sábado, 21 de julio de 2012
sábado, 14 de julio de 2012
Cosas para no olvidar
Monseñor Paolo Romeo, cuando era Nuncio Apostólico en nuestro país, dijo con mucho cariño y mejor conocimiento de causa que en Colombia tenemos una “Cultura de Caracol”, porque nuestra excitación con alguna noticia grave no suele pasar de una semana. En la siguiente aparecen otras que copan la atención de los medios y los debates, por ásperos que sean, se van diluyendo. Y a casi nada se le hace seguimiento.
Así parece estar sucediendo con dos noticias íntimamente relacionadas entre sí que causaron alboroto hace una semana: la apertura de investigación en la Procuraduría contra el ministro Vargas Lleras y la denuncia penal que este anunció contra Santiago Uribe Vélez, dizque por haberle armado un complot con testigos falsos pagados por unos esmeralderos, en compañía con un tal coronel Ramírez del que nada se sabe.
La gravedad de la primera salta a la vista.
No es el caso de prejuzgar sobre las imputaciones que le hace la Procuraduría, pero tampoco se las debe ignorar. Son muy serias y el Ministro no se ha tomado el trabajo de ofrecerle al país explicaciones satisfactorias.
Piensa uno que, dadas la importancia de la Procuraduría y la naturaleza de dichas imputaciones, si en Colombia hubiera todavía algo de decencia, el Ministro debería haber puesto su cargo a disposición del Presidente, pues resulta muy delicado desde todo punto de vista que el gobierno asuma el riesgo de una investigación sobre hechos personales de aquel que ni siquiera tienen que ver con sus actuaciones como funcionario de esta administración.
¿Qué sucedería, en efecto, si dentro de algunos meses el ente disciplinario llegara a la conclusión de que Vargas Lleras es responsable de haberse relacionado indebidamente con el paramilitarismo?
Lo más sorprendente es el contraataque del Ministro, pues en lugar de ofrecerles un parte de tranquilidad a los colombianos por su conducta, se defiende creando un nuevo foco de perturbación, dado que su acción no se dirige propiamente contra Santiago Uribe Vélez y sus supuestos cómplices, sino contra su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Cabe preguntar si Vargas Lleras consultó con Santos ese paso tan delicado, o prefirió más bien crear el hecho a sus espaldas.
Si lo primero, se corroboraría entonces lo que insinué en mi último artículo para este blog, en el sentido de que el ataque de Vargas Lleras parece hacer parte de la estrategia de Santos para “sacarle los trapitos al sol” a Uribe y liquidarlo políticamente.
Pero si Vargas Lleras decidió actuar contra Santiago Uribe Vélez a espaldas de Santos, ahí sí que debemos ponernos nerviosos por el doble espectáculo de deslealtad de parte del primero y debilidad de parte del segundo.
Sea de ello lo que fuere, si Vargas Lleras se atrevió a dar este paso, lo hizo porque confía en la docilidad del Fiscal.
Ya éste se mostró obsecuente con el gobierno cuando se reunió con los conservadores para convencerlos de que podían asistir tranquilamente a las sesiones extraordinarias espurias que aquel convocó para sepultar la reforma judicial.
¿Mantendrá la misma obsecuencia en el trámite de la denuncia contra Santiago Uribe Vélez?
De ser así, a este no le quedará otro remedio que el exilio, ampliando de ese modo la nómina de las víctimas de la persecución político-judicial, como Luis Carlos Restrepo y María del Pilar Hurtado.
El país, en los tiempos recientes, ha revivido una vieja y odiosa figura: la de los proscritos y desterrados.
Por eso digo que la judicialización de la política y la politización de la justicia podrían dar lugar en este caso a nuevas y espeluznantes sorpresas, en detrimento de la tranquilidad de los ánimos y la seriedad de nuestras instituciones.
domingo, 8 de julio de 2012
Las asechanzas del demonio
En su último reportaje con María Isabel Rueda, Santos amenazó veladamente con empezar a sacarle a Uribe los trapitos al sol.
Tal parece que ese designio ya se ha puesto en marcha.
La Cancillería, corroborando algo que dijo Santos, hizo saber que, de acuerdo con un estudio contratado por ella, el 40% de las noticias negativas que se publican en la prensa extranjera sobre Colombia proceden de las Farc, y otro tanto, de los pronunciamientos de Uribe.
