viernes, 24 de diciembre de 2010

Algo para recordar

Por los mismos días en que la Cámara de Representantes se ocupaba de diligenciar el proceso contra Ernesto Samper Pizano, la Corte Constitucional expidió varios fallos en los que sostenía, con buenas razones, que la inviolabilidad de los congresistas por sus votos y opiniones no podía extenderse a los casos en que ellos actuasen como jueces, por cuanto la idea de un juez irresponsable es incompatible con la garantía del debido proceso que consagra la Constitución.

Con base en esos pronunciamientos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se aplicó a investigar a los representantes que votaron en favor de la preclusión del proceso contra Samper, en razón de la denuncia que por posible prevaricato presentó una importante entidad sin ánimo de lucro.

Conviene recordar que el tema que se estudiaba en la Cámara de Representantes exhibía difíciles aspectos de tipo probatorio sobre los que podía haber distintas apreciaciones, pero, además, hubo denuncias acerca de prebendas de varia índole con que el gobierno de ese entonces pretendió estimular el voto favorable de sus acusadores.

Recuerdo que uno de los representantes que votaron en favor de la acusación me dijo que, a pesar de no ser abogado, les pidió a sus asesores jurídicos que estudiaran concienzudamente el tema , y  ellos le suministraron bases suficientemente sólidas, a su juicio, para sustentar su voto en contra de Samper. A él mismo le dijo el ministro del Interior de aquel entonces que, si se portaba bien, tendría puestos como los que les estaba ofreciendo a otros.

Lo que investigaba la Corte no era entonces lo relativo al poder de interpretación de las pruebas que tiene en conciencia cada juez, sino si el voto favorable a la preclusión del caso había sido motivado o condicionado por prebendas gubernamentales, como, por ejemplo, el nombramiento del esposo de una representante para desempeñar un cargo consular. En síntesis, algo muy parecido a lo que después vino a conocerse en el argot periodístico colombiano como la yidispolítica.

Para oponerse a la investigación que le inició la Corte Suprema de Justicia, el mismo organismo que acaba de elegirla para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación, Vivian Morales incoó una acción de tutela tendiente a frenar esas diligencias, con fundamento en que con ellas se violaba su derecho fundamental a la inviolabilidad de sus votos y opiniones como congresista.

El caso llegó a la Corte Constitucional, cuya mayoría votó en contra de la ponencia contraria a las pretensiones de la tutelante que presentó el magistrado Herrera Vergara. Les correspondió entonces a los magistrados Gaviria Díaz y Martínez Caballero redactar el fallo que, en defensa de los supuestos derechos fundamentales que Vivian Morales sostenía que le habían sido vulnerados, dispuso que la inviolabilidad que la Constitución les garantiza a los congresistas incluye los votos y las opiniones que emitan cuando ejercen funciones jurisdiccionales y se extiende, además, a los hechos inescindiblemente unidos a tales votos y opiniones. En consecuencia, le ordenó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que suspendiera la investigación que había iniciado contra Vivian Morales.

Con base en esta orden, la Corte Suprema cesó el procedimiento que había iniciado contra otros congresistas.

Por supuesto que en el caso se ventilaban cuestiones muy discutibles que podrían haberse dirimido de diferentes maneras. No era, como suele decirse, un asunto pacífico. Además, tampoco se contaba con precedentes significativos tanto nacionales como extranjeros.

Uno de los temas en juego era el de si la Corte Suprema de Justicia incurrió en vía de hecho lesiva de derechos fundamentales al iniciar unas investigaciones amparadas en fallos de la Corte Constitucional. Si ésta misma había dicho que los congresistas al actuar como jueces no están amparados por la garantía de la inviolabilidad, parece de lógica elemental que son procedentes las investigaciones contra ellos por prevaricato y otros delitos conexos, como el cohecho o la concusión.

Por consiguiente, parece un desafío a la lógica que la Corte Constitucional considerase que, por haber seguido unas doctrinas suyas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en vía de hecho susceptible de enervarse por medio de una acción de tutela.

Para salvar este escollo, a los redactores de la sentencia que tuteló los supuestos derechos de Vivian Morales se les ocurrió una fórmula estrambótica, según la cual, aunque la Sala Penal no estaba incurriendo actualmente en vía de hecho por las investigaciones que había iniciado, las misma derivarían en el futuro en un desconocimiento de la garantía de la inviolabilidad de los congresistas. Por consiguiente, se daba así una vía de hecho prospectiva.

El país ha dado en tragarse sin más los abusos dialécticos de la Corte Constitucional. De ahí que denunciarlos equivalga a dar coces contra el aguijón. Pero como acá escribo para la historia, poco me da que salga de estas discusiones como gato escaldado. Quizás en el futuro se diga que por lo menos hubo alguno que no tragó entero ni comulgó con ruedas de molino.

¿Que hubo detrás de esa voltereta de la Corte Constitucional?

Días antes, Alfonso López Michelsen publicó un artículo en El Tiempo para defender la acción intentada por Vivian Morales. No faltó quién dijera que su fama de constitucionalista, su prestigio público y su poder político influyeron decisivamente en el voto de algunos magistrados. Pero hubo también amenazas de parte del Congreso acerca de acciones penales por prevaricato contra los magistrados de la Corte Constitucional que habían sostenido la limitación del privilegio de la inviolabilidad. En fin, se sugiere que algunos de ellos habían sido muy cercanos a Samper y querían blindar la preclusión con que lo favoreció la Cámara de Representantes.

Sea de ello lo que fuere, el precedente que sentó la Corte Constitucional en este caso no es digno de aplaudirse, pues impidió que se pudiera llegar al fondo de uno de los episodios más turbios de nuestra turbulenta historia.

En esta época de los wikileaks es pertinente preguntarse por las motivaciones reales de las grandes decisiones que afectan al público, es decir, los argumentos no explícitos que inciden decisivamente en los que, para salvar las apariencias, se dan a conocer a las comunidades.

Por ejemplo, no parece excesivo inquirir por las razones que llevaron a Juan Manuel Santos a postular como candidata a la Fiscalía a Vivian Morales, y las que a su vez hicieron que la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia votaran en favor suyo. Es tema sobre el que convendrá volver, reitero que en obsequio de la historia.

viernes, 17 de diciembre de 2010

Divagaciones para la historia

En política, igual que en las demás cosas de la vida, es más fácil equivocarse que acertar.

El error de juicio puede cometerse de buena fe, por distintas circunstancias, y no necesariamente  conlleva algún tipo de déficit moral, así dé lugar a observaciones acerca de si las cosas pudieron haberse manejado de distinta manera.

Conviene traer a colación estas consideraciones de elemental sentido común, ahora que le están lloviendo varapalos al magistrado Arrubla por el modo como ejerció interinamente la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la inusitada renuncia que presentó a poco de ser elegido en propiedad.

Quizás él sea más bien el chivo expiatorio de una situación cuyos ribetes apenas se están conociendo y que no han sido de dominio público.

El editorial que publicó El Espectador el martes último señala algunos aspectos de la cuestión  que los observadores desprevenidos del comportamiento de la Corte no habíamos sospechado, como es el caso del conflicto interno que se vivió entre la Sala Laboral y las restantes por la negativa reiterada de éstas de votar por el candidato que aquélla había postulado para reemplazar a un magistrado de  la misma. Según se comenta, la elección de Fiscal se vio entorpecida no sólo por el conflicto que se había armado con el gobierno de Uribe, sino porque los magistrados laborales decretaron una especie de huelga electoral para presionar que se votara por el que no era del gusto de los demás.

Bien decían los de la terna defenestrada o decaída que el impedimento para la elección de Fiscal no era de ellos, sino de la Corte misma, que ni siquiera había logrado ponerse de acuerdo para elegir Presidente en propiedad, por lo cual le  tocó al magistrado Arrubla ejercer bajo el precario título del encargo por orden alfabético.

¿Pudo haber evitado él tomarse ese cáliz?

No lo sabemos. Quizás alguno más avisado podría haberle hecho el quite a tan dudosa distinción. Pero tal vez los que lo acompañaban en su legítima aspiración de que se lo eligiera en propiedad lo presionaron de alguna manera para que no retrocediese en sus empeños.

Lo cierto es que le correspondió poner la cara por sus colegas en un episodio que reitero que fue bochornoso a más no poder, a punto tal que su imagen y la de la corporación se han visto notoriamente deslucidas.

Por las declaraciones que dio el magistrado Munar al ser elegido para reemplazar en propiedad a Arrubla durante las vacaciones, se supo que hubo una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Santos, a la que asistieron cuatro magistrados. Su objetivo era destrabar las designaciones que estaban empantanadas en la Corte: la de Fiscal, la de Presidente en propiedad y las de cinco vacantes.

No obstante la cacareada declaración de independencia y autonomía que ha pregonado la Corte para impedir injerencias en sus decisiones, todo parece indicar que Santos, como buen cundi-boyacense y aficionado al póker, terminó poniendo a los magistrados contra la pared: o eligen o eligen.

Vaya uno a saber de qué manera los presionó, pero todo hace pensar que a él se debe la fórmula de la componenda, consistente en elegir a Arrubla en propiedad por unos días y después entronizar a su rival, Munar, para que ejerciese en vacaciones. Los malpensados dicen que de ese modo ambos quedaron con derecho a pasaporte diplomático vitalicio y a retrato en la galería de ex presidentes de la corporación.

También cabe atribuirle a la malicia presidencial la partija de candidatos a elegir para llenar las vacantes, de a dos por cada bando y con inclusión del aspirante que había originado la disputa.

¿Hizo guiño Santos acerca de alguno de los que él mismo ternó para la Fiscalía? ¿Fue espontáneo el voto de los magistrados por Viviane Morales? ¿Cómo hicieron ellos para ponerse rápidamente de acuerdo para elegirla, cuando según muchos observadores el que hizo la mejor presentación ese día ante la Corte fue Juan Carlos Esguerra? ¿Qué se movió tras bambalinas?

Dicen los que saben que en la primera votación hubo 12 sufragios por Morales y el resto fue en blanco, lo que llevó al Presidente de la Corte a decir que era muy grave que en esa sesión no pudiera elegirse Fiscal y que de no ser así, “la Corte se derrumbaría”. Se habla de que hubo que calmar el zaperoco que se armó y urdir una solución de emergencia, consistente en rebajar a 14 el número de votos necesarios para perfeccionar la elección. y lograr que por lo menos dos de los reticentes se sumaran a los 12 que ya estaban filados.

Como acaba de observarlo Juan Manuel Charry en Ámbito Jurídico, lo sucedido ha deteriorado ostensiblemente el prestigio de la Corte.

En otro escrito recordé lo que leí en un ascensor de EDA en la época de Samper:”Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”. Ello significa que el deterioro de la imagen institucional acarrea consecuencias tan nocivas como impredecibles. Ya lo veremos.

sábado, 11 de diciembre de 2010

Más sobre los nuevos mejores amigos

Los únicos enemigos del ex presidente Uribe que Santos no se ha atrevido a incorporar al círculo de sus nuevas mejores amistades son los terroristas de las Farc y el ELN. Pero todos los demás se han visto beneficiados de algún modo con la política de borrón y cuenta nueva que se ha instaurado a partir del 7 de agosto pasado en la Casa de Nariño.

Es muy diciente, por ejemplo, el encuentro con Petro, quien salió diciendo que le gustaba hablar con un Presidente que no lo “chuzaba”, a diferencia de Uribe. También lo es la vistosa invitación que le hizo a César Gaviria para que lo acompañara en una ceremonia militar.

