El coraje de ser católico

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Declararse católico en los tiempos que corren parece ser una osadía, sobre todo en ciertos sectores sociales que presumen de cultos y progresistas. Por eso escribí en mi último artículo que, de modo similar a lo que sucedía en sus comienzos, bien puede hablarse ahora del escándalo del cristianismo y más precisamente, del catolicismo.

Los motivos de escándalo son muchos. Unos tocan con la campaña sistemática de desprestigio que no siempre sin razones se ha emprendido a lo largo de años contra la Iglesia, a la que se pretende presentar como una institución plagada de vicios de toda índole, sobre todo en materia sexual. No vale contra sus detractores el  buen ejemplo que dan muchísimos de sus servidores y fieles, ni la abundante obra humanitaria que ella patrocina. El pecado de unos pocos, así sea notorio, pesa más que las virtudes de muchos, que suelen ser, por lo demás, discretas. Otros, que me interesa examinar en esta oportunidad, tienen que ver con la oposición radical que media entre los desarrollos últimos de la Modernidad y, desde luego, de la Postmodernidad, respecto de lo que Heidegger, con cierto desdén, denominó en algún momento como el “Sistema del Catolicismo”.

En otro escrito señalé que el pensamiento contemporáneo quizás podría considerarse escindido en dos grandes vertientes: el cientificismo naturalista y el culturalismo relativista. Entre uno y otro hay enfrentamientos insalvables, pero ambos están de acuerdo en el menosprecio de lo religioso y todo lo que esto conlleva. Digamos que la ideología dominante adhiere a la tesis de la Ilustración  que considera que la religiosidad corresponde a etapas que por analogía podrían compararse con la infancia y la adolescencia en el desarrollo intelectual de la humanidad. Este punto de vista aparece ya en el célebre opúsculo de Kant que declara que con la mentalidad ilustrada la sociedad ha alcanzado la mayoría de edad, es decir, el uso de razón. Se lo reafirma luego con la famosa Ley de los Tres Estadios que propuso Comte, según la cual el pensamiento pasa primero por un estadio mitológico; luego, por uno metafísico; y, por último, por uno positivo o científico.

Todo lo discutibles que puedan ser estas consideraciones, su arraigo en la mentalidad contemporánea es tan fuerte que combatirlo parece que equivalga a dar coces contra el aguijón.

Hay, pues, que armarse de coraje para defender algo que, bien por la mala fama que se ha creado en torno suyo, ora por la ideología dominante, parece estar condenado a extinguirse, como con cierta jactancia se anunció hace poco al tenor de ciertas proyecciones matemáticas.

Dentro de este ambiente, un acto como la beatificación de S.S. Juan Pablo II entraña un abierto desafío al materialismo que, bajo distintas modulaciones, se ha impuesto en los medios dominantes de nuestra civilización.

En efecto, dicho evento parte de reconocer la santidad como valor supremo de la vida humana, que surge de esa aspiración a lo perfecto que reclama el Evangelio como requisito necesario para entrar al Reino de los Cielos. Para el cristianismo, hacia  la realización plena del individuo humano se tiende a través de la adquisición y el ejercicio de las virtudes que predicó y practicó nuestro Señor Jesucristo, a sabiendas de que se trata de ideales que, dada nuestra congénita imperfección, apenas es posible alcanzar medianamente con el auxilio de la gracia.

Pero el pensamiento dominante opina que la santidad niega la naturaleza y aspirar a lograrla es algo que amerita considerarse más bien dentro del orden de las patologías. Lo que para el mundo religioso es el supremo bien será entonces  para aquél una modalidad más o menos perniciosa. No importa que se destaquen virtudes y prodigios asociados a la santidad, pues siempre se verá en ésta la manifestación de alguna perversa inclinación inconsciente o, al menos, de cierta anomalía psicológica.

A decir verdad, los cientificistas y los culturalistas no tienen claridad acerca de qué es para ellos un hombre realizado. Y si propusieren algún modelo plausible, será tan irreal que en la práctica las grandes mayorías estarán muy lejos de seguirlo.

