político y los individuos no debería haber instancias intermedias que se consideraban alienantes. Lo que a la postre mostró ser verdaderamente ruinoso para las libertades fue, más bien, esa idea que abrió el camino para que se instaurara la democracia totalitaria.

 

Los derechos de libre asociación (art. 38) y sindicación (art. 39), así como el régimen de partidos y movimientos políticos (arts. 107 a 111) y el de servicios públicos (art. 365) se hacen eco de este pluralismo en la Constitución.

 

El principio del Estado laico se inscribe también dentro de esta tendencia.

 

Según este principio, no hay religión oficial y ninguna goza de la especial protección del Estado.

 

Pero la fórmula que lo consagra en el artículo 12 atrás mencionado no puede interpretarse, como pretenden ciertos sectores doctrinales y jurisprudenciales, con los criterios que prevalecen sobre todo en los Estados Unidos y en Francia.

 

Como es bien sabido, la Constitución norteamericana fue probablemente la primera que declaró la neutralidad del Estado frente a la religión. Su Primera Enmienda dice al respecto: "El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de dichas actividades”.

 

Este texto ha dado lugar a variados y contrapuestos desarrollos jurisprudenciales, algunos de los cuales llegan al extremo de afirmar que en virtud de lo que ordena en el debate público son del todo inaceptables los argumentos basados en premisas religiosas e, incluso, toda manifestación de creencias y actividades de dicho género es inadmisible en el espacio público.

 

Sobre este delicado asunto, remito al libro “The Criminalization of Christianity”, de Janet L. Folger, que he comentado en otra ocasión en este blog. Pero hay algunos fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia indican cierta corrección de esta tendencia.

 

La Constitución norteamericana no es antirreligiosa. Su neutralidad en la materia obedece más bien al hecho de que en las 13 colonias no había una iglesia dominante, sino varias, lo que de hecho imponía el pluralismo. No faltan, sin embargo, los que consideran que el deísmo masónico de buen número de Padres Fundadores dejó su impronta en ella.

 

El caso francés es muy diferente, tal como lo evidencia el libro de Jean Sévillia, “Quand les catholiques étaient hors la loi”, al que creo haber hecho alusión en otra oportunidad. La Ley de Separación de la Iglesia y el Estado del 9 de diciembre de 1905 no fue fruto de una evolución pacífica, sino de un cuarto de siglo de rabiosa persecución masónica contra la Iglesia que ha tenido como resultado la descristianización de Francia (Vid. http://bibliothequedecombat.wordpress.com/2014/07/11/en-france-leglise-conciliaire-est-deja-morte/).

 

El caso colombiano es diferente. El Preámbulo de la Constitución Política, si bien reitera la fórmula de la Constitución norteamericana y la de nuestra Constitución de 1863 que aluden al Pueblo como suprema autoridad legitimadora del poder constituyente, invoca, como fórmula transaccional respecto del orden anterior, “la protección de Dios”.

 

Por consiguiente, la nuestra no es una Constitución atea, agnóstica ni excluyente de lo religioso en la escena pública. Y si bien es cierto que destronó a la Iglesia Católica del sitial que desde 1886 ocupaba, consagrando una libertad religiosa que de hecho existía desde muchas décadas atrás, al declarar en su artículo 70 que “La cultura en todas sus manifestaciones es fundamento de la nacionalidad” y que “El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país”, al tiempo que en el artículo 72 dispone que “El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado”, veda toda política de erradicación del sentimiento religioso y las tradiciones católicas que hacen parte sustancial de la cultura colombiana.

 

A la luz de estas disposiciones, no serían de recibo en nuestro país las medidas tendientes a retirar del espacio público los símbolos religiosos entrañablemente apreciados por las comunidades, o prohibir en el mismo las celebraciones católicas que hacen parte de la cultura popular.

 

Tampoco son de recibo las restricciones a la libertad de conciencia que el fanatismo de género pretende imponer en contravía del texto expreso del artículo 18 de la Constitución Política, que a la letra dice:

 

“Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie podrá ser molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni a actuar contra su conciencia”.

 

2.7 El Estado promotor de la Justicia y el Bien Común.

 

Las proclamas del Preámbulo y de los artículos 1, 2, 133, 365 y otros más aluden a los fines del Estado, que se resumen en el concepto de bien común.

 

Una larga tradición que remonta al nacimiento mismo de la especulación política en la Grecia clásica enseña que la racionalidad del poder solo puede establecerse a partir del examen de los propósitos que lo animan, que no deben ser otros que el servicio de las comunidades, el bien común.

 

Como es el pensamiento católico el que se ha encargado de mantener viva en nuestra civilización esta noble idea, no han faltado los intentos de degradarla, privándola de sus ingredientes morales y sustituyéndola por expresiones que se consideran más realistas, tales como las de interés general (art. 1), utilidad pública o interés social (art. 58), las cuáles pretenden darles gusto ora a los utilitaristas, ya a los socialistas. Pero, afortunadamente, el artículo 133 reprodujo la fórmula tradicional que ordena que los cuerpos colegiados de elección popular deberán actuar consultando la justicia y el bien común.

 

En la doctrina social católica se define el bien común como “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten, ya sea a la colectividad  como así también a sus miembros, alcanzar la propia perfección más plena y rápidamente”(Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, n. 164)(Vid. http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0937.pdf).

 

Se ha dicho que en el origen del pensamiento ético se halla la idea de la búsqueda de la excelencia, de la perfección.

 

La exhortación de Mt. 5, 48 (“Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto”), está presente, bajo diversas modalidades, en todo movimiento del espíritu humano hacia la obtención de la sabiduría y la plenitud de la trascendencia  que de ella se sigue (Vid. Roger Walsh, “The World’s Great Wisdom-Timeless Teachings from Religions and Philosophies”, Suny Press, NY, 2014).

 

Dice Walsh con sobra de razones que “la suerte de nuestra especie y de nuestro planeta puede depender de darle a la sabiduría una posición más destacada en en la vida personal y la pública”(p. 1), después de señalar, citando a T. S. Eliot, que sabiduría no equivale a conocimiento ni a información. Observo de pasada que los redactores del Preámbulo de nuestra Constitución Política parecen haber valorado  más el conocimiento que la sabiduría, pero esta queda reflejada en el texto constitucional, como he dicho, en la fórmula que mantiene la referencia a la justicia y el bien común.

 

El relativismo moral imperante ha difundido la tesis de que el bien no es susceptible de aprehensión racional, esto es, que no cabe subsumirlo, en términos cartesianos, dentro de ideas claras y distintas, dado que es asunto de preferencia subjetiva, de sensibilidad o de emoción, e incluso de apetencia o deseo. La diversidad de apreciaciones sobre lo que es bueno o malo impide entonces la formulación de una ética que desborde la descripción y la explicación causal de valoraciones, actitudes, comportamientos y costumbres, tratando de ir más allá en búsqueda de su justificación racional.

 

Pero, de ese modo, el cuerpo político y la normatividad jurídica que el mismo pretende imponer pierden todo sustento racional. Mejor dicho, su racionalidad sería apenas la de los nudos hechos: son como son, y basta. El poder se impone, de grado o por fuerza, y  pare de preguntar. Sirve a unos en detrimento de otros, porque así es.

 

El libro de Walsh, junto con muchos otros que sería prolijo traer a colación aquí, se rebela contra ese punto de vista que amenaza con la destrucción de nuestra especie y el mundo que nos rodea. Hay una ciencia que puede aprenderse estudiando las grandes religiones, sus tradiciones, las filosofías y las psicologías que de ellas se desprenden y las acompañan (p. 3). Esa ciencia puede dar respuesta a tres preguntas básicas.

 

-¿Qué es la sabiduría?

 

-¿Cómo se la cultiva?

 

-¿Cuáles son sus implicaciones para los individuos, la sociedad y el mundo?

 

En el Preámbulo de la Constitución Política se proclama que por medio de ella se busca garantizar “un orden político, económico y social justo”, vale decir, que con espíritu de sabiduría dé a cada cual lo suyo en las relaciones de la comunidad con sus integrantes, las de estos entre sí y las de todos con aquella.

 

La captación de lo justo es privilegio de los hombres sabios, a quienes en todas las agrupaciones tradicionalmente se les ha reconocido autoridad moral. Pero nuestras instituciones políticas no están diseñadas para que los llamados a decidir sobre la suerte de la sociedad estén dotados de sabiduría. Lo usual, más bien, es que tengan la sagacidad de las serpientes, la versatilidad de los camaleones y la voracidad de los lobos.

