miércoles, 28 de mayo de 2014

El engañabobos de la ultraderecha

No se sabe si la dialéctica rudimentaria de Juan Manuel Santos y sus secuaces , que trae a la memoria la “de la yuca” que utilizó con tanto éxito Rojas Pinilla en 1970, obedece a ignorancia, mala fe o las dos cosas. Lo cierto es que pone de manifiesto una simplificación indebida del espectro político y representa un insulto a la inteligencia del pueblo al que va dirigida.(Vid.http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/elecciones-presidenciales-2014-santos-invito-a-los-demas-partidos-a-unirse-a-su-campana/14036497)

 

Me detendré en la satanización que pretenden hacer del Centro Democrático como un movimiento de “ultraderecha” por la reivindicación que hace de la seguridad pública como condición necesaria para la buena marcha de las comunidades y sus críticas a los diálogos con los capos narcoterroristas de las Farc en La Habana, críticas que, según el Presidente-candidato, buscan mantener a Colombia en una guerra sin fin, en vez de facilitar el fin de la guerra.

 

Comienzo por señalar dos cosas, a saber:

 

-La clasificación de las tendencias políticas como de Izquierda y de Derecha es superficial y adolece de un inevitable relativismo histórico.

 

-En realidad, el fenómeno de las tendencias políticas es bastante complejo y da lugar a clasificaciones más sofisticadas que la que nos ocupa.

 

Es bien sabido que esta clasificación tuvo su origen en la Revolución Francesa por un asunto meramente circunstancial, los sitios que ocupaban las distintas facciones políticas en el recinto de la Asamblea Nacional, de suerte que los más radicales se instalaron a la izquierda, los moderados lo hicieron en el centro y los monarquistas se sentaron a la derecha

 

Pero el espectro político va cambiando con el tiempo y las diferentes tendencias en que se descompone evolucionan, cambian de signo, se combinan, adoptan nuevas modalidades, etc.

 

Estas evoluciones son tema de la fascinante historia del pensamiento político. que desde el siglo XVIII hasta el presente muestra muchísimos matices.

 

Ofrezco un ejemplo que traté en mi conferencia sobre “El Político Católico”: el pensamiento  del Catolicismo acerca de la política evolucionó de un modo relativamente simple a través de muchos siglos, en los que pueden distinguirse varias etapas: el Cristianismo primitivo, la Patrística, la Escolástica, el Renacimiento y la Contrarreforma. Pero a partir del siglo XVIII en su confrontación con la Modernidad y la asimilación de la misma, es un pensamiento que se va dispersando en varias corrientes a veces contradictorias: tradicionalistas, liberales, socialistas, nacionalistas, democráticas, globalistas, etc.

 

Recuerdo que en “El opio de los intelectuales”, Raymond Aron, al examinar casos como el del Justicialismo peronista, se preguntaba qué es en definitiva ser de de Izquierda o de Derecha, pues en sus tesis había ingredientes heterogéneos que lo acercaban a los socialistas, pero también podían calificarse como conservadores. De hecho, se afirma que hoy la política argentina está dominada por cuatro peronismos.

 

En Chile hice una buena amistad con el embajador de Viet Nam, que me contaba como fue el proceso de cambio en la orientación político-económica del régimen de su país. En apretada síntesis, me decía que los gobernantes vietnamitas les preguntaron a los responsables de las comunidades qué estaban haciendo para mejorar sus condiciones de vida. Ellos respondían recitando el catecismo marxista-leninista y las fórmulas de planificación central. Los superiores replicaban: ustedes no están haciendo lo que se debe, pues ahora toca liberar los controles, estimular la inversión privada, dejar que el mercado funcione …¿Avance o retroceso?

 

Hay quienes creen hoy en día que se es de Izquierda o de Derecha según  la postura que se adopte frente a la igualdad, que suele considerarse como el valor que suministra la piedra de toque para definir las tendencias políticas.

 

Este punto de vista es frecuente en quienes se inspiran en el pensamiento del iusfilósofo norteamericano Rawls. Pero,  en “Progreso y Desilusión”, el mencionado Aron muestra las vaguedades,  imprecisiones y limitaciones de las doctrinas igualitarias. En realidad, hay sectores de la sociedad en donde es imposible o por lo menos indeseable imponer sistemas igualitarios, como en la academia, la empresa o la milicia, por no hablar de algo frívolo como los concursos de belleza.

 

Además, la promoción de regímenes igualitarios suele instaurar nuevas desigualdades, amén de lo que significa en materia de restricción de libertades. Para muestra, el botón del totalitarismo que está imponiendo el colectivo LGTB para excluir a los que no piensan como ellos y restringir las libertades de conciencia, de religión, de expresión, de educación, etc. de quienes consideran que sus audacias podrían ser ruinosas para la civilización.

 

¿Es el libertinaje un avance respecto de un régimen de libertades responsables? ¿Significó, sí o no, la revolución cristiana  un vigoroso adelanto moral respecto de las costumbres disolutas que reinaban en las sociedades paganas? ¿Representó, sí o no, un progreso en distintos sentidos el tránsito del politeísmo al monoteísmo, tal como lo explica Jacques Pirenne al referirse a la revolución que promovió Akenatón en el antiguo Egipto?

 

Como atrás dije, el pensamiento político se apllca a la comprensión de una realidad que se caracteriza por ser en extremo compleja, pues involucra ante todo la percepción y la interpretación de los fenómenos sociales y su dinámica, así como su valoración y el juicio sobre algo que sobrepasa el entendimiento humano: la posibilidad de realización efectiva de los proyectos políticos, que son necesariamente aleatorios.

 

El solo tema de los valores políticos enciende debates interminables, como si son racionales y objetivos o emocionales y subjetivos, y si cabe identificar jerarquías bien fundadas entre ellos o debemos resignarnos, como creía Max Weber, a un politeísmo axiológico, tal como se advierte cuando se examinan las contradicciones entre orden público y vida privada, o entre libertad e igualdad, por ejemplo.

 

El esquema Derecha, Centro e Izquierda no alcanza a dar razón de las múltiples tendencias doctrinales y prácticas a que puede dar lugar el debate político, pues en el mismo entran en juego consideraciones metafísicas sobre la inmanencia y la trascendencia, la comunidad y el individuo, el estructuralismo y el humanismo, la racionalidad y las leyes históricas, la tradición y el cambio, la naturaleza y la cultura, el orden y la libertad, el fundamento de la autoridad, los modelos deseables y posibles de organización social, los medios para edificarlos, las fuentes del derecho, la estructura comunitaria, la familia y los grupos intermedios,la ordenación del poder público, la concepción de la democracia, la moralidad, el papel del Estado en los diferentes aspectos de la vida social, los aspectos prácticos de la economía, las relaciones internacionales, el medio ambiente, etc.

 

Todo esto desborda cualquier posibilidad de rotulación.

 

En la práctica, se ve que un individuo puede tener posiciones supuestamente de avanzada o progresistas sobre la propiedad y, en cambio, otras que podrían considerarse retrógradas o al menos conservadoras en temas de familia y sexualidad, como pude apreciarlo hace poco en un muy interesante reportaje que le hizo El Colombiano a Carlos Romero.(Vid. http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/N/nos_estamos_volviendo_una_sociedad_enferma_carlos_romero/nos_estamos_volviendo_una_sociedad_enferma_carlos_romero.asp)

 

En rigor, lo de posiciones retrógradas o progresistas no deja de ser también bastante relativo, como lo muestra a menudo la historia. Por ejemplo, en una sociedad en descomposición, la protección de la familia es indiscutiblemente un avance; pero, cuando ella está consolidada, se cree que socavarla es un progreso.

 

La idea de que lo nuevo es mejor que lo viejo es hija de cierta concepción lineal de la historia, la doctrina del progreso, que ha sido desmentida muchas veces por los hechos. Hay novedades que en realidad son retrocesos; por otra parte, los auténticos avances en las sociedades suelen apoyarse en lo ya consolidado por las tradiciones.

 

Me parece altamente sospechoso que Santos y Timochenko coincidan en calificar al Centro Democrático como una “ultraderecha” asimilable al nazismo, como lo dejó entrever el fiscal Montealegre en su andanada contra el “hácker”, ignorando, además, que los nazis no eran tradicionalistas ni partidarios de las aristocracias ancestrales de Alemania, como tampoco  de sus creencias, sino que se llamaban a sí mismos socialistas, amigos del pueblo (“Folk” o, en los términos de Heidegger, anclados en la tierra y en la sangre), anticapitalistas y enemigos de la religión cristiana, pues de hecho promovían una cosmovisión impregnada de paganismo.

 

Lanzar denuestos contra los fascistas, como lo hace Petro copiando el lenguaje de Maduro, es otra tontería. El Fascismo es una doctrina política con postulados muy claros y en ninguna parte se lo tiene ya en cuenta. Murió con Mussolini y nadie ha pretendido revivirlo en América Latina, excepción hecha de Perón, que de alguna manera sufrió su influencia, y quizás de Jorge Eliécer Gaitán, que lo asimiló en parte en sus años de estudiante en Roma. Su discurso y sus llamados a la disciplina social se inspiraron en buena medida en el Duce. 

 

Al fin y al cabo, el Fascismo, para utilizar la expresión que popularizó entre nosotros Rafael Uribe Uribe, “bebió en las canteras del Socialismo”. Es uno de sus frutos ideológicos y comparte con él la idea totalitaria.

 

El debate que ha planteado el Centro Democrático no tiene esos ribetes que contradictores ignorantes o malintencionados le endilgan. En realidad, su ideario es bastante moderado y pragmático.

 

¿Quién puede poner en duda hoy en día la importancia de la seguridad en todos los aspectos de la vida social?

 

Cualquier gobierno, del color político que sea, tiene que comprometerse con la garantía de derechos básicos y, en caso necesario, le toca ejercer drásticamente la autoridad para satisfacer esa necesidad elemental de la población. El haber descuidado este compromiso es precisamente uno de los ingredientes de descontento popular con el actual gobierno.

 

El Centro Democrático parte de la premisa de que Colombia requiere proteger la inversión si aspira a mejorar sustancialmente las condiciones de vida material de su población. Puede haber debates sobre los mecanismos de esa protección y las responsabilidades o cargas que deben soportar los inversionistas como contraprestación a la misma. Pero hasta el Polo Democrático, que cuenta entre sus dirigentes a economistas serios y formados como Clara López y Jorge Enrique Robledo, predica la necesidad de políticas favorables a la inversión, que ha sido tan duramente castigada por el actual gobierno, especialmente por una revaluación artificialmente mantenida para paliar los efectos desastrosos de su endeudamiento externo, tal como lo ha denunciado reiteradamente Fernando Londoño Hoyos en “La Hora de la Verdad”.

 

Pero si el Centro Democrático habla de la confianza inversionista, no es porque sea amigo de la plutocracia y pretenda ser garante de sus expoliaciones, sino porque una buena economía es condición necesaria de una buena política social, que es hacia lo que apunta en  último término su preocupación. Sabe bien, en efecto, que la cohesión social señala el camino de la paz.

 

Hay en el Centro Democrático una concepción avanzada de la democracia, que no la limita a los mecanismos electorales, y por eso favorece el diálogo con las comunidades a través de distintos instrumentos que se pusieron en práctica durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y fueron eficaces para prevenir o superar conflictos en muchos lugares del país.

 

Cuando se habla de “ultraderecha”, no se pretende en realidad la descripción de una tendencia política que en Colombia no existe y difícilmente podría existir, sino pulsar una cuerda emocional, dado que es un calificativo que suscita resonancias negativas en el ánimo de la gente. Pero, como creo demostrarlo aquí, es un procedimiento de mala leche que, repito, menosprecia la inteligencia y la capacidad de discernimiento de la ciudadanía.

 

Es curioso, por decir lo menos, que quienes acuden a este procedimiento de satanización del Centro Democrático sean los mismos que aspiran a abrirles las puertas del poder a los capos de las Farc, que no solo son terroristas y narcotraficantes, sino promotores de una ideología esa sí extrema.

 

¿Sería excesivo considerarlos cómplices y alcahuetas de esas hordas salvajes?

 

Como lo he escrito en Twitter y tal vez acá mismo, es tan remota la posibilidad de que el Centro Democrático esté incubando un Hitler en Colombia, como próxima la de que por obra de la mala negociación que promueve Santos en La Habana, tome el poder en un futuro no muy lejano algún émulo de Stalin, de Castro o de Chávez.