Quizás por ello, el pensamiento actual tiende a considerar que el tema de la realización humana es asunto exclusivo de cada individuo, que por sí y ante sí está legitimado para decidir a su arbitrio sobre los modelos que considere atractivos para él. Lo del libre desarrollo de la personalidad que proclaman los textos constitucionales como derecho fundamental no deja, pues, de ser una fórmula vacía, como lo es también la del sujeto moral que les hace chorrear la baba a los epígonos de Kant.

Frente a este nihilismo que a la postre es frustrante y destructivo, hay que afirmar, como lo hace Claude Tresmontant en “L’enseignement de Ieschua de Nazareth” (Éditions du Seuil, París, 1970), que la enseñanza del último profeta de Israel contiene “una ciencia en extremo rica y profunda” que versa “sobre las condiciones, sobre las leyes de la génesis del ser inacabado que es el hombre. Una ciencia que nos descubre las leyes y las condiciones de la creación de una humanidad todavía inacabada, y en tren de hacerse, las leyes normativas de la antropogénesis. Más todavía: las leyes y las condiciones, para la humanidad, de su realización última, es decir de su divinización”(ps. 7 y 8).

Esa divinización no es otra cosa que la perfección de la santidad.

Pues bien, en un medio tan deletéreo como el que nos rodea parece del todo inapropiado proclamar que alguien ha alcanzado la santidad o es candidato a ella, que su vida puede presentarse como modelo de virtudes y que su persona amerita venerarse.

De ahí la avenida de escritos más o menos injuriosos o, en últimas, peyorativos que se publicaron en la prensa hace poco para poner en duda los méritos del papa Wojtyla e incluso para endilgarle graves pecados de omisión  dizque por no erradicar los vicios de los clérigos pederastas. No importó que ciertos acusadores carecieran de toda autoridad moral para criticarlo, por ser ellos mismos por lo menos favorecedores de la pornografía y las costumbres licenciosas, pues de lo que se trataba era de enlodar la imagen de quien el pueblo, a poco de su muerte, proclamó abrumadoramente como santo.

Pero si la idea misma de santidad resulta repelente para los manipuladores de la opinión pública, peores les parecen los procedimientos para declarar las virtudes sobresalientes del candidato a la canonización y las ceremonias con que se lo declara siervo de Dios, beato y, por último, santo.

Fuera del examen que hace el llamado “Abogado del Diablo” en torno de la vida del candidato, se requiere que por la intercesión de éste se haya producido algún milagro, es decir, un evento que no pueda explicarse científicamente y que se pruebe que está asociado a la oración de los fieles y, por ende, a la intercesión suya ante Dios Todopoderoso. Los escépticos ponen, por así decirlo, el grito en el cielo cuando se les habla de fenómenos que no obedecen a la regularidad natural, de la fuerza de la oración, de la acción de un muerto y del poder de Dios, al que niegan a rajatabla a punto tal que prefieren afirmar sin ruborizarse que el mundo se creó a sí mismo (Hawkins) antes que admitir que hubo y hay un Creador.

Recomiendo a los escépticos que lean “El milagro-¿Un desafío para la ciencia”, de Pierre Delboz, para que tengan algún conocimiento del asunto y no se queden en el estadio de la mera negación y la acusación de fraude.

Pregunto, además, si sería posible hoy hacer un montaje respecto de la curación del mal de Parkinson de una religiosa, que sirvió de base para la beatificación de Juan Pablo II, o la de una parálisis de la pierna izquierda que acaba de reconocerse en Lourdes. Si tienen verdadero espíritu científico, estudien los casos y después hablen, como lo hizo Alexis Carrel hace cosa de un siglo.

El tema de la oración es tan desagradable de tratar como el de los milagros y acarrea toda clase de burlas de parte de los impíos. Pero hay un hecho: la oración obra, tanto en quienes la recitan como en terceros. Hay suficiente literatura sobre el particular, pero bien se dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y más allá de los estudios de campo y los mútiples testimonios  que se conocen, está la experiencia personal de quienes sabemos cómo puede obrar el espíritu en momentos difíciles de nuestras vidas.