El mensaje es muy claro. Tal como lo señalé en mi escrito anterior, Santos aspira a quedarse con los amigos de Uribe, pero no quiere heredar sus enemistades.

Desafortunadamente, su propósito de no malquistarse con las segundas y darles gusto para mantenerlas en su redil no impide los roces con los primeros.

Sólo la prudencia de Uribe ha evitado que se produzca la ruptura con su sucesor, quien no ha escatimado oportunidad alguna para hacerlo quedar mal ante propios y extraños.

Ya me he referido a los temas de Venezuela, Ecuador y Unasur, que de todas maneras requieren consideraciones más detalladas. Tocaré ahora algunos de los aspectos relevantes de las nuevas mejores amistades presidenciales en el ámbito interno.

Uribe, con buenas razones que por lo menos ameritan examinarse, ha denunciado que sus colaboradores no gozan de garantías por parte de algunos sectores de la Corte Suprema, la Procuraduría y la Fiscalía, por lo cual considera que deben de protegerse buscando asilo en el exterior.

Pues bien, para conservar su luna de miel con la Corte, Santos sale a desmentirlo públicamente y a censurar al gobierno panameño por el asilo que le otorgó a María del Pilar Hurtado.

Su discurso es idéntico al del Presidente de la Corte: Colombia es un Estado de Derecho que consagra un sistema garantista y el gobierno está en capacidad de proteger a todos los habitantes del territorio, lo cual, en buena lógica, es una petición de principio, pues admite como probada la premisa que se cuestiona.

En un rapto de euforia, se solaza con la elección de nueva Fiscal, diciendo que de con ello todo el mundo ha quedado contento. Todo el mundo, en efecto, salvo los defenestrados, los que consideramos que ahí se perpetró un grave atentado contra la institucionalidad y, de seguro, el ex presidente Uribe, a quien se le propinó una bofetada al dársele razón a la Corte en lo de la inhabilidad que inventó, según la cual el hecho de que a alguien lo hubiese candidatizado Uribe configuraba un impedimento insalvable para su elección como Fiscal.

Ya he dicho que el ministro Varguitas debe muchas explicaciones acerca de las maniobras que se realizaron en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado con el propósito de imponer la extravagante tesis jurídica del decaimiento de la terna que postuló Uribe.

Pero hay algo más. Designar para el ministerio del Interior y de Justicia a un enemigo jurado de Uribe es un error monumental.

Varguitas pudo haber ganado un  espacio ante la opinión por su buen desempeño en la campaña presidencial, pero no tiene la sindéresis que se requiere para el manejo de una situación política delicada. Es jefe de una facción minoritaria dentro de la coalición gubernamental, aspira a llegar a la primera magistratura, tiene cuentas para cobrarle a Uribe, pretende al parecer quedarse con el Partido Liberal, no goza de la confianza de los conservadores y tampoco se destaca propiamente por sus buenas maneras.

Se dice en los mentideros bogotanos que la posibilidad de que fuera designado para la cartera de Defensa no sólo suscitó la reacción airada de Francisco Santos, sino temores dentro del entorno del propio Juan Manuel, pues no faltó quién pensara que ponerlo al frente de las Fuerzas Armadas le otorgaría un poder enorme a alguien que ha demostrado que no tiene muchas talanqueras.

Quizás no sea impertinente traer a colación un recuerdo familiar. Él presidente Misael Pastrana Borrero tuvo que afrontar al comienzo de su gestión las tensiones entre Carlos Lleras Restrepo y Julio César Turbay Ayala. Como no quería caldear el ambiente, le rogó a mi padre que aceptara. así fuese por unos pocos meses, el ministerio de Gobierno, dado que gozaba de la confianza de los dos jefes liberales.

Santos, en cambio, ha tenido pocas consideraciones con el ex presidente Uribe y con los socios conservadores. Al fin y al cabo, a éstos ya los había humillado en la campaña presidencial. Hoy están pagando el precio de su abyección.

Se habla también de la inclusión de Samper dentro del abigarrado círculo de nuevos mejores amigos de Santos. Por lo pronto, ya le entregó el manejo de las relaciones con Venezuela y nada menos que la Fiscalía, a la que le toca avanzar hoy en el tema de la investigación por la muerte de Álvaro Gómez Hurtado.

Ya se verá si avanza o, por el contrario, retrocede.

No sobra recordar lo que he dicho en escritos anteriores acerca de que a la Fiscalía, por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde también investigar al propio Santos, al ex Comandante de la Armada y a un alto oficial de la misma, porque supuestamente incurrieron en falso testimonio en el proceso que se adelantó contra Arango Bacci.

Por supuesto que ya hay un impedimento para que la Fiscalía avance en la investigación contra Santos, dado el fuero que hoy lo cobija. Pero no sobra preguntarle a Viviane Morales si cumplirá en lo concerniente a los otros dos implicados.

Hay que preguntarles a los magistrados de la Corte Suprema cuál fue la razón para que citaran a aquélla junto con Esguerra y Arrieta para someterse al examen de aptitud, cuando al parecer ya había doce magistrados con el voto comprometido con Viviane Morales , según se dice en fuentes de la propia Corte, en connivencia con la Casa de Nariño.

Ahora que estamos en la era del Wikileak, no sobraría que se hiciesen públicos los tejemanejes que hubo para lograr que la Corte, variando sospechosamente la interpretación de su propio reglamento, eligiera a quien se hizo famosa desde los puntos de vista político y jurídico por la defensa que hizo de Samper en el proceso que en su contra adelantó la Cámara de Representantes por la financiación irregular de su campaña presidencial. No le gustaron Gómez, Velilla ni Cabello, pero en cambio sí la defensora a ultranza de Samper, que es el gran beneficiario del bochornoso episodio que protagonizó la Corte al dilatar por más de un año la elección de Fiscal.

Se ve claro que a Santos le gusta buscar resultados aparentes y a corto plazo, sin cuidarse mucho de su trasfondo y los efectos a mediano y remoto porvenir. No le duelen las claudicaciones ni lo asustan las volteretas. Al fin y al cabo, tiene a su disposición a los dómines del prensa capitalina y cuenta con una opinión pública poco informada, así como no muy predispuesta  a la finura del análisis.

Temo que, como dijo Churchill de algún Primer Ministro británico, la historia lo consagre como un prodigio de blandura. Ya volveré sobre este tópico.

martes, 7 de diciembre de 2010

Los nuevos mejores amigos

Es claro que Santos ha pretendido heredar las amistades de Uribe Vélez, mas no así sus enemistades.

La tónica fundamental de su gobierno en estos meses ha sido acercarse a todos aquellos que se habían malquistado con su predecesor, salvedad hecha de los grupos alzados en armas. De ese modo, lanzó su programa de Unidad Nacional para atraer a los que estuvieron por fuera de la anterior administración, designó como ministros a señalados enemigos y contradictores de Uribe, finiquitó el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador, se acercó a Unasur y, sobre todo, se reconcilió a las carreras con Chávez.

Hay varios aspectos de esta evolución que ameritan considerarse cuidadosamente.

Ante todo, lo de las relaciones con Venezuela, Ecuador y Unasur, escenarios en los que no sólo se han manifestado críticas severas al Plan Colombia, la política de seguridad democrática y la alianza con los Estados Unidos, sino apoyos no sólo tácitos sino expresos a  las Farc  y el ELN.

Como lo han puesto de presente lúcidos analistas como el profesor Juan David Escobar Valencia, resulta bien difícil ser el nuevo mejor amigo de Chávez y no serlo de esos grupos narcoterroristas de extrema izquierda, por aquello de que los amigos de mis amigos son mis amigos y los enemigos de mis amigos son también mis enemigos.

Acá hay algo que definitivamente no rima, en especial con la voluntad nítida que expresó el pueblo colombiano en las urnas acerca de la lucha sin cuartel contra esos bandidos.

Pero hay más. En las decisiones políticas no hay que guiarse por apariencias, sino por realidades. Como decía Lenin, “los hechos son tozudos”. Y el hecho indudable es, como lo he expresado en otras oportunidades, el propósito de Chávez de avasallar a Colombia o, por lo menos, neutralizarla.

La decisión firme y rotunda del pueblo colombiano al apoyar a Uribe y a Santos como supuesto mejor intérprete de aquél, le opuso a Chávez una talanquera que parecía infranqueable en cuanto al primero de esos propósitos.

A diferencia de lo que ha sucedido en otros países y probablemente ocurra más adelante en otros, acá no hay chavismo y es poco probable que lo haya en el futuro inmediato. Nada pues de aspirar por estos pagos a la entronización de gobiernos títeres ni de aliados en la causa de la expansión del Socialismo del Siglo XXI.

La diplomacia chavista puede ser tosca y hasta vulgar, pero no es bruta. Todo lo contrario: avanza donde ha lugar, retrocede cuando toca, se acomoda en donde las circunstancias lo indiquen, pero mira siempre hacia adelante sin perder el Norte.

No pudiendo avasallar a Colombia, ha resuelto neutralizarla, y a fe que lo ha logrado en virtud de la frivolidad de Santos y su equipo.

La Canciller se dejó probar cuando le permitió a Chávez bajarse del carro dizque para saludar al pueblo que lo vivaba. En lugar de advertirle el riesgo de seguridad en que incurría, dejó que variara en su favor el programa de la visita. Y si es cierto, como se dice en fuentes gubernamentales, que Chávez puso como condición para su primer encuentro con Santos que no se mencionaran las acusaciones que pocos días antes había formulado el embajador Luis Alfonso Hoyos ante la OEA, no hay otro remedio que admitir que aquél  entró ganando.

Convertirse en su nuevo mejor amigo significa muchísimas cosas llamadas a limitar la acción política del gobierno colombiano dizque para no afectar la construcción de confianza en esa relación.

Por consiguiente,  si Chávez considera que algún acercamiento nuestro con los Estados Unidos implica algún riesgo para sus políticas, nos dirá que lo estamos traicionando. Y si denunciamos de nuevo la protección que les brinda a los guerrilleros o sus descaradas injerencias en asuntos internos de nuestro país, vociferará sus denuestos y amenazará con cerrar las fronteras, impedir el comercio y movilizar sus tropas.

Los ingenuos creen que los acuerdos que han estipulado las Cancillerías nos blindan contra esas eventualidades, como si Chávez fuese un modelo digno de encomio en lo que toca con el cumplimiento de los compromisos internacionales. En otras palabras, Colombia quedará amarrada por la palabra que con ligereza ha empeñado Santos, pero sin que ello vincule de igual manera a un vecino cuyos escrúpulos en materia de juridicidad no son confiables.

Santos cree haber resuelto un problema ciertamente grave que afectaba los inicios de su gestión, pero lo ha hecho a corto plazo, sin considerar el elevado precio que está pagando por calmar momentáneamente al vecino.

En lo que tiene que ver con Ecuador, tampoco es el caso de considerarlo como un amigo confiable, pues su gobierno mantiene la acción contra Colombia por el bombardeo en que junto a Raúl Reyes pereció un ciudadano ecuatoriano. Dados los antecedentes del caso, bien podría dar lugar a que a Colombia se la declarase como país agresor, salvo que triunfe la tesis de la falta de jurisdicción para decidir de fondo.

¿Es sensato que, de hecho, como lo dicen en Venezuela, Colombia haya dejado sin efectos sus quejas ante la OEA y la ONU y, en cambio, diga que ha normalizado completamente sus relaciones con Ecuador, cuando no ha resuelto con éste el más grave de sus contenciosos?

