Las asechanzas del demonio

En su último reportaje con María Isabel Rueda, Santos amenazó veladamente con empezar a sacarle a Uribe los trapitos al sol.

Tal parece que ese designio ya se ha puesto en marcha.

La Cancillería, corroborando algo que dijo Santos, hizo saber que, de acuerdo con un estudio contratado por ella, el 40% de las noticias negativas que se publican en la prensa extranjera sobre Colombia proceden de las Farc, y otro tanto, de los pronunciamientos de Uribe.

Las insidias de esta publicación saltan a la vista.

En primer lugar, por cuanto meten a Uribe en el mismo saco que a las Farc, dando a entender que aquel le hace a Colombia el mismo daño en su imagen que el que le propinan los terroristas. Y en segundo término, porque sugiere que criticar al gobierno es antipatriótico.

Santos y sus áulicos matizan esto último diciendo que Uribe tiene todo el derecho de expresar sus opiniones, salvo en lo concerniente a los temas de seguridad, lucha contra el terrorismo y situación de las Fuerzas Armadas.

A raíz del documento contra el terrorismo que se publicó el jueves pasado en el homenaje a Fernando Londoño Hoyos, Santos resolvió decir que este delicado asunto no puede ser materia de pronunciamientos políticos, por cuanto a su juicio ello implicaría jugar con la sangre de nuestros soldados y policías.

Creo que fue una torpe salida en falso que puso de manifiesto sus debilidades en materia de conceptos y argumentación, a punto tal que no vale la pena detenerse en refutarla.

En efecto, si algún tema amerita hoy discusión pública en Colombia es el de la inseguridad que amenaza a todas las regiones del país. Y, desde luego, no sólo se trata de hablar de ella, sino de las acciones que convendría adelantar al respecto y la crítica de lo que el gobierno ha dejado de hacer o ha hecho mal.

Siguiendo la misma línea, María Isabel Rueda publicó hoy en “El Tiempo” un artículo titulado “¿Qué hace Uribe?”, que sufre de las mismas debilidades lógicas del discurso presidencial y se mete además en honduras de las que difícilmente podrá salirse sin desmedro de su respetabilidad periodística.

A partir de una lectura tan sesgada del discurso de Uribe en el homenaje a Londoño que cuesta trabajo no calificar como de mala fe, resuelve agredirlo adjudicándole  el rótulo de “terrorista político”.

Según dice, el expresidente transita por terreno “cuasisubversivo” , dado que con sus glosas “incita a la desestabilización, a la confusión de los colombianos y a una polarización exacerbada de los ánimos de los opositores.”

Leí de nuevo esta tarde con mucho cuidado ese discurso y nada encontré en él que justifique la censura que hace  la columnista del diario de Sarmiento.

Desde luego que el discurso de Uribe fue severo y vehemente, pero su punto de vista es el de muchísimos colombianos que estamos desconcertados con el rumbo errático del gobierno de Santos y la cotidiana seguidilla de informaciones sobre el deterioro del orden público en toda los rincones de Colombia. Y lo expuso, además, con rigor analítico, sin locuciones altisonantes.

María Isabel Rueda incurre en el vicio ya muy trajinado de otros malquerientes de Uribe, que no se esmeran en refutarlo, sino en tergiversarlo y negarle el derecho de opinar.

La situación de Uribe es similar a la de Churchill antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando, por informaciones que recibió de parte de militares que estaban preocupados por la debilidad de la política de los gobiernos frente a la amenaza hitleriana, abrió el debate y puso en evidencia a los apaciguadores.

Lo que trasuntan los dichos de Santos, las afirmaciones de la Cancillería y el mencionado escrito del periódico de Sarmiento, es el desespero del gobierno, no sólo por la pérdida de su credibilidad, sino porque la guerrilla está recuperando terreno a pasos agigantados y en las Fuerzas Armadas ya es inocultable el malestar por sus equivocaciones.

Basta con leer los manifiestos recientes de los militares en retiro, que por supuesto saben lo que ocurre en el interior de la institución armada y no tienen limitaciones jurídicas para darlo a conocer.

Por ejemplo, un escrito que publicó en estos días el general Ruiz Barrera deja muchísimo que pensar. Dice el general que el Consejero para la Seguridad Nacional, Sergio Jaramillo Caro, tiene más influencia en el gobierno que el Ministro de Defensa, y que dicho funcionario es proclive a la guerrilla. Por consiguiente, considera que es enemigo de los militares.

Un periodista nada sospechoso de uribismo, Edgar Artunduaga, acaba de escribir una nota en que sostiene que el ministro Pearl no cumple las funciones asignadas a su cartera de Medio Ambiente, sino que está dedicado a los contactos en el exterior  con los dirigentes de la guerrilla, supuestamente bajo el patrocinio del gobierno de Venezuela y con asesoría cubana.

Parece inequívoco entonces que hay un doble discurso oficial que resulta “cuasisubversivo” atreverse a denunciar, según el régimen y sus turiferarios.

Ahora bien, como acaba de recordarlo Eduardo Mackenzie en cita de Camus que trajo a colación en un escrito de elogio  a Fernando Londoño, el periodista tiene un compromiso ético incancelable con la verdad.

Llama la atención que María Isabel Rueda no se ocupe de esclarecer estos hechos e incluso, en lugar de manifestar su solidaridad con Londoño por el atroz atentado de que fue víctima hace poco, se ponga del lado de un gobierno que está empecinado en ocultar la verdad sobre sus propósitos y lo que está sucediendo en Colombia.

