miércoles, 22 de abril de 2015

Dios no está en La Habana

Hace poco, el sencillo pero sabio sacerdote que celebra la Santa Misa  que frecuento cada domingo, dijo con justificada preocupación:"La paz viene de Dios, y Dios no está en los diálogos de La Habana".

Es dudoso, en efecto, que tanto el gobierno como sus negociadores lo tengan en mente, salvo para sacar provecho político de la Iglesia; y, por supuesto, muy lejos está de la endemoniada delegación de narcoterroristas de las Farc.

Créase o no en Dios, es lo cierto que el tema de la paz no puede abordarse sin una adecuada disposición de apertura espiritual. No en vano se dice que su primer requisito es el desarme de los espíritus.

Es lo que encarece el Santo Padre cuando habla de la necesidad de un sincero ánimo de reconciliación, que debe ir acompañado de dos condiciones que también son de índole netamente espiritual: el arrepentimiento y el perdón recíprocos.

Verdad, justicia y reparación son tres condiciones morales que tirios y troyanos reconocen que son indispensables para que un acuerdo de paz sea sustentable y no redunde en un fracaso histórico que podría acarrear gravísimas repercusiones. No es osado pensar que de un acuerdo de paz mal concebido podría seguirse una pavorosa guerra civil o, al menos, el caos institucional.

Pues bien, la verdad es, como Dios, una gran ausente en los fementidos diálogos de paz.

Las Farc se niegan a admitir su profunda inserción en el siniestro mundo del narcotráfico, así como la horripilante crueldad de sus prácticas en contra de la población colombiana. Exigen que tanto las autoridades civiles y militares como los empresarios y la gente del común hagan su propio examen de conciencia y la admisión explícita de sus delitos, pero piden que los suyos, en cambio, se cubran bajo un piadoso manto de condescendencia por tratarse de efectos colaterales del ejercicio del sagrado derecho de rebelión. Y el gobierno, por su parte, le miente descaradamente a la opinión acerca del proceso de diálogo y sus eventuales desarrollos.

Para aproximarse al desvelamiento de la verdad de lo que ha sucedido en Colombia a lo largo de más de medio siglo, se convocó a un grupo de personas de diferentes tendencias para que contribuyeran a un ejercicio de Memoria Histórica que no dio el resultado que se esperaba, pues lo que quedó en claro después de darse a conocer sus respectivos escritos fue la evidente disparidad de criterios sobre las causas, las dimensiones y los responsables de la violencia.

A decir verdad, se trata de un asunto de enorme complejidad que no puede despacharse de buenas a primeras.

Ahí entran en juego múltiples factores y diversos niveles de responsabilidades individuales y colectivas. Si uno se empeñase en simplificarlos tendría que señalar, por supuesto, los llamados factores objetivos, que no son otros que las situaciones de injusticia social que han condenado a millones de colombianos humildes a vivir en condiciones extremadamente precarias, pero también la intransigencia criminal de una izquierda comprometida con un proyecto totalitario y liberticida al que no ha renunciado, así como la crisis de civilización que se pone de manifiesto en el problema de la droga. El narcotráfico, en efecto, suministra el combustible de todas nuestras guerras, como lo ha puesto de presente muchas veces el hoy senador Uribe.

Es claro que sin verdad no puede haber justicia. Y las Farc se niegan tajantemente a esta última, pues han dicho en todos los tonos que solo admiten responsabilidades menores y tangenciales por las que no están dispuestas a pagar ni un día de cárcel. En cambio, exigen que todo el peso de la ley recaiga sobre militares, políticos y empresarios a los que acusan de estar comprometidos con la violencia y ser sus verdaderos causantes.

Este empecinamiento de las Farc ha conducido a respuestas tan discutibles como la del expresidente Gaviria, que de hecho plantea una solución de impunidad para todo el mundo, o las del Presidente y el Fiscal, que piden que se desconozcan  los compromisos de Colombia frente a la Corte Penal Internacional y se sustituyan las penas privativas de la libertad por trabajo comunitario o algo similar. En rigor, lo que Santos y Montealegre han propuesto es una parodia de justicia que responde con cinismo cruel a las exigencias de las víctimas y de la sociedad.

Uno de los resultados de la justicia es la reparación que merecen las víctimas del conflicto. Se las cuenta por millones: las familias de los asesinados por los actores del conflicto, los mutilados e incapacitados, los secuestrados y extorsionados, los reclutados contra su voluntad, los despojados de sus haberes, los desplazados, las mujeres violadas y sometidas a esclavitud sexual, etc.

Cuando se le preguntó a uno de los cabecillas de las Farc, de cuyo nombre es preferible no acordarse, si estarían en disposición de indemnizar a las víctimas de sus atropellos, contestó con sorna diabólica como en el famoso bolero:"Quizás, quizás, quizás". Igual que con el desminado, aspiran a que la reparación corra a cargo de la comunidad entera, de modo que puedan conservar intactas las ingentes riquezas acumuladas por cuenta del narcotráfico. No puede olvidarse que en  medios internacionales se considera que las Farc son el tercer grupo terrorista más rico del mundo.

Pues bien, si la verdad, la justicia y la reparación están ausentes de La Habana, ¿de cuál paz se habla allá?

Es comprensible entonces que probablemente la mayoría de los colombianos seamos escépticos en relación con los resultados de los diálogos con las Farc. Por eso, a muchos no nos tomó por sorpresa masacre de los soldados en el Cauca, pues no otra cosa podríamos esperar de esos desalmados, ya que son capaces de cualquier felonía.

Queda la impresión de que los diálogos de La Habana versan en realidad sobre la mecánica del poder, vale decir, sobre las parcelas del mismo que se proyecta entregarles a los cabecillas de esa banda de narcoterroristas y las que el mal llamado “establecimiento” aspira a retener para sí, dentro de una teoría derrotista que alguna vez controvertí con el finado Nicanor Restrepo Santamaría, quien atacaba al entonces presidente Uribe dizque por guerrerista y, en cambio, apoyó con denuedo el ánimo claudicante del actual mandatario.

lunes, 13 de abril de 2015

Lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta

La simbiosis del gobierno de los jueces y la entelequia del Estado Social de Derecho ha dado lugar a unas muy dañinas distorsiones del sistema judicial, tales como la demagogia y el populismo de los jueces.