Las insidias de esta publicación saltan a la vista.
En primer lugar, por cuanto meten a Uribe en el mismo saco que a las Farc, dando a entender que aquel le hace a Colombia el mismo daño en su imagen que el que le propinan los terroristas. Y en segundo término, porque sugiere que criticar al gobierno es antipatriótico.
Santos y sus áulicos matizan esto último diciendo que Uribe tiene todo el derecho de expresar sus opiniones, salvo en lo concerniente a los temas de seguridad, lucha contra el terrorismo y situación de las Fuerzas Armadas.
A raíz del documento contra el terrorismo que se publicó el jueves pasado en el homenaje a Fernando Londoño Hoyos, Santos resolvió decir que este delicado asunto no puede ser materia de pronunciamientos políticos, por cuanto a su juicio ello implicaría jugar con la sangre de nuestros soldados y policías.
Creo que fue una torpe salida en falso que puso de manifiesto sus debilidades en materia de conceptos y argumentación, a punto tal que no vale la pena detenerse en refutarla.
En efecto, si algún tema amerita hoy discusión pública en Colombia es el de la inseguridad que amenaza a todas las regiones del país. Y, desde luego, no sólo se trata de hablar de ella, sino de las acciones que convendría adelantar al respecto y la crítica de lo que el gobierno ha dejado de hacer o ha hecho mal.
Siguiendo la misma línea, María Isabel Rueda publicó hoy en “El Tiempo” un artículo titulado “¿Qué hace Uribe?”, que sufre de las mismas debilidades lógicas del discurso presidencial y se mete además en honduras de las que difícilmente podrá salirse sin desmedro de su respetabilidad periodística.
A partir de una lectura tan sesgada del discurso de Uribe en el homenaje a Londoño que cuesta trabajo no calificar como de mala fe, resuelve agredirlo adjudicándole el rótulo de “terrorista político”.
Según dice, el expresidente transita por terreno “cuasisubversivo” , dado que con sus glosas “incita a la desestabilización, a la confusión de los colombianos y a una polarización exacerbada de los ánimos de los opositores.”
Leí de nuevo esta tarde con mucho cuidado ese discurso y nada encontré en él que justifique la censura que hace la columnista del diario de Sarmiento.
Desde luego que el discurso de Uribe fue severo y vehemente, pero su punto de vista es el de muchísimos colombianos que estamos desconcertados con el rumbo errático del gobierno de Santos y la cotidiana seguidilla de informaciones sobre el deterioro del orden público en toda los rincones de Colombia. Y lo expuso, además, con rigor analítico, sin locuciones altisonantes.
María Isabel Rueda incurre en el vicio ya muy trajinado de otros malquerientes de Uribe, que no se esmeran en refutarlo, sino en tergiversarlo y negarle el derecho de opinar.
La situación de Uribe es similar a la de Churchill antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando, por informaciones que recibió de parte de militares que estaban preocupados por la debilidad de la política de los gobiernos frente a la amenaza hitleriana, abrió el debate y puso en evidencia a los apaciguadores.
Lo que trasuntan los dichos de Santos, las afirmaciones de la Cancillería y el mencionado escrito del periódico de Sarmiento, es el desespero del gobierno, no sólo por la pérdida de su credibilidad, sino porque la guerrilla está recuperando terreno a pasos agigantados y en las Fuerzas Armadas ya es inocultable el malestar por sus equivocaciones.
Basta con leer los manifiestos recientes de los militares en retiro, que por supuesto saben lo que ocurre en el interior de la institución armada y no tienen limitaciones jurídicas para darlo a conocer.
Por ejemplo, un escrito que publicó en estos días el general Ruiz Barrera deja muchísimo que pensar. Dice el general que el Consejero para la Seguridad Nacional, Sergio Jaramillo Caro, tiene más influencia en el gobierno que el Ministro de Defensa, y que dicho funcionario es proclive a la guerrilla. Por consiguiente, considera que es enemigo de los militares.
Un periodista nada sospechoso de uribismo, Edgar Artunduaga, acaba de escribir una nota en que sostiene que el ministro Pearl no cumple las funciones asignadas a su cartera de Medio Ambiente, sino que está dedicado a los contactos en el exterior con los dirigentes de la guerrilla, supuestamente bajo el patrocinio del gobierno de Venezuela y con asesoría cubana.