 

Cualquier parecido con Petro es más que mera coincidencia.

lunes, 26 de mayo de 2014

Nuevos horizontes para Colombia

Hace algún tiempo escribí sobre la conveniencia de una coalición entre el Partido de la U y el Conservador para el próximo periodo presidencial.

 

Esa iniciativo se frustró por las maquinaciones de Santos, que capturó al Partido de la U y a los congresistas conservadores, integrándolos a su Mesa de Unidad Nacional.

 

Uribe tuvo que prescindir del partido que se fundó para la continuidad de sus políticas y crear el Centro Democrático, que compite con la U por el primer lugar en el Senado, asunto que todavía no se ha definido porque la autoridad electoral no ha puesto fin a los escrutinios de las elecciones de marzo. Marta Lucía Ramírez, por su parte, en una operación heroica, rescató al Partido Conservador de las fauces del santismo y obtuvo un muy decoroso tercer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

 

Los resultados electorales de Óscar Iván Zuluaga y Marta Lucía Ramírez en las elecciones de ayer los consagran como  dos nuevos astros de la política colombiana y lo más lógico sería que unieran sus fuerzas para enfrentar en la segunda vuelta a Juan Manuel Santos con muy buenas posibilidades de éxito.

 

Son dos valores en alza cuya coalición tendría evidentes efectos sinérgicos, mientras que Santos es un globo que se desinfla porque el país ni lo quiere ni le cree. Y así haga esfuerzos desesperados para atraer apoyos que lo favorezcan en el próximo certamen electoral, su discurso desfasado y la falta de respetabilidad de que adolece no facilitarán su proyecto . Lo veo desesperado como un Ricardo III ofreciendo su reino por un caballo.

 

Hay conservadores santistas que parecen insinuar que la junta de congresistas de su partido bien podría adherir a Santos, lo que sin duda alguna significaría un dañado y punible ayuntamiento funesto para la dirigencia conservadora, pues de ese modo se daría la espalda a dos millones de votantes que manifestaron de modo explicito su rechazo a la empresa reeleccionista. A ojo de buen cubero, esas serían patadas de ahogado de quienes temen perder las prebendas que los atan a un régimen que exhibe los estertores de la agonía.

 

Dice bien Santos en su delirante discurso de ayer, que parece soplado por Roy Barreras, que dentro de tres semanas la elección será entre el pasado y el futuro. Él representa un inmediato pasado que no satisface a los colombianos. Óscar Iván Zuluaga y Marta Lucía Ramírez configuran en cambio una rutilante constelación política que permite abrigar la esperanza de una Colombia diferente a la que deja su contradictor.

 

Ellos, contra viento y marea, superando toda clase de obstáculos y sin contar con los instrumentos de la política tradicional, hicieron una proeza que no registra antecedentes en nuestra historia, excepción hecha de la que protagonizaron en 1957 Alberto Lleras y Guillermo León Valencia contra la dictadura de Rojas Pinilla.

 

Recuerdo que hace algo así como un año y medio en una tertulia política los expertos coincidían en que todo esfuerzo para contrarrestar el apetito reeleccionista de Santos estaba condenado al fracaso habida consideración de la enorme acumulación de poder de que gozaba como presidente en ejercicio. Pensé para mis adentros que esa apreciación reflejaba una grave falta de confianza en nuestra democracia, que es bastante imperfecta, pero no lo suficiente como para darle seguridad a un gobernante mediocre de perpetuarse en el poder.

 

Óscar Iván y Marta Lucía demostraron que con perseverancia, buen sentido, unos discursos inteligentes, honorabilidad y, sobre todo, una intensa sintonía con la Colombia profunda, era posible triunfar contra la maquinaria oficial, la Gran Prensa, los grupos económicos, la trapisonda de las autoridades electorales en el caso de ella, o el contubernio del fiscal con el gobierno, la Mesa de Unidad Nacional y los medios “enmermelados”, en el caso de él, acercándose a las comunidades con propuestas que les resultasen más atractivas que las del Presidente-candidato.

 

Es de suponer que desde las cavas oscuras de la Casa de Nariño se están urdiendo nuevos intentos de sabotaje de una alianza que, como digo, corresponde al orden natural de las cosas y, de concretarse, traería grandes beneficios para Colombia.

 

No se trata, desde luego, de prometer cambios ilusorios, sino de recuperar un rumbo que se desvió por obra de Santos, cuyo espíritu de aventura nos lleva hacia escenarios evidentemente azarosos.

 

El tema fundamental del debate político colombiano se centra hoy en los diálogos con las Farc en la Habana.

 

Hay fundados temores acerca de que Santos, por dolo o por culpa, terminaría abriéndoles a los capos narcoterroristas las puertas del poder. La alianza CD-Partido Conservador, en cambio, se esmeraría en oponerles diques de contención con miras a convencerlos de la necesidad de insertarse dentro de nuestro ordenamiento demo-liberal, so pena de mantenerse marginados de la vida pública y perseguidos por las armas estatales.

 

La impresión que los capos de las Farc han suscitado en la opinión pública es que a ellos no les interesa participar en la competencia política, sino obtener ventajas que les garanticen en el corto plazo la conquista del poder. Es lo que esperan de Santos, pero no es lo que el pueblo colombiano quiere otorgarles. El mensaje de las urnas es nítido y a las Farc les toca decidir si atienden el clamor popular o van a continuar ensangrentando los campos de Colombia.

 

Hay muchos puntos de contacto entre las respectivas visiones de Óscar Iván y Marta Lucía, que podrían ensamblarse sin mayor dificultad. Los dos son veneros de ideas, de iniciativas, de propuestas viables y atractivas sobre los principales problemas del país. Educación, salud, empleo, vivienda, políticas agropecuarias e industriales, comercio exterior, infraestructura, transparencia, justicia, lucha contra la corrupción, desarrollo regional, etc. son preocupaciones comunes a todos, de suerte que nada hay que ofrezca verdaderos motivos de discrepancia entre ambos.

 

Unidos, abren horizontes de esperanza para Colombia. Divididos, constituirán una muy dolorosa frustración para los ciudadanos que votaron ayer para encauzarla por mejores caminos que los que le ofrece un Presidente-candidato desgastado y crispado.

viernes, 23 de mayo de 2014

Triste Comedia

Una muy querida amiga que es bibliófila, por no decir bibliómana, me facilitó un ejemplar de “El Tío”, de Félix Marín Mejía, excelente novela en que cualquier parecido con situaciones y personajes de la realidad es bastante más que mera coincidencia.

 

Esos parecidos hicieron, según se dice, que quienes se creyeron retratados en la novela se esmeraran rápidamente en que la edición, muy pobre por cierto desde el punto de vista editorial, desapareciera rápidamente del mercado, por lo que resulta realmente muy difícil encontrarla hoy en cualquier parte, salvo en manos de coleccionistas acuciosos como lo es mi culta e inquieta amiga.

 

Uno de los temas centrales del libro es la “Gran Prensa” colombiana, que Félix conoció en su intimidad por haber trabajado en “El Tiempo”. Como dijo tiempo después Luis Carlos Galán, citando a José Martí, él vivió en la entrañas del monstruo y podía, entonces, contar cómo era por dentro.

 

El libro trae como epígrafe esta cita de Barbey D’Aurevilly:

 

“Los periódicos, que deberían ser los educadores del público, son sus cortesanos, cuando no sus rameras”.

 

Esta frase lapidaria cobra actualidad entre nosotros a raíz de la actuación de la “Gran Prensa” en torno de la campaña electoral en curso.

 

Circula en la red  un video en  que sale Juan Gossaín censurando muy severamente a sus antiguos colegas por el modo como están cubriendo esta campaña electoral.

 

Dice que en cuarenta años de cubrimiento de campañas electorales no ha visto algo similar a lo que hoy ocurre: “En esta campaña electoral lo que más me preocupa no es lo que se publica, sino cómo se publica”. Y agrega que la utilización política de la noticia se está haciendo de modo que se beneficie la imagen del candidato de sus preferencias o se deteriore la del contrario, a expensas de la verdad.

 

Hay, según él, “un manejo asqueroso de la prensa”(Vid. http://youtu.be/jctl3TGhF0Y).

 

Señala que la prensa es un poder que está sometido a su respectivo contrapoder, que es la opinión pública, y su misión no es complacerla, sino informarla diciendo la verdad, que es el supremo deber ético que pesa sobre su desempeño y justifica su existencia.

 

Muchos colombianos estamos de acuerdo con esa tremenda calificación que hace uno de nuestros más respetados periodistas, hoy en uso de merecido buen retiro.

 

Por supuesto que es una generalización que admite salvedades, pues no toda la prensa es víctima de ese manejo que Gossaín denomina “asqueroso”.

 

Creo yo que el juicio recae sin duda sobre la “Gran Prensa”, no sobre la prensa que se está abriendo camino en las redes sociales ni sobre la prensa regional, que al igual que la gente de provincia, suele ceñirse a pautas que se inspiran en valores tradicionales, sobre todo los de la decencia y el pudor.

 

Hablo de la “Gran Prensa” en el sentido que le daba a la expresión Alberto Zalamea, cuando dirigió la revista “Semana”, hoy en tan malas manos, y luego, cuando emprendió su frustrada iniciativa de “La Nueva Prensa”, medios que, por lo menos, sirvieron para que muchas voces que no encontraban acogida en los periódicos dominantes pudieran expresarse, fuera de que a quienes éramos jóvenes por esas calendas nos ofrecían otras perspectivas para observar e interpretar un mundo que se transformaba aceleradamente a ojos vistas.

 

Esa “Gran Prensa” ya no se identifica principalmente con “El Tiempo” y “El Espectador”, sino además  con la revista “Semana”, que surgió de un sueño algo quijotesco de Alberto Lleras en 1946 y terminó en poder del apetito sanchesco de Felipe López Caballero, que no es precisamente “El caballero de la triste figura”, sino tal vez el de “La panza saciada”, y con las grandes cadenas de radio y televisión que están en manos, igual que los dos primeros medios que atrás mencioné, de grupos económicos que, en lugar de tener como enseñas la verdad y la lucha por el bien común, se rigen escrupulosamente por el principio utilitarista: “Enriqueceos, es lo que ordenan la Ley los Profetas”, según la conocida frase acusatoria de Carlos Marx.

 

La pauta que los anima no es, pues, la del ordenamiento moral, sino, simple y llanamente hablando, la pauta publicitaria.

 

En función de la Sagrada Pauta, la “Gran Prensa” ha renunciado a ser vocera de las inquietudes de las comunidades y a suministrarles la información veraz e imparcial que de ella espera la Constitución Política (Art. 20), para convertirse en instrumento dócil de quienes aspiran a manipular la opinión pública para ponerla al servicio de sus intereses.

 

De ese modo, la “Gran Prensa” no expresa ni  orienta la voz de dicha opinión pública. En vez de ello, pretende crearla o sustituirla mediante técnicas ya suficientemente conocidas y experimentadas de condicionamiento de las masas a través de la propaganda.

 

Así lo estamos viendo con alarma hoy en nuestro país.

 

La “Gran Prensa”, por motivos que muchos asocian con el reparto de la ya tristemente célebre “Mermelada”, ha entrado, según las denuncias que hice en artículos anteriores, en lo que no vacilo en llamar un escandaloso contubernio con el Presidente-candidato, la Mesa de Unidad Nacional y la Fiscalía, para promover la reelección de Juan Manuel Santos y afectar la imagen pública del Centro Democrático, su candidato oficial Óscar Iván Zuluaga y el senador electo Álvaro Uribe Vélez, sin pararse en pelillos ni siquiera para saltar las vallas del Código Penal, cuando no las de la más elemental ética periodística.

 

Un vergonzoso episodio de este cúmulo de trasgresiones lo encontramos en la publicación que hizo “Semana” del video de un supuesto encuentro de Óscar Iván Zuluaga con el famoso “hácker” Sepúlveda, que puede verse a partir de enlace que publiqué en un artículo anterior.

 

Recordemos que a mi juicio esa filmación es constitutiva de un delito, como también lo son la filtración que al parecer hizo la Fiscalía, su posesión por parte de la revista y su publicación misma.