En cualquier sociedad seria se espera de quienes administran justicia precisamente eso: seriedad. La identificación, la interpretación y la aplicación del derecho en los casos concretos son tareas que exigen de lo que hoy se denomina los operadores jurídicos no solo el conocimiento de la normatividad y su lógica, sino unas destacadas condiciones morales de imparcialidad, objetividad y buen sentido en las que se pone de presente la virtud de la prudencia.

No sobra recordar que la etimología de la voz jurisprudencia, que hoy por hoy suele entenderse bien sea por Ciencia del Derecho, ya por lo que los jueces le agregan a la normatividad en sus fallos, muestra que la misma procede de la unión de dos palabras latinas:ius y prudentia.

Encuentro en “El blog de José Muelas” una cita de San Isidoro de Sevilla que viene como anillo al dedo  para lo que acá examino:“cuando se ha visto de dónde viene un nombre, se comprende más rápidamente su valor, porque el estudio de las realidades es más fácil una vez conocida la etimología”.(Vid.http://blog.josemuelas.org/2010/07/02/ius-y-jura/?blogsub=confirming#subscribe-blog).

Pues bien, dice Muelas que

<<el Digesto comienza ofreciéndonos a los juristas y a quien quiera leerlo la etimología de la palabra “ius” y lo hace citando a Ulpiano, que manifiesta:

“Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est autem a iustitia appellantum; nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi.”

“Lo que, traducido a nuestro común castellano, quiere decir:

“Conviene que el que haya de estudiar el derecho, conozca primero de dónde viene la palabra ius (derecho). Llámase así de iustitia (justicia); porque, según lo define elegantemente Celso, es el arte de lo bueno y equitativo.”>>

Una tradición vieja de siglos vincula el Derecho con la Justicia como dos conceptos inseparables el uno del otro. Considera que la misión fundamental del primero es la realización de la segunda, que viene a constituir para el mismo algo así como su Alfa y Omega, su principio y su fin.

El Derecho que hoy llamamos positivo configura, según enseñaba Aristóteles, una “justicia legal”, no toda la justicia, es cierto, pero sí una importantísima concreción de la misma, a punto tal que ha llegado a creerse por muchos que es de la esencia de la norma legal el que sea justa. Pero como ella es obra humana, es susceptible de incurrir en imperfecciones que la alejen del ideal de lo justo. A menudo, esas imperfecciones pueden corregirse mediante el recurso a la equidad,  como lo recomendaba Aristóteles. Pero en caso de contrariar de tal modo el ideal que se haga imposible corregirla, la tradición considera que se está en presencia de alguna aberración, como las que excepcionalmente exhibe la naturaleza, y entonces será menester ignorarla e incluso combatirla.

El positivismo que ha campeado en el pensamiento jurídico en los últimos siglos desliga estas dos nociones, bien sea negando de tajo la idea de justicia, como lo hace Kelsen en “Qué es la justicia”(Vid.http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500008039239&name=DLFE-381031.pdf), ora postulando que nada hay más allá de lo justo legal. Pero la evolución más reciente ha vuelto a admitir la necesidad de que la normatividad jurídica se funde tanto lógica como axiológicamente en ideales de justicia, si bien estos se alejan a menudo de los que consagraba la tradición occidental, fuertemente vinculada a la cosmovisión cristiana del hombre y la sociedad.

Viene al caso lo que enseñaba el profesor Burdeau acerca de que todo sistema político se funda en cierta idea de justicia y que sus transformaciones implican entonces cambios en dicha idea. La revolución entraña, por consiguiente, modificaciones radicales en los paradigmas de lo justo, y eso es lo que venimos presenciando en nuestras sociedades en las últimas décadas: la sustitución del ideario cristiano por uno de corte pagano. Se está imponiendo, en efecto,un neopaganismo que no siempre osa decir su nombre.

El citado Muelas hace una valiosa acotación epistemológica según la cual la palabra ius proviene de una raíz indoeuropea que significa unir. Añado que, de ese modo, el término puede entenderse como poner en relación, y tal es en efecto lo que conlleva la idea de justicia que, de acuerdo con la enseñanza del Estagirita, toca con cierta proporción entre varias partes.

Se ha dicho que la justicia consiste en dar a a cada uno lo suyo, tratando a los iguales como iguales y a los desiguales como tales, en la medida de su desigualdad. El Derecho es, entonces, un sistema de repartos: distribuye méritos, bienes, atribuciones, cargas, penalidades, etc. Y esa distribución debe ser justa. En rigor, obedece a cierta idea de justicia.

Hay muchas ideas de justicia. Su estudio es tema de la Historia de las Ideas y, más específicamente, de la Filosofía del Derecho, a la que  corresponde examinar sus fundamentos y hacer su crítica de acuerdo con los cánones de la racionalidad. Son ideas que evolucionan y se vinculan de diversas maneras con los diferentes momentos históricos. Y, como vengo observándolo, presiden las grandes transformaciones sociales.

Esta diversidad de ideas de justicia da lugar a que se piense en su historicidad y, por ende, en su relatividad. Pero quienes afirman una idea de justicia en particular suelen sostenerla como si fuera absoluta, lo cual plantea la cuestión de si hay en efecto una justicia superior a las que postulan las diferentes concepciones. El pensamiento actual es refractario a esta idea, pues la considera metafísica y, en últimas, religiosa. Pero, así se resista a admitirlo, es bastante difícil, cuando no imposible, prescindir de conceptos trascendentes al momento de reflexionar a fondo sobre las grandes cuestiones que agitan al espíritu humano.

Lo justo se predica de cierto modo de relación entre varias partes. Esas partes son, por supuesto, seres humanos, pero no exclusivamente ellos, pues, ante todo, se trata de seres que coexisten unos con otros en el seno de comunidades de varia índole. Entonces, se plantea la cuestión de las relaciones de justicia con ellas. Hay debate, además, sobre si las relaciones de justicia se dan entre todos los seres humanos, independientemente de sus peculiaridades, así como con entidades espirituales, con los animales, con la biosfera y con el planeta que habitamos. Pero todo esto es harina de otro costal.

Se ve bien, en todo caso, que las ideas de justicia son tributarias de otras que versan sobre el individuo humano, la sociedad y, en general, la realidad misma.

La relación de justicia se traduce en establecer quiénes pueden hacerles exigencias válidas a otros. En consecuencia, define quiénes son sujetos de derechos y de deberes cuya eficacia debe garantizar la autoridad, y cuáles son los contenidos de esos derechos y deberes.