Parece inequívoco entonces que hay un doble discurso oficial que resulta “cuasisubversivo” atreverse a denunciar, según el régimen y sus turiferarios.
Ahora bien, como acaba de recordarlo Eduardo Mackenzie en cita de Camus que trajo a colación en un escrito de elogio a Fernando Londoño, el periodista tiene un compromiso ético incancelable con la verdad.
Llama la atención que María Isabel Rueda no se ocupe de esclarecer estos hechos e incluso, en lugar de manifestar su solidaridad con Londoño por el atroz atentado de que fue víctima hace poco, se ponga del lado de un gobierno que está empecinado en ocultar la verdad sobre sus propósitos y lo que está sucediendo en Colombia.
Señalar como subversivos a los que buscan el esclarecimiento de estas situaciones es, además, un odioso recurso propio de las dictaduras que cortejan Santos y su canciller Holguín.
Se estremece uno cuando ve que una persona como Santos, que hizo carrera en el periodismo y no en cualquier medio, sino en el que a lo largo de décadas fungió como defensor de la libertad de opinión, al llegar al gobierno adopte el estilo de los dictadores que tanto combatió su tío abuelo desde las páginas de El Tiempo, periódico que fue cerrado por Rojas Pinilla dizque por “cuasisubversivo” o “subversivo” del todo.
Pero ni Juan Manuel Santos ni Luis Carlos Sarmiento son Eduardo Santos ni tienen su dimensión histórica.
Volviendo al tema de la Cancillería, creo que el Procurador y el Contralor tienen el deber de investigar por qué un estudio que al parecer es rutinario se hubiera sesgado para utilizarlo por parte del Presidente y la Canciller contra el más conspicuo de sus críticos, el expresidente Uribe.
Bien dijo hoy en “El Colombiano” Rafael Nieto Loaiza que Santos se está arrogando poderes que ningún otro presidente tuvo desde el siglo XIX, salvedad hecha, digo yo, del dictador Rojas Pinilla, al que cada vez se está pareciendo más.
Volviendo al diario de Sarmiento, otra de sus columnistas, vaya uno a saber si conchabada con el gobierno, despotricó hoy contra Uribe, dizque por pretender llevar un pelele suyo a la Presidencia.
Da tristeza ver la falta de seriedad con que se abordan asuntos tan importantes para el país como el surgimiento de un vigoroso movimiento de opinión que aspira a corregir el mal camino que ha emprendido Santos. Dice el Código Civil que la culpa grave es asimilable al dolo, y lo propio cabe afirmar de la ligereza con que se opina de modo tan tendencioso acerca de temas tan serios.
Dejemos de lado por lo pronto los sesgos del diario de Sarmiento, de una de cuyas entidades financieras se dice que resultó beneficiada con el manejo de fondos billonarios para los programas de vivienda del actual gobierno, para mencionar la salida que tuvo en la semana pasada precisamente el funcionario que se cree que otorgó tan jugosa gabela.
Al día siguiente del anuncio que hizo la Procuraduría sobre la apertura de investigación contra el ministro Vargas Lleras por supuestos nexos con el paramilitarismo en los llanos orientales, el investigado salió a acusar a Santiago Uribe Vélez, a un coronel Ramírez que no se sabe quién es y a unos esmeralderos, de urdir con testigos falsos un complot en contra suya para enredarlo con los paramilitares.
Es claro que este asunto es personal de Vargas Lleras, pues no se refiere a su desempeño al servicio del actual gobierno. Entonces, uno se pregunta si tiene el aval de Santos, quien por haber propuesto a Montealegre para el cargo de Fiscal puede tener cierta ascendencia sobre éste.
Dicho de otro modo, una sana política gubernamental aconseja que los altos funcionarios no se escuden en sus posiciones para diligenciar asuntos privados que no tocan con el desempeño de sus cargos. Por consiguiente, deben separarse de estos, con el fin de no comprometer al gobierno y, además, respetar la independencia de los llamados a decidir sus contenciones.
Pues bien, todo indica que Vargas Lleras está actuando ante la Fiscalía con autorización de Santos y de pronto instigado por él, de donde se sigue que el gobierno ejercerá sobre Montealegre toda su influencia para que enrede al hermano del expresidente Uribe en el proceso que ya declaró que se propone iniciar cuanto antes.