 

Ahora resulta, según denuncia que ayer presentó Óscar Iván Zuluaga ante la Fiscalía, y tal como se ha dado a conocer a través de la red, que el video pudo haber sido objeto de no menos de treinta alteraciones, según puede verse a partir del siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watchv=fuuNTLFe4m0&app=desktop

 

Esas alteraciones abren el campo para explorar una violación adicional y muy grave del Código Penal: la falsedad documental.

 

Pero ninguno de los medios “enmermelados” se alarma por esta tremenda manifestación de lo que he llamado “El Imperio de la Ilegalidad”, probablemente porque piensan que el contubernio con la Fiscalía les garantiza la impunidad.

 

Tenemos que pensar en serio, entonces, en lo que Juan Gossaín llama el contrapoder que sería capaz de ponerlos en cintura: la reacción decidida de la Opinión Pública.

 

Las elecciones del próximo domingo nos darán oportunidad de manifestarnos, no solo contra la reelección de Juan Manuel Santos, con todo lo que ello implica en términos de responsabilidad política de un gobernante que a todas luces ha sido inferior a su compromiso histórico, sino de la triste comedia a que la “Gran Prensa” ha reducido los sagrados derechos a la información y la discusión de los asuntos públicos, sin los cuáles es impensable la vigencia de una democracia digna de ese nombre. 

 

A votar, pues, en conciencia contra las trampas que los grandes usufructuarios del régimen han pretendido tendernos para mantener un escandaloso sistema de prebendas que no merecen otro nombre que el de “granjería infames”.

martes, 20 de mayo de 2014

El Imperio de la Ilegalidad

Una de las notas más inquietantes de la campaña presidencial en curso es la sospechosa coordinación de acciones del Fiscal General de la Nación con la empresa política del Presidente-candidato que aspira a su reelección, especialmente en sus ataques contra el Centro Democrático, su senador electo Álvaro Uribe Vélez y su candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

 

Los hechos son de dominio público y, además, bastante ostensibles, al punto de que basta hacer unos tenues esfuerzos de concatenación para atar los cabos que vinculan las líneas directrices de la campaña santista con los procedimientos y declaraciones del Fiscal, así como con la publicidad que medios afectos al régimen hacen de piezas procesales amparadas por la reserva legal y la pasividad de la Fiscalía ante graves hechos que al parecer son violatorios del Código Penal relacionados con tales publicaciones.

 

Al poner término a sus intervenciones al aire libre, el Presidente-candidato acusó al Centro Democrático de estar llevando a cabo una “campaña delincuencial”, en armonía con lo que en las últimas semanas han venido clamando los dirigentes de la “Mesa de Unidad Nacional” que sustenta su aspiración, las informaciones y los debates que han nutrido la actividad de los medios de comunicación que lo respaldan y las ejecutorias de la Fiscalía.

 

No cabe duda de que se trata de una acción articulada por todos ellos con miras a presentar a los supuestos “enemigos de la paz” como una “ultraderecha” que no teme llegar a los peores extremos en su propósito de que fracasen los diálogos de La Habana. La idea es descreditar ante todo al Centro Democrático y sus dirigentes, presentándolos ya no como traficantes de la muerte, sino como copartícipes de una “Gran Conspiración” a la que no arredra el delito y libra una “Guerra Sucia” contra los más caros ideales del pueblo colombiano.

 

Por supuesto que muchos compatriotas se han dado cuenta de la enormidad de estos cuestionamientos y los torvos propósitos que los animan, lo cual los lleva más bien a rechazar las consignas reeleccionistas y afirmarse en su respaldo a las tesis y los abanderados del Centro Democrático. O sea que, es probable que a Santos estas estrategias le pueden estar resultando contraproducentes, pues las comunidades conocen bien a Álvaro Uribe Vélez y saben que es un dirigente que puede equivocarse, pero actúa siempre de frente y sin dobleces. Lo mismo piensan los que observan desprevenidamente a ese nuevo astro de la política colombiana que es Óscar Iván Zuluaga, cuyos antecedentes personales no permiten identificarlo como personaje de oscuras intenciones y más oscuros aun procederes.

 

Insisto en que el Presidente-candidato ha elegido una estrategia equivocada que de seguro lo conducirá al fracaso, pues en lugar de aplicarse a persuadir racionalmente al electorado de las bondades de su continuidad en el gobierno, se ha dedicado a descalificar a sus contradictores hasta el extremo de señalarlos ante la opinión como delincuentes y echarles encima los perros rabiosos de la Gran Prensa y la Fiscalía, inequívocamente coludidos en una empresa, esta sí, criminal, como lo he venido sosteniendo en mis últimos escritos y lo corroboraré en el presente.

 

En mi más reciente artículo creo haber demostrado que el complot contra Óscar Iván Zuluaga entraña la comisión de varios delitos que apuntan hacia la Fiscalía, la campaña reeleccionista, la fementida Mesa de Unidad Nacional y la Gran Prensa, especialmente El Tiempo y Semana.

 

Los delitos que he señalado son la violación de la intimidad en el lugar de trabajo del famoso “hácker”, la violación de la reserva sumarial en el proceso contra el mismo sujeto y la publicación de piezas procesales amparadas por dicha reserva, tales como las supuestas evidencias contra Sepúlveda que publicó El Tiempo el domingo antepasado, la difusión del video de Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos y el dicho Sepúlveda que efectuó Semana en la edición que está circulando y la de nuevas evidencias de filmaciones y testimonios en su contra que aparecen en la edición de El Tiempo de hoy.

 

Pero hay otro más, del que deberían responder los que promovieron las publicaciones en El Tiempo y Semana: la receptación.

 

Transcribo en seguida el texto correspondiente del Código Penal:

 

“Artículo 447. Receptación. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.”

 

Parece claro que tanto los responsables de El Tiempo como los de Semana, entraron en posesión de piezas procesales protegidas por la reserva sumarial y las han usado bien sea para ganar lectores, para servir los intereses de la reelección o para ambos propósitos. Luego, no es exagerado pensar que deberían ser investigados por este delito.

 

Lo grave es que este cúmulo de delitos se conectan unos con otros, dando la apariencia de un mismo designio criminal: afectar el resultado de las elecciones a través de la destrucción de la imagen pública de Óscar Iván Zuluaga, que es el más fuerte contradictor de la aspiración reeleccionista de Juan Manuel Santos.

 

Más grave aún resulta que la Fiscalía no solo parezca no darse por enterada de esta sucesión de posibles delitos, como si al Código Penal con que trabaja le faltaran hojas, sino que funcionarios suyos, cuando no el propio Fiscal, parecen estar vinculados a los mismos.

 

No me atrevo a pensar, como lo hacen otros, que los que hicieron la filmación hubieran procedido por cuenta de la Fiscalía, pero sí se lo proporcionaron a ella de algún modo, sea a título de denuncia criminal, de queja anónima o, lo que sería muy delicado, de acercamiento discreto al Fiscal.

 

Lo que parece fuera de discusión es que todo ese material ha salido de la Fiscalía hacia los periódicos. Lo digo porque el mismo día que El Tiempo publicó las declaraciones del Fiscal, dio a conocer las supuestas evidencias contra el “hácker”, como para respaldar la posición de aquel. y si el Fiscal, al leer la edición en que salieron ambas publicaciones, la de sus declaraciones y la de las mencionadas evidencias, no reaccionó al ver piezas del sumario en las páginas del periódico, no es osado suponer que ello ocurrió a ciencia y paciencia suyas. O peor, que él mismo la entregó o las hizo entregar, actuando quizás como uno de sus antecesores, que quiso armarme un debate público por medio de un atrapaperros de Samper con documentos que él mismo le filtraba, hasta que lo frené pidiendo que investigara el hecho. Se llenó de miedo y no hubo más escritos de ese gacetillero que me amenazaba con enviarme a la cárcel a través de las páginas de El Espectador.

 

Las acciones de la Fiscalía y las publicaciones de la prensa han coincidido con las provocaciones de los dirigentes de la tal Mesa de Unidad Nacional contra Óscar Iván Zuluaga, en las que le exigen que diga toda la verdad acerca de sus relaciones con el “hácker”. Y como se sabe de alguna reunión del Fiscal con ellos, no hay que ser muy mal pensado para concluir que, como dice el tango Cambalache que puso a sonar esta mañana La Hora de la Verdad, estaban  revolcados en un merengue y en un mismo lodo, “todos manoseados”.

 

Las publicaciones en El Tiempo y Semana, así como los debates que han armado las emisoras afectas al “régimen de la mermelada”, muestran a las claras que hacen parte del plan urdido por el Presidente-candidato para desacreditar y enredar judicialmente al más fuerte de sus contendores, el que según las encuestas podría ganarle en segunda vuelta y hasta en la primera.

 

Por supuesto que, salvo en lo que concierne a las limitadas posibilidades de la Procuraduría, es difícil pensar que la justicia obre contra Santos, Montealegre, los capos de la Mesa de Unidad Nacional y la Gran Prensa. Por eso, como le explicaba esta tarde a un amigo, lo que acá escribo es más bien para la historia, de suerte que algún acucioso investigador en el futuro encuentre algunos elementos de juicio para conocer e interpretar estas horas tan oscuras del acontecer colombiano.

 

El contubernio, pues no de otro modo podría llamarlo, de estos personajes está llamado a producir nefastas consecuencias institucionales. Ya está envenenando más de la cuenta el ambiente público.

 

Dejaré para un escrito posterior lo relativo a la actuación de la Gran Prensa en esta campaña. Juan Gossaín no ha vacilado en calificarla de asquerosa. Y he dicho en Twitter que es un cadáver insepulto que ya hiede. Sus días están contados, porque hay extensos sectores comunitarios que le están perdiendo el respeto y la desprecian.

 

El próximo domingo sabremos quién tiene por lo pronto la razón.

Lo que soy yo, votaré con muchísimas más ganas por Óscar Iván Zuluaga.

domingo, 18 de mayo de 2014

Las aguas bajan turbias

El cierre de la primera etapa dela campaña presidencial en curso da pie para varias consideraciones.

La primera, acerca de la calidad humana de los candidatos.

Si el debate hubiera transcurrido entre Óscar Iván Zuluaga. Marta Lucía Ramírez, Clara López y Enrique Peñalosa, habría sido ejemplar. Nuestra democracia podría presentarse ante el mundo como un régimen serio, deliberante, racional. pues cada uno de ellos se ha exhibido ante el público como persona responsable, moderada, ecuánime y con buen conocimiento de los problemas del país. Todos tienen formación avanzada, experiencia gubernamental, probada idoneidad en los cargos que han desempeñado. Sus intervenciones dan fe de que tienen propuestas dignas de considerarse sobre los temas que interesan a las comunidades. Cada uno, por supuesto, pone su propio énfasis en lo que considera prioritario y aspira a diferenciarse de los demás por la pertinencia de los programas que ofrece.

La nota discordante en este armonioso conjunto la pone el Presidente-candidato, cuyos procedimientos han rebajado el tono intelectual y moral del debate con descalificaciones personales contra sus adversarios, especialmente Óscar Iván Zuluaga; el empleo de recursos dialécticos que tratan de manipular y desorientar al electorado; el abuso pertinaz del poder de que goza; la corrupción y la presión sobre políticos, periodistas, gobernadores, alcaldes y empresarios; y una tendencia al juego sucio que le ha hecho decir a su primo Francisco Santos que él sería capaz de cualquier cosa para perpetuarse en el poder, pues carece de todo escrúpulo.

El simplismo en la presentación de los grandes temas de campaña, en la que se acude a ligeras y falsas polarizaciones, como la de paz y guerra, es un insulto a la inteligencia de los votantes y buena muestra de la inopia intelectual del Presidente-candidato.

Decía yo en un foro el viernes pasado que echo de menos a los Lleras de verdad, que al proponer sus políticas presentaban argumentos sólidos, sin desconocer las dificultades propias de su concepción y ejecución, las cuales trataban de explicar a sus auditorios con miras a persuadirlos racionalmente de sus ventajas. En el discurso de Santos, así como el de su jefe de debate, Gaviria, campean en cambio la ramplonería, los lugares comunes, las frases hechas, los argumentos traídos de los cabellos y las agresiones personales. No he visto en muchos años nada tan lamentable como los chillidos histéricos de Gaviria diciendo “Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso”, cuando de lo que se trataba era de convencer a la comunidad de que el proyecto de paz de Santos le conviene al país, lo mismo que la continuidad de sus políticas.