 

En “La Filosofía Política de Santo Tomás de Aquino” (p. 185), recuerda Eustaquio Galán y Gutiérrez algunos dichos de la sabiduría salomónica que vienen aquí como anillo al dedo:

 

-"El gobierno de los malos es la ruina de los hombres”, porque la maldad de los tiranos impide a los súbditos el perfeccionamiento de las virtudes.

 

-“Cuando los malos asuman el gobierno, el pueblo gemirá como caído en esclavitud”.

 

-“El mal príncipe es para el pueblo empobrecido como un león rugiente y un oso hambriento”.

 

-“Da lo mismo estar sujeto a un tirano que a un animal enfurecido”.

 

Precisa Galán “que lo esencial de la tiranía, según Santo Tomás, consiste en que el poder sea ejercitado en provecho particular de quien gobierna, con olvido del bien común”(p. 194).

 

A poco de escribir estas notas, leo en El Colombiano un excelente artículo de Juan David Escobar Valencia que muestra los efectos deletéreos que para las sociedades representa el hecho de que los peores lleguen a ejercer los altos cargos dentro del Estado. Invito a mis lectores a leerlo en http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/darwin_en_politica/darwin_en_politica.asp.

 

Llama la atención que el texto constitucional se esmere en proclamar que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” (art. 79), algo que hoy se considera políticamente correcto, y se desentienda, en cambio, de la conservación y el incremento de un medio anímico igualmente sano, porque es también políticamente correcto, en aras de la libre escogencia de las opciones morales y de la neutralidad del derecho frente al mundo moral, dar malos ejemplos; promover la corrupción de las costumbres; alentar a los depravados; pervertir a niños y jóvenes con la hipersexualización de la cultura; divertirlos con la violencia; ofrecer la droga como alivio para la presión que la sociedad contemporánea ejerce sobre los individuos;  y premiar a los malvados, exaltándolos, a sabiendas de sus defectos y sin considerar si exhiben virtudes que los contrarresten, a las más altas posiciones de mando dentro de la sociedad.

 

La Constitución Política se ocupa del desarrollo integral de los niños (art. 44), la formación también integral de  los adolescentes (Art. 45), y  al derecho de toda persona a la educación, que “formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia {…} para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (Art. 67), pero echa de menos la promoción de los altos valores del espíritu, los que configuran la sabiduría.

 

Ahora bien, según observa Paul Ricoeur en texto que menciono en mis “Lecciones de Teoría Constitucional”, la civilización nace de un impulso hacia lo alto. En consecuencia, perdido ese impulso, se degrada y desaparece.

 

Como lo diré en la tercera parte de estas notas, nuestra civilización política, la muy tenue de los colombianos, de la que Marco Palacios ha dicho que es apenas una delgada capa que nos recubre deficientemente, ha perdido toda impulsión hacia lo alto. Está degradada y en proceso de descomposición.

 

2.8 El Estado garante de la dignidad de la Persona Humana.

 

El artículo 1 de la Constitución declara que el Estado colombiano se funda sobre el respeto a la dignidad humana. Lo corrobora el artículo 5: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia, como institución básica de la sociedad”. Más adelante, el artículo 94, después de un largo listado de derechos y garantías, expresa: "La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no deben (sic) entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.

 

Nuestra Constitución Política es quizás la más generosa del mundo en materia de derechos y garantías. Los hay para todos los gustos y da pie para clasificarlos en varias categorías con miras a definir las condiciones jurídicas de su protección. Esta cuenta con un precioso aunque abusado instrumento: la acción de tutela.

 

Contrasta, desde luego, esta ampulosa manifestación de beatería jurídica y fetichismo constitucional, con la trágica realidad que se vive en Colombia. Ya lo había advertido este escribidor cuando en un ensayo publicado a raíz de la expedición de la nueva Constitución se atrevió a decir que, como en la conocida canción de Escalona, la Asamblea Constituyente nos ofreció “una casa en el aire”, pero “en obra negra”.

 

Hay tres nociones que es preciso examinar: la de persona humana, la de su dignidad, y la de derechos inherentes a ella.

 

En un diálogo de Eugenio Trías con Rafael Argullol, recuerda ese brillantísimo pensador peninsular que la noción de persona procede de los estoicos y tiene un denso contenido ético que a su juicio es indispensable rescatar en estos tiempos de crisis espiritual.

 

La axiología alemana de la primera mitad del siglo pasado hablaba de la persona como el sujeto abierto a la captación y realización de valores. Pensadores católicos del siglo XX, como Maritain y Mounier, desarrollaron un pensamiento similar, el primero, sobre bases tomistas; el segundo, bajo la influencia fenomenológica: la persona es el individuo que trasciende hacia una dimensión espiritual. No es naturaleza simple y llana, lo que es el individuo, sino naturaleza, por así decirlo, transfigurada que se abre a los demás y a su Alfa y Omega: Dios.

 

Kant desarrolló una concepción antimetafísica de la persona, al considerar simplemente un hecho:  "la persona moral es el sujeto racional libre, bajo el imperio de las leyes éticas"(Vid.http://www.filosofia.org/aut/003/m49a1297.pdf).

 

Sea que se la mire desde la perspectiva metafísica, ya desde la del criticismo kantiano, la idea de persona está referida, en todo caso, a una dimensión ética.

 

Pero, de hecho, en buena medida la regulación jurídica se desentiende de estas distinciones y toma nota, simple y llanamente, del individuo como tal, independientemente de si se sujeta o no al imperio de las leyes éticas.

 

Más consecuentes fueron los redactores de la “Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano” y los de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, aunque esta última utiliza indistintamente las expresiones individuos, seres humanos y personas.

 

La idea de dignidad de la persona humana se ha difundido a partir de una reflexión que hace Kant: las cosas tienen precio; no así, las personas, que tienen dignidad. Su valor es, por consiguiente, infinito.

 

“Desde Kant, el término 'persona' sirve, además, para designar, en todos los niveles de la cultura general alemana, que todo ser humano es "un fin en sí mismo", es decir, una realidad por derecho propio y con una dignidad específica, con independencia de su clase, ideología, religión, raza o nación, y del grado de impedimentos con que se encuentre desde el comienzo de su  existencia”(Vid. Heinrich Kanz-Immanuel Kant http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/kants.pdf)

 

No es difícil rastrear los orígenes cristianos de esta valoración del ser humano como “fin en sí mismo” y titular de una dignidad que hace de él un sujeto dotado de valor absoluto. No es sino leer el Evangelio de San Juan o las Epístolas de San Pablo para darse cuenta de ello, motivo por el cual Nietszche lo calificó como un “cristiano alevoso”.

 

Pero, dado el talante antimetafísico y logicista del pensamiento kantiano, la cuestión asume en este otras coloraciones: la dignidad del hombre se funda en su racionalidad, su libertad y su cualidad de sujeto en cuyo interior se hace presente la ley moral.

 

Ya Aristóteles reconocía que la condición de animal racional le da preeminencia al hombre respecto de los demás seres de la naturaleza, si bien pensaba que no todos los seres humanos son igualmente racionales y que el déficit de racionalidad justifica tratos desiguales. Son el Estoicismo y el Cristianismo los que promueven la idea de que todos somos racionales e iguales. Esta última no deja de ser una idea metafísica (la igualdad esencial, más allá de las diferencias que evidentemente existen entre los individuos). Pero no son la racionalidad y la igualdad las determinantes de la dignidad, sino la libertad de obrar trazándose sus propios fines y ajustándolos a la ley moral presente en su interioridad.

 

Los seres vivos actúan de modo finalístico, pero es un modo trazado de antemano por su naturaleza y al que no pueden escapar. El hombre, en cambio, elige libremente sus fines, que son muy variados. Pero esos fines solo son racionales si se ajustan a la ley moral, libremente asumida pero presente en su conciencia. Y también acá resuenan ecos del pensamiento clásico, tal como fue transmitido y reelaborado  por el pensamiento cristiano.

 

La variación estriba en que, según Kant, la conciencia no recibe la impronta de la ley moral por obra de Dios, sino de un modo misterioso que se pone de manifiesto en los famosos imperativos categóricos de la razón práctica, tan dictatoriales y  arbitrarios, según Maritain, que Hegel llegó a decir que Robespierre, el sanguinario promotor de la virtud cívica, era “Kant en acción”.