El análisis que hace Aristóteles del asunto conduce a diferenciar, por una parte, las relaciones de justicia entre los miembros de la comunidad, pero también las que median entre esta y sus integrantes. Todas esas relaciones son, por así decirlo, de doble vía: qué debo y qué se me debe. Es un tema sobre el que ha recalcado lúcidamente Michel Villey: todo derecho no solo supone deberes correlativos de parte de otros, sino de sus propios titulares, comenzando con el de no abusar del mismo.

La idea del Estado Providencia o Estado de Bienestar, que se inscribe dentro de la más amplia de Estado Social de Derecho, se propone asegurar la calidad de vida de cada uno de los integrantes de la comunidad “desde la cuna hasta la tumba”. De ahí a la idea de que el Estado es un gran garante de la felicidad de cada individuo, solo media un paso que ya se ha dado profusamente por el sistema judicial.

Pero  este tiende a menospreciar lo que era un gran tema de reflexión para los antiguos, a saber:¿a qué está obligado cada uno de nosotros respecto de la comunidad? Si todo lo exigimos de esta, ¿qué le debemos a cambio? Y, en fin, ¿cuáles son los límites de nuestras exigencias frente a las comunidades?

El individualismo libertario que se está imponiendo a pasos agigantados se inclina a reducir al mínimo la idea de que las comunidades son también sujetos de derechos, y trata de considerar que son algo así como convidadas de piedra en la vida de relación. Al fin y al cabo, se nutre de la idea de que las comunidades surgen accidentalmente de las relaciones entre los individuos y para beneficio de estos, ignorando que la realidad muestra todo lo contrario, a saber: que todo individuo nace, vive y muere en el seno de comunidades de varia índole, y que sus derechos dependen de la prosperidad de aquellas.

La venerable idea de Bien Común parece estar relegada al baúl de los recuerdos muertos, como en el emotivo “Fueye” de Manzi y Charlo, que cantaba el inolvidable Fiore con el gran Pichuco. Ya no se tiene conciencia, en efecto, de que es un bien que condiciona los bienes individuales y los hace posibles, pero no es resultante de ellos.

La formulación de lo justo y su realización práctica no son tareas simples como suelen creerlo hoy en día los diferentes operadores jurídicos, sobre todo los tribunales constitucionales. Por el contrario, entrañan severas dificultades tanto teóricas como prácticas.

Las primeras tienen que ver con la ponderación de los derechos y los deberes que se reclaman por parte de determinados sujetos, con los de otros y los de las comunidades. El juez tiene que examinar todos esos aspectos con miras a definir en cada caso concreto los contenidos de los derechos y los deberes que están en juego.

Las segundas tocan con los resultados que de hecho podrían derivarse de cada decisión y la resistencia que podría oponerle la realidad.

Todo esto indica que la decisión judicial se mueve en escenarios de complejidad y aleatoriedad que invitan a la prudencia, la gran virtud que debe presidir la acción humana y que la sabiduría considera que es complemento indispensable de la justicia. De ahí la conjunción de ambas ideas en el concepto de jurisprudencia.

Pues bien, muchísimos fallos de la Corte Constitucional dicen inspirarse en la justicia que se guía por el gran principio de la dignidad humana (a cada individuo hay que reconocerle como derecho todo aquello que proteja, realce o haga efectiva su dignidad), sin parar mientes en los derechos de otros individuos, que también son titulares de sus respectivas dignidades, ni en los de las comunidades, cuya existencia es la base de la garantía de todos los derechos. De ese modo, son fallos que ignoran la prudencia y prefieren que se destruya todo un mundo con tal de salvar las apariencias de los principios.

Se echa de menos en ellos el rigor que debe observar el jurista en el razonamiento y el lenguaje. A la severidad y la precisión que son propias del discurso jurídico, las sustituye la garrulería declamatoria de los demagogos.

El gobierno de los jueces deriva de ese modo en el populismo, que es una peligrosa desviación del régimen democrático que ofrece el oro y el moro sin considerar sus costos y sus repercusiones en la economía colectiva.

Hay áreas especialmente sensibles para la demagogia populista de los jueces. La responsabilidad patrimonial del Estado, las relaciones de familia, las deudas hipotecarias, los servicios públicos domiciliarios, las relaciones laborales, las prestaciones de la seguridad social, la salud, la vivienda, el régimen agrario, el estatuto de las minorías, la educación, entre otros, son temas en que los jueces de todos los niveles peroran haciéndose lenguas sobre las maravillas del Estado Social de Derecho, sin detenerse a considerar de qué modo lo están destruyendo con sus excesos.

He sostenido que las ideas actuales sobre responsabilidad del Estado son sencillamente irresponsables. Lo son también muchas providencias que ordenan gastos no presupuestados que desquician las finanzas de las entidades públicas.

Me contaba mi amigo Javier Tamayo Jaramillo hace algún tiempo que el finado Carlos Gaviria Díaz dictó una conferencia en que se ufanaba de avances  en materia del derecho a la salud como el fallo de tutela en que se ordenó a una institución hospitalaria practicarle a un paciente todas las diálisis que requiriera. Un médico le dijo:”Doctor, usted puede saber mucho de leyes, pero lo ignora todo acerca de la medicina y no sabe lo que cuesta una diálisis; ¿no entiende que con esa tesis arruina el hospital?”. La respuesta del flamante magistrado es de antología:"La Economía tiene qué someterse al Derecho  y no a la inversa”. En realidad, no solo era ignorante en materias médicas; también lo tenía sin cuidado el prosaico mundo de las realidades económicas.

¿Qué decir, por ejemplo, de fallos tan extravagantes como el del Viagra? (Vid. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-926-99.htm). No entraré en detalles sobre asunto que se presta para comentarios sicalípticos. Ahí la Corte, para garantizar lo que consideró como un derecho fundamental a la satisfacción de los apetitos sexuales de un paciente diabético, resolvió por sí y ante sí ordenar la modificación del listado oficial de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud (POS). Pero, con la misma lógica, podría alterar para muchos otros casos, ad libitum y sin consideración alguna para con la técnica, dicho listado.