Señalar como subversivos a los que buscan el esclarecimiento de estas situaciones es, además, un odioso recurso propio de las dictaduras que cortejan Santos y su canciller Holguín.

Se estremece uno cuando ve que una persona como Santos, que hizo carrera en el periodismo y no en cualquier medio, sino en el que a lo largo de décadas fungió como defensor de la libertad de opinión, al llegar al gobierno adopte el estilo de los dictadores que tanto combatió su tío abuelo desde las páginas de El Tiempo, periódico que fue cerrado por Rojas Pinilla dizque por “cuasisubversivo” o “subversivo” del todo.

Pero ni Juan Manuel Santos ni Luis Carlos Sarmiento son Eduardo Santos ni tienen su dimensión histórica.

Volviendo al tema de la Cancillería, creo que el Procurador y el Contralor tienen el deber de investigar por qué un estudio que al parecer es rutinario se hubiera sesgado para utilizarlo por parte del Presidente y la Canciller contra el más conspicuo de sus críticos, el expresidente Uribe.

Bien dijo hoy en “El Colombiano” Rafael Nieto Loaiza que Santos se está arrogando poderes que ningún otro presidente tuvo desde el siglo XIX, salvedad hecha, digo yo, del dictador Rojas Pinilla, al que cada vez se está pareciendo más.

Volviendo al diario de Sarmiento, otra de sus columnistas, vaya uno a saber si conchabada con el gobierno, despotricó hoy contra Uribe, dizque por pretender llevar un pelele suyo a la Presidencia.

Da tristeza ver la falta de seriedad con que se abordan asuntos tan importantes para el país como el surgimiento de un vigoroso movimiento de opinión que aspira a corregir el mal camino que ha emprendido Santos. Dice el Código Civil que la culpa grave es asimilable al dolo, y lo propio cabe afirmar de la ligereza con que se opina de modo tan tendencioso acerca de temas tan serios.

Dejemos de lado por lo pronto los sesgos del diario de Sarmiento, de una de cuyas entidades financieras se dice que resultó beneficiada con el manejo de fondos billonarios para los programas de vivienda del actual gobierno, para mencionar la salida que tuvo en la semana pasada precisamente el funcionario que se cree que otorgó tan jugosa gabela.

Al día siguiente del anuncio que hizo la Procuraduría sobre la apertura de investigación contra el ministro Vargas Lleras por supuestos nexos con el paramilitarismo en los llanos orientales, el investigado salió a acusar a Santiago Uribe Vélez, a un coronel Ramírez que no se sabe quién es y a unos esmeralderos, de urdir con testigos falsos un complot en contra suya para enredarlo con los paramilitares.

Es claro que este asunto es personal de Vargas Lleras, pues no se refiere a su desempeño al servicio del actual gobierno. Entonces, uno se pregunta si tiene el aval de Santos, quien por haber propuesto a Montealegre para el cargo de Fiscal puede tener cierta ascendencia sobre éste.

Dicho de otro modo, una sana política gubernamental aconseja que los altos funcionarios no se escuden en sus posiciones para diligenciar asuntos privados que no tocan con el desempeño de sus cargos. Por consiguiente, deben separarse de estos, con el fin de no comprometer al gobierno y, además, respetar la independencia de los llamados a decidir sus contenciones.

Pues bien, todo indica que Vargas Lleras está actuando ante la Fiscalía con autorización de Santos y de pronto instigado por él, de donde se sigue que el gobierno ejercerá sobre Montealegre toda su influencia para que enrede al hermano del expresidente Uribe en el proceso que ya  declaró que se propone iniciar cuanto antes.

Viendo todo lo que está pasando en estos días, llego a la conclusión de que Santos está dispuesto a sacar a flote todo el arsenal de inmundicia, “los trapos sucios” que dice tener guardados, para destruir el prestigio de Uribe.

No puedo menos que horrorizarme con todo esto.

Tiene toda la razón María Isabel Rueda cuando escribe que “Desde las épocas de la violencia liberal-conservadora no se veía un mapa tan confuso de los bandos que intervienen en la construcción -o en la destrucción- del país.”

Pero este mapa tan confuso no surge, como ella cree, de la oposición de Uribe, sino del avieso propósito del gobierno de Santos de liquidar esa oposición.

Acá vuelvo a la cita de Camus que atrás mencioné: la ética del periodista lo obliga a mantenerse en guardia contra la opresión, a denunciarla, a enfrentarla y a no sucumbir ante ella, sea por sus halagos o por el temor de verse expuesto a sus atropellos.

Le pregunto a María Isabel Rueda si le parece bien que Vargas Lleras permanezca en el gobierno ejerciendo el cargo que más influencia política tiene hoy el país, con posibilidad de influir sobre la Fiscalía en contra de Santiago Uribe Vélez.

La judicialización de la política y la politización de la justicia están a punto de brindarnos un capítulo más escabroso que los de la telenovela sobre Pablo Escobar.

Hace un tiempo escribí en Twitter que “en el alma de Santos espantan”. Ya veremos de lo que es capaz su falta de escrúpulos alentada por la ausencia de reacción de quienes estarían en capacidad de ponerle freno, ya que a la gente de la calle sólo le queda el recurso de quejarse.

No es, por supuesto, un recurso inane, pues de su ejercicio surgen las corrientes de indignación que se están agitando en otras latitudes y bien podrían asomarse a la nuestra en cualquier momento.