Viendo todo lo que está pasando en estos días, llego a la conclusión de que Santos está dispuesto a sacar a flote todo el arsenal de inmundicia, “los trapos sucios” que dice tener guardados, para destruir el prestigio de Uribe.
No puedo menos que horrorizarme con todo esto.
Tiene toda la razón María Isabel Rueda cuando escribe que “Desde las épocas de la violencia liberal-conservadora no se veía un mapa tan confuso de los bandos que intervienen en la construcción -o en la destrucción- del país.”
Pero este mapa tan confuso no surge, como ella cree, de la oposición de Uribe, sino del avieso propósito del gobierno de Santos de liquidar esa oposición.
Acá vuelvo a la cita de Camus que atrás mencioné: la ética del periodista lo obliga a mantenerse en guardia contra la opresión, a denunciarla, a enfrentarla y a no sucumbir ante ella, sea por sus halagos o por el temor de verse expuesto a sus atropellos.
Le pregunto a María Isabel Rueda si le parece bien que Vargas Lleras permanezca en el gobierno ejerciendo el cargo que más influencia política tiene hoy el país, con posibilidad de influir sobre la Fiscalía en contra de Santiago Uribe Vélez.
La judicialización de la política y la politización de la justicia están a punto de brindarnos un capítulo más escabroso que los de la telenovela sobre Pablo Escobar.
Hace un tiempo escribí en Twitter que “en el alma de Santos espantan”. Ya veremos de lo que es capaz su falta de escrúpulos alentada por la ausencia de reacción de quienes estarían en capacidad de ponerle freno, ya que a la gente de la calle sólo le queda el recurso de quejarse.
No es, por supuesto, un recurso inane, pues de su ejercicio surgen las corrientes de indignación que se están agitando en otras latitudes y bien podrían asomarse a la nuestra en cualquier momento.
viernes, 6 de julio de 2012
Ruindad y abyección
Estas son las palabras que vienen a mi mente cuando trato de calificar los acontecimientos de las últimas semanas en Colombia.
Ya me he referido al comportamiento del Presidente en relación con la crisis tanto política como institucional que se ha desatado a raíz del aborto de la reforma de la justicia.
Sólo me resta agregar algo sobre las declaraciones que el martes pasado les dio a María Isabel Rueda en “El Tiempo” y a “Caracol Televisión”, para completar el cuadro de un gobernante que, en lugar de responder con altura a semejante crisis, ha resuelto hundirse más en el cieno de su indignidad.
En vez de reconocer con franqueza sus errores y convocar al país a la concordia para superar esta mala hora, Santos prefirió mostrarse altivo y amenazante. Y, para colmo, remató con el más alevoso de los agravios a su Vicepresidente, que en su lecho de enfermo hubo de enterarse con asombro de que Santos busca eliminar su cargo a través de una reforma constitucional.
El país está notificado: de Santos no puede esperarse ningún gesto de grandeza, así sea fingida. La ruindad campea en la Casa de Nariño.
Pero, si por esta llueve, en el vecino Capitolio no escampa.
Miro hacia atrás y no encuentra mi memoria caso alguno en el pasado colombiano de un Congreso tan abyecto como el actual.
Reitero aquí lo que dije en uno de mis “trinos”: los congresistas votaron como borregos el Marco Jurídico para la Impunidad, confiados en en que a cambio el gobierno les ayudaría con la reforma judicial transmutada en otro marco jurídico para resolverles sus problemas con la justicia, y Santos les quedó mal. No sólo les echó la culpa del estropicio, sino que los obligó a revocarlo de modo que se quedaran con el pecado y sin el género.
¿Qué podemos esperar a partir de la vileza que se ha enseñoreado en las alturas?
Una sabia sentencia enseña que cuando los que gobiernan pierden el decoro, los llamados a obedecer pierden el respeto.
Las consecuencias de tener una Constitución mancillada tanto en su letra como en su espíritu no tardarán en dejarse sentir.
Ya se han manifestado en unas encuestas que indican que toda la alta institucionalidad estatal se encuentra desacreditada.
De ello dan cuenta en las rechiflas que ha sufrido Santos en sus encuentros con la gente del común. Lo del “Campus Party” hace pocos días en Bogotá es buena muestra de lo que probablemente ocurrirá en lo sucesivo, pues la gente está indignada con el cinismo y el doble discurso del primer mandatario.