 

Los neokantianos coinciden en que la dignidad es un valor. Por consiguiente, lo que de ella se diga entraña juicios de valor, que según el dogma kantiano no pueden sustentarse en hechos, habida consideración del abismo lógico que separa el ser del deber ser. Y la opinión corriente hace todo lo contrario, afirmando que la dignidad humana reposa lógicamente sobre la calidad de sujeto moral.

 

Me he detenido en esta fatigosa reseña para mostrar, por una parte, que el dogma de la dignidad de la persona humana se elabora a partir de una compleja y quizás incorrecta argumentación filosófica,y que, por otra, en últimas su fundamento es religioso, específicamente judeo-cristiano o, quizás, principalmente cristiano.

 

Hay fundamentos más plausibles y menos comprometidos tanto desde el punto de vista teológico como el filosófico. Tal es el caso de la piedad o la caridad, que justifican la consideración para con el que sufre, el débil, el menesteroso. En otros casos, la justificación habría que buscarla en datos antropológicos que, en buena medida, dan cuenta de la naturaleza humana, e incluso en consideraciones pragmáticas sobre lo que más pueda convenirles a las sociedades o sobre lo que estas en capacidad de garantizar.

 

Tal es sentido de la encuesta que realizó la Unesco entre pensadores de distintas vertientes culturales y doctrinarias, con miras a sentar las bases de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que aprobó la ONU en 1948 (Vid. “Los Derechos del Hombre”, Editorial Laia, Barcelona, 1976).

 

En mis “Lecciones de Teoría Constitucional” llamé la atención sobre la respuesta que dio Gandhi a la solicitud que le hizo Julián Huxley para que colaborara con tan importante esfuerzo. Alegando su física falta de tiempo para evacuar el encargo, se limitó a decir algo que vale por todo lo que se dijo en el libro, a saber:

 

“De mi ignorante pero sabia madre aprendí que los derechos que pueden merecerse y conservarse proceden del deber bien cumplido. De tal modo que somos solo acreedores del derecho a la vida cuando cumplimos el deber de ciudadanos del mundo. Con esta declaración fundamental, quizá sea fácil definir los deberes del Hombre y la Mujer y relacionar todos los derechos con algún deber correspondiente que ha de cumplirse. Todo otro derecho será una usurpación por la que no merecerá la pena luchar”(ps. 33-4).

 

Observo que acerca del tema de la dignidad se ha producido una alarmante devaluación del concepto. Como digo, en parte su origen es religioso y ha tenido un importante desarrollo en la filosofía cristiana, tal como lo pone de presente Javier Hervada en  “La Dignidad y la libertad de los Hijos de Dios” (Vid.http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/6488/1/IV-DIGNIDAD.pdf). Pero, en la práctica, la dignidad se ha convertido en un comodín que sirve para justificarlo todo: es propio de la dignidad de la persona humana reconocerle a la mujer el sacrosanto derecho de de destruir la vida que alienta en sus entrañas. Tal elasticidad del concepto lo hace, como dicen los lógicos, poco operativo.

 

¿Cuáles son los derechos inherentes a la persona humana? ¿Qué se deriva lógicamente de esta noción?

 

La cita  de Gandhi pone de manifiesto una concepción que podría denominarse minimalista: tenemos derecho a la vida para cumplir nuestros deberes. Para el cristiano, la salvación del alma es lo más importante en la vida; por consiguiente, el derecho fundamental toca ante todo con el espíritu (Mt. 16, 26: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?; Mc. 8,36: ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida?).La Declaración de Independencia de los Estados Unidos  nos dice:"Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados…” Por su parte, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano proclama en su artículo 1 que los derechos naturales e imprescriptibles son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. A partir de ahí, la lista se ha venido ampliando o restringiendo al tenor de diversas concepciones ideológicas y de acciones políticas. Digamos que hoy prevalece una concepción maximalista, especialmente por el poder que la noción de derechos fundamentales les otorga a los jueces. Así, en un fallo perverso como pocos, nuestra Corte Constitucional se atrevió a considerar que hay un derecho fundamental de drogarse en la intimidad. Se lo puede consultar a través del siguiente enlace:http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-221-94.htm.

 

Insinué atrás que la Antropología y, en general, las Ciencias del Hombre, nos pueden ofrecer datos significativos sobre las tendencias y necesidades humanas básicas, muchas de ellas comunes a todas las agrupaciones, de donde podría resultar a través de la inducción la idea de que en efecto hay una naturaleza humana de la que todos los de nuestra especie participamos. Por supuesto que para los seguidores de Kant este hecho no puede dar lugar al sustento de juicio de valor alguno; pero los que creemos, al tenor de la tradición aristotélico tomista, que el valor está inscrito en el ser como perfección suya, encontramos que esos datos son significativos para proteger la vida humana y reconocerle su significado trascendente.

 

Desafortunadamente, como consecuencia de la dogmática kantiana, tal vez no querida ni prevista por su famoso inspirador, en el pensamiento contemporáneo ha hecho carrera la idea de que, al carecer de esencia natural por su condición libre, el ser humano está abierto a toda clase de posibilidades de autoconfiguración y autorrealización, siendo entonces enteramente maleable. Ontológicamente, es una forma vacía, la Nada sartreana, según lo explica Luc Ferry al hacer hincapié en la indeterminación como fundamento de la libertad.

 

Esta conclusión va más allá del famoso dictum de la filosofía alemana de la cultura, basada en Hegel y coreada por Ortega, a cuyo tenor “El Hombre no es Naturaleza, sino Historia”. Por consiguiente, sus determinaciones proceden de la cultura en que vive, la que él mismo crea. La idea es sobrepasar no solo los determinismos naturales, sino también los culturales.

 

Sobre estas premisas, se ha impuesto en la actualidad una Antropología Cultural que considera que toda cultura es artificial y que la misma se puede modelar arbitrariamente, lo que daría lugar, por ejemplo, a negar las funciones naturales de la diversidad sexual, o a  la idea de que no hay familia natural, lo que permitiría reestructurarla ad libitum por los controladores del poder público. Ahí está uno de los gérmenes de la ideología LGTBI que pretende imponerse en todas partes por vías que no es excesivo calificar como totalitarias.

 

Esto indica que la concepción actual de los derechos se funda, más que en rigurosas premisas filosóficas, en ideologías que no ganan adhesión  propiamente a través de la persuasión racional, sino más bien por medio de los variados y a veces muy sutiles mecanismos de control de la opinión pública.

 

No obstante ello, suele acudirse, también con base en Kant, a la elaboración deductiva de la teoría de los derechos, apoyándose en premisas tan elásticas como las de dignidad, libertad e igualdad.

 

Michel Villey ha advertido sobre los errores que entrañan la ontologización de los derechos (considerarlos como entidades con sustancia propia, error que le atribuye a Suárez) y su fundamentación por vía deductiva, en su polémico escrito sobre “Le Droit et les Droits de l´Homme”. Según su punto de vista, el tema de los derechos no es de ciencia, sino de prudencia, entendido ello en los términos que acuñó Aristóteles.Y mal puede deducirse de la esencia del hombre derecho alguno, puesto que el derecho no es sustancia, sino relación.  (Vid.http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/12761/1/PD_25-2_08.pdf)

 

Hay varios aspectos de la cuestión que ameritan mencionarse aquí.

 

En primer lugar, la conexión de los derechos con la moralidad. La relación de la Moral con el Derecho es uno de los grandes temas de debate filosófico y da lugar a distintas opiniones, desde la que predica una sumisión total del segundo respecto de la primera, hasta la que afirma que son dos órdenes completamente separados el uno del otro.

 

Pues bien, en los últimos tiempos ha hecho carrera la tesis de que los derechos fundamentales son derechos morales, pero no en el sentido de que ellos constituyan desarrollo de preceptos morales, sino en el de que es inmoral limitarlos o vulnerarlos, pues ello implicaría desconocer la tolerancia, que es el valor supremo dentro de una sociedad pluralista. Esto significa entonces que la regla básica de convivencia dentro de lo que se estima como una sociedad civilizada podría enunciarse de esta manera:"Prohibido prohibir, prohibido censurar”. Pero también significa, ni más ni menos, el desconocimiento de la naturaleza de la normatividad moral, que se estructura no solo a través de mandatos, sino también de prohibiciones, unos y otras tendientes a imponer por la vía de la presión social inorgánica cierto orden en las costumbres y la vida personal, con miras a domeñar nuestros instintos.