Recomiendo a mis lectores  la audición del reportaje con que el Dr. Tamayo hizo noticia hace poco en “La Hora de la Verdad” acerca de esta temática, que es tan delicada como preocupante.(Vid. http://www.lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/javier-tamayo-jaramillo-ex-magistrado-de-la-corte-suprema-de-justicia-hablando-del-derecho-de-los-jueces.html).

Ahí muestra que, pretendiendo hacer justicia en casos concretos, la Corte Constitucional suscita nuevas injusticias e instaura desigualdades irritantes.

Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el trámite de las jubilaciones. Los que siguen el conducto regular se ven discriminados porque se hace necesario atender con prioridad a quienes reclaman por la vía de la tutela. Estos, en consecuencia, tienen mejor derecho que aquellos.

El Juez Hércules propuesto por Dworkin desborda sus atribuciones para convertirse en legislador y administrador público, con poderes para determinar las orientaciones del Congreso y las autoridades ejecutivas, pudiendo llegar incluso a reformar la Constitución misma si cree que esta no lo satisface. Como el insolente Bolívar en 1812, cuando el terremoto que destruyó a Caracas, la Corte parece exclamar: «Si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca».(Vid.http://eltiempo.com.ve/opinion/otras-voces/bolivar-y-el-terremoto-de-1812/47746).

Insisto en que de esa manera se destruyen el Estado de Derecho y la Democracia, amén de la riqueza colectiva. Los excesos del Estado Social, aupados por jueces improvidentes, terminan torciéndole el pescuezo  la gallina de los huevos de oro.

sábado, 4 de abril de 2015

Para futura memoria

Cuando decidí retirarme de la Corte Suprema de Justicia, propuse como candidatos para reemplazarme a Jaime Sanín Greiffenstein y Carlos Gaviria Díaz.

El primero había escrito un libro de hondo calado, “La Defensa Judicial de la Constitución”, y gozaba de gran prestigio tanto profesional como académico. Fue mi profesor de Derecho Internacional Público y, pese a la molestia que en su momento sentí porque se opuso a que mi tesis de grado fuese distinguida con el lauro, en lo que en realidad tenía toda la razón, me parecía que era merecedor como pocos de llegar a la Sala Constitucional de la Corte.

El segundo, que acaba de fallecer, también fue profesor mío en el curso de Derecho Penal Especial, con que inauguró su carrera de catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Habíamos sido buenos amigos, pero nos distanció la injusta huelga que para imponer su reelección como Decano de aquella promovieron en 1970 sus alumnos con el apoyo de no pocos profesores y tal vez con la anuencia del propio Gaviria. Ese movimiento ocasionó graves traumatismos, a punto tal que bien podría decirse que partió en dos la historia de nuestro claustro universitario. Años después nos reconciliamos, pero ya la amistad no era la misma y se rompió definitivamente más tarde a raíz del tristemente célebre caso de Empresas Varias de Medellín, que merece capítulo aparte.

Candidaticé a Gaviria por su sólida formación jurídica y su activismo en pro de los derechos humanos. Mi experiencia en la Corte me indicaba que la concepción dominante sobre el tema ahí era bastante formalista y que se requería alguien que, como lo insinúa el título de un conocido libro de Dworkin, tomase los derechos en serio. Yo había librado algunas batallas en ese sentido, como la que di para cambiar la jurisprudencia sobre la aplicación de la Justicia Penal Militar a los civiles, que me hizo ganar la antipatía del estamento armado y la simpatía de la izquierda. Es una historia que en otra oportunidad contaré.

La Corte se inclinó por Jaime Sanín Greiffenstein, quien hizo una muy valiosa labor que por desventura se vio truncada por el deterioro de su salud.

Años más tarde, uno de mis colegas de la Corte Suprema de Justicia me llamó para que lo autorizara a proponer mi nombre para integrar la terna de candidatos para la Corte Constitucional. Le agradecí el ofrecimiento, pero hube de declinar su invitación porque, de una parte, era y sigo siendo crítico empecinado de la Constitución de 1991, a la que suelo denominar el “Código Funesto”, y además ya había tenido una amarga experiencia en la magistratura y no deseaba repetirla. Le sugerí que pensara en Carlos Gaviria. Le gustó la idea y me pidió que hablara con él para saber si le interesaba. Así lo hice y, autorizado por Gaviria, informé que, en efecto, aceptaba la postulación. Pero esta no encontró acogida en la Corte Suprema de Justicia porque algunos magistrados tenían mala opinión acerca de él, debido a los incidentes del movimiento estudiantil de 1970 y las actuaciones posteriores de Gaviria como dirigente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia en la época más conflictiva que ha padecido nuestra Alma Mater.

Según supe después, mi colega, ante el rechazo de la Corte Suprema de Justicia, habló con el entonces Consejero de Estado Carlos Betancur Jaramillo para que la corporación de que hacía parte postulara a Gaviria. Así ocurrió y su nombre quedó a consideración del Senado, en donde su discípulo Álvaro Uribe Vélez desplegó una intensa actividad con el fin de lograr que se lo eligiera para la Corte Constitucional.

La última conversación que sostuve con él, a través del teléfono, ocurrió a propósito de su ponencia sobre la famosa tutela de Vivian Morales, que dio lugar a que la Corte Constitucional frenara el proceso iniciado por la Sala Penal de  la Corte Suprema de Justicia contra los representantes a la Cámara que votaron en favor de la preclusión de las diligencias que se adelantaron contra Ernesto Samper Pizano por  haber recibido dinero del Cartel de Cali para su campaña presidencial.

Hay unos antecedentes que resumiré en seguida.

Cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió con ponencia del estrafalario Heyne Mogollón que no había mérito para actuar contra Samper, la denuncié por prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia, por cuanto, a mi juicio y según lo expuse en el memorial, sí había pruebas elocuentes  y abundantes para procesarlo. La Sala Penal dejó en salmuera mi denuncia, pero cuando la Cámara de Representantes aprobó la preclusión, varios ciudadanos denunciaron por la supuesta comisión de diversos delitos a los 111 representantes que la votaron afirmativamente. Posteriormente, otros ciudadanos también denunciaron a los 43 congresistas que se apartaron de la decisión adoptada por la Cámara, por la supuesta responsabilidad en delitos iguales o semejantes a los que se imputaban a la mayoría.

La Sala de Casación Penal  de la Corte Suprema de Justicia asumió el conocimiento de todas las denuncias y, por tratarse de hechos similares, decidió acumular los procesos y designar como ponente al Magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien dispuso la “investigación previa” del proceso, para lo cual ordenó la práctica de varias pruebas y la realización de numerosas diligencias.