El “Credo Occidental” que varias veces he mencionado postula que todo acaba para el individuo humano con la muerte biológica. Hablar, pues, de espíritus que sobreviven a ese acontecimiento decisivo parece un exabrupto. Peor será venerarlos, pedirles, reconocer que pueden interactuar con los vivos y admitir que hay un mundo sobrenatural que influye en el que consideramos natural. Y, desde luego, cuando admitimos que hay un Dios omnipotente y misericordioso que atiende nuestras súplicas, bien sea las que le hacemos directamente, ya las que elevamos a través de intermediarios sagrados, ahí sí que entramos en el escenario del anatema y se pone de presente la animosidad a veces violenta, por lo menos en las palabras y los gestos, de los incrédulos.

Como para éstos la ceremonia de beatificación que presenciamos el domingo pasado fue apenas un espectáculo de masas, hubo quien la comparara desfavorablemente con la boda principesca que tuvo lugar dos días antes en Londres, así como los que se atrevieron a denunciar el populismo del Vaticano o su artero intento de recuperar el ascendiente sobre las masas que ha perdido por obra de la mentalidad moderna o postmoderna y por los escándalos del clero.

Lo reitero: si pongo en duda los artículos del “Credo Occidental” y adhiero a los del de Nicea, me veré expuesto a toda clase de reacciones adversas. Así sea.

Catolicismo y Modernidad

A pesar del Concilio Vaticano II, que intentó poner al día a la Iglesia y adaptarla al espíritu del siglo XX, las relaciones entre el  mundo católico y la sociedad contemporánea siguen siendo tensas y están muy lejos de lograr la armonía.

No es inoportuno señalar que ese empeño ha suscitado dificultades en el interior de la Iglesia, que presencia el enfrentamiento entre tradicionalistas y progresistas, así como la pérdida de fieles, la disminución de las vocaciones, la creciente oposición a su influencia en la sociedad e, incluso, los amagos de persecución, abierta o velada, en nombre del laicismo.

No falta quien diga que el Concilio no obtuvo los resultados que de él se esperaban y más bien pudo ser contraproducente, no sólo por el efecto inicial, del que se dolió en su hora Paulo VI, sino por sus consecuencias a mediano y largo plazo.

Bien sea por obra del “aggiornamento”, ya por factores inherentes a la Iglesia misma, es inocultable la crisis que la aflige y se pone de manifiesto tanto en el plano doctrinal como en el de las costumbres. En el primero se advierte que se han ido borrando las fronteras entre la ortodoxia y la herejía, a punto tal que hay temas sobre los que los fieles ya no saben a qué atenerse en lo que atañe a la identidad conceptual católica. Lo segundo toca sobretodo con los escándalos sexuales del clero, pero también con otros aspectos de su mundanidad, tales como el apego a la riqueza, la vida muelle o el poder.

Qué duda cabe acerca de que la roca sobre la que el Señor anunció que edificaría su Iglesia exhibe hoy grietas inquietantes que ponen en duda su futuro y parecen dar razón a los anuncios  que hablan de divisiones, apostasía y corrupción como signos del fin de los tiempos.

Por eso escribí hace unos meses que es necesario volver a leer los Evangelios, a fin de recuperar el espíritu que ha animado a la Iglesia a lo largo de siglos. Esa lectura, por supuesto, obliga a confrontar la realidad eclesial de hoy con el modelo evangélico, a fin de extraer las conclusiones pertinentes.

“Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”, dice el Evangelio al postular la santidad como ideal de realización plena de la vida humana. Pero, cuán lejos está el clero de hoy de ese modelo. Más alejados de él, por supuesto, estamos los católicos comunes y corrientes, que no sólo nos preciamos de no ser unos santos, sino que desdeñamos aspirar a mejorar nuestras vidas para tratar de vencer las distancias que nos alejan de la meta que nos trazó el Señor.