 

De hecho, con esta postura se pretende erradicar la moralidad cristiana, que aspira a espiritualizarnos, para reemplazarla, como ha señalado Lipovetsky, por una moralidad del placer. Esta prescinde del ideal de la espiritualidad  y sacraliza las pulsiones generadoras del deseo. Mas, como lo señala Charles O. Tart,"Nuestra cultura, nuestra psicología, ha desterrado la índole espiritual del hombre, pero el costo de este intento de suprimirla ha sido enorme”, pues “gran parte de la angustia de nuestro tiempo proviene de un vacío espiritual”(Charles T. Tart, “Psicologías Transpersonales-Las tradiciones espirituales y la psicología contemporánea”, Paidós Orientalia, Barcelona, 1994, p. 13).

 

En segundo lugar, la interrelación de los derechos y los deberes, que se destaca en el pensamiento de Gandhi y que Trías explica con agudeza al señalar que la idea de libertad está inextricablemente ligada con la de responsabilidad. La libertad consiste, en efecto, en la capacidad de responder de modo racional frente a las circunstancias de la vida. Y no otra cosa es la responsabilidad. Es tema sobre el que también insiste Villey y que no es ajeno a nuestro ordenamiento constitucional, dado que el artículo 95 proclama que “El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades”, e impone, además, el deber de “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.(Observo, entre paréntesis, que en la codificación que utilizan la Corte Constitucional y muchos jueces de tutela parece que faltan las páginas correspondientes a este artículo).

 

Dice  Miguel Podarowsky que “Desde el punto de vista cristiano, los «derechos» humanos necesariamente están vinculados con los «deberes» humanos, pues entre ellos existe una correlación”(Vid.http://www.fundacionspeiro.org/verbo/1990/V-287-288-P-1073-1126.pdf).

 

En tercer lugar, la puesta en práctica de los derechos, que a menudo demanda gastos ingentes, como en el caso de los derechos sociales; otras veces, se trata de derechos ilusorios o que entran en contradicción unos con otros. Piénsese tan solo en el artículo 51 que garantiza la vivienda digna para todos los colombianos, o en el derecho a la paz que proclama el artículo 22.

 

No dudo que estas observaciones van en contravía de la opinión dominante, para la que en buena medida los derechos son objeto de culto, una verdadera religión (Vid. Guillaume Faye,“La Religión de los Derechos Humanos”; http://documentos.morula.com.mx/wpcontent/uploads/2012/07/CC.72.Marzo2005-Un-Buscador-de-la-Ciudad-de-los-C%C3%A9sares.pdf;http://documents.pageflipflap.com/zh5/96826#.U8RdAfm-2m4).

 

Es necesario, sin embargo, reflexionar juiciosamente sobre estos tópicos, pues en buena medida la crisis de la institucionalidad que adelante examinaré toca con ellos.

 

2.9 El Estado articulado a través de la Separación y la Colaboración de Poderes dentro del esquema del Régimen Presidencialista.

 

El artículo XXX de la Declaración de Derechos de Massachusetts dice:

 

"En el gobierno de esta comunidad, el departamento legislativo nunca ejercerá los poderes ejecutivo y judicial, ni cualquiera de ellos; el ejecutivo nunca ejercerá los poderes legislativo y judicial. ni cualquiera de ellos; el judicial nunca ejercerá los poderes legislativo y ejecutivo, ni cualquiera de ellos; el gobierno deberá ser de leyes y no de hombres".

 

Sostiene el profesor Jellinek (“La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano-Estudios de Historia Constitucional Moderna", Editorial Nueva España, México) que el célebre artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, según el cual la sociedad en que no esté consagrada la separación de poderes carece de Constitución, se inspiró en el texto citado de la Declaración de Derechos de Massachusetts.

 

Si bien es cierto que la separación de poderes en los Estados modernos cuenta con significativos antecedentes en la tradición británica, tal como la interpretó Montesquieu en “El Espíritu de las Leyes”, la idea de separar nítidamente los poderes legislativo, ejecutivo y judicial es, sin lugar a dudas, de origen norteamericano.

 

Como lo expresa la Declaración de Massachusetts, su propósito es instaurar un gobierno que sea de leyes y no de hombres. Esta idea se traduce la soberanía de la ley, llamada a reemplazar la del monarca y a poner término al régimen despótico del mismo.

 

Observo de pasada que, por una parte, si todo gobierno es de hombres sobre hombres y son ellos los que hacen y aplican las leyes, la idea de una soberanía de ley parece entonces irreal; por otra, no del todo cierto que el régimen de la monarquía, incluso la absoluta que impuso Luis XIV en Francia, fuese lo despótico que dijeron los revolucionarios franceses, quienes impusieron unos regímenes muchísimo más arbitrarios que el del infortunado monarca que decapitaron. En realidad, la monarquía estaba sometida a distintas limitaciones y ninguno de los que la ocuparon llegó a gozar de un poder tan desbordado como el que ejerce hoy un jefe de gobierno.

 

La separación de poderes ha sufrido muchas vicisitudes en los más de dos siglos que lleva de ejercicio. ha terminado decantándose en dos modelos básicos: el presidencialista, que aparentemente la enfatiza, y el parlamentarista, que tiende a relativizarla. En la práctica, sin embargo, como lo han puesto de presente los constitucionalistas franceses, ambos modelos le dan realce al poder ejecutivo.

 

En pro de la separación de poderes militan dos grandes consideraciones: la limitación del poder, que no obstante sus dificultades y distorsiones, es indispensable para la salvaguarda de los derechos; y la racionalización del mismo, habida consideración de la necesidad de especializar las tareas gubernamentales.

 

La preocupación de Montesquieu es cada vez más válida: todo individuo que ejerce el poder tiende a extralimitarse y es necesario imponerle límites que obren en el seno del poder mismo. Y si este se torna absoluto, se corrompe absolutamente, según célebre observación de Lord Acton.

 

Por otra parte, un dicho célebre afirma que “La deliberación es cosa de muchos; la ejecución, en cambio, es tarea de uno solo”. En consecuencia, hay que organizar de distintas maneras el poder deliberante, que es de la esencia de la función legislativa, y el ejecutivo, cuyo propósito es la puesta en práctica y la administración de lo que se decida en las leyes.

 

Además, como la tarea de administrar justicia requiere conocimientos específicos, amén de independencia e imparcialidad, lo apropiado es encomendarla a  autoridades que puedan ejercerla con autonomía frente a  presiones políticas emanadas de distintos frentes.

 

El esquema básico de autoridades legislativas , ejecutivas y judiciales, con sus respectivas especializaciones funcionales, sufre muchas variaciones en los ordenamientos constitucionales y, específicamente, en el nuestro. La Constitución Política, en efecto, va más allá de la división tripartita del poder a través de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, al decir que fuera de los órganos que las integran habrá otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Además, la especialización funcional no es rigurosa, pues cada rama y órgano independiente ejerce atribuciones de varia índole que no son exclusivamente legislativas, ejecutivas o judiciales. Ello, en virtud del principio de colaboración armónica que consagra el artículo 113 de la Constitución Política.

 

En realidad, la división tripartita de las funciones estatales resulta insuficiente y se hace necesario pensar en una clasificación más amplia, como la que diferencia la función constituyente, la legislativa, la gubernamental o política, la administrativa, la jurisdiccional, las de control y la electoral.

 

La separación de poderes se instrumenta de distintas maneras: por la autonomía de las funciones; por el origen de sus titulares, por los controles recíprocos entre unos y otros. El profesor Lowenstein ha propuesto una interesante clasificación de estos últimos: controles intraorgánicos, que obran en el interior de cada rama, como el sistema bicameral o los recursos ante los superiores; controles interorgánicos, de una ramas u órganos de control sobre otros, como las acciones de inconstitucionalidad o de nulidad, el juzgamiento de altos funcionarios por el Congreso, las objeciones a  proyectos de ley, etc.

 

Estos controles configuran los pesos y contrapesas que Montesquieu consideraba necesario establecer con miras a impedir las extralimitaciones del poder.

 

Unos de ellos se regulan de modo expreso en la Constitución, pero su funcionamiento sufre distorsiones de distinto orden. Hay también controles informales e irregulares, como los que ejercen los congresistas para extorsionar a los gobiernos o los que estos utilizan para corromperlos.

 

Como en muchos otros temas constitucionales, la teoría va por un lado y la práctica va por otro. De hecho, a pesar de las restricciones que la Asamblea Constituyente pretendió imponerle al gobierno, este dispone de enormes poderes fácticos que le permiten influir no solo sobre el Congreso, sino sobre las altas cortes de justicia y los organismos de control, tal como lo ha demostrado Juan Manuel Santos.