Vivian Morales, que había participado activamente en defensa de Samper ante la Cámara de Representantes, interpuso acción de tutela para frenar la acción de la Sala Penal de la Corte. La perdió en las primeras instancias, pero el caso fue seleccionado para su estudio y decisión por la Corte Constitucional, que otorgó la tutela´por medio de la Sentencia SU047/99 del 29 de enero de 1999, en la que actuaron como ponentes los magistrados Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero. El fallo puede consultarse en el siguiente enlace http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/su047-99.htm

Al tenor de las publicaciones de prensa, escribí un artículo para “El Colombiano” en el que señalé que era inconcebible que  la Corte Constitucional considerase que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había incurrido en vía de hecho dizque “prospectiva” por acogerse a doctrina que aquella había establecido en vísperas de la actuación de la Cámara de Representantes, en el sentido de que cuando los congresistas actúan en ejercicio de atribuciones jurisdiccionales están sometidos a las mismas responsabilidades de los jueces y, por consiguiente, no pueden invocar el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria. La premisa de la Corte Constitucional en ese momento era nítida: un juez irresponsable hace nugatoria la garantía del debido proceso.

El entonces magistrado Gaviria me llamó para decirme que mi artículo era injusto, pues las cosas habían sucedido de otra manera. Le respondí que si me convencía de ello haría la rectificación correspondiente. En seguida me dio esta explicación, que obviamente no daba lugar a rectificación alguna de mi parte: la ponencia inicial de otro magistrado era de rechazo de la tutela, pero en vísperas de la decisión de la Corte “El Tiempo” publicó un artículo de Alfonso López Michelsen en el que defendía las pretensiones de Vivian Morales; entonces, el magistrado cambió su ponencia, pero solo en la parte resolutiva, dejando intacta la parte motiva. Cuando la presentó en tales términos, la Corte dispuso que había que elaborar otra ponencia que fuese acorde con la conclusión a que se había llegado. A  los magistrados Gaviria y Martínez les cupo en suerte tratar de enderezar la ratio decidendi del fallo con el propósito de ajustarla a lo resuelto por la Corte.

Esto es, desde luego, estrambótico. Lo es que por un artículo de prensa de un expresidente se resuelva cambiar el sentido de una ponencia en asunto tan delicado; y lo es, igualmente, que la Corte primero decida y después motive.

Acá no estamos ante una “herejía constitucional”, sino un verdadero estropicio que produjo enorme impacto no solo jurídico, sino político, dado que cerró las puertas para dilucidar las responsabilidades de los congresistas en torno del peor de los escándalos políticos de nuestra historia.

Hay en su haber otros fallos del mismo jaez que no atestiguan sus calidades éticas y jurídicas. Pero no es del caso mencionarlos ahora, pues como acabo de decirlo para “El Colombiano”, me parece que hay que dejar que el paso del tiempo vaya decantando lo que hubo de positivo y de negativo en su legado como jurista.

Lo que destaca el coro de plañideras que se ha conjugado a raíz de su deceso son las que él mismo calificaba como sus herejías constitucionales, de las que dio cuenta un libro que publicó bajo el título de “Sentencias”.

Ahí dejó testimonio de un pensamiento jurídico ciertamente heterodoxo y libertario, salido de los moldes habituales y muy desconsiderado respecto de todo lo que significase autoridad, orden social y tradición, pero en exceso entusiasta en torno de ciertas concepciones acerca del valor del individuo, de la libertad y la igualdad que se admiran como progresistas, aunque desde otras perspectivas bien podrían considerarse como regresiones históricas.

En su juventud se declaró fervoroso adherente de las tesis de Kelsen que postulaban una rigurosa separación de lo jurídico y lo ideológico a partir de la distinción entre la validez formal y la material del ordenamiento. Más tarde, a raíz de su breve paso por Harvard, evolucionó hacia posturas que, a partir de la consideración de que el derecho no se limita a ser un sistema de normas coercitivas, sino que además involucra ideologías que lo fundamentan y lo nutren, alentaban su utilización como un instrumento de transformación social.

Reiteradamente afirmaba que la suya era una ideología liberal y que su concepción de esta era la misma en que se inspira nuestro ordenamiento constitucional. Pero advertía que el suyo no se identificaba con el pensamiento del Partido Liberal, al que despreciaba, sino con un liberalismo filosófico nutrido con las tesis de Locke, Rousseau y Kant. Rechazaba que se lo considerase como marxista, pero se declaraba socialista. Basaba su desdén por el liberalismo económico en consideraciones igualitarias. En realidad, era un anarquista.

A muchos se les chorrea la baba hablando del “país que todos soñamos”. Gaviria supo tocar las fibras emocionales de vastos y variopintos sectores de nuestra sociedad que sueñan con otra Colombia que sea mejor que la que hoy padecemos .

Desafortunadamente, no resulta fácil poner de acuerdo  los sueños de algún banquero, algún académico, algún comunicador social, alguna ama de casa o un hombre cualquiera de la calle,  con los de los narcoterroristas de las Farc, como tampoco median sanas dosis de realismo para discernir lo deseable y lo posible a la hora de promover la transformación de la sociedad. Pero lo que importa para los promotores de la nueva Colombia es soñar, dejando que la imaginación emprenda el vuelo en pos de las utopías. Y si penetramos en en ese imaginario de los anhelos de nuestros compatriotas, nos encontraremos precisamente con el ideal de la anarquía.

Suele considerarse que la filosofía da lugar a conjuntos de ideas rigurosamente concatenadas y bien fundadas a la luz de la razón, mientras que la ideología, en cambio, agrupa proposiciones que no siempre son concordantes ni se basan en sólidas evidencias, pero ejercen un fuerte poder de seducción que sojuzga la racionalidad. Como el malicioso tercer tentador del “Asesinato en la Catedral”, podríamos decir que nos tienta con nuestros propios deseos.

Pues bien, el finado Gaviria ganó nombradía y ejerció liderazgo a partir de una visión fuertemente ideologizada del ordenamiento constitucional, que lo llevaba a identificar, interpretar y aplicar su normatividad al tenor de un pensamiento que ya no era propiamente liberal, sino libertario.