No tardará el  momento en que Santos tenga que exclamar como el poeta:”¡Mis amigos, no hay amigos!”

Colombia ha adquirido con Estados Unidos y la Comunidad Internacional distintos compromisos jurídicos y políticos en materia de lucha contra el narcotráfico, que implican acciones que desagradan a sus nuevos mejores amigos, como las fumigaciones cerca de la frontera con Ecuador o la vigilancia de las aeronaves que parten hacia Venezuela. En aras de su amistad,¿terminará aflojando esos controles?

La precipitud con que se ha obrado parece darles la razón a quienes, como Lula, decían que las malas relaciones con los vecinos era problema de Uribe y no de Colombia. Al fin y al cabo, la Canciller no es propiamente amiga del ex mandatario y no se siente en la necesidad moral de cubrirle la espalda.

Lo del acercamiento a Unasur, con el insólito duelo nacional que se decretó a raíz de la muerte de un enemigo, Néstor Kirchner, tampoco suscita entusiasmo. Así se diga que la política de Uribe tendía a aislar a Colombia dentro de la región, es lo cierto que ese aislamiento no obedece a situaciones personales suyas, sino a que Colombia va en contravía de políticas como las de Chávez, Correa, Morales o los Kirchner, que no son propiamente respetuosas del pluralismo y, además, han intervenido sin recato en asuntos que son del exclusivo manejo de nuestras autoridades.

Lo de la nueva mejor amistad con Chávez y sus epígonos ha generado inquietud en países amigos que veían en la política de Uribe un baluarte contra el expansionismo venezolano. Para peruanos y chilenos hemos dejado de ser aliados confiables, lo mismo que para los norteamericanos.

Pero hay algo peor, que es la desmoralización que se ha producido en el seno de nuestras Fuerzas Armadas y en no pocos sectores de opinión que piensan, como mi buen amigo Raúl Tamayo Gaviria, que con lo que está haciendo Santos parece que más bien hubieran ganado las elecciones Mockus o Pardo. Y es precisamente la política de éste, inspirada por Samper, la que se está siguiendo con Venezuela.

Este aspecto de la cuestión suscita reflexiones sobre los compromisos electorales que trataré en otra oportunidad, lo mismo que otras acerca de lo que representa haberles confiado a enemigos declarados de Uribe el manejo de cruciales asuntos de política interna.

Cierro dándole las gracias a mi buen amigo William Calderón, que en su programa La Barbería me dio oportunidad de referirme a estas y otras delicadas cuestiones del acontecer político colombiano.

jueves, 2 de diciembre de 2010

¿Se cierra un bochornoso capítulo?

Deploro que en el embrollo de la terna para la Fiscalía se hayan visto involucrados tres discípulos míos en la Universidad Pontificia Bolivariana, que, además, son mis amigos: Jaime Arrubla Paucar, Luis Fernando Álvarez Jaramillo y Marco Antonio Velilla Moreno.

No es, pues, para mí el caso de entrar a hacer calificaciones personales sobre sus respectivas actuaciones. Pero en lo que tiene que ver con una apreciación serena de los hechos, no puedo ocultar mi acuerdo con los planteamientos y la actitud pública de Velilla.

Pienso, en efecto, que la tesis del decaimiento de la segunda terna que propuso el entonces presidente Uribe Vélez, en la que incluyó a Velilla, tiene muy precario asidero jurídico; que el comportamiento que observó la Corte Suprema de Justicia para dilatar la elección de Fiscal por más de año y medio es altamente censurable; y que el voto que emitió anoche para elegir a Viviane Morales versó sobre una terna de hecho, que contrariando el ordenamiento jurídico, postuló el presidente Santos.

No entraré en el campo de las descalificaciones personales acerca de la nueva titular de la Fiscalía. Al fin y al cabo, goza de la presunción de buena fe y cabe esperar que no sea inferior a la tremenda responsabilidad que ha asumido al aceptar la elección de que ha sido objeto.

Con todo, hay preguntas y observaciones que no dejan de ser pertinentes en relación con el proceso que acaba de culminar con el voto que emitió la Corte, hecho en el que hay unos aspectos que son de público conocimiento, pero también otros ocultos y quizás sinuosos.

Preguntemos, por ejemplo, por las consideraciones de política criminal que llevaron a Santos a proponer la terna de hecho y en qué resultaba mejor ésta que la de derecho que con aparente desviación de poder frustró la Corte.

¿Por qué los nombres de Morales, Esguerra y Arrieta, y no otros?¿Qué tenían ellos de maravilloso en comparación con los de Gómez, Velilla y Cabello?

Le diferencia, en principio, radica en que los primeros fueron candidatizados por Santos, mientras que los segundos lo fueron por Uribe. Pues bien, como lo señalé en otro escrito para este blog, la Corte parece haber inventado un impedimento para aspirar a la Fiscalía, a saber: que la candidatura hubiese provenido de Uribe.

A la hora de la verdad, Santos, a pesar de ser un cachaco, no ha mostrado mucha elegancia en sus comportamientos.

Piénsese tan sólo en que  la Sala Penal de la Corte pidió por unanimidad que la Fiscalía lo investigara por falso testimonio en el caso del Contra-almirante Arango Bacci.

Si pensar mal de Uribe está de moda en la prensa capitalina, ¿por qué a ésta no se le ocurre considerar que mediaba por lo menos un impedimento moral para que Santos propusiera los candidatos a ocupar el cargo cuyo titular tiene el cometido de hacer el escrutinio del montaje que se hizo para arruinar la honra de Arango?

Que Viviane Morales tenga trayectoria política no la inhibe de suyo para el cargo. Pero es interesante preguntar por qué Santos confeccionó su terna de hecho exclusivamente con personas vinculadas de algún modo con Ernesto Samper Pizano y no hubiese considerado la conveniencia de postular siquiera a un conservador.

¿Tendrá que ver ello con el tema de la fusión del Partido Liberal con Cambio Radical?

Y si Viviane Morales viene del Partido Liberal, ¿comparte el odio de sus copartidarios contra el ex presidente Uribe y sus colaboradores, o es, como algunos ya lo anuncian, una liberal uribista de rara estirpe?

Pero hay algo más. A su iniciativa se debe la frustración de las diligencias que con buenas razones había iniciado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra los representantes que votaron en favor de Samper en el célebre proceso que en su contra adelantó la Cámara.

A raíz de una tutela que ella inició, la Corte Constitucional adoptó una extravagante doctrina sobre la inviolabilidad del voto de los congresistas, que de modo algo confuso ha desconocido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para enjuiciar y condenar a  congresistas que votaron favorablemente o hicieron posible la reelección del ex presidente Uribe.

¿Consideró la Corte estos antecedentes al elegirla como titular de la Fiscalía? ¿Está dispuesta la nueva Fiscal a mantener la rigurosa doctrina de la inviolabilidad de los congresistas que ella defendió litigando en causa propia?

Un vicio ya viejo y arraigado en la Fiscalía es la tendencia a compartir su poder burocrático con los políticos e, incluso, como lo denunció hoy el ex presidente Uribe Vélez, con la Corte Suprema de Justicia.

Hay que investigar si es cierto que el Fiscal interino nombró como Vicefiscal a un recomendado de la Corte Suprema de Justicia, como también lo denunció Uribe en sus declaraciones para RCN, o les dio jugosas cuotas burocráticas a Vargas Lleras y Javier Cáceres, como se dice en los mentideros capitalinos.

Habida consideración de estas insinuaciones, bien puede uno preguntar acerca de si la fácil aunque cuestionable mayoría con que se eligió a la nueva Fiscal fue producto de generación espontánea, como lo da a entender el magistrado Arrubla cuando dice que en la Corte no hay dos partidos, sino veintitrés, o hubo alguna negociación a la que jamás se habría prestado un candidato como Juan Carlos Esguerra.

En fin, como se dice en los campos, amanecerá y veremos.

lunes, 29 de noviembre de 2010

¿Otra terna de uno?

Uno de los aspectos más discutidos de la primera terna que presentó para la Fiscalía el hoy ex presidente Uribe Vélez  fue el sesgo manifiesto que exhibía en favor del ex ministro y ex embajador Ospina, un hombre decente que fue injustamente vilipendiado por los enemigos de Uribe.

Esa terna fracasó por los ataques que se hicieron contra Ospina y el ex consejero Palacio, así como por el mal momento que Virginia Uribe tuvo cuando se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para que la evaluaran. Los tres, por distintas razones cada uno, hubieron de renunciar a la postulación, dando así lugar a que el gobierno presentara una segunda terna con los nombres del ex magistrado Gómez, el consejero Velilla y la procuradora Cabello, contra ninguno de los cuáles hubo objeción alguna de principio, salvo la solapada e insidiosa de provenir de la iniciativa de Álvaro Uribe Vélez.

Sin decirlo explícitamente, la Corte Suprema de Justicia ha dado a entender que esa circunstancia configura una extraña y repelente causal de “decaimiento” de la postulación. Ya se dice por las famosas “fuentes de altísima fidelidad” que varios magistrados, por lo menos, se dedicaron a entorpecer la elección para darle tiempo al Fiscal interino para adelantar las investigaciones sobre las interceptaciones ilegales de que se acusa al DAS y así demostrarle a Uribe  que eso era cierto.

Como los  ánimos están muy caldeados, los que defienden a la Corte poco sosiego han tenido para examinar la gravedad del precedente que ese alto organismo ha generado, comenzando por el mal ejemplo que les ha dado a los demás integrantes de la Rama Jurisdiccional.

Concedamos que el entonces presidente Uribe se equivocó de medio a medio con la primera terna. Para ser justos, hay que admitir que enmendó el error con la segunda, pues no se ve favoritismo alguno de su parte respecto de Gómez, Velilla o Cabello, fuera de que todos han mostrado idoneidad profesional y moral  para el ejercicio del cargo.

Pero también se hace menester que se conceda que la reacción de la Corte acerca de la segunda terna es censurable a más no poder, lo que ha contribuido a que no falte quien diga que la inviable es precisamente ella y no la terna que, con toda razón, dice el consejero Velilla que es la de derecho, en contraste con la de hecho que postuló hace poco el presidente Santos.

Como no se conoce el dictamen de la Sala de Consulta del Consejo de Estado acerca del tal “decaimiento” de la terna de derecho, resulta difícil enjuiciar sus razones. Pero, a ojo de buen cubero, se le ocurre a uno pensar que, como en otras infelices oportunidades, aquí se ha echado mano sin mucho discernimiento de una figura del Derecho Administrativo que se regula como pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos en el C.C.A., o del poder vinculante de los mismos en los estatutos urbanísticos.

En síntesis, lo que uno advierte en todo este tejemaneje  es la desviación de poder de parte de la Corte Suprema de Justicia, la posible distorsión de conceptos jurídicos fundamentales de parte de la Sala de Consulta del Consejo de Estado y  una muy lóbrega actuación de los agentes presidenciales, a uno de los cuáles se señala como inspirador de las maniobras de la Corte  y la Sala de Consulta para darles visos jurídicos a la terna de hecho.

Lo he manifestado públicamente y aquí lo sostengo. En un país serio, las lúcidas y valerosas  insinuaciones que ha hecho el consejero Velilla habrían dado lugar a que el ministro Vargas tuviera que dar las explicaciones que no ha sido capaz de ofrecer sobre su comportamiento en este caso. La verdad sea dicha, nadie ha salido a desmentir a Velilla, aunque sí ha sido objeto de vejámenes por cierta claque capitalina que es incapaz de entender que a un caballero no se lo puede ofender en su dignidad sin que él se dé por aludido.