 

Colombia tiene una larga tradición presidencialista. Salvo en algunas constituciones de la primera época de la independencia (la “Patria Boba”) y durante la vigencia de la Constitución de 1863, nuestros ordenamientos políticos han realzado la figura del Presidente. La Constitución actual pretendió atenuar el poder presidencial, pero de hecho no lo logró.

 

Aunque tal no fue el propósito de los famosos Padres Fundadores de la Constitución de los Estados Unidos al instituir la figura del Presidente, en la práctica ella prolonga el espíritu de la Monarquía. El Presidente es en el fondo un monarca republicano.

 

Se cuenta que una vez aprobada la Constitución de 1886 alguno le dijo a Don Miguel Antonio Caro, su inspirador, que acababan de instituir una monarquía, a lo que él replicó que sí, pero “desafortunadamente, electiva”.

 

En la Teoría Constitucional al Presidente se lo designa como titular de un ejecutivo monista, que en nuestro régimen acumula las calidades de Jefe de Estado, Jefe del Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (Art. 189 Const. Pol.). Como dice el artículo 188, simboliza la unidad nacional.

 

También en la Teoría Constitucional se señala que, en razón del voto directo de la ciudadanía que lo elige, el Presidente ejerce un liderazgo que le confiere especial fuerza política frente al Congreso, ya que sus miembros de hecho representan a distintas parcialidades, si bien el artículo 133 proclama que son representantes del pueblo y deben votar consultando la justicia y el bien común.

 

Los antecedentes medievales de los congresos y parlamentos se encuentran en cuerpos representativos de estamentos sociales que interactuaban con los monarcas y convenían con ellos lo relacionado con sus reclamos. Los congresos y parlamentos se han concebido, pues, como cuerpos representativos de las comunidades a los que se encomienda la deliberación con los gobernantes y, de hecho, la limitación de su poder. En virtud de evoluciones posteriores, en ellos se ha radicado el poder legislativo, aunque no necesariamente con exclusividad, y se les ha adjudicado una supremacía nominal sobre los gobiernos.

 

Esa supremacía parece más nítida en los regímenes parlamentarios, aunque el análisis político muestra que en los mismos el gobierno es el que en realidad lleva las riendas de la vida parlamentaria. Pero también en los regímenes presidencialistas hay un aparente predominio del congreso, ya que este es en principio el legislador, aprueba los presupuestos y los tributos, goza de distintos poderes para controlar a los gobiernos e incluso ejerce la jurisdicción penal sobre altos funcionarios. Y, también de hecho, ese aparente predominio se contrarresta por los múltiples recursos formales e informales que están a disposición del ejecutivo.

 

El quid del asunto reside en que se ha desvirtuado en la práctica el carácter representativo de los congresistas, que integran lo que Mosca ha llamado la  clase política (Vid. Gaetano Mosca: http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/Laclasepolitica.pdf), que se representa a sí misma, está principalmente interesada en su permanencia a través de la reelección, actúa con espíritu de cuerpo, se adjudica privilegios y manipula en su favor las elecciones.  Eso explica por qué, no solo entre nosotros, sino también en Estados Unidos y otros países, los cuerpos colegiados de supuesto carácter representativo sufren, de acuerdo con las encuestas, enorme descrédito.

 

Tenemos, pues, que de hecho no hay tal separación de poderes entre gobiernos y congresos o parlamentos, sino más bien un régimen en que aquellos predominan sobre los segundos.

 

Por el lado jurisdiccional también han aparecido graves distorsiones respecto del esquema teórico.

 

La Revolución Inglesa de 1688 tuvo dentro de sus motivaciones la injerencia que pretendió imponer Jacobo II sobre los tribunales, por lo cual se decidió garantizarles a los integrantes de la administración de  justicia su independencia a través de su nombramiento de por vida por parte del monarca. Conviene recordar que una de las medidas que adoptó Guillermo el Conquistador fue la eliminación de la justicia señorial, a la que reemplazó por jueces nombrados por el rey, y que en Inglaterra el derecho consuetudinario robusteció el poder de los jueces, como encargados de identificar, interpretar y aplicar las costumbres, lo que a su vez dio lugar a un derecho pretoriano basado en los precedentes. Lo que hizo la llamada “Gloriosa Revolución” fue entonces reiterar una tradición de independencia judicial fuertemente arraigada que aun se mantiene en ese país.

 

También en Francia la monarquía les arrebató a los señores la administración de justicia, lo que dio origen a los parlamentos, que gozaban de distintos privilegios, como el registro de los edictos reales. De ese modo, en el siglo XVIII representaron poderosos obstáculos a las pretensiones absolutistas de los monarcas. Los revolucionarios tomaron nota de ello y , a diferencia de lo que se hizo en Inglaterra, resolvieron poner en cintura a los jueces, prohibiéndoles que se inmiscuyeran en asuntos propios de los demás poderes y restringiendo su papel, como ya lo había proclamado Montesquieu, a “ser la boca de la Ley”.

 

Esta idea ya estaba presente en el texto atrás citado de la Declaración de Massachusets: el juez no puede ejercer poderes legislativos ni ejecutivos; su función se limita a aplicar la Ley en los asuntos contenciosos.

 

En la Constitución se dispuso que “El poder judicial de los Estados Unidos será depositado en una Corte Suprema y en las Cortes inferiores que el Congreso instituya y establezca en lo sucesivo” y que “El Poder Judicial entenderá en todas las controversias, tanto de derecho como de equidad, que surjan como consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos”( Artículo III, Secciones 1 y 2).

 

En el artículo VI se dijo los siguiente:

 

“Esta Constitución, y las Leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella; y todos los Tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la Ley Suprema del país; y los Jueces de cada Estado estarán por lo tanto obligados a observarlos, sin consideración de ninguna cosa en contrario en la Constitución o las leyes de cualquier Estado.”

 

Con base en este enunciado, la Corte Suprema de Justicia falló en 1803 en el célebre caso Marbury vs. Madison, con ponencia del juez Marshall, que su competencia judicial incluye la posibilidad de declarar cuál es el contenido de la Constitución como Ley Suprema y de confrontar con el mismo el de cualquier ley del Congreso, con miras a decidir la supremacía de aquella y si el acto confrontado es en realidad una ley o es un acto abusivo.

 

Por esta vía, abrió el camino de una jurisdicción constitucional no prevista de modo expreso por la Constitución y a que terminara imponiéndose por vía jurisprudencial lo que otro juez, Charles Evans Hugues, dictaminó años después: que la Constitución es lo que los jueces decidan que es.

 

Esta evolución muestra de modo fehaciente lo que Bertrand de Jouvenel ha observado sobre el crecimiento natural del poder.(De Jouvenel, Bertrand, “Du Pouvoir-Histoire naturelle de sa croissance”, Le Livre de Poche, Paris, 1972). En rigor, podría hablarse de un crecimiento abusivo, como lo previó Montesquieu. Pero acá no se trata de excesos de poder en beneficio personal de sus detentadores, sino que obedecen a cierta dinámica que fluye de los principios mismos, que tienen una fuerza expansiva similar a la de los gases.

 

Así, sentada la tesis de que la Constitución implícitamente le otorga a la Corte Suprema de Justicia la tarea de velar por su integridad como Ley Suprema del Estado, a falta de normatividad que regule este cometido, la Corte misma lo ha venido haciendo, valiéndose de la doctrina de los “poderes implícitos”, en cuya virtud las autoridades no solo hacen lo que expresamente se les autorice, sino todo aquello que resulte necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Y, a partir de estas consideraciones, se ha elaborado toda una teoría jurídica sobre la naturaleza, los alcances y los efectos de la revisión constitucional de las leyes.

 

Un aspecto muy significativo de esta teoría es la tesis según la cual la revisión constitucional no es de índole propiamente judicial, sino que de algún modo participa del poder legislativo, dado que tiene como uno de sus efectos posibles el retiro de una ley del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, se habla de una participación negativa de la Corte en la tarea del legislador, por medio de la cual ella puede decir que una ley no es verdadera ley u ordenar que deje de serlo. Y una vez que se impone, por otra parte, cierta teoría sobre la Constitución como hoja de ruta de la sociedad hacia el futuro o, al menos, como instrumento destinado a resolver los problemas que plantea la convivencia en sociedades que son de suyo cambiantes, se va legitimando cierto activismo llamado a desentrañar su más recóndito significado y a darle vida. Es lo que Dworkin ha denominado en un texto célebre, tomar los derechos en serio.