El Evangelio alerta, además, sobre los tratos con lo que llama el “Príncipe de este mundo”, que hoy viste el ropaje de la Modernidad y el Progresismo.

Igual que en los tiempos de la Iglesia primitiva, ahora también el mensaje evangélico resulta escandaloso y absurdo para la mentalidad dominante, en la que prevalece lo que Charles T. Tart, a quien he citado en otros artículos, llama el “Credo Occidental”.

Es claro que  este sistema de creencias es del todo incompatible con el pensamiento religioso y más concretamente con el católico, pues lo que éste afirma el otro lo niega tajantemente.

Desde luego que ambos pueden coexistir en el plano estrictamente académico, tal como sucede en muchas instituciones universitarias que ofrecen albergue tanto a los creyentes como a los que no lo son. Pero esa coexistencia difícilmente podría ir más allá del mutuo respeto que por cortesía deben observar quienes profesan puntos de vista diferentes acerca de materias contenciosas.

De hecho, ese respeto resulta cada vez más ilusorio, sobre todo por parte de quienes descreen de la religión, que no obstante la tolerancia que afirman como dogma básico de la cohabitación entre quienes profesan opiniones diversas, no sólo manifiestan desprecio por lo que aquélla entraña, sino pretenden silenciarla e incluso erradicarla, por lo menos del escenario público.

Es frecuente, por ejemplo, que se desconceptúe en malos términos a  quienes en los debates políticos, jurídicos o morales utilicen argumentos de tipo religioso, o a los funcionarios que en razón de sus creencias se muestren hostiles a ciertas iniciativas, o a todo el que invoque la objeción de conciencia respecto de asuntos tan discutibles como el aborto.

Es una tolerancia que juega sólo para un lado, el de los que se consideran a sí mismos tolerantes. O, como se dice en la jerga popular, una tolerancia que aplica la “Ley del embudo”: la parte estrecha, pera los creyentes; la amplia, para los no creyentes. Así las cosas, la regla parece formularse de este modo:“Tolere mi opción moral de vivir como me dé la gana, que yo me reservo el derecho de tolerar o no su juicio moral sobre  mis actos”.

A las creencias religiosas se les quiere negar el derecho de manifestarse en el debate público. Además, se pretende reprimir la exhibición de símbolos y la celebración de ceremonias que tengan esa connotación. Por consiguiente, ¿de qué tolerancia se habla?

Tal vez sea hora de repensar los términos del diálogo de los creyentes con los no creyentes, sobre todo cuando éstos se empecinan en silenciar a aquéllos. Dicho de otro modo, la Iglesia debe considerar que es asunto de supervivencia la guarda de su identidad, y para ello le toca de nuevo ser militante, reafirmando sus valores, defendiendo sus creencias y diciéndoles sin timideces a los perversos claramente lo que son.

El Poder Mediático

Cuando se aborda el tema de “Periodismo y Poder”, no debe de perderse de vista que el periodismo ostenta de suyo un poder, precisamente el poder mediático.

Este poder se relaciona de muchas maneras con otros poderes que obran en medio de la vida comunitaria. Y no cabe duda de que es uno de los más fuertes.

Ya Napoleón había advertido su importancia al señalar que “Una gaceta vale por cien(¿?) regimientos”(cito de memoria, la que no siempre es fiel).

Al fin y al cabo, el periodismo es pieza fundamental del engranaje de la opinión pública, que de hecho es la verdadera depositaria de la soberanía en las sociedades contemporáneas. Eso también lo vio Bolívar, según consta en texto que desafortunadamente no tengo  a la mano al momento de escribir estos apuntes, pero que igualmente guardo en mi memoria.

Es célebre la reflexión de Montesquieu acerca del carácter expansivo de  todo poder: “Todo el que ejerce el poder tiende a abusar de él…”

Pues bien, la idea matriz del constitucionalismo moderno es precisamente el control del poder mediante el sistema de frenos y contrapesas que formuló el referido Montesquieu, la garantía de las libertades que propuso Locke y la democratización que teorizó Rousseau.