Gobierno, Congreso, Cortes: todos a una desprestigiados y sin credibilidad, “cuesta abajo en su rodada” como en el célebre tango de Gardel.
¿Qué hacer?
Ya se advierten en el seno de la opinión callejera unas voces de “indignados” que podrían tomar los rumbos más insólitos, capaces de llevarnos tanto hacia la anarquía como a la dictadura.
Si a la cabeza del gobierno estuviera alguien con una pizca al menos de grandeza, se estaría convocando a lo mejor del país para deponer los odios y pensar en soluciones constructivas.
Pero de Santos no cabe esperar que dé lo que no tiene. Y tampoco podemos confiar en que del Congreso, que mostró la hilacha, vengan las luces que en estos momentos de cerrazón podrían guiarnos por buen camino.
Queda Uribe, con todos sus defectos y sus errores, pero compensados con creces con su inmenso amor a Colombia y su sintonía cordial con el alma popular.
Ya salvó una vez a la patria. Ahora le toca liderar un movimiento de opinión que desemboque en la escogencia de un excelente candidato presidencial y unos excelentes candidatos para el Congreso, comprometidos en torno de un programa de reformas que, conservando lo rescatable de la Constitución de 1991 y corrigiendo sus deficiencias, la ponga a tono con las necesidades del presente.
Es una fortuna que Colombia cuente hoy con un líder que goza de un bien ganado prestigio en el pueblo y ofrece ponerse al servicio de una plataforma de centro democrático que no constituye amenaza alguna para ningún sector de la comunidad, salvo los violentos, y procura conciliar las legítimas aspiraciones tanto del capital como del trabajo.
Las consignas de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social que proclama Uribe mantienen su actualidad frente a un gobierno que, habiéndose hecho elegir con la promesa de seguir trabajando por ellas, las ha desvirtuado con su frivolidad.
No será fácil recuperar el rumbo de la famosa gallinita.
Hay enormes obstáculos para superar, comenzando con la obsesión de Santos y su séquito de sacarle a Uribe los trapitos al sol, al tenor de la denuncia que acaba de hacer el candidato oficial a la sucesión presidencial contra Santiago Uribe Vélez, y con el propósito de unos congresistas desprestigiados de hacerse reelegir a costa del presupuesto público.
Ignoro si la Gran Prensa, que está hoy en buena parte en poder de grupos económicos no necesariamente identificados con la vocería de las comunidades, se mantenga en la tónica de continuar desprestigiando a Uribe o, por el contrario, se muestre imparcial y abra espacios adecuados para la difusión de su convocatoria.
En el discurso que anoche pronunció para rendirle homenaje a Fernando Londoño Hoyos por su entereza frente al terrorismo, Uribe hizo un llamado para que en todas partes se integren grupos de apoyo a unas propuestas que no son de exclusión, sino de integración de todos los que estamos preocupados por la necesidad de retomar un camino del que sin razones convincentes nos hemos desviado.
Si ahora estamos haciendo una convocatoria contra el terrorismo, no es por consideraciones de oportunidad electoral ni de intereses partidistas, sino porque Santos y el Congreso han lanzado señales ambiguas que indican que no tienen la decisión de confrontarlo, sino la de concertar con sus actores algo así como una rendición disimulada con el pretexto de la paz.
¿Cómo se la ocurre a Santos decir que el tema del terrorismo debe estar ausente de la discusión pública?¿Qué entiende él por política?¿No han determinado los terroristas el curso de la política colombiana por lo menos en el último cuarto de siglo?¿De dónde saca que los que ponen en cuestión su mala política están jugando con la sangre de los soldados de Colombia, cuando es él quien con su desorientación los está llevando tanto a ellos como a la gente más desprotegida al holocausto?
Él quiere negociar con los terroristas y con ese propósito forzó la aprobación de una inicua reforma constitucional. Y ellos son los que más provecho están sacando de la confusión en que Santos y sus congresistas están sumiendo al país.
Hay que reiterarlo: el mejor programa de paz es la derrota del terrorismo. Las señales que hay que enviarles a sus promotores no pueden ser de debilidad ni de apaciguamiento. Por el contrario, deben ser de entereza y claridad. Es, además, lo que el pueblo quiere.
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