Como lo he señalado en artículos anteriores, los diálogos con las Farc en La Habana suscitan demasiadas inquietudes que invitan más bien al escepticismo que a la esperanza. Y así lo ve la gente del común, al tenor de lo que registran las encuestas. Pero en lugar de disipar las dudas de los escépticos, Santos y su troupe se esmeran más bien en insultarlos diciéndoles guerreristas y traficantes de la muerte, cuando estos son epítetos que más les cuadran a los narcoterroristas de las Farc y el Eln.

Santos dice que nunca antes habíamos estado tan cerca de la paz con las guerrillas como ahora, olvidando que, según se estipuló en el texto que firmaron los famosos “plenipotenciarios” de las partes, nada estará acordado hasta que todo esté acordado, y que las Farc al cierre de cada capítulo dejan siempre la constancia de que lo ahí estipulado está sujeto a revisión.

Tengo para mí que en la hora final, cuando todo esté redactado, las Farc dirán que faltaría ponerse de acuerdo sobre un punto en que han insistido con vehemencia: la convocatoria de una constituyente hecha a la medida de sus aspiraciones, que eleve a canon fundamental sus iniciativas sobre la famosa “refundación del país” que pretenden. El gobierno se rasgará las vestiduras, la prensa clamará, las fuerzas vivas se estremecerán, pero las Farc, con dureza estalinista, se pararán en la raya. “Tómenlo o déjenlo”, dirán. Si quieren deshacer lo andado, es cosa de ustedes, y que siga derramándose sangre inocentes de colombianos de a pie por su intransigencia.

Santos, a quien su vanidad lo lleva a compararse con Churchill, no tiene el coraje ni la honestidad de decirle al país que de su gestión solo cabe esperar “Sangre, sudor y lágrimas”. Por el contrario, ofrece ríos de leche y miel que se financiarían con la drástica reducción del presupuesto militar que les dejaría las manos libres a las Farc para consolidarse en campos y ciudades de Colombia. Lo que ahora se denomina el “postconflicto” sería quizás más difícil de manejar que la guerra abierta en que estamos. Pero su discurso es el del engaño a los colombianos y no el de mostrarles las crudas realidades a que nos veríamos enfrentados con unas Farc envalentonadas con la impunidad, la elegibilidad, la presencia en puestos claves del gobierno y la justicia, las armas guardadas y sus cuadros políticos haciendo acto de presencia tanto en las zonas de reserva campesina como en los barrios bajos de las ciudades.

He señalado que la historia muestra muchos casos de acuerdos de paz que han traído consigo nuevas y peores confrontaciones que las que pretendían superarse. Y tal es el riesgo que correríamos con unos pactos ingenuos con las guerrillas.

Pero lo que quiero tratar en esta oportunidad es el el tema del juego sucio con que Santos ha contaminado esta campaña, y que sería impensable si la competencia se hubiera dado solo entre los cuatro candidatos que en la misma han hecho gala de decencia ejemplar.

El último evento de ese juego sucio corre por cuenta de la edición de la revista Semana que circula a partir de hoy, en la que se publica el supuesto video que registra una reunión del “hácker” con Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos.

De acuerdo con ese pestilente pasquín, que deshonra a la prensa colombiana, “Óscar Iván Zuluaga y su asesor Luis Alfonso Hoyos eran más cercanos al ‘hacker’ de lo que han reconocido y sabían más de sus actividades ilícitas de lo que han dicho”, lo que ha dado pie para que los enemigos de su candidatura lo llamen mentiroso y peligroso (Vid. http://www.semana.com/nacion/articulo/el-video-del-hacker-con-oscar-ivan-zuluaga/388438-3).

Este es uno de esos golpes bajos que suelen presentarse debido a la corrupción de la democracia norteamericana. Santos y su séquito han decidido entrar de lleno, sin reato alguno, en esa modalidad de la lucha política, ignorando que de esa manera ponen en peligro la institucionalidad, destruyen su respetabilidad y les abren las puertas a los peores demonios capaces de envenenar la vida colectiva.

El debate sobre esta publicación apenas comienza y seguramente ocupará la atención del país no solo en estas vísperas electorales, sino en la segunda vuelta que se avizora.

Destaco en torno del tema dos aspectos que considero fundamentales:

-El contubernio de Santos, Montealegre, El Tiempo y Semana, entre otros, para enlodar la campaña de Óscar Iván Zuluaga  y el Centro Democrático.

-Lo que en Twitter denominé el “Watergate” de Santos.

Los acontecimientos de las últimas semanas muestran a las claras una acción coordinada en la que la Fiscalía, valiéndose de los medios y especialmente de El Tiempo y Semana, se ha dedicado a desacreditar e intimidar al Centro Democrático, especialmente a través de sus dos grandes líderes, el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el senador electo Álvaro Uribe Vélez. Los hechos son de dominio público, pues arrancaron precisamente con una rueda de prensa  en que el Fiscal denunció la captura de un “peligrosísismo hácker” que prestaba sus servicios de asesoría informática a la campaña presidencial de Zuluaga; continuaron con las declaraciones que dio el Fiscal para El Tiempo el pasado domingo y de las que me ocupé en mi último artículo para este blog, así como con la publicación a todas luces delictuosa de supuestas evidencias contra el “hácker” el mismo día; y hasta el momento han avanzado con la publicación atrás mencionada que hace hoy la revista Semana.

Esta publicación registra, ni más ni menos, un episodio parecido al de Watergate que enturbió la campaña reeleccionista de Nixon y terminó arrojándolo del poder en medio del escarnio público.

Acerca de ella, un acucioso y honorable periodista, Mauricio Villegas L., ha hecho un penetrante análisis en su cuenta de Twitter que puede leerse a través del siguiente enlace: http://www.twitlonger.com/show/n_1s1q3pp

Agrego las siguientes consideraciones:

- La revista dice que ha tenido en su poder el  video de la reunión entre Sepúlveda, Zuluaga y Hoyos que hace público hoy. Pero no informa cómo lo obtuvo.

Es una pieza procesal que hace parte del expediente de la investigación que la Fiscalía adelanta contra el “hácker” Sepúlveda y, por consiguiente, igual como sucedió con la publicación de evidencias contra el mismo que verificó hace ocho días El Tiempo, cabe suponer que llegó a sus manos a través de funcionarios de la entidad, cuando no del propio Fiscal.

El tráfico de documentos reservados parte de la comisión de un delito, que es en este caso la violación de la reserva sumarial. Y su publicación constituye un delito autónomo según el Código Penal:

“Artículo 194. Divulgación y empleo de documentos reservados. El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor".

A la luz de esta disposición, es claro que los responsables de la revista, igual que los de la publicación de El Tiempo hace una semana, han trasgredido el Código Penal y merecen, por ello, que se los investigue y procese. Pero, como la filtración pudo haber provenido de la Fiscalía, que no se ha dado por aludida frente a estos graves hechos, ¿quién hará que la ley se cumpla en estos casos y a los responsables se los someta a las sanciones que merecen por su desacato a la normatividad penal?

Tratándose de un delito, en este hecho pueden darse otras figuras, como la coparticipación criminal, de acuerdo con los artículos 28, 29 y 30 del Código Penal, que a la letra dicen:

Artículo 28. Concurso de personas en la conducta punible. Concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes.

Artículo 29. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento.

Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte.

También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado.

El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible.

Artículo 30. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice.

Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción.

Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad.

Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.”

No parece osado señalar que lo que atrás denominé el contubernio de Santos, Montealegre, El Tiempo, Semana y quizás otros más, para atacar a Óscar Iván Zuluaga, Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, sobre la base de la publicación de documentos protegidos por la reserva sumarial o de la indebida participación en política del Fiscal, configure además un concierto para delinquir, a la luz del artículo 340 del Código Penal cuyo inciso primero dice:

Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.”

En suma, la divulgación que haca Semana del video del “hácker” se basa no solo en uno o varios delitos, sino que ella misma viola el Código Penal y es algo que merece censurarse severamente por los distintos estamentos sociales.

-En cuanto al video en sí mismo considerado, independientemente de su carácter de pieza amparada por la reserva sumarial, su valor probatorio es, por lo menos, discutible.

A la luz de una interpretación rigurosa, como la que a menudo ha hecho la Corte Suprema de Justicia del inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, se trata de una prueba obtenida con violación del debido proceso, por lo cual sería nula de pleno derecho.

Dice la revista Semana:

“El video fue realizado con un celular por algunos de los compañeros del hacker que conocían de sus actividades non sanctas. Se hizo pocas semanas antes del arresto de Sepúlveda y por la conversación que allí se desarrolla tiene menos de dos meses de haber sido grabado.”

¿Cómo llegó a las autoridades ese video?

Si lo grabaron subrepticiamente unos compañeros del “hácker”, no parece lógico que este lo conservara en su poder, de suerte que la Fiscalía diera con él cuando allanó su oficina. Más lógico sería que los tales compañeros lo hubieran puesto en conocimiento de la Fiscalía y con base en ello se hubiera procedido a efectuar el allanamiento.

Ahora bien, si lo grabaron en un celular algunos compañeros del “hácker”, ¿por qué lo hicieron? ¿quién los instigó? ¿en beneficio de quién actuaron?

Aquí es donde el caso comienza a compararse con el de Watergate, pues se ve sin necesidad de mucho análisis que la campaña de Óscar Iván Zuluaga fue víctima de una infiltración realizada con el propósito de desacreditarla en beneficio de la reelección de Juan Manuel Santos.

La revista no revela la identidad de los supuestos compañeros del “hácker”. Sean quienes fueren, incurrieron en el delito previsto en el artículo 191 del Código Penal, que sanciona al que en lugar de trabajo, por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o filme aspectos de la vida de sus ocupantes. Y este delito también es susceptible de coparticipación criminal e, incluso, de ser objetivo de un concierto para delinquir.

¿Participó la Fiscalía en este complot? ¿Participaron en ello los dirigentes de la Mesa de Unidad Nacional que se reunieron el Fiscal hace unos días? ¿Está comprometido Santos en un posible concierto para delinquir consistente en cometer los delitos de violación de la reserva sumarial, publicar documentos amparados por ella y atentar contra la inviolabilidad de sitio de trabajo?

-Sobre el contenido mismo del video, no hago todavía análisis detallado, pues, como se lo dije vía Twitter a mi apreciado colega y amigo Hernando de la Rosa, me falta conocer su contexto.

Es bien sabido que las grabaciones y filmaciones pueden ser manipuladas de suerte que se diga y se vea lo que los interesados quieren, y se edite lo que pueda debilitar sus posiciones.

Prima facie, no se observa de parte de Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos el ánimo criminal.

Lo que, en realidad, le censuran a Zuluaga es una supuesta falta de sinceridad en las declaraciones públicas que ha hecho sobre sus relaciones con el “hácker”, lo que ha dado pie para que hasta el gato maúlle acusándolo de mentiroso.

Se trata, pues, de un glosa moral y no de una acusación jurídico-penal.

Cabe, entonces, la pregunta fatal:

¿Cuál de sus acusadores está legitimado para arrojarle la primera piedra?

Apoyan la reelección de lo que hemos llamado con pruebas en la mano el gobierno de las mentiras, y caen como hienas, chacales y aves carroñeras sobre Zuluaga porque su relación con el “hácker” ha ido más allá de  lo que admitió públicamente.

Agreguemos que Zuluaga no estaba obligado moralmente a divulgar detalles internos de su campaña, como haberle preguntado al “hácker” sobre las trampas que podrían esperarse de Santos y el modo de afrontarlas.

Tiene él, pues, toda la razón cuando afirma que es víctima de un vulgar montaje, el más vulgar de cuantos registra nuestra poco honorable historia política (Vid. http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?titulo=Soy-victima-de-este-vulgar-montaje--%C3%93scar-Ivan-Zuluaga----VIDEO-&WPLACA=16876)

Insisto en lo que he repetido acá una y otra vez: la reelección de Santos sería una catástrofe moral para Colombia.

miércoles, 14 de mayo de 2014

Montealegre sienta las bases para instaurar el delito de opinión en Colombia

En mi último artículo señalé que por una rabieta presidencial, se anunció la formulación de una querella por Injuria o Calumnia contra Álvaro Uribe Vélez por haber dicho públicamente que el Fiscal debería investigar si es cierto que parte de los dólares que un narcotraficante dijo que le pagó a J.J. Rendón, entró a la pasada campaña presidencial de Juan Manuel Santos, pues corre el rumor de que Rendón le aportó dos millones de dólares.