Al tenor de ello, se aspira a que todo poder se someta a reglas, que esas reglas partan de la base de la separación de poderes en cuanto a su formulación y su ejecución, que las mismas protejan unos derechos fundamentales y que la titularidad de aquél emane del pueblo.

Uno de los grandes temas de la teoría constitucional en los tiempos que corren es la necesidad de acompasar unos dogmas, cuya formulación parece nítida, con una realidad que tiende a ignorarlos, distorsionarlos e imponer, por la vía de los hechos, interpretaciones y prácticas que modelan la sociedad de una manera muy diferente a la que se concibe en las doctrinas y en las normas.

Dicho de otro modo, la separación de poderes que plantea la Constitución funciona de manera muy diferente en la práctica y en la teoría. Lo que en realidad ocurre es un grave desequilibrio institucional en el que hay poderes desbordados que desconocen los límites de distintas clases llamados a imponer el orden e introducir la armonía en la vida política.

La mala Constitución Política que adoptamos en 1991, la que suelo llamar el “Código Funesto”, configura un pésimo estatuto del poder, cuyos malos resultados están a la vista, pues hacen de Colombia un país prácticamente ingobernable con el tejido de autonomías que a troche y moche se establecieron para debilitar el poder del Gobierno nacional y el del Congreso, que son los más auténticos representantes de la supuesta voluntad popular que se pone de manifiesto en los procesos electorales.

Dentro de ese desbordamiento de poderes hay que considerar el de los jueces, que será tema de otros comentarios, y el de la prensa, que es materia de lo que sigue.

Hace poco leí un twitter de la agraciada Vicky Dávila en que reclamaba libertad absoluta para la prensa. Y más o menos en el mismo sentido se han pronunciado otros comunicadores que claman contra la iniciativa que obra en el Congreso acerca del castigo penal de la difusión de documentos protegidos por la reserva legal.

Ignoran ellos que la divulgación y empleo de documentos reservados ya figura como delito en el Código Penal vigente, bajo los términos que siguen:

“El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.”

Así quedó el texto a partir de la modificación que introdujo el articulo 25 de la Ley 1288 de 2009, que sustituyó la pena de multa que preveía el artículo original del Código por la de prisión de cinco a ocho años.

Lo que  está en vigencia no se altera sustancialmente con la disposición que se contempla en la propuesta gubernamental que ha desatado las furias mediáticas.

Traigo el tema a cuento porque los textos en mención, tanto el suave del primitivo artículo 194 del Código Penal como el severo de la Ley 1288 de 2009, son letra muerta, dado que que no hay autoridad que se atreva a investigar a los medios que con todo descaro publican versiones de indagatorias, de declaraciones de testigos o de  otras piezas documentales incorporadas a los expedientes penales y disciplinarios, a veces al día siguiente de practicadas dichas pruebas.

Los medios alegan  derecho absoluto a la confidencialidad de las fuentes y a ofrecer información que, según ellos, ha resultado de suma utilidad para destapar escándalos que de otra manera habrían permanecido ocultos.

Este último argumento, muy socorrido por  el propietario y el director de Semana, es débil, pues las leyes ofrecen distintos arbitrios para que las autoridades competentes abran investigaciones y decidan sobre hechos que deban ser sancionados por ser contrarios al ordenamiento jurídico. No es la prensa el único ni el más eficaz modo de poner en funcionamiento las atribuciones fiscalizadoras y punitivas de las autoridades legítimamente constituídas.

Pero, no obstante su debilidad conceptual, el argumento suministra una idea acerca de cómo los medios pretenden invadir la esfera de los órganos de control y de las autoridades judiciales. Ellos investigan, denuncian ante el público, exhiben probanzas, interrogan a los implicados desconociendo las más elementales reglas de cortesía y extraen sus propias conclusiones, poniendo a la gente en la picota  sin garantía alguna para defenderse ni derecho de apelar, pues la práctica judicial en materia de delitos contra la honra de las personas es bastante laxa, sobre todo cuando los querellados son periodistas.