Hay que señalar que no existe en rigor una filosofía liberal, dado que el liberalismo exhibe muchos matices y se presta a distintas definiciones. Así, el calificativo de liberal tiene en Estados Unidos un significado muy diferente al que se le asigna en Europa. El liberal norteamericano busca la izquierda del espectro político, mientras que el europeo tiende hacia la derecha. El primero es un radical; el segundo, un moderado.

La ideología libertaria que prevalece hoy en muchos círculos ilustrados y trata de imponerse por distintos caminos para ganar la adhesión de las masas, lleva al extremo las ideas individualistas sobre la libertad y la igualdad. Su concepción de los derechos los desliga de la idea de responsabilidad. El individuo es, por consiguiente, más titular de derechos que de deberes. Los primeros son tan versátiles como sus deseos, que son los que a la postre mandan la parada. Los segundos parecen resumirse en uno solo: prohibido prohibir. En efecto, se cree que el supremo imperativo ético versa sobre la tolerancia: estamos obligados a aceptar todo lo que a cualquiera otro se le ocurra, siempre y cuando no nos imponga su propio modo de obrar. Hay en ello dos límites difusos: que el obrar ajeno no nos constriña; que tampoco nos perjudique. Si nada de eso sucede, se nos prohíbe censurarlo.

La gente reflexiona poco sobre la difícil dialéctica de la libertad y la igualdad, que suele dar lugar a tensiones insolubles desde el punto de vista racional. Tampoco hay mucha reflexión sobre el sentido de la libertad y las distintas acepciones a que dicho término da lugar. Ni se da buena cuenta de cómo, al llevar la tolerancia al extremo, se imponen nuevas modalidades de intolerancia, ni de la imposibilidad de darle sustento ético al relativismo, ya que este destruye el sentido del deber y, en últimas, el del valor: si todo vale lo mismo, nada vale. En consecuencia, no hay verdades morales y cada uno es dueño de su propia verdad, tan respetable como la de cualquiera otro.

Es difícil precisar a la luz de su pensamiento, sus palabras y sus acciones que es lo que entendía Gaviria por ética, pues en realidad era un individuo muy contradictorio.

Tampoco resulta fácil identificar su visión del ser humano. Por supuesto que era individualista radical, pero este individualismo no se compagina con el credo socialista. No era el suyo, en todo caso, un humanismo personalista, por cuanto este apunta hacia una trascendencia espiritual incompatible con su tenaz ateísmo y su grosero naturalismo.¿Qué podía significar para él un hombre realizado, si pensaba que la drogadicción es una faceta más del libre desarrollo de la personalidad, tal como se lee en la Sentencia C-221/94?(Vid. http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1994/C-221-94.htm)

Volviendo al tema de su visión fuertemente ideologizada del ordenamiento constitucional, conviene señalar que, de acuerdo con el dogma neoconstitucionalista que él profesaba, ya no hay que pensar en un fundamento trascendente de la juridicidad, como el que ofrecían las distintas escuelas iusnaturalistas, dado que todo está dicho en la Constitución y basta tan solo con saberla leer para descubrir, desde el tenor literal de su articulado, todo un universo de utopías. “El país que todos soñamos” está en ella y basta con aventurarse a edificarlo. La Constitución es, como en el conocido verso de Valencia,"una copa para todos llena", y el juez, máxime si es la Corte Constitucional, es poseedor de la clave secreta, el “Ábrete sésamo”, que permite abrevar en ella y apropiarse sus tesoros.

Un conocido dogma del realismo jurídico norteamericano postula que la Constitución es lo que digan los jueces. En tal virtud, estos se sienten autorizados para sustituir los contenidos de sus textos por lo que les indiquen sus ideologías. Estas prevalecen, entonces, sobre el articulado constitucional, y si el mismo no se ajusta a sus preceptos, simple y llanamente se le tuerce el pescuezo para imponer los dictados ideológicos. Así se ha visto acá y acullá, por ejemplo, con los textos que definen el matrimonio como unión de hombre y mujer, que se dejan de lado para imponer definiciones ideológicas que extienden tan venerable institución a las uniones homosexuales.

Pero si los jueces deciden soberanamente sobre lo que les parezca que es el contenido de la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia terminan sufriendo gravísimas distorsiones.

Los magistrados de la Corte Constitucional afirman que sus fallos son en derecho , pero le asignan al mismo los contenidos que ellos a su arbitrio disponen. ¿Qué los limita entonces? La situación termina siendo la misma de las monarquías absolutas, en las que el rey aspira a estar por encima de toda normatividad, dado que es él quien la produce.

El dogma democrático declara que el derecho emana de la soberanía popular, pero la Corte Constitucional, con sus extralimitaciones, usurpa esa voluntad. Emite juicios que el pueblo probablemente no apoyaría, pero aquella responde que fluyen de lo que establece la Constitución  que el propio pueblo ha ordenado por medio de sus representantes. De ese modo, si se dice que asuntos tan graves como el aborto, la redefinición del matrimonio, la educación sexual, la despenalización del consumo de drogas y otros que representan verdaderas revoluciones culturales, deberían someterse al escrutinio popular, se responde que ello no es necesario, porque esos cambios están en la Constitución misma que el pueblo debe obedecer.

Dijo Montesquieu en un texto célebre que todo el que ejerce poder tiende a abusar de él, por lo que se hace necesario que el propio poder contenga al poder mediante sistemas institucionales de frenos y contrapesas. Pues bien, la Corte Constitucional hace uso de poderes que solo conocen un límite, el que procede del autocontrol sobre sus propias decisiones, pues los límites institucionales son inoperantes en la práctica. De ese modo, ha extendido sus atribuciones hasta el punto de arrogarse de hecho el poder constituyente mismo y convertirse en en una vigorosa fuerza política.

Conviene tener presente que, tanto en la teoría como en la práctica, las relaciones entre política y derecho son bastante complejas.

Como lo señalé atrás, Kelsen trató de deslindar sus respectivos campos a través de la distinción entre validez formal y validez material de los ordenamientos. Lo jurídico sería asunto de la normatividad positiva; lo político estaría más allá, en los momentos de su concepción y su formulación. Pero, una vez puesta en vigencia, la idea de justicia plasmada en el texto se hace imperativa, es una justicia legal que prevalece sobre toda otra consideración de orden religioso, moral, filosófico, sociológico, económico e inclusive científico.