Como en los términos en que hizo Uribe su declaración no podría configurarse ninguno de esos delitos, y entonces la querella estaría condenada al fracaso, el fiscal Montealegre decidió, por sí y ante sí, pero quizás en contubernio con Santos, darle un giro siniestro al asunto, anunciando que las palabras de Uribe podrían constituir un falso rumor cuya divulgación es constitutiva de delito y quizás hace parte de una conspiración de vasto alcance contra la institucionalidad y la democracia, en la que involucra al “hácker” Sepúlveda y, según sus sospechas, a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga y a sectores no identificados de las Fuerzas Armadas.

Ruego a los lectores que lean el reportaje que le hizo Yamid Amat en El Tiempo el pasado 11 de mayo. Lo encuentran a partir del siguiente enlace: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/entrevista-con-el-fiscal-general-eduardo-montealegre/13972260

Les sugiero, así mismo, que lean la información que dicho periódico publicó ese mismo día sobre las evidencias que según se dice comprometen al temible “hácker”: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/los-archivos-del-hacker-andres-sepulveda/13972255

Observo de entrada que la publicación simultánea de la entrevista y las evidencias suscita una muy inquietante interrogación:¿Cómo obtuvo El Tiempo esa información? ¿La suministró el propio Fiscal para ambientar sus declaraciones? ¿Qué tiene qué ver esa publicación con la reserva del sumario? ¿Qué garantías tiene Sepúlveda frente a un funcionario que desde el comienzo ya lo considera culpable, sin siquiera haberlo oído, al parecer, en indagatoria?(Vid. Artículo 194. Divulgación y empleo de documentos reservados. Modificado por el art. 25, Ley 1288 de 2009.  El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.)

En parte alguna del Código Penal (vid. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388) se prevé como delito la divulgación de rumores falsos, salvo en lo concerniente al Pánico en lugar público, abierto al público o en transporte colectivo (art. 356), así como el Pánico económico, este en los siguientes términos:

“Artículo 302. Pánico económico. El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colectiva de personal que labore en empresa industrial, agropecuaria o de servicios.

La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de las conductas anteriores se produjere alguno de los resultados previstos.”

No obstante, el Fiscal dice lo siguiente en sus declaraciones para El Tiempo:

“La creación de rumores falsos es una conducta delictuosa. Ese tipo de actividades pueden convertirse en fraudes a la administración de justicia, que son delitos. Una cosa es la libertad de opinión y el margen de la libertad de opinión y el margen el pluralismo que da la Constitución, y otra, la manipulación de la opinión pública a través de medios ilícitos. Eso es delictuoso.”

No cita la disposición legal en que se diga que la creación de rumores falsos es una conducta delictuosa. Para llegar a esta conclusión, discurre de manera alambicada. Veamos:

“Creación de mentiras, aseverar cosas que no corresponden con la verdad para poner en funcionamiento la administración de justicia, pues eso es una conducta de fraude procesal {…} Vamos a citar al expresidente Uribe la próxima semana para que, bajo la gravedad del juramento, le exhiba a la Fiscalía General las pruebas para hacer una acusación de tal naturaleza. Actuaremos con total transparencia y total independencia. El expresidente Uribe tendrá que comparecer ante la Fiscalía, con pruebas en la mano, para sustentar la afirmación y explicar cuáles son los fundamentos que tiene para poner en acción la administración de justicia. Supongo que debe tener pruebas muy serias para hacer una afirmación de esta naturaleza. Sería impensable que un expresidente de la República se atreva a jugar con la justicia colombiana {…} Él formuló una denuncia, y bajo la gravedad del juramento queremos que vaya a la Fiscalía y nos dé las circunstancias, los elementos probatorios en los que fundamentó esa acusación.{…} Queremos que nos diga quién le dijo eso, qué personas le hicieron esos comentarios, y los vamos a citar para que, bajo la gravedad del juramento, nos exhiban las pruebas. Y si no dicen la verdad de los hechos, pues es muy clara la ley penal: quien engaña a la justicia incurre en fraude procesal.{…} lo vamos a citar para que, bajo la gravedad del juramento, amplíe las denuncias y nos diga cuáles son las pruebas. Y citaremos a quienes se lo dijeron. Esto no es un juego. Las autoridades judiciales no vamos a permitir que se engañe a la justicia colombiana. Vamos a hacer una investigación a fondo de las denuncias, vamos a exigir seriedad en las pruebas que se presenten porque el ordenamiento colombiano establece que quien haga falsas denuncias y afirmaciones falsas ante jueces puede ser constitutivo, entre otros, de un delito de fraude procesal.{…} Advierto que yo no estoy anunciando ninguna investigación contra Uribe, pero sí le vamos a exigir que comparezca a la Fiscalía para que nos exhiba las pruebas.”

Para no perder el hilo, recordemos que Uribe simplemente dijo que la Fiscalía debería investigar si a la campaña de Santos hace cuatro años entraron aportes de J. J. Rendón y cuál fue el origen de esos fondos. Eso no lo inventó el expresidente, pues, como lo dijo anoche Aurelio Suárez en 360 grados, desde hace varios meses el senador Jorge Robledo viene preguntando por fondos que ingresaron a esa campaña y no se declararon, por lo que al parecer hubo de parte de sus responsables violación de los topes legales de financiación.

Pues bien, el Fiscal considera que todo el que formule públicamente alguna sospecha está obligado a denunciar ante su despacho lo pertinente, presentando las pruebas de que disponga. Y si no se presenta, carece de pruebas o  estas no son serias, correrá el riesgo de que lo procese por Omisión de denuncia, Falsa denuncia, Falsedad o Fraude procesal.

Yo no soy penalista, pero, a diferencia de cierto dirigente político, sé leer y lo hago todos los días. Además, tengo algún criterio jurídico. Pero, en este caso, me gustaría que los expertos emitieran su dictamen.

Por lo pronto, observo lo siguiente:

- Sobre Omisión de denuncia de particular (que es el caso actual del expresidente Uribe), la normatividad que hoy rige estipula:

Artículo 441. Omisión de denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título II y en el Capítulo IV del Título IV de este libro, en este último caso cuando el sujeto pasivo sea un menor de doce (12) años, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.”

Uribe estaría obligado a denunciar su conocimiento de los delitos que menciona esta disposición. Pero lo que dice que debería investigar la Fiscalía no parece encajar dentro de estas figuras delictivas.

- Sobre Falsa denuncia hay estas dos disposiciones:

Artículo 435. Falsa denuncia. El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de dos (2) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 436. Falsa denuncia contra persona determinada. El que bajo juramento denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de dos (2) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

Se ha entendido siempre que estas conductas deben ser dolosas, vale decir, que el denunciante debe conocer la falsedad de los hechos cuya investigación solicita y tener el propósito de poner en funcionamiento la actividad investigativa a partir de bases que sabe que no corresponden a la realidad.

El expresidente Uribe bien podría presentar denuncia formal sobre los hechos de su declaración pública, o abstenerse de hacerlo. Si lo hace, solo incurrirá en delito de Falsa denuncia si asevera que los hechos de que se trata son reales, a sabiendas de que son falsos. Pero si los presenta como hipotéticos,¿dónde estaría su delito?

- El Fiscal amenaza con encausarlo por Fraude procesal.

¿En qué consiste dicho delito?

Veamos el artículo 453 del Código Penal:

Artículo 453. Fraude procesal. Modificado por el art. 11, Ley 890 de 2004. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.”

Salta a la vista que en este delito solo  incurriría si a la postre, con base en medios fraudulentos inductivos de error, lograra que su denuncia culminase en sentencia favorable a aquella.

En síntesis, el Fiscal trata de estructurar una figura delictiva que no está prevista en la ley y que él denomina “Creación de rumores falsos”.

Como evidentemente no la contempla nuestro ordenamiento penal, la construye a partir de una combinación artificiosa de delitos de la que se vale para tipificar uno nuevo, de su propia cosecha: la”manipulación de la opinión pública a través de medios ilícitos”, consistentes estos en “poner en funcionamiento la administración de justicia” de manera engañosa.

No emito juicio sobre este procedimiento. Les pido a los penalistas que nos digan si esta manera de interpretar la ley penal y ejercer la función inquisitiva de la Fiscalía General de la Nación protege los derechos de la ciudadanía o, por el contrario, representa un gravísimo peligro para todos nosotros, como me atrevo a creerlo y manifestarlo.

El Fiscal ambienta su inusitada construcción penal en dos hechos diferentes que combina o asocia sin mucho discernimiento, a mi modesto y lego modo de ver.

El primero tiene que ver con el episodio del “hácker”, que lo lleva a pensar que hay una tremenda conspiración contra la “institucionalidad” y la “democracia”, tal como él las concibe, animada por la “ultraderecha” que identifica con el fascismo y el nazismo, tendiente a entronizar un Hitler entre nosotros. Sugiere que tras ella están el expresdiente Uribe, el candidato Zuluaga y el Centro Democrático, aliados con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas.

Escribí en Twitter, y lo reitero, que esto expele cierto tufillo de paranoia y que estamos muchisimo más cerca de que en Colombia se instaure un régimen de corte estalinista, con las ventajas que Santos y  el Fiscal quieren darles a los capos narcoterroristas de las Farc, que de la toma del poder por la entelequia de la “ultraderecha” con que Santos y ahora él, Montealegre, pretenden asustar al electorado en vísperas de los comicios presidenciales.

De hecho, la elaboración jurídica que nos ofrece el Fiscal es de corte netamente estalinista y trae a la memoria los torvos argumentos del fiscal Vichinsky, el “jurista” de los procesos de Moscú que tan bien retratados dejó Artur Koestler en “El Cero y el Infinito”. Sugiero a mis lectores que visiten esa obra maestra de la literatura política del siglo XIX a fin de que se vayan preparando para lo que vendrá con gente como Montealegre encargada de poner en marcha la represión del Estado.

Queda la impresión de que la andanada mediática de Santos y sus áulicos para que un hombre decente como Óscar Iván Zuluaga le diga al país toda la verdad sobre el pobre “hácker” se inspira en la fantasiosa hipótesis de Montealegre sobre la “Gran Conspiración”. No en vano ha dicho Paloma Valencia que al parecer Montealegre ocupa el puesto que dejó vacante J. J. Rendón en la campaña reeleccionista. Si el Fiscal se reúne con la bancada santista en el Congreso, según se denunció anoche,¿de qué podrían hablar, sino de este caballito de batalla espoleado por él?

¿Por qué no le piden más bien a Santos que le diga al país toda la verdad sobre Germán Chica, a quién conoce demasiado bien?

La acusación que arroja Montealegre contra Uribe no se relaciona directamente con la “Gran Conspiración”, pero él, con su sagacidad estalinista, trata de ligarlas.

Volvamos al principio, así parezca reiterativo: el expresidente pidió que la Fiscalía investigara si es verdad que J. J. Rendón aportó dos millones de dólares a la campaña de Santos en 2010, si esa campaña violó los topes de financiación establecidos, y si ese aporte tuvo que ver con los doce millones de dólares o más que se dice que los mafiosos del Norte del Valle entregaron para la gestión de un proyecto de acuerdo con Santos.

La reacción de Montealegre no habría podido ser más enérgica, por no decir histérica: ”Queremos que nos diga quién le dijo eso, qué personas le hicieron esos comentarios, y los vamos a citar para que, bajo la gravedad del juramento, nos exhiban las pruebas. Y si no dicen la verdad de los hechos, pues es muy clara la ley penal: quien engaña a la justicia incurre en fraude procesal.”

Todos los días aparecen en la prensa acusaciones graves contra personajes públicos, con distintos grados de fundamentación: sólidos, tenues, endebles. Muchas acusaciones llegan a los estrados judiciales, bien sea a la Fiscalía o a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Y si a quienes las formulan se los amenazase como acaba de hacerlo el Fiscal respecto del expresidente Uribe, es probable que todas esas acusaciones se reducirían al mínimo. El mismo Montealegre ha sido objeto de acusaciones por su actividad profesional como abogado de Saludcoop o por alguna investigación que dijo El Tiempo hace años que le inició la Dian.