 

Pero esta idea de tomar los derechos en serio, a fin de que no sean letra muerta ni queden registrados en meras declaraciones de principios, y se los plasme efectivamente en la vida de relación gracias al activismo judicial, deriva ineludiblemente en lo que se ha denominado el Gobierno de los Jueces y debería de llamarse más bien la Dictadura Judicial, de la que en nuestro país se han visto manifestaciones elocuentes.

 

En el siglo XIX, los promotores de la Escuela Histórica del Derecho en Alemania, con Savigny a la cabeza, postulaban que el Derecho debe emanar del Volkgeist, el Espíritu del Pueblo, y mantenerse en concordancia con el mismo. Estaban en lo cierto al afirmar que los ordenamientos jurídicos son productos culturales y solo es posible comprenderlos dentro de los contextos de las culturas que los engendran y en medio de las cuales se los vive.

 

 

Erraron, sin embargo, al sostener que ellos surgen de la cultura popular, lo que rara vez sucede, y al pensar que ella es manifestación de un espíritu con rasgos ontológicos propios y muy vigorosos. Dejando de lado este tema metafísico, hay que señalar que la cultura jurídica, determinante del ordenamiento en derecho de cada sociedad, suele ser más elitista que popular, como lo pone de manifiesto el excelente escrito de  Alejandrino Fernández Barreiro que lleva por título “UN DERECHO SIN ESPACIOS: DERECHO ROMANO,IUS COMMUNE y DERECHO COMÚN EUROPEO”(Vid.  http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2307/1/AD-8-18.pdf).

 

Aunque desde el punto de vista formal la fuente principal de la normatividad jurídica es la ley aprobada por el Congreso, en este juegan importante papel los egresados de las facultades de Derecho, lo mismo que en los proyectos de legislación que se preparan en el seno del gobierno. También proceden, desde luego, de dichas facultades los encargados de administrar justicia. Por consiguiente, de su buena formación o de sus deformaciones profesionales dependen en gran medida la calidad  y los contenidos de la legislación, los reglamentos y los fallos judiciales, que en gracia de la ficción de la representación popular dicen derivar su autoridad de la voluntad del pueblo.

 

En realidad, es la voluntad del estamento de los juristas la que se hace pasar como voluntad de todos. Ellos imponen sus valores, sus ideologías, sus percepciones y diagnósticos acerca de la realidad circundante, sus utopías y, en fin, sus intereses, sobre el resto de la sociedad. Para ello, acuden a un subterfugio consistente en proclamar que esas imposiciones no son otra cosa que desarrollos lógicos de las declaraciones de principios formuladas en la Constitución, interpretadas, eso sí, como ellos quieren y no necesariamente como las entendería el ciudadano de a pie.

 

Una fuente indirecta que cada día cobra mayor importancia es de carácter internacional. Las organizaciones políticas y técnicas o profesionales del ámbito internacional tienen dentro de sus funciones la de elaborar proyectos normativos que por distintas vías no solo se sugieren, sino que se imponen en las esferas nacionales, de suerte que a menudo las autoridades internas se limitan a dar su asentimiento a lo que en otras instancias se ha decidido.

 

Ejemplo de ello es la imposición de los programas de la ideología de género, que en unas partes se lleva a cabo a través de la legislación, mientras que en otras se la decide por medio de sentencias judiciales. Así, dada la resistencia de nuestro Congreso para introducir el matrimonio homosexual, se acudió a ordenar su regulación a través de la Corte Constitucional, tal como se dispuso acerca de la despenalización del aborto.(Vid. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-577-11.htm;http://www.elabedul.net/Documentos/Temas/Aborto/Corte_Constitucional.pdf).

 

No cabe duda de que estas iniciativas hacen parte de la agenda masónica orientada hacia la erradicación del Cristianismo y, en particular, la destrucción de la Iglesia Católica. Una vez destruida la familia cristiana, la civilización misma terminará degradándose y cambiando de signo.(Vid. http://blog.adw.org/2011/04/civilization-killers-on-the-decline-of-three-basic-cultural-indicators-and-what-it-means-for-america/).

 

Hay tres temas que conviene mirar a propósito de la Rama Judicial, así sea a vuelo de pájaro: su estructura, su integración, su funcionamiento.

 

La Rama Judicial se divide en varias jurisdicciones especializadas. La jurisdicción ordinaria se integra con la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y los diferentes Juzgados inferiores; la jurisdicción de lo contencioso administrativo se estructura a través del Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos. Existe también la Jurisdicción Penal Militar. Y, por fuera de estas estructuras, están la jurisdicción constitucional, en cabeza de la Corte Constitucional, y la Fiscalía General de la Nación, encargada de la investigación de los delitos y la acusación de los responsables ante los jueces penales. Hay que considerar, además, las atribuciones judiciales del Congreso, la Contraloría General de la República y las autoridades administrativas, los jueces de paz y la justicia arbitral ejercida por particulares.

 

La administración de la Rama Judicial y el poder disciplinario sobre sus integrantes le corresponden al Consejo Superior de la Judicatura, que es un cuerpo bifronte compuesto de una Sala Jurisdiccional Disciplinaria y otra Administrativa, de origen político la primera y originada en la propia rama la segunda.

 

Mientras que el Presidente de la República y los miembros del Congreso son elegidos directamente por la ciudadanía, para la elección de titulares de los oficios judiciales operan varios procedimientos. La elección popular se prevé como posibilidad únicamente para los jueces de paz (Art. 247).

 

La elección de magistrados de la Corte Constitucional corresponde al Senado, de ternas enviadas por el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Al Fiscal General lo elige la Corte Suprema de Justicia de ternas que le envía el Presidente de la República. Y al Consejo Superior de la Judicatura le competen la administración de la carrera judicial y la elaboración de listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales por las diferentes jurisdicciones, excepción hecha de la justicia penal militar.

 

Remito a un sesudo artículo de José Rafael Espinosa para Razón Pública, en el que muestra el pésimo diseño institucional del Consejo Superior de la Judicatura y el nocivo sistema de elección de funcionarios a partir de las listas que el mismo elabora.(Vid.http://razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3733-el-consejo-superior-de-la-judicatura-un-mal-diseno-de-papayazo.html).

 

Tanto las autoridades judiciales como las administrativas deben actuar conforme a las reglas del debido proceso, según lo ordena el artículo 29 de la Constitución. Esta figura, tomada de la tradición jurídica norteamericana, es una de las más preciosas garantías de los derechos, pero los abusos que suelen cometerse en la motivación de las providencias, en la valoración de las pruebas o en la interpretación de las normas dan al traste con ella.

 

Sin desconocer que en la administración de justicia hay verdaderos apóstoles con un elevado sentido de su misión, hay no pocos casos que evidencian la tendencia a una justicia ideologizada, politizada y, desafortunadamente, corrupta, amén de ineficiente y poco preparada.

 

Lo que precede muestra que entre la teoría y la práctica de la separación de poderes en Colombia media un abismo enorme, lo cual pone en cuestión el principio mismo e invita a repensarlo cuidadosamente.

 

2.10 El Estado Descentralizado con Autonomía de sus Entidades Territoriales.

 

La querella entre centralistas y federalistas es de vieja data entre nosotros y ha dado lugar a distintas soluciones constitucionales.

 

La Constitución de 1886 pretendió cerrarla con la sabia fórmula de Núñez:“Centralización política y descentralización administrativa”. La única vez que tuve el privilegio de conversar hace años con Ramón de Zubiría me comentó que, a su juicio, la fórmula de Núñez se había invertido en la práctica por obra de los caciques regionales, de modo que  bien podría enunciársela así:"Descentralización política y centralización administrativa”.

 

En 1991 se pretendió avanzar en el desmonte del centralismo administrativo que venía haciéndose paulatinamente desde años atrás, mediante la adopción de la fórmula que consagra el artículo 1 de la Constitución Política:"República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales".

 

El régimen unitario parte de una concepción de la soberanía del Estado, que es una e indivisible y no se distribuye entre el mismo y sus entidades territoriales. En consecuencia, postula la unidad de Constitución, de legislación, de administración general, de organización judicial, de manejo del orden y de estructura de la fuerza pública. Las unidades regionales y locales a que da lugar la organización territorial le están subordinadas y deben colaborar en la realización de sus propósitos globales.