Pero, ¿es tan maravillosa y equilibrada la terna de hecho que propuso Santos sin la firma de Vargas Lleras?

Pienso que es, como la primera de Uribe, terna de uno, que no es otro que mi apreciado y admirado amigo Juan Carlos Esguerra, que merece este y muchos otros honores por sus señaladas cualidades intelectuales, profesionales y morales.

Veamos. El ex procurador Arrieta es de inequívoca estirpe uribista, aunque ahora trate de deslindarse de recientes iniciativas de los seguidores de Uribe en torno de la defensa de los funcionarios de su administración. Siéndolo, incurre en la causal de inhabilidad  que el odio de la Corte contra aquél ha dado lugar a que se esgrima contra los integrantes de la terna de derecho. Si éstos no son elegibles porque los propuso Uribe, tampoco lo es Arrieta por su cercanía con él.

En cuanto a Vivian Morales, no podemos olvidar que fue una de las más celosas defensoras de Samper en el proceso que se le siguió en la Cámara de Representantes y, sobre todo, que fue la impulsora de la tristemente célebre tutela que dio lugar a que la Corte Constitucional, con el abracadabrante artilugio de la vía de hecho prospectiva, abortara la acción que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había iniciado contra los congresistas que votaron en favor de dicho ex mandatario.

No tendría mucho sentido que, después de haberle entregado al samperismo las relaciones con Venezuela y quizás con Ecuador, Santos también le ofreciese la gabela de la Fiscalía.

Así, aunque formalmente parece que la terna de hecho es de tres, habida consideración de las circunstancias el elegible es solo uno: Juan Carlos Esguerra Portocarrero.

Uno no sabe si felicitarlo, pues se le está ofreciendo el puesto de guardián del infierno. No otra cosa cabe predicar, por más que se diga, de ese monstruo burocrático que es la Fiscalía General de la Nación. Tiempo habrá para mostrar que es uno de los más nocivos inventos del que sigo llamando el Código Funesto.

sábado, 20 de noviembre de 2010

La commedia dell’arte

Una de las peculiaridades del régimen que se instauró con la Constitución de 1991 es lo que los periodistas han denominado los choques de trenes, vale decir, los conflictos entre los titulares de los poderes públicos. 

Algunos de esos conflictos son moneda corriente en todas partes, como los que enfrentan a los congresos con los gobiernos, y su manejo es uno de los temas más importantes dentro de los ordenamientos constitucionales. Pero con nuestro Código Funesto han aparecido otros conflictos, como los de las altas cortes entre ellas y uno particularmente dañino e insoluble por las vías institucionales, el del Presidente de la República con la Corte Suprema de Justicia.

El origen y las vicisitudes de la confrontación del ex presidente Uribe Vélez con la Corte Suprema de Justicia son hoy materia de debate en los medios de comunicación social, en los que no siempre prevalece la objetividad. Tal vez haya que dejarles a los historiadores la tarea de establecer más adelante cómo sucedieron los hechos de un proceso que probablemente incidirá de modo decisivo en la institucionalidad colombiana en el inmediato porvenir.

Conjeturo, para mí, que Uribe y sus agentes cometieron graves errores en el manejo de tan delicado asunto. Pero conviene examinar la otra cara de la moneda, para ver si la Corte las tiene todas consigo en ello y ha sido la víctima inocente de un gobierno que no se paró en pelillos para obstruir su empresa justiciera, o si también de su lado sus integrantes han contribuido a agudizar la confrontación, con grave desmedro para la institucionalidad.

Sus contradictores han dicho cosas que ameritan investigarse, como que la Corte decidió erigirse como instancia política para oponerse al gobierno anterior, que varios de sus integrantes se comportaron de manera inapropiada para el alto rango que ostentan, que con el Fiscal interino media un “roscograma” o que ha habido algún género de concierto con el el ministro Vargas para entorpecer la elección de Fiscal en propiedad.

¿Qué tal que todo esto o al menos algo de ahí resultara cierto?

Lo que salta a la vista es la crisis interna que padece la Corte, pues no ha podido elegir Presidente, ni quienes llenen las vacantes dentro de su seno, ni Fiscal. Y solo a la hora de Nona vino a designar su candidato a la Contraloría General.

Como bien se ha dicho, si la segunda terna que presentó Uribe para la Fiscalía se consideró viable por la misma Corte, el impedimento para la elección no procede de aquella, sino de los magistrados, que votan y votan sin que ninguno de los candidatos obtenga los 16 sufragios que se requieren para el efecto, pues siempre aparecen unos votos en blanco.

Si la terna es viable, pues no hay objeciones de fondo contra ninguno de los candidatos, el voto en blanco tal vez se explique por el propósito de obstruir la elección. Y si dicho propósito ha sido estimulado desde fuera, tal vez desde el alto Gobierno, reitero que con ello no sólo se está sentando un pésimo precedente, sino que se están bordeando los linderos del Código Penal.

He señalado que la práctica en las corporaciones en materia electoral consiste en agilizar los procesos mediante el descarte de los candidatos menos opcionados, de modo que se los vaya decantando para concentrar el debate entre los que cuenten con mayor respaldo. Esto es lógico, pues si las posiciones iniciales se mantienen indefinidamente, nunca será posible cumplir con el cometido propuesto.

Ahora bien, si el cometido no es elegir, sino impedir que se elija, se distorsiona el poder asignado a la corporación y se produce una crisis que, de generalizarse, ocasionaría un severo detrimento institucional.

Es lo que ha advertido, con claridad y entereza que lo honran, el magistrado Velilla, a quien María Isabel Rueda ha pretendido descalificar con epítetos que más daño le hacen a ella que a él.

Que por incumplir quizás dolosamente su deber de elegir Fiscal entre los integrantes de la terna que propuso el entonces presidente Uribe, la Corte haya dado lugar al decaimiento del acto de nominación, y por consiguiente el actual mandatario recuperó su atribución de proponer candidatos, es uno de los esperpentos jurídico-políticos más groseros que sea dable imaginar.

Me resisto a creer que mi discípulo y muy apreciado amigo Jaime Arrubla sea el promotor de esta teoría que desvergonzadamente le atribuyó el ministro Varguitas en recientes declaraciones para El Colombiano.

Como bien lo ha señalado Velilla, el decaimiento de la terna puede ocurrir por circunstancias atinentes a los que la componen, pero de ninguna manera a la omisión en que ha incurrido la Corte.

El presidente Santos y su ministro Varguitas han obrado con poco tino en el manejo de esta situación. Ahí se va viendo que poco los inquieta faltar a la elegantia juris  e incluso al buen sentido que, según dice un clásico, no sólo preside la creación, sino la interpretación y la aplicación del derecho.

Es claro que Colombia necesita que haya Fiscal en propiedad, pero no al precio de claudicar ante la Corte Suprema de Justicia, ni de contradecirse flagrantemente, ni de llevarse de calle la institucionalidad tolerando que la ilicitud de un comportamiento ajeno a los ternados dizque dé lugar a que quede sin piso su nominación.

Conviene recordar que poco antes de enviar nuevos candidatos, el presidente Santos dijo que le pedía a la Corte que eligiera alguno de los integrantes de la terna que el magistrado Velilla llama de derecho, en contraposición a la de hecho que surgió de la claudicación gubernamental.

No faltó quien creyera que de ese modo Santos estaba desautorizando a Varguitas y exigiéndole a la Corte que cumpliera con su deber. Pero, de un momento a otro, cambió de opinión y se plegó a lo que Varguitas dice con descaro  que insinuó Arrubla.

¿Fue éste entonces el propulsor de esa maniobra que pone de manifiesto que Santos es, además de inteligente y camaleónico, saltarin, tal como lo ha descrito mi admirado amigo Carlos Villalba Bustillo?

Vaya uno a saber si de salto en salto terminará cayendo de bruces.

En Brasil acaban de elegir  como congresista a un payaso. Nosotros no nos quedamos atrás: nos gobiernan unos saltimbanquis.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Mis razones contra Santos y Vargas Lleras

Ana Rosa Camacho, una de mis amables corresponsales de internet, me escribió hace poco una nota relacionada con el mensaje que le hice llegar a William Calderón acerca del cambio  de la terna para la Fiscalía General de la Nación que decidió en estos días el presidente Santos.

Me dice que, si bien no comparte mis algunos de mis planteamientos, celebra volver a leer mis escritos, pues le había llamado la atención mi silencio de varios meses.

Este mensaje de estímulo, al igual que los que me han hecho llegar otros queridos amigos, ha dado pie para que reanude el contacto con mis pacientes lectores, haciendo que venza el desgano que me había invadido y la decepción que algunos desaires me causaron.

Así le respondí a mi gentil corresponsal, en texto que quiero compartir con los lectores del blog:

“Apreciada Rosa Ana:

Gracias por su comentario. Aprecio que, al igual que otros buenos amigos, haya echado de menos mis escritos. Por lo pronto le he dado vacaciones a mi blog, no sólo por algo de cansancio, sino por la idea de que se trata de una acción estéril, que es lo que según un poeta austríaco no se perdona.

El amigo William Calderón me invitó esta semana a participar en su programa La Barbería, que se transmite por Cablenoticias. Lo pasó el jueves a las ocho de la noche, pero lo repite varias veces a lo largo de la semana. De ese modo, me hizo romper el silencio que he venido guardando acerca del reciente acontecer político.

Como suele sucederme, ando en contravía. Aunque las encuestas muestran un alto grado de satisfacción con el gobierno actual, descreo de sus manejos y sus orientaciones. Veo una preocupante tendencia a la claudicación en asuntos de enorme gravedad. Y si bien cada alcalde manda en su año, lo que significa que pone su propio sello en sus actuaciones y se deslinda así de sus antecesores, no dejo de observar que el trazado de fronteras con la administración Uribe se ha hecho a veces de modo que invita a algunos a pensar que Santos no es del todo leal con un gobierno del que hizo parte y le dio la oportunidad de llegar al poder que ahora ejerce.


Soy escéptico acerca del giro que se ha dado en torno de las relaciones con Venezuela y Ecuador.


Lo de la nueva mejor amistad que ahora pregonan Santos y Chávez se parece a mi juicio a la de Hitler y Stalin cuando se firmó el pacto germano-soviético de no agresión en 1939, porque es de dientes para afuera, oportunista e hipócrita. No puede ignorarse que el propósito de Chávez respecto de Colombia es avasallarla o, por lo menos, neutralizarla. Tampoco es un secreto que el incremento de su poder militar, incluyendo el nuclear, va mucho más allá de la agenda de la legítima defensa y entraña proyectos de amplio espectro, como la destrucción del imperio norteamericano. Chávez continúa de ese modo el sueño delirante del joven Castro que tanto mal les ha hecho a los cubanos.


No veo cómo aplaudir el giro de las negociaciones con Ecuador, cuando el gobierno de Correa mantiene su actuación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando que a Colombia se la condene como país agresor por el bombardeo del campamento que Raúl Reyes tenía al parecer a ciencia y paciencia del gobierno ecuatoriano.