La condena mediática es más expedita e incluso más drástica que la judicial, pues si en esta instancia se produce la absolución ya el daño a las personas involucradas en algún escándalo está hecho y suele ser irreparable.

Esa condena mediática viola el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, según el cual “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

En el caso de documentos sometidos a reserva no sólo se presenta una trasgresión a la normatividad penal que vengo mencionando, sino que puede darse algo más grave, pues se dice que la práctica de hacer esas publicaciones, no siempre con el propósito de que la ley se cumpla y así desfacer entuertos, sino con el ánimo mercantil de aumentar la circulación y ganar dinero, se involucra con un mercado de documentos y filtración de informaciones en que participan funcionarios públicos que algo suelen recibir a cambio.

Así las cosas, tanto el funcionario que sirve de fuente como el periodista que utiliza la información pueden ser copartícipes del delito de violación de reserva sumarial e incluso de una receptación, que es figura penal de singular gravedad.

Pero, repito, todas estas consideraciones son ociosas, porque no hay quien se atreva a ponerle el cascabel al gato mediático, fuera de que se presenta una dificultad probatoria emanada del derecho constitucional a la reserva de la fuente que ampara a los medios.

Con todo, de ahí no se sigue que por otras probanzas, incluso la indiciaria, pueda llegarse a demostrar ese perverso tráfico que resulta tan dañino para la institucionalidad como los escándalos que la prensa pretende que no queden ocultos e impunes.

Digo que de hecho los medios juzgan, más que prejuzgan, y de ese modo sustituyen a las autoridades competentes e incluso las intimidan.

El ex presidente Uribe citó hace poco unas declaraciones del ex fiscal Mendoza Diago en las que éste afirmó que tenía que tomar ciertas medidas porque, de lo contrario, “lo cocinarían los medios”.

Decía Napoleón con muy buenas razones que “el funcionario más poderoso dentro del Estado es el juez de instrucción”. Pero entre nosotros ese funcionario, al parecer omnipotente a pesar de ciertas restricciones legales que también son letra muerta, se rinde indecorosamente ante el poder mediático haciendo depender sus decisiones de las intimidaciones de éste.

Acabo de leer unos comentarios acerca del más reciente escrito de Ronald Dworkin, un muy influyente iusfilósofo contemporáneo, que lleva por título “Ética para puercoespines”, en alusión al conocido libro de Isaiah Berlin, “El Erizo y la Zorra”.

Deo volente, después haré algunas glosas al respecto, pero lo que ahora quiero destacar es que Dworkin combate el relativismo de Berlin-las muchas cosas que sabe la zorra-, procurando encontrar la clave única de la verdad moral- la única cosa que conoce el erizo. Piensa que esa clave la suministra el concepto de dignidad, que en la vida personal, a su juicio, es tema de la ética, y en la relación interpersonal lo es de la moral, las cuáles a su vez suministran las claves para la fundamentación del derecho.

Pues bien, ¿cuán cuidadosos de la dignidad humana son los aviesos procedimientos a que acuden los medios para lesionar impune y gravemente esa elementalísima garantía , que es a la vez fuente de derechos fundamentales y de deberes también fundamentales?

Es verdad que el artículo 74 de la Constitución Política otorga protección para la actividad periodística para garantizar su libertad y su independencia profesional, dentro del marco de libertad que el artículo 20 de la misma estipula para los medios de comunicación social. Pero sobre éstos pesa, en virtud de la misma disposición, una responsabilidad social que, si bien es cierto no puede hacerse efectiva a través de la censura, que está expresamente prohibida, impone deberes que ameritan precisarse bien sea por vía legislativa, ya por la jurisdiccional.

Ingrediente básico de esa responsabilidad social de los medios y de la profesión periodística en particular es el respeto por el ordenamiento jurídico, sobre todo por los derechos fundamentales de las personas y la organización institucional del Estado.