Mientras que una tradición vieja de siglos ha considerado que hay una justicia supralegal que fundamenta, controla y corrige los contenidos de la legal, el positivismo, sobre todo en su versión kelseniana, sigue al pie de la letra la antigua máxima que reza “Dura lex sed lex” y, por consiguiente, postula que la ley debe aplicarse tal cual está formulada de modo inexorable. Justo es lo que la ley decida y solo ello.

El Neoconstitucionalismo parte de la base de que todo texto legal se presta a diferentes interpretaciones y, además, la normatividad no solo se formula en reglas duras, sino también en principios y valores más o menos dúctiles reconocidos por ella misma.

Según esto, lo supralegal de las doctrinas iusnaturalistas de otros tiempos está incorporado a las constituciones contemporáneas, que hablan específicamente de la dignidad de la persona humana, de los derechos inherentes a ella, de la libertad, la igualdad, la tolerancia, el bienestar, etc.

Por eso digo que, según esta corriente dominante en el pensamiento jurídico actual, en la Constitución está todo y lo que no se encuentre de modo explícito en sus textos, podrá descubrirse en lo que está implícitamente en ellos.

Esa investigación se lleva a  cabo explorando las ideologías. Pero los jueces constitucionales tienden a imponer sus propias convicciones ideológicas por encima de las que la Constitución consagra o las que prevalecen en el medio social, tal como se advierte en la adopción de la “Ideología de Género” a través de fallos tan exóticos como el que dispuso que donde el Código Civil dice “hombre” o “los”  hay que entender que también dice “mujer” o “las”, puesto que el lenguaje corriente es “machista” e “invisibiliza” a la mujer y por consiguiente hay que corregirlo a fin de reconocerle a ella su valor. (Vid.http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2006/C80406.htm;http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/2784/3259).

La lucha política, como bien se sabe, exhibe dentro de sus facetas la controversia ideológica. Al tomar partido en este campo, la politización de la justicia da lugar a su ideologización.

La nuestra se ha convertido en una justicia ideologizada, y en ello el extinto Gaviria jugó un rol protagónico decisivo. Sus “herejías constitucionales” no son otra cosa que concepciones ideológicas introducidas como de contrabando en la Constitución. Sus corifeos aplauden que hubiera puesto en boca del constituyente lo que este no dijo y quizás no podría haber dicho.

De ese modo, muchos revolucionarios piensan que sería más fácil alcanzar sus objetivos “progresistas” a través de la acción judicial que por medio del juego político en los escenarios electorales o legislativos. Si una tendencia política se toma la Fiscalía y de contera la Corte Constitucional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y otras altas instancias similares,¿para qué esforzarse en conseguir votos en los debates electorales y obtener puestos en los cuerpos colegiados de elección popular?

Obsérvese, en efecto, que la revolución cultural en marcha ha logrado muchísimo más a través de los fallos de la Corte Constitucional que de las leyes del Congreso. Para muestra, lo concerniente al aborto, las uniones homosexuales, la eutanasia, la despenalización del consumo de estupefacientes y otros temas difíciles.

La politización de la justicia no se da solo en el aspecto ideológico. En declaraciones que di para “El Colombiano” sobre el legado jurídico de Carlos Gaviria observé que el activismo político de que fue adalid “se traduce en una función política, en el sentido fuerte del término”.(Vid.http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/8162-el-legado-de-carlos-gaviria?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Portada-PeridicoDebate-PeridicoDebate+%28Portada+-+Peri%C3%B3dico+Debate%29).

¿Cuál es ese “sentido fuerte”?

Con ello quiero decir que la justicia politizada no se limita a actuar en lo que podríamos decir que es la “alta política”, esto es, la de las grandes decisiones colectivas y la orientación básica de la vida estatal, sino también en los juegos cotidianos del poder, en las decisiones concretas, en el favorecimiento o la exclusión de personas o de iniciativas, etc.

A tal punto hemos llegado, que la Corte Constitucional se ha convertido de hecho en una tercera cámara constituyente y legislativa. Quienes quedan descontentos con lo que el Congreso decida a través de la forma prevista en la Constitución, aspiran a que la Corte Constitucional lo revoque o modifique declarando su inexequibilidad total o parcial, o modulando su interpretación y aplicación. La avilantez de la Corte ha llegado al extremo de darle órdenes al Congreso, tal como ocurrió con el tema de la eutanasia o el de las uniones homosexuales. Y no cabe duda de que fue un fallo político el que impidió la segunda reelección del presidente Uribe Vélez.

De la justicia ideologizada y politizada en el sentido fuerte del término a la justicia corrompida, solo media un paso que ya se ha dado y no a raíz de las denuncias contra el magistrado Pretelt, sino desde mucho tiempo atrás. Lo de interactuar con “lobbystas” es algo que hacía ya profusamente el entonces magistrado Gaviria, que en esto no dio ejemplos edificantes.

Sugiero la lectura de un excelente escrito que publicó hace poco en “El Colombiano” mi muy apreciado discípulo y amigo, el exmagistrado Javier Tamayo Jaramillo, con el título de “El derecho como método de corrupción”, en el que demuestra que el tan cacareado activismo judicial deriva a la postre en el deterioro ético de la administración de justicia.

Dice, entre otras cosas, lo siguiente:

“Y la delincuencia encontró el camino abierto para que la justicia corrupta, venal o politizada, utilizara la tutela no sometida a la Ley con el fin de favorecer sus intereses, pues la Ley escrita puede ser desconocida.”  (Vid.http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/el-derecho-como-metodo-de-corrupcion-DH1559454).

Desdeñar la ley escrita para sustituirla por el arbitrio judicial conduce inexorablemente la corrupción del sistema.

Por eso digo que el juicio sobre el legado de Carlos Gaviria como jurista debe decantarse con el transcurso del tiempo, que dirá en su momento cuán positivo o negativo es.

En lo concerniente al juicio sobre su persona y sus procederes, ya lo ha proferido Dios, cuya infinita misericordia hace que el sol brille todos los días tanto sobre buenos y malos, y envía la lluvia para justos y pecadores (Mt.5:45).

Es probable que ese sagrado veredicto no sea tan entusiasta como el de los responsables de “El Colombiano” y otros medios, que prácticamente parecen querer elevarlo a los altares como una especie de santo laico, pero es de esperar que tampoco sea lo condenatorio que desean sus detractores. Al fin y al cabo, era alguien humano, quizás demasiado humano, en sus sobresalientes cualidades y defectos.