Nunca me gustó el conflicto del presidente Uribe con la Corte Suprema de Justicia y así se lo dije por escrito en alguna ocasión. Consideré también un error la integración de la primera terna que presentó para reemplazar al fiscal Iguarán, y así lo manifesté públicamente. Pero en la gestión del ministro Vargas Lleras e incluso la de Santos a esos respectos se advierte no poco de espíritu de claudicación y hasta de componenda.


No hay que olvidar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pidió por unanimidad que se investigara a Santos por falso testimonio en el sonado caso del contraalmirante Arango Bacci. Ese es un delito de enorme gravedad cuando se trata de una figura de la vida pública. Fue ese precisamente el delito que provocó la caída del presidente Nixon. Estando sub júdice por ese delito, me pareció que Santos no debía de ser candidato ni mucho menos ser elegido Presidente. Pero el país ignoró esa circunstancia y lo eligió como tal.


No creo, sin embargo, que él haya olvidado que su conducta en ese oscuro asunto está hoy bajo el escrutinio de la Fiscalía, a la que la Corte remitió su investigación. No era elegante, pues, que él cambiara la segunda terna que presentó el presidente Uribe por otra en cuya confección es de presumirse que consideró que podría favorecerlo en la investigación que sobre sus actuaciones ordenó la Corte Suprema de Justicia.


Claudicar ante ésta se inscribe también dentro de la lógica de aplacarla en relación con el caso Arango Bacci.


Es bien sabida la enemiga que se profesan recíprocamente Uribe Vélez y Vargas Lleras, por cuanto éste fue uno de los artífices del fracaso de la reelección de aquél.


Es claro que Vargas tenía el propósito de frustrar la elección de alguno de los integrantes de la segunda terna para la Fiscalía que presentó Uribe. Y nadie ignora que Vargas Lleras tiene agentes y amigos en la Corte Suprema de Justicia. Así, a pesar de las declaraciones que inicialmente dio su jefe, Santos, pidiéndole a la Corte que eligiera fiscal de entre los integrantes de esa terna, Vargas se dio a la tarea de insinuarle a esa corporación que pidiera otra.


Con la arrogancia y la desfachatez que lo caracterizan, ha salido a decir que lo que hizo el presidente Santos en este caso no es susceptible de demanda alguna y que había que destrabar a como diera lugar la elección de nuevo Fiscal, pues el país no resiste más la interinidad en ese alto cargo.


Alto ahí.

Un funcionario no puede decir en un Estado de Derecho que las decisiones gubernamentales no son susceptibles de control jurisdiccional, pues éste es cada vez más amplio y se extiende a campos que antaño se consideraban exentos del mismo, como el de los actos políticos o de gobierno. Y nadie puede hoy en día garantizar el resultado de los procesos judiciales.


¿Qué pasaría si eventualmente la jurisdicción le diera la razón al magistrado Velilla en las muy sensatas y disertas apreciaciones que ha hecho acerca del descalabro jurídico que entraña la presentación de nueva terna para le elección de Fiscal que acaba de hacer el presidente Santos?


Tratando de curarse en salud, Vargas, a quien sus conocidos en Bogotá llaman Varguitas, obtuvo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado un concepto favorable al cambio de la terna. Como no se lo ha dado a conocer al público, nada se sabe a ciencia cierta sobre le enjundia jurídica de ese proveído. Lo que se sabe es que con base en el mismo, el Presidente presentó una nueva terna a la Corte, sin cuidarse de darles aviso de ello a los integrantes de la que estaba en juego ni de producir un acto administrativo que la revocara. Así, con extrema informalidad, Santos le escribió a la Corte manifestándole que tenía nuevos candidatos para el cargo en cuestión.


Lo que ha trascendido en un país en que nada queda oculto y los sapos cantan hasta La Marcha de Garibaldi, por no decir La Marsellesa, es que antes, durante y/o después de la expedición del concepto, los que lo emitieron andaban por la Casa de Nariño haciéndole el mandado al Ministro.


Insinúa el magistrado Velilla que, además, el Ministro ha tenido en la Corte Suprema de Justicia amigos que le han hecho diligentemente la tarea de entorpecer la elección de Fiscal de entre los miembros de la segunda terna que presentó Uribe Vélez.
Este es un episodio bochornoso a más no poder. Que la Corte por animadversión a Uribe se haya negado a elegir Fiscal es algo que colinda con el prevaricato.


Recuerdo que cuando los escándalos de Samper, en el ascensor del edificio de EDA en Medellín alguien tuvo la feliz iniciativa de poner un letrero con este enunciado:"Cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto". Y es lo que dolorosamente está sucediendo en Colombia. El mal ejemplo que ha dado la Corte al dejarse llevar, más que por la pasión política, por una animadversión personal, contribuye a corromper a los jueces del país.


Y si el mal proceder de la Corte ha contado con la colaboración del ministro Varguitas, al asunto no hay otro término para asignarle que el de contubernio o, como decía el viejo Derecho de Familia,  el de "Dañado y punible ayuntamiento".


Lo que ha dicho el magistrado Velilla es de tremenda gravedad.  Si él miente, sea anatema. Pero si está en lo cierto, andamos en muy malas manos y, como decimos los zafios antioqueños, "Moliendo con yeguas".


Dos últimas observaciones, por lo pronto.


Una de las características de la cultura santafereña es el aprecio por las buenas maneras. Al fin y al cabo, en Santa Fe hubo virrey y algo así como una corte virreinal, en las que prima el imperio de las formas. El protocolo es algo sagrado en esos medios.


Este tipo de cultura ofrece aspectos positivos y negativos. Los primeros tienen que ver con que brinda canales adecuados para facilitar la vida de relación, en la que el respeto recíproco es condictio sine qua non. Otro aspecto positivo es de orden estético. No en vano se habla de la distinción que exhiben las personas bien educadas. Da gusto encontrarse con ellas y cultivar su trato. Suscitan admiración, se las llama distinguidas. No entraré en el detalle de sus aspectos negativos, como la hipocresía o la altivez.


Uno de los peores pecados dentro de ese medio es comportarse como un guache, con vulgaridad e irrespeto hacia los demás.

Pues bien, Santos y Varguitas son de rancia estirpe santafereña, por no decir cundi-boyacense. Y uno esperaría de ellos que obrasen haciendo honor a sus ancestros. Pero no ha sucedido así con los integrantes de la terna que ha estado sometida al escrutinio de la Corte Suprema de Justicia, con quienes se ha pretendido barrer el suelo.

Los ternados no sólo han recibido la invitación de parte del gobierno para que se los honre con una elección y participen de los gajes del poder: remuneración, influencia, prestigio, etc. Ellos, además, han ofrecido sacrificarse para prestarle un dificilísimo e ingrato servicio a la comunidad. Son dignos de respeto por esta sola consideración. Además, desde el punto de vista personal, el magistrado Velilla, el ex magistrado Gómez y la procuradora Cabello merecen todas las consideraciones, a punto tal que la retrechera Corte no ha podido declararlos inviables para la alta posición a que legítimamente aspiran.


Ellos no padecen de otro impedimento que haber sido candidatizados por el hoy ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero Santos y Vargas los han maltratado de tal manera que uno se inclina a pensar que el gobierno de los peones no es el de Uribe, como perversamente se ha dicho, sino precisamente el de los que ahora posan de cachacos.


El odio contra Uribe, del que se ha hecho eco este gobierno a través del ministro Varguitas, ha llevado a afirmar que todo candidato suyo resulta sospechoso de favorecer sus crímenes. A la Casa de Nariño trajeron a uno de sus más apasionados detractores, el vocero de HRW, quien dijo que convendría que  la elección se hiciera prontamente, pero con otros protagonistas que no estuvieran vinculados con Uribe, como si Santos no hubiese sido su ministro de Defensa y, como tal, protagonista de la política de seguridad democrática que ahora se pretende presentar como una política criminal.


En fin, Santos y Vargas no le han dicho al país cuáles son las ventajas de la nueva terna sobre la anterior, vale decir, en qué supera mi apreciado amigo Juan Carlos Esguerra a mi discípulo Marco Antonio Velilla, por qué resulta preferible el ex procurador Arrieta  al ex magistrado Gómez, o cuáles son las prendas y tesoros que hacen más atractiva a la ex congresista Vivian Morales que a la doctora Cabello Blanco.


He dicho que en este tema de tamaña importancia todos los protagonistas, comenzando por el presidente Uribe y su ministro Valencia Cossio, no han hecho sino acumular error sobre error.
A decir verdad, la Fiscalía, que se creó con las mejores intenciones por los constituyentes de 1991, es una figura que está en crisis, como también lo está todo el sistema judicial y, por qué no decirlo, todo el sistema constitucional. He dicho que nos rige, con la Constitución de 1991, un Código Funesto. Pero no me atrevo a pedir que la cambien, pues el espíritu de los tiempos sopla  hoy hacia lo peor.


Le ruego perdonar la extensión y el tono de estas reflexiones, pero su comentario pulsó ciertas cuerdas en mi interior.


Cordialmente.


Jesús Vallejo Mejía”

viernes, 18 de junio de 2010

Reflexiones sobre la institucionalidad colombiana (III)

Queda claro que la fortaleza de las instituciones reside en la legitimidad, o sea, en la confianza de las comunidades, que depende, por una parte, de sistemas de creencias vigentes en ellas y, de otra, de su eficacia.

Dicho de otro modo, las creencias en los títulos de los gobernantes funcionan si ellos responden a las necesidades que les plantean las comunidades. Los malos gobiernos terminan erosionando la legitimidad; en cambio, los gobiernos eficaces la vigorizan.

El principio popular y el electivo, que suministran la clave de las democracias modernas, cobran vida en medio de condicionamientos culturales que los colorean de distintas maneras. Para expresarlo con un dicho bastante gráfico, se los entiende y practica de cierto modo en Dinamarca, y de otro muy distinto en Cundinamarca. Por consiguiente, lo que da resultado en unas latitudes, podría ser contraproducente en otras.

El caso colombiano es elocuente. En 1991 se hizo el esfuerzo de expedir una Constitución Política cuyos promotores se ufanaban de haber recogido lo mejor del constitucionalismo contemporáneo para que sirviera, según dijo en su momento el gárrulo presidente Gaviria, como “Carta de navegación hacia el futuro”. Se van a cumplir 19 años de lo que se anunció como un magno acontecimiento y a la hora de la verdad lo que resultó fue algo similar al parto de los montes.

Por supuesto que en el fracaso de la Constitución de 1991 influyó la forma  tan improvisada como apresurada con que actuaron sus autores, que los llevó a copiar figuras de estatutos extranjeros sin examinar su viabilidad para la sociedad colombiana y a modelarlas con evidente desmaño, de suerte que lo que estatuyeron se aparta en muy buena medida de lo que efectivamente se aplica. Expresado en buen romance, la teoría constitucional de 1991 está muy alejada de la práctica social que vivimos y hasta padecemos. Un estatuto que se expidió invocando los anhelos de paz y de transparencia de los colombianos ha regido en medio de las peores épocas de violencia y corrupción que registra nuestra historia.

Las distorsiones que se observan en la práctica social son tan ostensibles como graves. Los constituyentes de 1991 se aplicaron a construir una república aérea, como las que denostaba Bolívar en un célebre escrito. En lugar de detenerse en la consideración de los datos de nuestra realidad cultural, económica y geográfica, así como en los de la coyuntura que a la sazón se vivía, se dieron a la tarea de dar rienda a los sueños y diríase que a los delirios de los ideólogos.