Atropellar la dignidad de las personas, como es de usanza cotidiana en los medios, e invadir las esferas de los órganos de control y las autoridades judiciales, como también ocurre a diario, va contra ese significativo principio de responsabilidad social.

La alternativa frente a una prensa  desbocada no es, como suele afirmarse, la de una prensa censurada, pues desde el punto de vista institucional bien pueden armonizarse, como lo señala el articulado constitucional, la libertad y la responsabilidad social.

Las malas prácticas de los medios han dado lugar a que no pocas veces los órganos de control y las autoridades judiciales profieran decisiones que en lugar de ajustarse estrictamente a derecho se orientan a satisfacer los apetitos del público, aupados por aquéllos.

Aquí hay muchísima tela para cortar. Lo que dejo expuesto apenas roza superficialmente un asunto que amerita examinarse con toda profundidad, pues pone en juego el buen funcionamiento de la república.

Más sobre periodismo y poder

Escribí en mi último artículo que el libro de María Isabel Rueda es un buen abrebocas para examinar las relaciones entre el periodismo y el poder político entre nosotros.

Es probable que el primer medio impreso, “El Papel Periódico Ilustrado”, de Manuel del Socorro Rodríguez, hubiese surgido con finalidades políticas, tal como lo sugiere Pablo Victoria en una de sus más recientes publicaciones, aunque de hecho se lo anunciaba como una publicación de noticias generales y hasta de curiosidades.

A partir del Grito de Independencia y a todo lo largo del siglo XIX, así como durante buena parte del XX, la prensa surgió y se desarrolló en torno de propuestas y campañas políticas. Lo corriente era, entonces, que los periódicos tuviesen afiliación partidista y sus promotores fueran activistas políticos, principalmente liberales y conservadores.

Por ejemplo, en mis mocedades había en Medellín dos periódicos rojos y dos azules: “El Correo” y “El Diario”, que estaban afiliados a distintas facciones del liberalismo, y “El Colombiano” y “La Defensa”, que a su vez representaban dos tendencias conservadoras.

La radiodifusión no fue extraña a esta orientación. Así, “La Voz de Colombia” surgió para defender las propuestas políticas de Laureano Gómez. Y hubo noticieros claramente identificados con liderazgos políticos, como “Democracia”, el medio de expresión de Julio César Turbay Ayala.

Sin embargo, la presencia de grupos empresariales en la radio fue desdibujando de cierta manera el perfil partidista de los noticieros. Es sabido que Coltejer y Fabricato dominaron a Caracol y RCN a mediados del siglo último y marcaron ciertas distancias respecto de los directorios políticos. Así sucedió con Última Hora  y Radiosucesos .

Este es un precedente significativo de lo que después ha sucedido tanto en la radio como en la televisión, los periódicos y las revistas, que en buena medida han quedado bajo el control de grandes conglomerados económicos.

La llegada de la televisión en 1954 introdujo nuevos elementos de politización en el medio. Como en sus orígenes la TV era oficial, lógicamente sirvió los propósitos del gobierno de Rojas Pinilla, que fue quien la  trajo a Colombia.

Más tarde, el Frente Nacional la utilizó para beneficiar a unos y excluir a otros. Tal vez el caso más elocuente fue el de Noticolor, bien llamado por Klim “Lambicolor”, durante el gobierno de Turbay. Su sucesor, López Michelsen, intentó sin éxito consolidar un noticiero oficial cuya dirección ejerció Juan Guillermo Ríos.

Como escribo de memoria, tengo cierta laguna acerca de una decisión evidentemente insólita: entregarles a las familias de ex presidentes y presidenciables los noticieros de televisión. Tiempo después el asunto evolucionó hacia la adjudicación a grupos empresariales y favoritos de los gobernantes de turno.

El libro en mención destaca el tema empresarial en el espectro mediático. Periódicos, revistas, así como noticieros de radio y televisión, han dejado de ser estructuras por así decirlo artesanales para convertirse en negocios que tienen que manejarse siguiendo los dictados de la lógica administrativa y financiera de las empresas productivas.