 

Esos aspectos básicos del régimen unitario cuentan con el respaldo de una larga y sólida tradición en Colombia, que no guarda buen recuerdo del federalismo exagerado que se impuso en 1863 y contra el cual reaccionó la Regeneración de 1886.

 

Pero en un país que asocia regiones disímiles, se impone la necesidad de atenuar la centralización que deriva del régimen unitario, otorgándoles a aquellas y a sus municipalidades atribuciones suficientes para elegir sus propios gobernantes, adoptar en ciertas materias sus propios estatutos y darse su propia organización, decretar y recaudar sus propios gravámenes, aprobar sus presupuestos, decidir sobre servicios y obras públicas que se requieren para satisfacer las demandas de las comunidades y, en suma, administrar sus propios asuntos.

 

Esta es la fórmula de la descentralización, que en el articulado constitucional se ve reforzada con el principio de la autonomía, la elección popular de gobernadores y alcaldes, así como la de asambleas departamentales y concejos municipales (que venía desde 1886), y los instrumentos de participación en los recursos tributarios nacionales que venía instrumentándose desde 1968.

 

Como sucede con otras innovaciones que se introdujeron en la Constitución Política, el principio de autonomía se tomó de la Constitución española de 1978, sin mayor análisis acerca de su contenido, sus implicaciones y su conveniencia. De hecho, es más de carácter declamatorio que práctico.

 

En cambio, la elección popular de gobernadores y alcaldes, así como la dotación de recursos propios para la gestión de las entidades territoriales, son medidas que han tenido gran impacto en nuestro ordenamiento, a punto tal que bien puede afirmarse que han suscitado una dispersión del poder político que atenúa el carácter unitario del Estado, pero a costa de un alarmante incremento de la corrupción.

 

Pese a los avances en materia de descentralización, en muchos sectores de la sociedad colombiana prevalece, sea por el peso de la tradición o por la penuria de las regiones, la idea de que los programas administrativos necesitan fuerte  apoyo del gobierno central, lo que, de hecho, convierte a gobernadores y alcaldes en agentes suyos, sobre todo en materia electoral, tal como acaba de ponerse de manifiesto en los certámenes de este año.

 

2.11 El Estado con Gobierno Controlado y Responsable.

 

Las primeras constituciones modernas , que se expidieron para superar lo que se consideraba como el despotismo monárquico, solían proclamar el ideal del gobierno representativo, alternativo, controlado y responsable.

 

Según lo expuesto atrás, la separación de poderes se ha ideado, entre otras cosas, como un dispositivo de control del poder. Pero el tema ha adquirido nuevas connotaciones en los tiempos recientes, con la configuración de órganos específicos de control, como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo o las personerías municipales, sin contar a la Fiscalía General de la Nación, que desde un punto de vista más amplio bien puede catalogarse dentro de esta categoría de órganos estatales.

 

Las dimensiones colosales de la corrupción política en Colombia motivaron a los constituyentes de 1991 a adoptar severas medidas para prevenirla y combatirla, tales como las siguientes:

 

-Extinción del dominio mediante sentencia judicial sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social (Art. 34).

 

-Acción popular para la protección de la moralidad administrativa, principio rector de la función administrativa (Arts. 88 y 209).

 

-Responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos que le sean imputables, con derecho de repetición contra agentes suyos que hayan actuado en forma dolosa o gravemente culposa (Art. 90)

 

-Prohibiciones a los servidores públicos (Arts. 126 a 129).

 

-Prohibiciones al Congreso y a cada una de sus cámaras (Art. 137).

 

-Inhabilidades para elección de congresistas e incompatibilidades de los mismos (Arts. 179 a 182).

 

-Pérdida de la investidura de congresista por sentencia del Consejo de Estado (Arts. 183 y 184).

 

-Competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer de delitos cometidos por congresistas (Art. 186).

 

 

-Elección del Contralor General de la Nación por el Congreso en pleno, de ternas presentadas por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de justicia y el Consejo de Estado (Art. 267). Además, elección de contralores departamentales y municipales por Asambleas y Concejos, de ternas presentadas por Tribunales Superiores y Tribunales Administrativos (Art. 272).

 

-Autorización a la Contraloría para exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales y disciplinarios que promueva (Art. 268-8).

 

 

-Elección de Procurador General de la Nación por el Senado, de ternas presentadas por el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (Art. 276).

 

-Adscripción del poder disciplinario al Procurador General de la Nación (Art. 277-6), con competencia para desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario que incurra en las faltas que señala el art. 278-1.

 

-Adopción del mandato imperativo respecto de gobernadores y alcaldes, con autorización a la ley para reglamentar el voto programático (Art. 259, Ley 131 de 1994), más la revocatoria del mandato prevista por la  Ley 134 de 1994.

 

 

En cuanto a investigación, acusación y juzgamiento de altos funcionarios, la Constitución Política mantuvo el esquema básico del ordenamiento anterior. Para los de más alto rango, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes instruye el proceso y lo somete a la Cámara en pleno para que esta decida sobre si hay mérito para acusar; la acusación, en su caso, se remite al Senado para que proceda al juzgamiento y el fallo; el Senado puede imponer las penas de destitución del empleo y privación temporal o pérdida absoluta de derechos políticos, en caso de delitos cometidos en ejercicio del cargo o de indignidad por mala conducta; pero si hay lugar a otra pena, se seguirá contra el reo juicio criminal ante la Cortes Suprema de Justicia.

 

Toda esta panoplia de dispositivos contra los abusos del poder y la corrupción no han reducido estos flagelos.

 

Si bien han habido muchos casos, algunos de ellos bastante ruidosos, en los que se ha hecho uso de esos dispositivos, las distorsiones y los excesos en el ejercicio del poder siguen tan campantes, y la corrupción no disminuye.

 

La solución tradicional que le encomienda al Congreso tanto la jurisdicción penal como la disciplinaria sobre los más altos funcionarios es, en general, inoperante. Y cuando logró algún avance, en el caso de Ernesto Samper Pizano, derivó en una grotesca farsa.

 

La participación de autoridades judiciales en la selección de titulares de órganos de control ha terminado politizando la justicia. Y esta politización ha exhibido facetas muy sospechosas en casos que parte de la opinión pública denuncia como de persecución contra los altos mandos militares o determinados sectores políticos.

 

No parece osado considerar que los controles y las responsabilidades operan de manera bastante selectiva, por decir lo menos.

 

2.12 El Estado Social de Derecho.

 

 

El artículo 1 de la Constitución Política proclama que “Colombia es un Estado social de derecho”.

 

Dice Félix Bautista en artículo que lleva por título “Estado Social y Democrático de Derecho” , que esta expresión “ surge por primera vez como referencia denominativa de la organización política, económica y social de una nación, dentro del contexto de la revolución francesa de 1848, que culmina con la instauración de la Segunda República, fundamentada en valores, principios e instituciones colectivas, como la fraternidad, el bienestar común y la asociación, que permiten la configuración de derechos económicos, sociales y culturales a favor de los ciudadanos, incluyendo, por vez primera, el derecho al trabajo como un derecho fundamental”.( Vid. http://www.listin.com.do/puntosdevista/2012/2/1/220146/Estado-social-y-democratico-de-derecho).

 

Agrega que

 

“Esta denominación que acuña Le Blanc, se extendió a la Constitución francesa de 1858; a la de México (Querétaro), 1917 y en la de Alemania (Weimar), del año 1919. Sin embargo, no es sino hasta la Ley Fundamental de Bonn, de 1949, cuando la fórmula del “Estado social (social state) de derecho” adquiere reconocimiento constitucional.

A partir de ahí, el referente del modelo estatal se replicó en las reformas constitucionales sucesivas: España, 1978; Honduras, 1982; Brasil, 1988; Colombia, 1991; Paraguay, 1992; Perú, 1993; Ecuador, 2008; Bolivia, 2009; la Republica Dominicana, 2010; entre otras.”

 

El propósito fundamental de los promotores de esta expresión fue superar el concepto liberal de “Estado de derecho”, que se consideraba limitado a la garantía de las llamadas “libertades formales”, para dar paso a una nueva concepción que sin ignorarlas, diera cuenta de los derechos económicos y sociales, considerados por los socialistas como los más importantes por ser, según ellos, de contenido “real”.

 

Para muchos, esta noción juega un papel intermedio en la confrontación del Estado de derecho de connotaciones liberales y la Legalidad socialista de los países comunistas, que era en el fondo una burla a la noción misma de legalidad y la consagración más ominosa de la arbitrariedad, tal como lo denunció Artur Koestler en “El Cero y el Infinito”.