Produjeron un verdadero esperpento que dificulta en grado sumo la gobernabilidad del país. Piénsese tan sólo en que, de hecho, la subversión guerrillera genera las condiciones necesarias para que vastas extensiones del territorio nacional deban someterse al régimen de excepción de un estado de conmoción interior. Pero este instrumento es contraproducente, pues cuando se lo ejercita, ipso facto entra la Corte Constitucional a cogobernar, despojando así al Gobierno de su atribución de conservar el orden público y restaurarlo donde fuere turbado.

Lo de los poderes controlados por la Regla de Derecho y dispuestos de modo que colaboren armónicamente en la realización de los fines del Estado, no es otra cosa que una ilusión ideológica. La realidad es otra, pues cada poder tiende a extralimitarse y entrar en conflicto con los demás, dado que no hay instancias supremas de arbitraje entre ellos y, sobre todo, obra una cultura que poco los estimula a la autocontención.

A mis discípulos, cuando con ellos contaba, solía recordarles un texto del profesor Verdross que resume admirablemente los estados anímicos que suscitan la necesidad imperiosa de  un adecuado sistema legal. Los antiguos griegos hablaban al respecto de tres deidades negativas: Eris, o el espíritu de pendencia que subvierte el orden: Bía, que es la fuerza que se enfrenta al derecho; e Hybris, o la incontinencia que excede los límites del derecho, transformando lo justo en injusto (Verdross, Alfred, “La Filosofía del Derecho del Mundo Occidental”, UNAM, México, 1962, p. 12).

Si observamos nuestra realidad institucional y, por supuesto, la que se da de hecho en vastos territorios de Colombia, no será difícil encontrarnos con esa fatídica trinidad que integran Eris, Bía e Hybris. Por doquier impera el espíritu de pendencia, comenzando con las autoridades de mayor rango. No obstante los avances de la seguridad democrática, en no pocos lugares se da la fuerza que desafía al derecho y no la que se pone a su servicio o a él se sujeta. Por su parte, Hybris es reina y señora, a ciencia y paciencia de la multitud.

Mockus tiene toda la razón cuando afirma que todos estos desvaríos surgen de una cultura ciudadana muy deficiente, por lo que es necesario, por una parte, educar a la comunidad en los hábitos democráticos y de respeto a la legalidad, comenzando por el más sagrado de los derechos que es el de la vida, y por otra, hacer que los gobernantes realicen gestos simbólicos que den ejemplo y susciten en la gente la voluntad de sujetarse a a la normatividad.

Desafortunadamente, fuera de que la coyuntura política no favorece su proyecto, él mismo se ha encargado de hacerlo poco atractivo con sus contradicciones, sus vaguedades y ciertos gestos pueriles, como el de los mantras que sus seguidores recitaron en la noche del 30 de mayo.

La nuestra es, como lo dijo hace años Lleras Restrepo, una institucionalidad descuadernada que recuerda la vieja prédica de Antonio García acerca del hiato que separa el país formal del país real. En esa disociación juega su papel, desde luego, nuestra incultura política. Pero ésta deriva de un problema de más hondo calado, que no es tanto la desigualdad, cuanto la pobreza.(Continuará).

sábado, 12 de junio de 2010

Reflexiones sobre la institucionalidad colombiana (II)

Vengo diciendo que la fortaleza de las instituciones reside en su legitimidad. Las instituciones legítimas funcionan ordenadamente y tienden a perdurar. En cambio, las que no lo son o se apoyan en una legitimidad débil suelen ser transitorias y se ven expuestas a la desobediencia e incluso la rebeldía de sectores significativos de las comunidades. Su funcionamiento exhibe notables distorsiones entre lo que dispone la normatividad y lo que de hecho se practica. Se mueven en medio de conflictos que a menudo terminan sobrepasándolas y destruyéndolas.

Recomiendo, para que se entienda el tema de la legitimidad, lo que al respecto escribieron Max Weber, en “Economía y Sociedad”, y Guglielmo Ferrero, en “El Poder: Los genios invisibles que gobiernan la ciudad”.

El primero desarrolló la célebre distinción entre la legitimidad carismática, la tradicional y la racional. El segundo hizo hincapié en que la legitimidad se apoya en sistemas de creencias, vale decir, en actos de fe acerca de los títulos en que se apoya la autoridad de los gobernantes. Esos títulos son los principios de legitimidad monárquica, aristocrática y popular, que se combinan con dos grandes sistemas de selección: el hereditario y el electivo.

Es interesante, además,  recordar una vieja distinción que se plantea en la sociología francesa acerca del poder anónimo, el personalizado y el institucionalizado. El primero se encuentra disperso en la sociedad; el segundo se localiza en ciertas personas, que lo ejercen como si les perteneciera e hiciese parte de su patrimonio; el tercero reside en las instituciones.

Esta distinción se acerca a la de Weber, pues lo que éste considera como legitimidad tradicional se apoya en la costumbre, cuya fuerza reposa en la interacción social y, en últimas, en una instancia anónima y difusa, pero no por ello menos efectiva, el se heideggeriano o el on de la lengua francesa. La legitimidad carismática se funda, en cambio, en carismas individuales, expresión que Weber toma de un texto muy conocido de San Pablo. Se trata de la autoridad que espontáneamente reconocen las comunidades en ciertos individuos por el atractivo que éstos ejercen sobre ellas, el “ángel” que dicen los españoles, sus condiciones personales de liderazgo. Es interesante observar que los tipos de liderazgo varían de acuerdo con la cultura imperante en cada comunidad. En fin, el poder institucionalizado reposa en lo que Weber llama la legitimidad racional, que no deriva de la fuerza de la tradición, ni de las condiciones personales de quienes lo ejercen, sino de la razón.

Aunque el poder anónimo, el personalizado y el institucionalizado parecen corresponder en su orden a las sociedades primitivas, las patriarcales y las civilizadas, es lo cierto que aún en estas últimas esas tres modalidades actúan de modo variable en la configuración del orden social. Por consiguiente, así suela considerarse que la Modernidad exige que el poder se funde en instituciones diseñadas en su estructura, su funcionamiento y sus cometidos con arreglo a la razón, aún en los regímenes que se estiman más civilizados, la obediencia y la cooperación de las comunidades se logran, además, con el concurso de las tradiciones y el influjo de personalidades carismáticas.

La idea, pues, de que basta, para que la institucionalidad funcione adecuadamente, con el recurso a la Regla de Derecho general, abstracta, impersonal y hasta intemporal, no corresponde a la realidad. Ésta es bastante más compleja, pues al fin y al cabo esa Regla de Derecho es elaborada, decidida, interpretada y aplicada por seres humanos  en torno de otros seres humanos que no sólo obran con arreglo a criterios estrictamente racionales, sino también influenciados por las tradiciones y por el atractivo que sobre ellos ejercen individualidades sobresalientes.

En todo caso, en los tiempos que corren el principio de legitimidad predominante es el democrático, combinado con el electivo. Así lo consagra el artículo 3 de nuestra flamante Constitución Política:”La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

El texto sintetiza toda una elaboración ideológica en torno de los principios democrático y representativo o, más específicamente, el electivo.

El principio del gobierno popular excluye en teoría al monárquico y el aristocrático. Pero conviene preguntar si así sucede efectivamente, pues estos dos últimos perviven así sea de manera solapada en la teoría y la práctica democráticas.

En mis “Lecciones de Teoría Constitucional” he llamado la atención acerca de cómo la institucionalidad republicana se ha forjado con arreglo a figuras de las viejas monarquías, que se ponen de manifiesto en los poderes discrecionales de los órganos unipersonales. El caso más significativo es el de la Presidencia de la República, cuyo diseño calca el modelo de la Realeza. Y a su vez, las instituciones aristocráticas se proyectan, mal que bien, en el Senado, las altas Cortes y las jerarquías de diverso orden, como las académicas y las militares.

Cuando se afirma que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, hay que preguntar qué significa pueblo y qué quiere decir que el mismo es soberano.

La opinión corriente cree que pueblo es todo el mundo y que la soberanía es un poder supremo y absoluto. Pero estas nociones ingenuas tienen que matizarse. A la hora de la verdad, el pueblo es el conjunto de quienes están inscritos en el censo electoral, y éste se determina de acuerdo con ciertas reglas. Por consiguiente, los que expiden y aplican esas reglas deciden acerca de quienes hacen parte del pueblo y los que están excluidos del mismo. Pero, por otra parte, ese cuerpo electoral no es soberano, dado que su modus operandi y el alcance de sus poderes también están sometidos a reglas que otros formulan, deciden, interpretan y aplican, así sea invocando la voluntad popular, pero siempre expresando la propia.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los referendos y las restricciones que ella misma ha inventado acerca de la posibilidad de reformar la Constitución es elocuente al respecto. El poder, en el fondo, reside en los que hacen las reglas, las interpretan y las aplican, siempre y cuando lo logren efectivamente, es decir, cuenten con la obediencia de sus destinatarios.

De ello se vanagloria la Corte cuando afirma que, por ser órgano de cierre, ella dice la ultima palabra acerca de los contenidos de la juridicidad, bajo el dictum “Corte locuta, causa finita”. Pero ello es así porque muchos lo creen y, por consiguiente, lo obedecen.

De ahí que Bertrand de Jouvenel  diga que el fenómeno interesante para examinaren el mundo político no es tanto el del mando cuanto el de la obediencia. Ahí está el gran misterio: por qué las  muchedumbres obedecen a unos pocos. No conozco traducción castellana de su estudio clásico que lleva por título “El Poder: Historia natural de su crecimiento”, pero quien tenga acceso a su texto original en francés encontrará ahí consideraciones asaz instructivas.

Pues bien, en los llamados regímenes democráticos los pueblos obedecen porque creen que ellos gobiernan a través de gobernantes que los representan en virtud de la elección. Pero bien se ve que aquí estamos ante actos de fe, de creencias no debidamente soportadas en hechos ni en razonamientos sobre los mismos.

Se trata, más bien, de creencias más o menos míticas en las que se advierte la influencia que ejerce la imaginación sobre el entendimiento y la voluntad. Son las viejas “ideas-fuerzas” de que en el siglo XIX hablaba  Fouillée, las vigencias sociales de Ortega, el imaginario de los filósofos contemporáneos.

De ese modo, el mito, que ingenuamente se dice que ha sido arrojado por la racionalidad científica al mundo oscuro de la religiosidad, sigue presente en el pensamiento político y en el jurídico, cuando no en el de la ciencia que pretende haberlo erradicado. Pero esto es harina de otro costal.

Lo que me interesa destacar aquí es la presencia de la mitología en las raíces de nuestra institucionalidad. Dicho de otro modo, los conceptos de pueblo, soberanía y representación que erigimos como fundamento de nuestras instituciones no son racionales, sino míticos.

Si se observa la realidad, ésta funciona de otra manera. No hay tal soberanía, sino poderes más o menos acentuados, siempre interdependientes y condicionados. No hay tal voluntad popular ni expresión de la misma en actos rituales, sino múltiples voluntades individuales y grupales que interactúan de diversas maneras, a veces con arreglo a normas explícitas y otras de modo informal. Tampoco es real, sino imaginaria, la representación popular.

Por consiguiente, es necesario repensar estos conceptos y, en general, los fundamentos del poder político y de la institucionalidad toda, aunque es dudoso que podamos hacerlo en términos estrictamente racionales.

Ahora se habla de la crisis de la racionalidad, tema sobre el que hay abundante bibliografía. El asunto puede ser discutible en el marco de las ciencias experimentales, pero es insoslayable en el de la cultura. En efecto, es difícil afirmar que esta misma es racional o la medida en que lo es.

