Cosas para no olvidar

Monseñor Paolo Romeo, cuando era Nuncio Apostólico en nuestro país, dijo con mucho cariño y mejor conocimiento de causa que en Colombia tenemos una “Cultura de Caracol”,  porque nuestra excitación con alguna noticia grave no suele pasar de una semana. En la siguiente aparecen otras que copan la atención de los medios y los debates, por ásperos que sean, se van diluyendo. Y a casi nada se le hace seguimiento.

Así parece estar sucediendo con dos noticias íntimamente relacionadas entre sí que causaron alboroto hace una semana: la apertura de investigación en la Procuraduría contra el  ministro Vargas Lleras y la denuncia penal que este anunció contra Santiago Uribe Vélez, dizque por haberle armado un complot con testigos falsos pagados por unos esmeralderos, en compañía con un tal coronel Ramírez del que nada se sabe.

La gravedad de la primera salta a la vista.

No es el caso de prejuzgar sobre las imputaciones que le hace la Procuraduría, pero tampoco se las debe ignorar. Son muy serias y el Ministro no se ha tomado el trabajo de ofrecerle al país explicaciones satisfactorias.

Piensa uno que, dadas la importancia de la Procuraduría y la naturaleza de dichas imputaciones, si en Colombia hubiera todavía algo de decencia, el Ministro debería haber puesto su cargo a disposición del Presidente, pues resulta muy delicado desde todo punto de vista que el gobierno asuma el riesgo de una investigación sobre hechos personales de aquel que ni siquiera tienen que ver con sus actuaciones como funcionario de esta administración.

¿Qué sucedería, en efecto, si dentro de algunos meses el ente disciplinario llegara a la conclusión de que Vargas Lleras es responsable de haberse relacionado indebidamente con el paramilitarismo?

Lo más sorprendente es el contraataque del Ministro, pues en lugar de ofrecerles  un parte de tranquilidad a los colombianos por su conducta, se defiende creando un nuevo foco de perturbación, dado que su acción no se dirige propiamente contra Santiago Uribe Vélez y sus supuestos cómplices, sino contra su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Cabe preguntar si Vargas Lleras consultó con Santos ese paso tan delicado, o prefirió más bien crear el hecho a sus espaldas.

Si lo primero, se corroboraría entonces lo que insinué en mi último artículo para este blog, en el sentido de que el ataque de Vargas Lleras parece hacer parte de la estrategia de Santos para “sacarle los trapitos al sol” a Uribe y liquidarlo políticamente.

Pero si Vargas Lleras decidió actuar contra Santiago Uribe Vélez a espaldas de Santos, ahí sí que debemos ponernos nerviosos por el doble espectáculo de deslealtad de parte del primero y debilidad de parte del segundo.

Sea de ello lo que fuere, si Vargas Lleras se atrevió a dar este paso, lo hizo porque confía en la docilidad del Fiscal.

Ya éste se mostró obsecuente con el gobierno cuando se reunió con los conservadores para convencerlos de que podían asistir tranquilamente a las sesiones extraordinarias espurias que aquel convocó para sepultar la reforma judicial.

¿Mantendrá la misma obsecuencia en el trámite de la denuncia contra Santiago Uribe Vélez?

De ser así, a este no le quedará otro remedio que el exilio, ampliando de ese modo la nómina de las  víctimas de la persecución político-judicial, como Luis Carlos Restrepo y María del Pilar Hurtado.

El país, en los tiempos recientes, ha revivido una vieja y odiosa figura: la de los proscritos y desterrados.

Por eso digo que la judicialización de la política y la politización de la justicia podrían dar lugar en este caso a nuevas y espeluznantes sorpresas, en detrimento de la tranquilidad de los ánimos y la seriedad de nuestras instituciones.