Fue, en medio de todo, un hombre de familia, y para esta hay que pedir que Dios la consuele por su ausencia definitiva en este plano existencial. Con él se reencontrarán en el más allá.

sábado, 28 de marzo de 2015

El Estado soy yo

Es poco probable que esta afirmación haya sido pronunciada por Luis XIV, el célebre “Rey Sol”.

A pesar de que es un lugar común atribuírsela, el historiador Louis Madelin niega su autenticidad (Vid. http://www.lovapourrier.com/letat-cest-moi-na-jamais-ete-prononcee-par-louis-xiv). Sin embargo, resume el talante del absolutismo monárquico, de suerte que de su tenor bien puede decirse, acudiendo a la conocida expresión italiana, que “se non è vero, è ben trovato”.

Quizás, entonces, esta frase corresponda al estado de ánimo del monarca, sobre todo en los primeros años de su largo reinado. Pero, como lo observa Madelin, años después "Luis el Grande se tornó más humilde, afirmando que era necesario someterse a los designios de Dios, sobre todo después de los terribles duelos que afligieron a su familia”. Y añade:"Dios me ha castigado y yo lo he merecido, es el credo de sus días finales”.

Viene esto a cuento a propósito de de la fuerte tendencia autocrática que se observa en el modo de gobernar de Juan Manuel Santos, cuyas actitudes reflejan más la arrogancia propia  de un monarca que la discreción y la modestia que se esperan de un dirigente republicano.

Es dudoso que tenga alguna conciencia de la necesidad de someterse a la voluntad de Dios y muchísimo menos a la del pueblo que, según el dogma democrático, se pone de manifiesto en la Constitución. Esta, para él, es una baraja marcada que maneja a su amaño con trucos de tahúr.

El programa principal de su gobierno es la búsqueda de un acuerdo de paz con la insurgencia colombiana, comenzando por la de las Farc.

A él se lo eligió en 2010 para combatirla y doblegarla, de modo que llegara a la mesa de diálogos con un sincero ánimo de reconciliación y de inserción a nuestra institucionalidad democrática y liberal. Pero Santos, por sí y ante sí, consultando tan solo el parecer de un círculo cerrado, tomó la decisión de desconocer sus compromisos de campaña para emprender lo que ya se está viendo claramente como un salto al vacío. Ni siquiera consultó a los integrantes de su Mesa de Unidad Nacional, a quienes les impuso el cambio de rumbo por medio de la reforma constitucional mal llamada del Marco Jurídico para la Paz, cuyo trámite se hizo casi sin discusión y se aprobó por el Congreso bajo el estímulo de la repugnante “mermelada”.

Para Santos, el contenido de la agenda legislativa no se acuerda con el Congreso, sino que se negocia con cada congresista a cambio de prebendas presupuestales y burocráticas que conllevan corrupción. La consigna es "Tómelo o déjelo". Para guardar ciertas apariencias, solo se les concede cierto margen de iniciativa propia, siempre y cuando no se afecten los propósitos gubernamentales. Por consiguiente, la mal llamada representación popular no es para él en su conjunto una correa de transmisión de las inquietudes de las comunidades, sino instrumento de imposición de los dictados gubernamentales.

Podrían multiplicarse los ejemplos que muestran cómo se distorsiona y pervierte en beneficio del poder presidencial todo el andamiaje de frenos y contrapesas  previsto por la Constitución.

El poder presidencial, bajo el ímpetu autocrático de Santos, se instaura no solo sobre el Congreso, sino también sobre los cuerpos judiciales, los órganos de control, el poder electoral y la autonomía de las entidades territoriales, para expandirse luego hacia las organizaciones gremiales del sector privado y los medios de comunicación social.

No se admiten las voces discrepantes; ni siquiera son de recibo las que aconsejan cautela y discreción. Como en la vieja y venerable imagen de los discos de  fonógrafo, solo es posible que se oiga la voz del amo. Para las otras, solo caben tres alternativas: sumarse al coro laudatorio, sufrir los improperios o someterse a la campana neumática que condena al silencio.

La crisis que se ha desatado en el sector judicial es bien diciente. Si se toman en serio las declaraciones del magistrado Pretelt, el matoneo en contra suya se origina en el propósito del Fiscal y, en últimas del Presidente, de controlar la Corte Constitucional, eliminando un protagonista indócil para la elección de Registrador del Estado Civil, que corresponde a los presidentes de las Altas Cortes, y para las votaciones sobre temas complejos, como los que conciernen a los acuerdos a que eventualmente se llegare con los narcoterroristas.

¿Cómo ha respondido el gobierno a esta crisis?

Nada menos que con la idea de que el Tribunal de Aforados, llamado a investigar y procesar a los altos funcionarios del Estado, se integre por primera vez con magistrados que nombre el Presidente de la República. Y luego sale el Superministro, que en contravía de la Constitución designó Santos hace unos meses, a proponer que al Fiscal General también lo nombre el Presidente, como si el contubernio de la dupla Santos-Montealegre no mostrase facetas infernales que tienen aterrados a los colombianos de bien.

Denunció La Hora de la Verdad el viernes pasado que se rumora que el gobierno estudia fórmulas jurídicas para convocar un referendo que le otorgue plenos poderes a Santos para suscribir y poner en ejecución los eventuales acuerdos con las Farc y quizás también el Eln, lo que implicaría algo peor que las leyes habilitantes que el chavismo copió del régimen hitleriano, pues el alcance de las facultades comprendería nada menos que reformar sustancialmente la Constitución. Ello significa entonces que el dictador Santos quedaría investido del poder constituyente.

Ardiendo de ira contra el Procurador General de la Nación, que ha hecho muy sensatas observaciones sobre los diálogos de La Habana en defensa de la integridad del ordenamiento jurídico y de los intereses superiores de la sociedad, Santos ha resuelto pedirle que se abstenga de intervenir porque el único facultado para tratar los temas de paz es él, como si el mismo se identificara con el Estado y los colombianos tuviéramos que resignarnos a ser espectadores pasivos de sus claudicaciones.

¿Qué es todo esto, sino autocracia monda y lironda?

Mucha gente se burla de Santos, pero, como a los sátrapas africanos, lo que hay es que temerle. Podría hacer mucho daño. Mejor dicho, ya lo ha hecho.