El asunto lo  vio con  toda claridad Max Weber, cuando planteó que hay dos racionalidades que difieren notablemente entre ellas: la instrumental, que versa sobre relaciones de medio a fin que se explican con base en hechos, y la de los fines, en que pesan consideraciones de valor que no pueden fundarse en argumentos estrictamente racionales y sólo pueden aprehenderse a través de los métodos de la comprensión.

Pues bien, lo que separa a la cultura de la naturaleza es precisamente la presencia del valor, de lo axiológico, como parte constitutiva de aquélla. La naturaleza obedece a una racionalidad causal, más o menos determinista y observable a través de la experimentación. Los fenómenos culturales, en cambio, sólo pueden ser objeto de comprensión a partir del examen del contenido de las valoraciones o sistemas de preferencias que los condicionan.

Por consiguiente, la reflexión sobre la institucionalidad, que hace parte de la cultura, versa sobre los valores que ésta aspira a realizar, los contenidos que se asignan a dichos valores, la escala jerárquica en que se los ordena, la adecuación de su diseño a la realización de ellos y, sobre todo, cuáles son los que efectivamente se realizan en la práctica.

A la luz de este método elemental, no cabe duda de que saldrá muy mal librada. Lo aplicaré someramente al examen del funcionamiento de nuestro sistema democrático y nuestro régimen electoral.(Continuará).

martes, 8 de junio de 2010

Reflexiones sobre la institucionalidad colombiana

Por amable invitación del profesor Juan David Escobar Valencia, tuve oportunidad de compartir en Eafit con un grupo de estudiantes de Geopolítica algunas reflexiones sobre nuestra institucionalidad.

El punto de partida del análisis es la importancia del hecho institucional en las sociedades. Todas ellas tienden a organizarse en instituciones, que son estructuras relativamente estables, cuya permanencia en el tiempo les confiere cierta objetividad y termina rodeándolas de carácter sagrado. A partir de ahí, se señala que las instituciones permanecen, mientras que los seres humanos que les dan vida son pasajeros e incluso intercambiables o contingentes, y se las considera, además, como dotadas de realidad propia a la que suele asignarse mayor valor que a los individuos, lo que justifica los sacrificios que a éstos se imponen en pro de la supervivencia de aquéllas.

Como decían los sociólogos clásicos, estos son datos positivos, hechos universalmente observables tanto en las sociedades primitivas como en las más evolucionadas y con altos niveles de complejidad.

Las formas de organización de la sociabilidad humana en que consisten las instituciones comprenden varios ingredientes, tales como las ideas en que se basan, los diseños de su estructura y su funcionamiento, las reglas en que se traducen esos diseños, la incorporación de individuos y grupos de individuos a los cargos u oficios institucionales, las relaciones efectivas que se establecen entre ellos y, lo que no es menos importante, la vida institucional, es decir, las interacciones que se producen en la sociedad para llevar a cabo los cometidos que constituyen en últimas la razón de ser de las mismas.

Hay escuelas sociológicas, politológicas, jurídicas y económicas que destacan el papel que desempeñan las instituciones en la vida social. De cierta manera, todas ellas observan que los distintos aspectos del acontecer colectivo pueden comprenderse a partir del examen de los procesos de institucionalización y los juegos que se dan a raíz de las interacciones institucionales.

Concretamente, se dice que el grado de civilización de una sociedad se mide por la calidad y la fortaleza de sus instituciones, y que el crecimiento económico, el desarrollo social y, en suma, el acceso al estadio de la Modernidad, categoría sobre la cual habré de ocuparme en otro momento, dependen en muy buena parte de dichas calidad y fortaleza.

En efecto, un adecuado régimen institucional permite prevenir, manejar y superar con el mínimo ejercicio de violencia los múltiples conflictos que se presentan en las sociedades. El orden pacífico que se sigue de ahí brinda canales confiables de información, comunicación, organización e interacción que permiten encauzar las iniciativas, las necesidades y  las aspiraciones de los diferentes actores sociales del modo más armónico posible. Su mayor éxito reside en la solución de las tensiones que necesariamente se presentan entre las fuerzas de conservación y las de cambio.

Por supuesto que, al lado del orden institucional, hay que considerar también los aspectos informales, inorgánicos, desordenados e impredecibles que, según lo tienen ya bien establecido las teorías del caos, se ponen de manifiesto en todas las sociedades y pueden valorarse ya negativamente, ora positivamente.

El exceso de institucionalización no es otra cosa que el totalitarismo. Pero el extremo del desorden es la anarquía. El pensamiento político se esmera en buscar el justo medio entre lo uno y lo otro, tema que, como bien lo enseñó Aristóteles, es más de prudencia que de ciencia.

Una observación a vuelo de pájaro enseña que las sociedades han ensayado y siguen ensayando muy diferentes fórmulas institucionales, lo que indica que no se ha descubierto la que demuestre ser idónea para todo tiempo y todo lugar. Este es un asunto que conviene retener en la mente, porque da pie para arduas discusiones académicas que versan sobre las características mínimas que debe exhibir un orden que aspire a que se lo reconozca en lo que he llamado en mis clases de Política Internacional de Colombia el Club de la Civilización.

Pero lo que interesa por lo pronto es el tema de la fortaleza de las instituciones, dado que hay unas que sobreviven a lo largo de siglos y hasta de milenios, cuando otras están condenadas a la transitoriedad.

Las sociedades con instituciones que languidecen y apenas mal viven entran en la categoría de los Estados fallidos, sobre la cual abundan hoy en día los estudios politológicos y de otras clases.

Colombia, hasta hace ocho años, se consideraba como un Estado que sufría severas amenazas de disgregación. Algunos estudios de prospectiva planteaban escenarios catastróficos a corto término, según los cuales era de esperarse que se dividiera en tres: una Farclandia (palabra que utilizó alguna vez el Departamento de Estado norteamericano), dominante en el sur oriente; digamos que un Reino Para o algo así, en el norte y parte del oriente; y los restos del viejo Virreinato de la Nueva Granada , en la región andina.

Esta tendencia se ha revertido, gracias a Uribe y su seguridad democrática. Por eso no vacilo en reconocerlo, pese a sus múltiples errores y defectos, como uno de nuestros próceres y libertadores. Él ha contribuido decisivamente a la recuperación de nuestra institucionalidad, aunque ha sembrado también no pocas semillas de desorganización, tal como se puede advertir con la crisis de los partidos tradicionales, a los que tiene al borde de la disolución, o con el gravísimo conflicto que ha suscitado con la Corte Suprema de Justicia.

Por eso he dicho también que tiene la rara habilidad de borrar con el codo lo que escribe con mano maestra.

Volviendo al tema de la fortaleza de las instituciones, lo que les da vida y las hace proyectarse en el tiempo, el secreto de la misma reside en la legitimidad. Las instituciones legítimas duran siglos. Las que adolecen de distintas modalidades de déficit en su legitimidad son inestables y no cumplen adecuadamente los propósitos que de ellas se esperan. En lugar de resolver los conflictos, contribuyen a empeorarlos.

Pues bien, ¿cuán legítima es la institucionalidad colombiana?(Continuará).

domingo, 6 de junio de 2010

El Partido Liberal, muerto por consunción

Ahora tiempos se hablaba de gente que moría por consunción, palabra que en mi diccionario de cabecera, el Nuevo Espasa Ilustrado, significa, en su segunda acepción, “extenuación, enflaquecimiento”.

Hace años, cuando denunciaba sus vicios clientelistas, Carlos Lleras Restrepo dijo de la colectividad roja que parecía un buey cansado. Quizás hoy habría que decir que semeja una mula muerta, aunque no deja de haber cierta malignidad en ese calificativo.

Nuestros dos partidos históricos, que se cuentan entre los más antiguos del mundo, cobraron forma casi al mismo tiempo, en vísperas de la elección presidencial de José Hilario López en 1849. Por rara coincidencia, tal vez lo sucedido con las elecciones  del pasado 30 de mayo permita extenderles a ambos, de modo simultáneo, sus respectivas partidas de defunción.

Ya he dicho que la causa del deceso conservador puede imputarse a suicidio. En efecto, murió o está muriendo de su mano. Su colega liberal está extenuado, enflaquecido. Como Lechuza, un singularísimo personaje de tango, se lo ve “Pálido, triste y maltrecho…”

Es lástima que a una persona como Rafael Pardo Rueda, a quien no le faltan méritos para ejercer un papel de primer orden en la conducción del país, le hubiera tocado en suerte dar cuenta de la ruina de su partido. No era un mal candidato y estaba bien acompañado por Aníbal Gaviria, una promesa para la patria. Pero comandaba una colectividad sin mística, sin voluntad de triunfo, sin un proyecto nítido para ofrecerle al pueblo colombiano, con el que hace rato dejó de sintonizarse.

No es el caso de adjudicarles a ellos la derrota. Otros son los que deben responder. Sus dirigentes de los últimos tiempos, sobre todo Gaviria y Samper, olvidaron que en definitiva la fuerza de las organizaciones  políticas se basa en sus ideales y en la autoridad moral que proyecten en las comunidades. Si se pierde de vista la idea de un bien común que debe promoverse, lo que el profesor Burdeau llamaba “cierta idea de justicia”, y se concibe la política como un ejercicio de mera conquista del poder para repartirse sus gajes, los electores se van desanimando y terminan en otras toldas.

Aunque el candidato Pardo adoptó como divisa de su campaña el propósito de hacer de Colombia una sociedad justa, a todas luces se vio que se trataba de mera retórica electoral, porque su partido ya no sabe qué es lo que quiere. Y como nadie da lo que no tiene, mal podía ofrecerle al colombiano común y corriente algo que éste encontrara atractivo.

En otro escrito mencioné que esta campaña se ha caracterizado por la polarización entre los que quieren que se mantenga la seguridad, que no es un anhelo desdeñable, y los que aspiran a que, sin desmedro suyo, reinen la transparencia, la legalidad y la moralidad en el manejo de la cosa pública.

Como sucede con toda polarización, en la que ahora contemplamos no deja de haber simplificaciones excesivas. Pero éstas, desafortunadamente, hacen parte de la lógica, si así puede llamársela, de los procesos electorales, en los que no se convoca a ciudadanos ilustrados, sino a gente del común cuyo juicio no propiamente es el de los filósofos y, además, obedece a no pocos condicionamientos emocionales.

Pues bien, el Partido Liberal nada tiene qué decir en materia de seguridad que no ofrezca Santos, como tampoco nada en lo atinente a la ética pública que no plantee Mockus. En realidad, carece de autoridad moral en lo uno y en lo otro.

No volveré sobre lo que escribí hace varios años en torno de la crisis de lo que fue mi partido hasta hace dos décadas y que se ha venido cumpliendo rigurosamente al pie de la letra. Me limitaré a reiterar que Gaviria y Samper me sacaron de él, así como a insistir en que no haberse entendido con Uribe lo ha llevado al desastre.

Dijo Bolívar en sus postrimerías que “No habernos entendido con Santander ha sido la ruina de todos nosotros”, o algo así, pues lo cito de memoria. Igual cosa les ocurrió con Uribe a los liberales.

Yo no soy amigo ni enemigo de Uribe, lo cual me permite, según creo, apreciar con imparcialidad, “sin aplaudir ni deplorar”, tal como lo recomendaba Spinoza, su enorme peso político. Como le escribí a un querido amigo conservador que mostró cierto desacuerdo con lo que manifesté acerca de la autoinmolación de su partido, Uribe devoró tanto a liberales como a conservadores. A unos y otros les acaba de suceder lo mismo que a Arturo Cova, el protagonista de La Vorágine: se los tragó la selva.