Solo ahora viene el Fiscal a mostrar con ademán hirsuto todos los colmillos y las garras de su investidura oficial. Son unas declaraciones intimidantes que denotan prejuzgamiento.

¿Por qué?

Los motivos, al parecer, son simples: quien formula las acusaciones es el expresidente Álvaro Uribe Vélez; se acusa a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010; estamos en vísperas de unas elecciones presidenciales en que las encuestas indican que Óscar Iván Zuluaga podría triunfar sobre el Presidente-candidato.

La sabiduría campesina ha ideado una adivinanza de lo obvio, la que dice “Blanco es, gallina lo pone, frito se come, huevo se llama”.

Creo que no hay que ser demasiado zahoríes para entender qué es lo que quiere el Fiscal.

Es poco probable que su intento de abrirle investigación a Uribe por el supuesto delito de “Creación de rumores falsos” llegue a puerto, como no podría llegar tampoco la querella que el santismo anunció en su contra por Injuria y Calumnia. Por sesgado, torpe o ignorante que sea un juez de garantías, me parece difícil que se atreva a autorizar la privación de su libertad o cualquiera otra medida preventiva por estos conceptos.

De lo que se trata, más bien, es de producir unos efectos políticos. De ahí podría resultar que a Uribe se lo presente, como ya viene haciéndolo Santos, como un personaje poco serio que lanza acusaciones al aire sin ton ni son, con lo cual se afectaría la campaña del Centro Democrático.

De contera, se distraería a la opinión de lo que realmente interesa: la relación de dos muy cercanos asesores de Santos con narcotraficantes del Norte del Valle; la declaración de uno de ellos que dijo haberle entregado a Rendón una cuantiosa suma en dólares: lo que viene diciendo desde hace meses el senador Jorge Robledo acerca de fondos que entraron a la campaña de 2010 y no se declararon. En suma, lo que los medios ya denominan el “8.000 de Santos”, que al Fiscal parece no motivarlo, salvo para enfilar sus baterías contra los denunciantes.

A eso apunta el coro de plañideras encabezado por los dirigentes de la Mesa de Unidad Nacional que andan pidiendo que se le diga toda la verdad al país sobre la “Gran Conspiración” que con ayuda de Montealegre están inventando, al tiempo que callan sobre las andanzas de Rendón y, sobretodo, de Chica, no obstante lo escandalosas que parecen ser.

Pasadas las elecciones, poco importará que se diga a la postre que lo del Fiscal no fue más que un chorro de babas. Si Santos gana con su ayuda, motivos de agradecimiento tendrá para con él. Pero, sobre todo, habrá salvado su embeleco de la paz con las Farc, al que el Fiscal le ha sacrificado todo su prestigio.

Una lectora de El Colombiano que se identificó como María Mercedes escribió que el Fiscal no es un payaso, como muchos piensan, sino un peligro para la sociedad colombiana.

Creo lo mismo. Y avalo el comentario que hizo Montserrat Fernández en “La Hora de la Verdad”: Lo que está haciendo el fiscal Montealegre contra el expresidente Uribe es espeluznante.

viernes, 9 de mayo de 2014

La estrategia del calamar

Santos, como los calamares, arroja tinta para desconcertar a sus atacantes al verse acosado por ellos.

El escándalo de los millones de dólares (¿doce millones y medio o veinte?) que el narcotraficante “Comba” dijo ante la justicia que pagó a J. J. Rendón para que gestionara con Santos un proyecto de desmovilización y entrega de los más poderosos grupos de productores y distribuidores de droga en Colombia, sacó a Santos de sus cabales y, ante la ola de cuestionamientos que esa revelación ha suscitado, resolvió defenderse tratando de enlodar a Óscar Iván Zuluaga y anunciando que querellará a Álvaro Uribe Vélez ante la Fiscalía por los delitos de injuria y calumnia. Sale a decir, además, que rechaza una campaña de odios, rencores y guerra sucia.

Vamos por partes.

El escándalo de marras, que sorprende a Santos a pocos días de las elecciones presidenciales, se desató a raíz de publicaciones que se hicieron en Semana y en El Espectador simultáneamente. Esos medios no son de oposición; por el contrario, son agresivamente santistas, pero por algún motivo decidieron que el asunto ameritaba denunciarlo. De hecho, su gravedad es descomunal y justifica que se abra el debate sobre sus pormenores y las responsabilidades consiguientes.

Como lo dice un opinador en la red, “El Alegre Bengalí”, queda claro en este asunto que nada de él es claro.(http://laotraesquina.co/politica/480/l)

Santos no le ha dado la cara al país, y los enredados en el caso – Rendón, Chica & Cía. – recuerdan con sus dichos y actitudes aquello de que “Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga”, que cantaba la inolvidable Celia Cruz. En suma, ¡Burundanga de la buena!

Santos creyó que el escándalo se acallaría prescindiendo de los servicios del tristemente célebre Rendón y dejando en la calle al no menos tristemente célebre Germán Chica, no sin antes agradecerles sus valiosísimos servicios y ponderar la inocencia de todos los involucrados, incluido él mismo. El fiscal Montealegre no se inmutó, Rendón salió a las volandas del país y tanto él como Chica se amenazaron recíprocamente con sendas acciones penales dizque encaminadas a dejar a salvo sus malferidas honras.

Pero los doce millones y medio de dólares, que Natalia Springer dice en Twitter  que tal vez fueron veinte, no son una suma chica y, por supuesto, hicieron más ruido que el que Santos estaba dispuesto a tolerar.

Entonces, vino su descarga de tinta. Con inusitadas oportunidad y rapidez, el fiscal Montealegre, que siempre se ha mostrado tan solícito para con el Presidente que lo candidatizó para el puesto que ocupa, convocó una rueda de prensa para anunciar la captura de un tal “hácker” que prestaba servicios a la campaña de Óscar Iván Zuluaga y al que sindicó de graves delitos contra el proceso de diálogos con las Farc en La Habana, comenzando por el de espionaje. Aunque al día siguiente dijo que no había pruebas que involucraran al más fuerte contendor de Santos en la justa presidencial, el modo como presentó el caso dio pie para que la Gran Prensa y la demeritada Mesa de Unidad Nacional salieran a gritar a los cuatro vientos que esos hechos salpicaban severamente al candidato del Centro Democrático.

No cabe duda alguna del sesgo político del anuncio del Fiscal, tan cauteloso en cambio para referirse al tándem Rendón-Chica.

Las turbias fuentes de la Fiscalía filtraron la especie de que el “hácker” había confesado y estaba dispuesto a acogerse a sentencia anticipada, tal como lo anunció con  tono triunfalista y retador el despreciable Benedetti esa misma noche en el programa de Hassan Nassar. Al día siguiente se supo que nada de esto era cierto, pues el incriminado negó haber cometido delito alguno y, según comentó Nassar, afirmó que recolectaba información para entregarla habitualmente a los servicios de inteligencia del Estado.

Pero a Santos y sus conmilitones no les importó lo que realmente dijo el “hácker” ante la Fiscalía, ni de qué evidencias se valió esta para capturarlo e involucrarlo en una seguidilla de delitos. No era la verdad lo que les interesaba, sino contar con un punto de apoyo para atacar implacablemente a Óscar Iván Zuluaga, diciendo que debía renunciar a su candidatura presidencial.

Nada más repugnante que ese destemplado coro de urracas parlanchinas de la vergonzosa Mesa de Unidad Nacional.

La tónica la dio, como atrás dije, el tal Benedetti en el programa 360 grados. Lo siguieron, amén de otros que no interesa mencionar, el zoquete Simón Gaviria y el desubicado Carlos Fernando Galán, que anoche se desgañitaron ante las cámaras de televisión atacando a Zuluaga, siguiendo un libreto que lleva la nausaeabunda marca de fábrica de J. J. Rendón.

Sin precisar en qué consistieron los servicios que contrató el tal Sepúlveda con la campaña, e ignorando la aclaración que solapadamente hizo el Fiscal acerca de que no hay indicios que la vinculen con supuestas actividades delictivas del “hácker”, se rasgaron las vestiduras aullando que cómo era posible que Zuluaga tuviera nexos con tamaño delincuente.

Si algo de cautela los acompañara, por no hablar de una decencia que al parecer no tienen, antes de hacer tal escena tendrían que haberse detenido a pensar en dos cosas elementales, a saber: que Zuluaga no tenía por qué estar enterado de que Sepúlveda, quien trabajó antes al servicio del gobierno, del Senado, de la U y del denostado Rendón, era hombre de malas prácticas en su oficio, pues no registra antecedentes judiciales ni ha sido condenado. Esos injuriadores y tal vez también calumniadores, se apresuraron a calificar como delincuente a quien apenas acaba de ser vinculado a un proceso penal cuya suerte, como es lógico, no sabemos cuál pueda ser.

Galán fue más allá. Valiéndose de un artículo que obviamente publicó María Isabel Rueda por encargo en El Tiempo el sábado último, se dio a la tarea de zaherir a Zuluaga por un tema de Interbolsa que rápidamente ya se había aclarado.

Anoche me permití aconsejarle a Galán a través de Twitter que “en casa de ahorcado no se saca la lengua”, pues si a alguien no le interesa que lo de Interbolsa se convierta en tema de debate de esta campaña es a su patrón Santos.

A Galán quizás le suceda lo mismo que a su colega Simón el Bobito, que no lee. Por lo menos, no ha leído el libro de Alberto Donadio en que concluye que el gran responsable en el descalabro de Interbolsa es nadie menos que Juan Manuel Santos. De pronto, tampoco oye, pues en La Hora de la Verdad varias veces se ha planteado la cuestión de si Santos era un jugoso inversionista en tan malograda empresa y retiró sus haberes oportunamente cuando se hizo cierto que iba barranca abajo. Es cosa que, desde luego, no averiguará Vargas, su compañero de fórmula electoral y jefe de Galán.

A Galán hay que recomendarle lo del montañero:”Leiga, mijo, pa’ que se instruiga”. Para empezar, le sugiero este carnudo artículo de “La Silla Vacía”: http://lasillavacia.com/historia/los-tinieblos-de-santos-47330

Si en algo honra la memoria de su sacrificado padre, tendrá que darse cuenta de que está en el lugar equivocado, andando, como dice un feroz tango de Gorrindo, del brazo con quien no debe pasar.

El senador electo Álvaro Uribe Vélez hizo ayer en público varias preguntas que advirtió que debería investigar la Fiscalía, acerca de los millones de dólares que Songo dijo que recibió Bernabé y Bernabé respondió que fue Muchilanga, plata que no se sabe si se recibió antes o después de la elección de Santos, y que se dice que pudo haber financiado su campaña en 2010.

Uribe no da como ciertos estos hechos. Simplemente, pide que se los investigue, pues los cuestionamientos están en el aire enrarecido de este poco edificante proceso electoral.

“Blasfemado ha”, exclamó el Sanedrín. Entonces, por instrucciones de Santos, se anunció que se procederá a querellarlo penalmente por injuria y calumnia.

Esta inusitada decisión amerita muchos comentarios.

Desde el punto de vista jurídico, por lo que escuché de labios de Uribe, no creo que se haya configurado ninguno de esos delitos, pues tuvo la precaución de pedir que la Fiscalía investigue los hechos imputados, en lo que el Centro Democrático insiste, según comunicado que acabo de escuchar por Cablenoticias.

Por otra parte, en la doctrina penal se habla del delito imposible para referirse a conductas que aparentemente son punibles, pero dejan de serlo por sustracción de materia, como dar muerte a quien ya estaba muerto, corromper a quien ya era un corrompido o deshonrar a quien carece de honra, que creo que es el caso de Santos.

Lo más grave es de orden político.

Comencemos por lo más obvio. Cuando se querella por injuria o calumnia se corre el riesgo de que el incriminado pruebe sus acusaciones, como le sucedió a alguno que montó proceso porque le dijeron “falaz y oportunista”, y el juez de primera instancia lo encontró probado; o un político que se quejó porque lo acusaron de haber sido conservador en sus mocedades y así se probó dentro del juicio.

Lo peor es el antecedente que se está generando con esta rabiosa actitud de Santos, que de este modo sigue el funesto ejemplo de la dictadura venezolana, experta en encartar a sus opositores  a través de una justicia que ha perdido toda imparcialidad e independencia.