 

En la Teoría Constitucional se señala que la Constitución está llamada a fijar las reglas fundamentales del régimen político, económico y social de cada pueblo. El primero se contiene en los estatutos electorales, que fijan las reglas sobre la competencia por el poder y su adjudicación, así como en las que lo distribuyen y estructuran, y las que lo limitan. Los segundos son tema de disposiciones atinentes a las intervenciones del Estado en la economía y la sociedad; a los derechos de propiedad, de empresa y de trabajo; y a los modelos de sociedad justa que surgen de las utopías colectivas.

 

En el Estado social de derecho, estas utopías están a medio camino entre las liberales y los socialistas. Para entenderlas, hay que considerar el ideario de la Social-democracia y su ruptura con los comunistas desde fines del siglo XIX, cuando se optó por el camino evolucionista como el más adecuado para la edificación del socialismo, frente a  la insistencia en la revolución violenta por parte de los segundos (Vid. Chevalier,"Los Grandes Textos Políticos desde Maquiavelo hasta nuestros días").

 

En el fondo, se trata de una Tercera Vía, noción imprecisa que  ha sido objeto de distintas manipulaciones y puede entenderse de varias maneras.

 

De hecho, la Doctrina Social Católica que se ha venido desarrollando a partir de la Encíclica Rerum Novarum de León XIII, publicada en 1891, postula la necesidad de superar la confrontación de liberales y socialistas a través de soluciones a la llamada Cuestión Social con cierto sello tradicionalista y énfasis en los aspectos espirituales del problema. Sin duda alguna, en ella prevalece la idea una Tercera Vía. Pero el uso más reciente de esta expresión se refiere a inquietudes propias de las políticas británica y norteamericana de las últimas décadas, tocantes con la necesidad de superar tendencias extremas del Laborismo y el Partido Demócrata que habían alejado de ellos a las clases medias.

 

El Estado social de derecho es intervencionista, dirigista, planificador y, en últimas, un Estado de bienestar.

 

"Por Estado de Bienestar se entiende el conjunto de actividades desarrolladas por los Gobiernos que guardan relación con la búsqueda de finalidades sociales y redistributivas a través de los presupuestos del Estado. Se refiere, por tanto, a la actividad desarrollada por la Seguridad Social en cuatro frentes: transferencias en dinero (por ejemplo subsidios de desempleo o vejez), cuidados sanitarios (un sistema de salud universal y gratuito), servicios de educación (garantizar el acceso al conocimiento de todos los ciudadanos) y provisión de vivienda, alimentación y otros servicios asistenciales.”(Vid. http://www.expansion.com/diccionario-economico/estado-de-bienestar.html).

 

Se dice en la publicación citada que “La expresión Estado de Bienestar apareció por primera vez en 1942 en un documento denominado Informe Beveridge (el título original era Social Insurance and Allied Services). Dicho documento sirvió para establecer los pilares del sistema de seguridad social británica y para que por primera vez se hablar de un Estado de Bienestar. Sus tres ejes fundamentales eran la vivienda familiar, la salud pública y el empleo, si bien como se ha señalado en la actualidad el término sobrepasa esas tres funciones.”

 

En la versión escandinava del Estado de bienestar se ha llegado a afirmar que es tarea propia de la organización política velar por la calidad de vida de las personas “desde la cuna hasta la tumba”. De ese modo, se dice que el ideal es el Estado-providencia.

 

La célebre “Teoría de la Justicia” de John Rawls, en la que la igualdad y la satisfacción de necesidades primarias de las personas que deben garantizarse por el Estado  son temas de amplia relevancia, parece ser para no pocos políticos, juristas, economistas, sociólogos  y comunicadores algo así como la Sagrada Escritura que canoniza estas  ideas.(http://www.uia.mx/actividades/publicaciones/iberoforum/2/pdf/francisco_caballero.pdf).

 

La fórmula del Estado social de derecho en nuestra Constitución Política tiene amplio desarrollo a todo lo largo y ancho de su articulado.

 

En primer lugar, permea toda la concepción de los derechos, tanto los fundamentales como los sociales, económicos y culturales. El libre desarrollo de la personalidad (Art. 16), la igualdad (Art. 13), el trabajo (Art. 25), la libertad de escoger profesión u oficio (Art. 26), la libre asociación (Art. 38), la libertad de crear sindicatos y asociaciones (Art. 39),  el régimen de la familia (Art. 42), el régimen de hombres y mujeres (Art. 43), el de niños (Art. 44), adolescentes (Art. 45) y personas de la tercera edad (Art. 46), el de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (Art. 47), la Seguridad Social (Art. 48),la atención de la salud y el saneamiento básico (Art. 49), la atención  a niños menores de un año (Art. 50), el derecho a la vivienda digna (Art. 51), los derechos a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre (Art. 52), el estatuto del trabajo (Art. 53), el derecho a la formación y la habilitación profesional  y técnica (Art.  54), el derecho de negociación colectiva (Art. 55), el derecho de huelga (Art. 56), los estímulos para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas (Art. 57), el derecho de propiedad y los derechos adquiridos (Arts. 58 a 64), la protección de la producción de alimentos (Art. 65), el crédito para el sector agropecuario (Art. 66), los derechos relacionados con la educación (Arts. 67 a 69), el derecho de acceso a la cultura (Art. 70), los derechos relacionados con la búsqueda del conocimiento y la expresión artística ( Art. 71), los regímenes del espectro electromagnético y la televisión (Arts. 75 a 77), el régimen de los derechos colectivos y el ambiente (Arts. 78 a 82), los deberes y obligaciones (Art. 95), así como el Régimen Económico y la Hacienda Pública ( Título XII) se inspiran en las ideas del Estado social de derecho y, por consiguiente, deben interpretarse y aplicarse en consonancia con ellas.

 

En segundo lugar, la fórmula condiciona una amplia expansión de las actividades estatales, la regulación de las actividades privadas y los planes de desarrollo.

 

Dentro de este último concepto, conviene detenerse en lo que dispone el artículo 80, que a la letra dice:

 

“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

 

“Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterior ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

 

“Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.

 

Nuestra Constitución Política es pionera en la consagración del concepto de “Desarollo sostenible”, que es de muy amplio espectro y, si bien se la considera, tiende a convertirse en la piedra angular de toda la edificación de la sociedad.

 

No cabe duda de que la fórmula del Estado social de derecho es susceptible de convertirse en la madre de todas las utopías, a punto tal que no ha faltado quien diga que ahí reside el valor máximo de la Constitución Política, que no se agotaría en un orden estático, sino que es capaz de  suscitar a cada momento nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevas aventuras para proponerle a la sociedad colombiana.

 

Pero una Constitución no se juzga por los sueños que estimula, y muchísimo menos por los delirios, sino por las realidades que contribuye a configurar.

 

No es el caso de examinar las críticas a la figura misma del Estado social de derecho, procedentes bien del costado liberal (Von Hayek y la Escuela de Viena han sostenido que traza un camino de servidumbre, la vía hacia un nuevo totalitarismo), o  del marxista-leninista (Lenin llamaba a los social-demócratas, “social-traidores”).

 

El tema es la confrontación con las realidades. Y si bien estas ideas han contribuido a mejorar las condiciones de vida de millones de personas y a configurar sociedades más igualitarias, los efectos económicos de su aplicación invitan a reflexionar sosegadamente sobre ellas.

 

Por una parte, hay que considerar sus costos, que son determinantes del enorme déficit que azota a muchas economías contemporáneas, con sus secuelas de endeudamiento público, mayor carga tributaria y freno o distorsión del crecimiento económico. Cuando esto último sucede, se dejan venir el desabastecimiento, la inflación y el desempleo. Y, por supuesto, los programas de desarrollo social, que constituyen su motor, terminan reduciéndose en cantidad y calidad.

 

Hay efectos colaterales también altamente indeseables, como la corrupción, el enriquecimiento abusivo de elites financieras y proveedoras de bienes y servicios, los despilfarros del populismo y la indignación de las comunidades, entre otros.

 

Observo de pasada y para terminar, que el comodín intelectual del Estado social de derecho ha alentado en nuestro país un fenómeno que desconocíamos: el populismo judicial. Ya se ha dicho que llegó la hora de que los jueces sustituyan a los legisladores y los administradores en la función de determinar los cometidos estatales, pues ellos se consideran a sí mismos como los más calificados para promover la edificación de una sociedad más justa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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