Gracias a Chávez y sus aliados guerrilleros, las Farc y el Eln, los colombianos hemos llegado a creer que fuera de Uribe y su séquito no hay salvación. A los que estén en contra suya se los arroja a la Gehena. Y a los que no andamos  en su procesión se nos reserva un poco apetecible lugar en el Limbo. Uribe copa el espacio político y así será mientras lo que él llama el gavilán del vecindario siga haciendo ruido y amedrentando sus pollitos.

Mientras tanto, el macilento Partido Liberal será pasto de los gallinazos, cuando no del nuche y las garrapatas, aunque creo que ya son sólo ñervos lo que puede ofrecerles.

viernes, 4 de junio de 2010

El suicidio conservador

A lo largo del gobierno de Uribe, los conservadores han sido socios tan mimados como fieles de su coalición.

Hace algo más de cuatro años hicieron una consulta interna que arrojó algo así como un millón y medio de votos para apoyar su reelección, que se activó gracias a una propuesta que planteó Noemí Sanín. Fueron ellos, pues, los que pusieron a andar la prolongación de su estadía en la Casa de Nariño.

Pero en los últimos tiempos se dejaron oír voces que reclamaban la presencia conservadora en el debate presidencial, con el argumento de que un partido sin vocación por la presidencia está condenado a desaparecer, por lo menos como actor de primera fila en el escenario político.

Cuando se habló de la posibilidad de una segunda reelección de Uribe, los conservadores decidieron esperar  que el asunto se decidiera, pues siendo fieles seguidores suyos no tenía mucho sentido lanzar una candidatura que compitiera con la del primer mandatario. Pero, como éste andaba con el cuento de la encrucijada de su alma, fue alentando a varias personas con la idea de que, en caso de que él no pudiese o no quisiese aspirar a la reelección, se encargaran de proteger su legado, lo que hoy él llama “los tres huevitos”. Y una de las personas que recibieron señales de un posible guiño presidencial fue Noemí Sanín.

Qué sucedió entre ella y Uribe para que a la postre la simpatía se trocara en animadversión, es tema cuyos detalles ignoro. Lo cierto es que Noemí dejó de gozar del favor del César y ello trajo consigo la frustración de su proyecto político.

En todo caso, abortada la posibilidad de la reelección, por obra y gracia de la Corte Constitucional, los conservadores se aprestaron a seleccionar su propio candidato a través de una consulta abierta en la que el número de votantes superó con creces el guarismo que obtuvieron para el Senado. Y Noemí Sanín triunfó, con un estrecho margen, sobre la aspiración de Andrés Felipe Arias, a todas luces patrocinada desde la Casa de Nariño.

Ganó, como he dicho en otra ocasión, en dura y franca lid. La convención de su partido la aclamó con el aval de los ex presidentes Betancur y Pastrana. Y las encuestas la señalaban como rival de muchísimo cuidado para Juan Manuel Santos. Su contendor, Arias, la reconoció como triunfadora y todo daba a entender que la competencia presidencial sería entre dos uribistas. Para mí, en particular, representaba una alternativa de continuidad de la gestión de Uribe más atractiva que la que ofrecía Santos.

Pero las circunstancias no la dejaron gozar de su triunfo. Al tiempo que los conservadores la proclamaban como su candidata oficial, un grupo de dirigentes y ex dirigentes, sin fórmula de juicio y a espaldas de su partido, resolvió adherir a Santos, socavándole así sus estructuras políticas. Y Arias, que venía de aceptar su derrota, decidió querellarla judicialmente por lo que dijo en el debate en que lo fustigó por lo de AIS.

Sus enemigos le dividieron el partido y la exhibieron como extraña al corazón del César. Dijeron que el verdadero garante de la continuidad de las políticas de Uribe era Santos y a ella la presentaron como poco comprometida con aquél. De ese modo, desconcertaron a las bases conservadoras, que ya no siguen al partido, sino a Uribe. Y para colmo, la opinión independiente que acompañaba a Noemí se desplazó hacia la fórmula Mockus-Fajardo.

Para justificar lo que en buen romance se llama deslealtad, salieron a demeritar sus presentaciones y un programa que ni siquiera se tomaron el trabajo de leer. Y cuando ella se quejó del raponazo de Santos, decidieron presentarla como persona conflictiva e inmadura. Sus copartidarios, más interesados en sumarse a la cauda de quien parecía que iba a ser el triunfador dentro del uribismo, la dejaron sola. Con entera razón, ella se queja ahora del fariseísmo que la rodeó.

Se dirá que la política es así y que Noemí no merecía respeto ni consideraciones, pues el que se mete en ese mundo está expuesto a que lo trituren si ello se hace menester para que otros triunfen. Pero lo sucedido lo pone a uno a pensar sobre la índole de Uribe, la de Arias, la de Santos y, lo que es más deprimente, la de los jefes conservadores.

Nada de formas elegantes que salvasen las apariencias, nada de compromisos programáticos, nada de mostrarse decentes y exhibir seriedad en las actuaciones. El que ganó, ganó, y punto.

Es posible que a Noemí la hayan liquidado, que es la suerte que se reserva a quienes discrepen así sea de las maneras de Uribe y se interpongan en el camino de Santos. Pero la liquidación también acecha al Partido Conservador, porque ha demostrado que no es serio, que carece de dignidad y que sólo le interesa medrar.

Es muy dudoso que en  el futuro alguien que tenga un poco de buen sentido piense en presentarse a una consulta para definir candidaturas presidenciales de esa colectividad, porque nadie podrá asegurarle que una vez proclamado sus jefes, activistas y bases no le darán la espalda para irse tras el mejor postor.

Viene a mi memoria una anécdota de Guillermo León Valencia. Como se recordará, en su primer gabinete se rodeó de jóvenes, a los que hubo de sustituir por los inconvenientes que le ocasionaron. Cuando los periodistas le preguntaron por ese cambio, contestó: “Le ofrecí a la juventud que se asomara a la ventana del poder y se arrojó por ella”.

Lo mismo acaba de ocurrirles a los conservadores: cuando más asomados estaban a la ventana de la jefatura del Estado, se arrojaron por ella.

miércoles, 2 de junio de 2010

Dios de vivos, no de muertos

A propósito del Evangelio de la misa de hoy, en el que San Marcos relata el episodio de la trampa que pretendieron tenderle al Señor los saduceos con el tema de la resurrección de la viuda de siete hermanos, me tomo el atrevimiento de traducir y copiar un texto de “L’enseignement de Ieschoua de Nazareth”, obra maestra de Claude Tresmontant (Éditions du Seuil, Paris, 1970, p. 142 y ss.).

Dice así:

“El mandamiento supremo.

Cuando los teólogos judíos le preguntan al rabí Ieschoua cuál es el más importante de los mandamientos en la Torah, el rabí responde citando dos textos: Deuteronomio 6,5 y Levítico 19,18.

Los dos mandamientos, según Ieschoua, están en relación interna el uno con el otro:

Mat. 22,34: “Los fariseos, al ver que había hecho callar a los saduceos, se agruparon en torno suyo. y uno de ellos, doctor de la Torah, lo interrogó, poniéndolo a prueba: Rabí ¿cuál es el mandamiento más grande en la Torah? Él le dijo:”Amarás a Ywvh (Adonai) tu Dios con todo tu corazón (con toda tu inteligencia y toda tu libertad) y con toda tu alma y todo tu pensamiento”(Deut. 6,5). He ahí el grande y primer mandamiento.

“El segundo es similar:”Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.(Levítico 19,18).

“Toda la Torah se basa en estos dos mandamientos, y también los profetas”.

“Si fuera cierto que el cristianismo se redujese al precepto: ”Amarás a tu prójimo como a ti mismo” , entonces no habría nada de original en él, pues este precepto está inscrito en Levítico 19,18. Es ya un precepto del judaísmo.

“¿Qué significa amar?¿Qué es amar a un ser, un hombre, una mujer?¿Qué significa amar a Dios, un ser al que nadie en nuestro planeta ha visto?  Hay qué pedirles a los psicólogos, a los filósofos, a los teólogos, a los teólogos místicos que nos lo digan. Nada parece más difícil que definirlo.

“Lo que parece cierto es que el agapê, tal como lo entiende la teología hebraica y cristiana, no es un asunto de sentimiento ni de afectividad. Es algo que toca más bien con el orden de la ontología, más precisamente con el ontología de una creación inacabada y en génesis, es decir, de la ontogénesis. Amar, para el hombre, es tomar parte en la acción creadora de Dios.

“Habría que elaborar una ontología del agapê, dado que, según la teología hebraica, el agapê creador del Único es la causa eficiente, eficaz, de la existencia de los innumerables entes que pueblan el universo. La existencia de la multiplicidad de entes, según la teología hebraica, no es consecuencia de una catástrofe ni de una caída, como en las teologías órficas y más tarde gnósticas. Esa existencia no es una apariencia, una ilusión, como lo enseñan los Upanishad. La existencia de la multiplicidad de entes no es consecuencia de una procesión eterna y necesaria, inherente a la  naturaleza y la esencia de lo Uno, una apostasis que entraña al mismo tiempo alejamiento y degradación: tal es la doctrina de Plotino retomada por Avicena, después por Averroes. La existencia de múltiples seres no es efecto de la modificación de la Sustancia única, ni de una alienación de la Sustancia divina. Según la teología y la ontología hebraicas, la existencia de la multiplicidad de entes es efecto de un acto creador libre, consciente, querido, y amante…El fundamento del ser visible, la razón misma del ser visible, su causa, la explicación última, es el agapê creador libre de aquél de quién un discípulo de Ieschoua , Iohannan bar Zabdaï (Juan hijo de Zebedeo…) ha dicho que es agapê , en esencia.

“Llegamos así a la clave de la ontología común al judaísmo y el cristianismo, ontología original, muy original, que las filosofías ulteriores rara vez han comprendido y explotado, y de la que Laberthonnière ha tenido razón al destacar que ella constituye el fundamento original de una metafísica que es la “metafísica del cristianismo”.

“En esta ontología, si el principio del ser, la causa de la existencia de los entes múltiples y visibles que constituyen nuestra creación, es el agapê creador del Único invisible, entonces se puede entrever, si no en medio de las tinieblas por lo menos en un claroscuro difícil de penetrar, que el fin de esta creación sea suscitar seres capaces de entrar libremente en la economía de esta creación cuya razón de ser es el agapê creador. Si el agapê creador es principio del ser de los entes, se comprende mejor, se comprende un poco, por qué matar, destruir, un ser creado, es un acto que va a la inversa y en contra de ese agapê creador. En suma, todo aquello que destruye la creación, todo lo que le impide proseguir, cumplirse, llegar a su término, es crimen contra el agapê creador, inversión ontológica respecto del sentido del acto creador. Si el agapê creador asigna valor a los seres que ha creado, es comprensible que deteste el acto que los destruye: “No matarás”.

“Amar a los seres que constituyen la creación existente es rendir homenaje al agapê creador. Por el contrario, destruirlos, estropearlos, envilecerlos, es despreciar la obra de Dios. En este sentido, se advierte, siempre en el claroscuro, como el amor a Dios y el amor a los entes son actos que Ieschoua puede considerar similares, análogos.”