¿Qué garantías podría esperar Uribe Vélez de parte de un Fiscal que la gente ve que parece ser de bolsillo de Santos y cuyo prestigio, según la última encuesta de Gallup anda por el suelo?

Además, llevar al extremo la judicialización de la política, como lo pretende Santos, significa, simple y llanamente, arruinar la institucionalidad, pues de esa manera inevitablemente se politiza la justicia.

Algo más.

Como lo observaba hace años el profesor Burdeau, la democracia implica cierto grado de abnegación, particularmente acerca del debate público. Las cortapisas al ejercicio de la crítica por parte de la oposición suelen derivar en beneficio de los abusos de los gobernantes. Y, en el caso de Santos, hay graves indicios de que es, en efecto, un gobernante abusivo, como lo dice su primo hermano Francisco Santos en un mensaje que circula en los medios y la red.

Ayer dijo Santos en Vigía del Fuerte que no quiere una campaña de odios, rencores y agua sucia.

Sucede,sin embargo, que es precisamente la que él encabeza una campaña experta en procederes turbios.

Las elecciones del 9 de marzo muestran, como lo señalé en artículos anteriores, los peores vicios de la democracia. Y de esos vicios se ha aprovechado Santos hasta la saciedad.

Denunciarlos no es delito ni odiosidad o rencor aquilatado, sino patriotismo. Así de sencillito.

Leí ayer en Las 2 Orillas un artículo estremecedor sobre Germán Chica, oscuro personaje cercano como pocos a Juan Manuel Santos. Ese artículo, como se decía antaño en los códigos procesales, es ni más ni menos un auto cabeza de proceso, no solo contra Chica, sino contra el mismo Santos, pues muestra la punta del iceberg de lo que parece ser una monstruosa red de corrupción aupada por su gobierno.

Acá les dejo el enlace para que los interesados lo lean y saquen sus propias conclusiones:

http://www.las2orillas.co/la-huella-de-german-chica-en-la-reparticion-de-mermelada-de-palacio/

Cierro con esta inevitable muletilla: la reelección de Juan Manuel Santos sería una catástrofe moral para Colombia.

martes, 6 de mayo de 2014

La Última Carta

En una de sus vallas de campaña, dice Santos que ha hecho muchas cosas, pero todavía tiene más por hacer.

Trata de justificar de ese modo su aspiración reeleccionista. Pero la gente no cree que haya hecho tantas cosas como las que él jactanciosamente se adjudica. Y cree bastante menos en sus promesas de aplicarse, ahora sí, a ejecutar lo mucho que falta.

En realidad, como suele decirse en el lenguaje de la teoría de los servicios públicos, son muchísimas las necesidades insatisfechas que en todos los órdenes agobian a las comunidades colombianas. Los promeseros pueden hacerse lenguas hablando de la salud, la vivienda, la educación, las ciudades y el campo, la inseguridad, la justicia, la infraestructura, la alimentación, el fomento de la economía, la promoción de la productividad, la innovación y el emprendimiento, la situación de niños y ancianos, etc., etc. Pero a esta altura del debate, parece haber consenso acerca de que cualquiera de los candidatos que compiten contra Santos lo haría muchísimo mejor que este. Todos le ganan en solvencia técnica; más aún, todos producen en los auditorios la impresión de seriedad y decencia que echan de menos en el discurso del Presidente-candidato.

Fuera de las mañas que se le conocen, de las cuales traté en mi escrito anterior denominándolas “Estrategias Perversas”, a Santos solo le queda una carta por jugar: la de la paz con las Farc y el Eln.

Por eso anda diciendo que la paz está cerca y quizás podrían firmarse acuerdos con ambas agrupaciones terroristas en lo que resta del año en curso. Pide entonces que le demos esta oportunidad, que garantizaría su puesto en la historia y permitiría, como dice la propaganda oficial, utilizar los recursos que hoy se destinan a la guerra, en la construcción de un país grato para todos los colombianos, con casas, escuelas, hospitales, vías, acueductos, instalaciones deportivas y todo cuanto se necesita para que la vida de nuestros compatriotas sea placentera.

Pero,¿de qué paz se trataría?

Nadie lo sabe, ni siquiera el propio Santos. A juzgar por el discurso de las Farc, cuyos voceros han sido enfáticos en declarar qué es lo que quieren, el precio de la firma de un acuerdo comenzaría por la impunidad y la elegibilidad de sus cabecillas, lo que les permitiría hacer parte del Congreso, el Gobierno y las Altas Cortes, conservando además sus armas por ahí guardadas y obteniendo que a la fuerza pública le aten las manos para no entorpecer sus propósitos.

Pero eso sería tan solo el abrebocas, pues también quieren que les adjudiquen puestos, no les apliquen la extradición que reclaman los Estados Unidos, les garanticen seguridad, les otorguen medios de comunicación y les entreguen el control de vastas zonas de reserva campesina que configurarían circunscripciones especiales, en las que, si uno lee con cuidado lo que ha dicho Sergio Jaramillo Caro, los narcoterroristas ejercerían el liderazgo de la organización de las masas y de los proyectos de supuesta redención del agro.

Esto es muchísimo, pero ellos quieren todavía más: una asamblea constituyente que se integre dándoles ventajas que no serían otras que las de contar con efectivos que les permitirían controlarla.

Desesperado por mostrar que su paz es posible, es lógico pensar que Santos está dispuesto a darles el oro y el moro, así De la Calle y el general Mora juren y perjuren que nada que afecte la tranquilidad de los colombianos se está discutiendo en La Habana, y que cualquier acuerdo a que se llegue se sujetará a la aprobación del pueblo soberano.

Esto no es más que un engañabobos. Lo previsible es que cualquiera sea el acuerdo –bueno, regular o malo-, se pondrán en marcha ipso facto los mecanismos de presión emocional e incluso física para intimidar al electorado a fin de que vote en favor de lo que se convenga.

Bueno es recordar que en 1989 hubo una deplorable iniciativa para convocar al pueblo a fin de que mediante la vía plebiscitaria decidiera sobre la suerte de la extradición. Esa propuesta dio al traste con la reforma constitucional que estaba a punto de aprobarse por el Congreso, pues, fuera de lo extemporánea y estrambótica, se vio cuán inconveniente sería una votación sometida a la amenaza de un narcoterrorismo que no se paraba en pelillos para ejercer la más atroz de las violencias.

Pues bien,¿queda alguna duda acerca de que los guerrilleros de las Farc y del Eln son tan desalmados como lo fueron los cárteles de Medellín, Cali o el Norte del del Valle? ¿Qué nos garantizaría que no harán uso de los medios más extremos del terrorismo para lograr que el pueblo se hinque a sus pies votando la aprobación de un acuerdo leonino?

Por otra parte, el modus operandi de cualquier refrendación popular de un acuerdo con los guerrilleros está erizado de tantas dificultades jurídicas y prácticas, que los golillas de Santos no han podido elaborar alguna fórmula que sea presentable. Le dan vueltas y revueltas al asunto y no atinan a decirnos cuál podría ser la fórmula salvadora.

Habida consideración del estado actual de la opinión pública, en gracia de discusión tenemos que admitir que por lo menos ella está dividida en torno de  temas básicos de un posible acuerdo con los capos que han sentado sus reales en La Habana. Ellos mismos han advertido que un acuerdo que no goce de respaldo abrumador sería inconveniente. Y dicho respaldo solo podría lograrse si ellos modificaran sus actitudes arrogantes y cínicas, lo cual sería mucho pedirles. Como lo recordó en estos días un agudo comentarista, alacranes son y de ellos solo cabe esperar que nos claven sus aguijones ponzoñosos.

La historia está llena de acuerdos de paz que suscitaron más violencia que la que pretendían solucionar. Como van las cosas, el etéreo acuerdo que ofrece Santos tiene todos los visos de ser uno de ellos.

Baste considerar que las Farc en ningún momento han mostrado disposición de acogerse a nuestra institucionalidad. Todo lo contrario, la rechazan tajantemente y exigen que se la modifique radicalmente para ajustarla a sus pretensiones, que no son otras que conquistar el poder, no por la vía de la deliberación democrática y la persuasión racional del electorado, sino por un “Fast Track” que, como por ensalmo, les haga el milagrito de concederles en la mesa de negociación lo que no han podido conseguir a lo largo de más de medio siglo en los campos de batalla ni en las urnas electorales.

Ojo, pues, compatriotas con la jugada tramposa que está preparando el tahúr Santos.

Hay por quiénes votar, muchísimo mejores que él. Yo, por mi parte, lo haré con todo entusiasmo por Oscar Iván Zuluaga.

jueves, 1 de mayo de 2014

Estrategias perversas

El proceso electoral en curso muestra a las claras las perversiones de nuestra democracia.

Se supone que en una democracia bien instituída se busca que la ciudadanía reciba información suficiente acerca de las ideas, los programas, las personas y los equipos políticos que aspiran ser favorecidos por su voto.

Se supone también que cada ciudadano debe gozar de libertad para expresar y recibir informaciones, así como para deliberar con los demás y asociarse con quienes tengan puntos de vista afines a los suyos.

En fin, se supone que su voluntad política debe formarse a partir de la reflexión racional acerca de lo que más convenga a la comunidad como un todo, así ello eventualmente contradiga sus propios intereses.

En suma, la suya debe ser una voluntad guiada por un honrado espíritu cívico, lo cual no solo implica condiciones intelectuales aptas para recibir y asimilar información, sino condiciones morales para obrar con rectitud, serenidad y ecuanimidad.

La idea democrática en boga parte de la base de que es posible distinguir una esfera de lo público y otra de lo privado, de suerte que cada ciudadano separe lo uno de lo otro.

Pafrafraseando lo que dice el Evangelio, la idea es que se dé a lo público lo que es de lo público, y a lo privado, lo que es de lo privado. Se habla, entonces, de una razón pública que debe constituírse y actuar de acuerdo con procedimientos y criterios diferentes de los que los individuos siguen en sus asuntos privados. Y se reconoce que en la primera no solo hay una dimensión ética más vinculante, si se quiere, sino que lo público de suyo tiene mayor relevancia axiológica que lo privado.

La filosofía política actual señala que hay un pluralismo inevitable y además necesario de personalidades, experiencias, ideas,  opiniones, intereses, propuestas y cursos de acción social que compiten entre sí, dando lugar a diversas tendencias que tratan de ganar el favor de la opinión pública y obtener el voto mayoritario en los procesos electorales. Ninguna de esas tendencias goza a priori de la presunción de ser más indicada que las demás para realizar los fines de beneficio común que sea posible obtener de acuerdo con las circunstancias  que se den en en las comunidades al momento en que estas deban decidir. Todas ellas, por consiguiente, deben gozar de igualdad de oportunidades para llegar a la ciudadanía, que es el supremo juez llamado a decidir acerca de sus ventajas y desventajas.

Ello significa que cada tendencia política debe considerar que le toca coexistir con las restantes, por lo cual debe estructurarse y actuar de modo congruente  con el esquema pluralista, de suerte que su triunfo no implique la exclusión de otras hacia el futuro.

De ahí, la idea de que la competencia democrática ha de transcurrir de acuerdo con reglas de juego limpio, el “Fair play” de que hablan los anglosajones.

Ese juego limpio presupone que no haya ventajas especiales para ninguna propuesta, salvedad hecha de las implícitas a sus propios contenidos por su coherencia interna y su adecuación a los datos sociales a los que pretende aplicarse.

También exige el juego limpio que en el debate público se respete a los llamados a decidirlo, sin engaños, trampas, presiones, intimidaciones, violencia ni sobornos.

Dicho de otra manera, ese juego limpio debe ser transparente.

Las exigencias éticas del juego democrático implican, por consiguiente, que entre los diferentes actores medie un acuerdo sobre lo fundamental, vale decir, sobre reglas y valores que hagan posible que la ciudadanía elija razonablemente, que quienes triunfen realicen sin obstáculos sus proyectos y que los perdedores tengan oportunidad para ejercer su función crítica y lograr que en el futuro sus propuestas salgan avantes si convencen a las comunidades de sus méritos.

Hasta acá, todos estos enunciados parecen verdades de Perogrullo.