Ello entraña el debilitamiento de los nexos con los activistas políticos, que carecen de visión y disciplina empresariales o no tienen los recursos patrimoniales que se requieren para sostener  un medio de comunicación.

Algunos medios pertenecen, según lo dicho, a conglomerados empresariales. Otros pertenecen todavía a sus viejos fundadores o sus herederos, pero sólo pueden subsistir si se adaptan a las exigencias de los tiempos, que ya no favorecen los esfuerzos heroicos de los idealistas de antaño.

Vaya uno a saber, en fin, si hay medios que se han nutrido de fondos provenientes de actividades ilegales, básicamente del narcotráfico como también de la corrupción administrativa.

Es algo de lo que se hablaba hace años, cuando los capos se paseaban como Pedro por su casa y se exhibían públicamente. Como los sucesos de fines de la década del ochenta y principios de la del noventa del siglo pasado los obligaron a comportarse discretamente, sería difícil establecer ahora si las sospechas que han recaído sobre ciertos comunicadores tienen o no fundamentos sólidos.

La transformación de los medios en empresas productivas conlleva el examen de varios aspectos relevantes.

Por una parte, está la relación con los gobiernos, asunto que es nítido en lo que toca con la televisión y, en menor medida, con la radio, no sólo por las reglamentaciones que pesan sobre estos medios, sino por los compromisos financieros que se imponen sobre los usuarios de los espacios de aquélla.

Hay mucha tela para cortar en torno de estos tópicos y falta quien escriba la historia de intrigas, negociados, detrimentos patrimoniales y otros hechos poco edificantes que podrían haber acaecido en torno de los nexos de los comunicadores con las autoridades.

Los gobiernos son, además, grandes anunciantes. La famosa pauta publicitaria se convierte así en un instrumento de presión sobre los medios. El modo  como se la distribuye determina para no pocos las posibilidades de subsistencia, sobre todo si se trata de medios que no están vinculados con grupos económicos o carecen de su propio músculo financiero.

Por otra parte, hay que considerar la relación con los anunciantes privados. No han faltado los casos de medios que han tenido que sufrir el constreñimiento de aquéllos para modificar alguna línea de pensamiento o de acción. Pero tampoco es improbable que se hayan presentado prácticas veladamente extorsivas, en cuya virtud los anunciantes se ven presionados para mantener sus pautas con el fin de evitar que los medios hagan publicaciones insidiosas que puedan perjudicarlos.

Desafortunadamente, los que hablan del asunto lo hacen en voz baja y no se atreven a denunciarlo públicamente, razón por la cual todo queda en el plano de la conseja, tal como sucede con los famosos “carruseles” de contratación.

En la medida que los medios aspiran a ampliar sus negocios a través de beneficios provenientes de medidas gubernamentales, sus líneas editoriales, sus campañas, sus tendencias informativas, etc. pueden verse sesgadas por sus intereses específicos. Es asunto que convendría explorar, por ejemplo, en lo que se refiere a la adjudicación del tercer canal de televisión que está ahora en pleito en el Consejo de Estado.

Los medios son negocios. Viven de la pauta publicitaria y ésta depende de su penetración en el público. Si el medio impreso circula, si el radiofónico se escucha, si el televisivo llega a los hogares, habrá anunciantes. De lo contrario, tarde o temprano desaparecerá.

La batalla  por captar lectores, radioescuchas o televidentes es, entonces, vital para los medios. Y no estamos seguros de que ahí se excluya el ominoso “todo vale”, especialmente en lo que al sensacionalismo atañe.

Hay todo un escrutinio por verificar acerca de los procedimientos que se emplean para llegar al público y, a través de éste, a los anunciantes. Ojalá fueran los tendientes a suministrarle a la comunidad la información veraz e imparcial, dentro de condiciones de responsabilidad social y respeto a la honra, a que aspiran los  artículos 20 y 21 de la Constitución Política.

Son temas que ameritan consideración más cuidadosa. Ya volveré sobre ellos.