De cierto modo, lo son; pero no sobra recordarlos ni señalar que, a pesar de su aparente obviedad, entrañan tremendas dificultades teóricas y prácticas que son el dolor de cabeza de los pensadores que se ocupan de ellos . Por eso hay tanta literatura sobre la teoría y la práctica de la democracia, trátese de los países avanzados que creen gozar de democracias maduras y estables, como de los que, como el nuestro, apenas están en proceso de consolidar unas instituciones dignas de llamarse democráticas, calificativo  cuyo significado, la verdad sea dicha, está lejos de haberse definido de modo contundente.

En efecto, la primera discusión que se presenta cuando se habla de democracia versa sobre cuál es la verdadera democracia, en contraste con la falsa o la deficiente.

Ello ocurre porque la idea democrática parte de unas premisas que en rigor están preñadas de ingredientes míticos, como la voluntad general, la autonomía individual, la distinción radical entre lo público y lo privado, la igualdad de los ciudadanos, el origen contractual de las colectividades, la legitimidad del poder, la representación, la infabilidad de la mayoría o la de los jueces, la  racionalidad de la acción política o el carácter diáfano de los valores que a través de ella se trata de realizar.

Veamos, a la luz de la teoría corriente de la democracia y sin deternos en sus dificultades, si el proceso electoral en que estamos inmersos se ajusta, así sea de lejos, a sus postulados.

La sabiduría popular tiene un dicho muy elocuente, según el cual “A la hora del desayuno se sabe cómo será el almuerzo”.

Pues bien, ya desayunamos electoralmente el 9 de marzo pasado, cuando la ciudadanía concurrió a votar por candidatos al Senado y la Cámara de Representantes.

A esos comicios me referí en el artículo titulado “Un proceso nada edificante”. No sobra volver sobre algunos de los temas ahí mencionados: abstención, compra de votos, presión de los grupos armados ilegales, presión de las “maquinarias políticas” sobre los votantes, irregularidades en el funcionamiento del sistema electoral hasta el punto de que no sabemos todavía cuál va a ser la composición precisa del próximo Congreso.

Lo que sí sabemos ya es que hubo no solo un monstruoso fraude, sino una descomunal compra de votos favorecida por la “mermelada” oficial, que le dio al Partido de la U (que bien haría en cambiar su nombre por el de Partido de las Musarañas) un denigrante primer lugar en los escrutinios. De ello me ocupé en el artículo “La torcedura de la U”.

Todo indica que de nuevo  el próximo 25 de mayo incurriremos en los vicios del pasado 9 de marzo, y que, como lo cree mucha gente, Santos tratará de robarse las elecciones. Según un comentario que me llegó vía Twitter, el “Fenómeno del Ñoño” está en auge en la Costa atlántica, obviamente  con la aquiescencia del Presidente-candidato, quien es su gran beneficiario.

En la presentación que anoche hicieron los candidatos presidenciales en Teleantioquia, en foro al que Santos no asistió, Enrique Peñalosa lanzó una gravísima acusación: el Presidente-candidato está gastando millonadas del presupuesto público haciéndole propaganda a su fementido “Proceso de Paz”, abusando de ese modo de su posición dominante.

El abuso de esa posición dominante se advierte también en las denuncias que viene haciendo el expresidente Uribe acerca de las presiones que Santos ejerce sobre los alcaldes, fijándoles cuotas de votación en favor suyo a cambio de la promesa de auxilios para las obras municipales.

A esos y muchísimos otros abusos que deberían investigar oportunamente la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, dado que la Fiscalía está en manos de un títere de Santos y la autoridad electoral está bajo el control de la mal llamada Mesa de Unidad Nacional, se suma la propaganda mentirosa con que se pretende engañar al electorado acerca de las muy discutibles realizaciones del actual gobierno y, sobre todo, de los diálogos que sostiene con los capos narcoterroristas en La Habana.

Anoche vi en la televisión a Santos hablando maravillas de los negociadores a quienes les ha encomendado la difícilisima gestión de convenir la paz con los delegados de una de las organizaciones narcotraficantes más fuertes del mundo, que exhibe “el récord de terror en la región”, según el Informe Anual sobre Terrorismo en 2013 del Departamento de Estado norteamericano publicado ayer (http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/farc_con_record_de_terror_en_la_region/farc_con_record_de_terror_en_la_region.asp).

También ayer publicó “El Mundo” un demoledor artículo de mi gran amigo José Alvear Sanín, que pone al descubierto las falencias del suntuoso equipo negociador de que se ufana Santos. El escrito se denomina “Evaluación de los negociadores” y puede leérselo pulsando el siguiente enlace: http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/evaluacion_de_los_negociadores.php

Según Alvear, el equipo se reduce en realidad a dos personajes: Humberto de la Calle Lombana y Sergio Jaramillo Caro, pues los generales Mora y Naranjo, da pena decirlo, parecen ser convidados de piedra.

El primero es un hombre amable que ha ocupado importantes posiciones en el sector público y goza de renombre en el mundo de los abogados. Desafortunadamente, dentro de sus prendas y tesoros no se cuenta el carácter. Horacio Serpa lo definió lapidariamente en desafortunada ocasión:”No es ni chicha ni limoná”.

El otro, que según Enrique Santos Calderón es el ideólogo de la negociación con las Farc, es un enigma. Todo da a entender que es él quien lleva las riendas del proceso, pues ocupa el cargo de Comisionado de Paz. Pero el gran público ignora sus antecedentes y no sabe cuál es su autoridad intelectual, política  y moral para disponer casi en secreto con los capos sobre la suerte de la República.

Un muy buen amigo que no es dado a la publicidad y mantiene en reserva su nombre, ha llegado a conclusiones muy inquietantes sobre el personaje. Teme que sea un infiltrado de la extrema izquierda que se coló a través de Marta Lucía Ramírez y Juan Manuel Santos como asesor político del ministerio de Defensa y luego como Viceministro  del ramo. Según se dice, como estudió en Moscú y habla ruso, los de su contraparte de las Farc lo apodan “Stalincito”.

Sin hurgar mucho en el asunto, cabe formular una pregunta elemental:

¿Qué hace un doctor en Filología Clásica hablando del nuevo régimen de ordenación territorial de las comunidades al que, en alianza con las Farc, se sujetarían el campesinado y los empresarios del sector agropecuario? (Vid. http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12796874.html).

Sobre los planes que esboza Jaramillo en sus escasas intervenciones públicas, ha hecho Libardo Botero un sesudo escrutinio al que acá remito para futura memoria:

http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-nacionales/item/4263-los-sapos-de-sergio-jaramillo?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Portada-PeridicoDebate-PeridicoDebate+%28Portada+-+Peri%C3%B3dico+Debate%29

Oscar Iván Zuluaga le ha pedido públicamente a Santos que diga qué es lo que les está entregando a las Farc en La Habana.

Santos responde con evasivas, acusando de mentirosos y saboteadores a los que expresan sus dudas sobre lo que podría estar ya acordado o en vía de definición acerca de impunidad de los capos, elegibilidad de ellos para cuerpos colegiados, zonas de reserva campesina, circunscripciones especiales, narcotráfico, entrega de armas por parte de los guerrilleros,  régimen de las Fuerzas Armadas y otros tópicos de evidente interés para los colombianos, de los que se ocupó ayer Jaime Restrepo en inquietantes declaraciones que dio para La Hora de la Verdad.(Vid. http://www.lahoradelaverdad.com.co/hace-noticia/jaime-restrepo-abogado-representante-de-victimas-de-la-guerrilla-de-las-farc-en-colombia.html)

Santos pide prácticamente que le giremos un cheque en blanco para la continuación de un proceso sobre cuyos pormenores estamos a oscuras y del que no sabemos qué límites podría tener, dado que los mentirosos inamovibles que planteó  en su discurso de posesión del 7 de agosto de 2010 ya se esfumaron.

Los defensores de Santos dicen que no nos preocupemos, pues lo que se decida en La Habana se someterá a refrendación popular y entonces los colombianos podremos decir si lo aprobamos o lo rechazamos. Sobre esta candorosa posición habré de ocuparme en otra oportunidad, pues su análisis exige hacer consideraciones de hondo calado que desbordan lo que quiero poner de presente en este escrito. Me limitaré a decir que tras de ese plan anida una trampa mortal para la institucionalidad colombiana.

Todos los candidatos que intervinieron anoche en Teleantioquia estuvieron de acuerdo en que hay que ponerles condiciones a los diálogos con las Farc. El único que cree que van por buen camino es Santos, en contravía de lo que en las encuestas manifiesta más del 60% de la opinión colombiana.

A los engaños que median en torno de los diálogos con las Farc, se suman las maquinaciones del célebre asesor político J. J. Rendón, que acaba de hacer presencia física para orientar la campaña reeleccionista.

Rendón no es un ideólogo, ni un activista político. Es un propagandista cuya especialidad es la promoción de la imagen de su cliente,  la difamación de sus opositores y la manipulación emocional del electorado. Utiliza las técnicas que la psicología y la sociología han encontrado que son más eficaces para hacer que la gente del común siga a una persona, desdeñe a otras y adhiera a ciertas tendencias políticas como si se tratara de productos comerciales.

Son técnicas probadas en los Estados Unidos, cuya democracia es hoy una de las más imperfectas del planeta. Hace poco leí en alguna parte que técnicamente el sistema norteamericano es una oligarquía, mejor dicho, una plutocracia en donde manda el dinero. Allá gana las elecciones el que más fondos recaude para hacer campaña. Y esta suele ser algo parecido a los enfrentamientos que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola.

Al candidato se lo presenta maquillado como si fuera un artista de cine o un cantante popular. No se trata de mostrarlo como es, sino como se espera que le guste al gran público. Si su apellido suscita resonancias negativas, como en el caso de Santos, se prescinde de él y se habla más bien de Juan Manuel o del familiar Juanma. Se lo presenta como esposo y padre de familia ejemplar, y dado que Colombia es todavía un país supuestamente religioso, aunque uno podría pensar más bien que es supersticioso y fetichista, el Miércoles de Ceniza lo hacen aparecer con una enorme cruz pintada en la frente, o lo mandan de carguero a Popayán en la Semana Santa.

Parafraseando a Enrique IV, Santos parece decir que “la reelección bien vale una procesión”. Poco  falta para que se exhiba como uno de esos tiranos renacentistas que pinta Burckhardt como un Divino Niño expuesto desde un balcón a la veneración de la multitud.

El candidato no tiene que formular ideas ni presentar logros. Todo su esfuerzo intelectual se reduce a la difusión de unos lemas que no resisten la prueba ácida de la crítica y a carteleras con leyendas vulgares que intentan hacerle creer al bajo pueblo que Santos es uno de los suyos y comparte su ralea.

Su campaña no se basa en la persuasión racional del electorado, sino en la manipulación.

La semana pasada hubo un programa de 360 grados con Juanita León y su equipo de La Silla Vacía. Al evaluar la campaña en curso, llegaron a la conclusión de que a Santos le interesa eludir el debate con los demás candidatos para no darlos a conocer, ya que él cuenta con amplio reconocimiento  y ellos todavía no han proyectado suficientemente bien sus respectivas imágenes ante el gran público. De ahí, la campana neumática que la Gran Prensa vendida al santismo les aplica, no difundiendo sus discursos y programas, ni dando a conocer los hechos que les conciernen. Esa Gran Prensa que desacredita la libertad de información y opinión pretende dar a entender que no existen. De ese modo, el votante se inclinará por el que conoce, así no lo satisfaga: “Mejor malo conocido que bueno por conocer”.

El otro eje de la campaña reeleccionista, según el equipo de “La Silla Vacía”, es la “maquinaria”. cuyo peso no alcanza a equilibrarse con los mecanismos de una tímida e improvisada Ley de Garantías que Santos se pasa descaradamente por la faja.

Santos se parece cada vez más a sus nuevos mejores amigos de la satrapía venezolana. Insulta a sus contradictores sin discreción y con torpeza suma. A unos jóvenes que se vistieron de luto en Popayán para protestar por la muerte de policías a manos de las Farc, los llamó neonazis. Y en Urabá no tuvo recato alguno para comparar la banda criminal de “Los Urabeños” con el uribismo.

Reitero lo que escribí hace poco: estamos en presencia de un proceso poñlítico nada edificante. Todo lo contrario: es disolvente a más no poder de nuestra precaria institucionalidad democrática.

Insisto por ello en que la reelección de Santos sería una catástrofe moral para Colombia.