¿Otra terna de uno?

Uno de los aspectos más discutidos de la primera terna que presentó para la Fiscalía el hoy ex presidente Uribe Vélez  fue el sesgo manifiesto que exhibía en favor del ex ministro y ex embajador Ospina, un hombre decente que fue injustamente vilipendiado por los enemigos de Uribe.

Esa terna fracasó por los ataques que se hicieron contra Ospina y el ex consejero Palacio, así como por el mal momento que Virginia Uribe tuvo cuando se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para que la evaluaran. Los tres, por distintas razones cada uno, hubieron de renunciar a la postulación, dando así lugar a que el gobierno presentara una segunda terna con los nombres del ex magistrado Gómez, el consejero Velilla y la procuradora Cabello, contra ninguno de los cuáles hubo objeción alguna de principio, salvo la solapada e insidiosa de provenir de la iniciativa de Álvaro Uribe Vélez.

Sin decirlo explícitamente, la Corte Suprema de Justicia ha dado a entender que esa circunstancia configura una extraña y repelente causal de “decaimiento” de la postulación. Ya se dice por las famosas “fuentes de altísima fidelidad” que varios magistrados, por lo menos, se dedicaron a entorpecer la elección para darle tiempo al Fiscal interino para adelantar las investigaciones sobre las interceptaciones ilegales de que se acusa al DAS y así demostrarle a Uribe  que eso era cierto.

Como los  ánimos están muy caldeados, los que defienden a la Corte poco sosiego han tenido para examinar la gravedad del precedente que ese alto organismo ha generado, comenzando por el mal ejemplo que les ha dado a los demás integrantes de la Rama Jurisdiccional.

Concedamos que el entonces presidente Uribe se equivocó de medio a medio con la primera terna. Para ser justos, hay que admitir que enmendó el error con la segunda, pues no se ve favoritismo alguno de su parte respecto de Gómez, Velilla o Cabello, fuera de que todos han mostrado idoneidad profesional y moral  para el ejercicio del cargo.

Pero también se hace menester que se conceda que la reacción de la Corte acerca de la segunda terna es censurable a más no poder, lo que ha contribuido a que no falte quien diga que la inviable es precisamente ella y no la terna que, con toda razón, dice el consejero Velilla que es la de derecho, en contraste con la de hecho que postuló hace poco el presidente Santos.

Como no se conoce el dictamen de la Sala de Consulta del Consejo de Estado acerca del tal “decaimiento” de la terna de derecho, resulta difícil enjuiciar sus razones. Pero, a ojo de buen cubero, se le ocurre a uno pensar que, como en otras infelices oportunidades, aquí se ha echado mano sin mucho discernimiento de una figura del Derecho Administrativo que se regula como pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos en el C.C.A., o del poder vinculante de los mismos en los estatutos urbanísticos.

En síntesis, lo que uno advierte en todo este tejemaneje  es la desviación de poder de parte de la Corte Suprema de Justicia, la posible distorsión de conceptos jurídicos fundamentales de parte de la Sala de Consulta del Consejo de Estado y  una muy lóbrega actuación de los agentes presidenciales, a uno de los cuáles se señala como inspirador de las maniobras de la Corte  y la Sala de Consulta para darles visos jurídicos a la terna de hecho.

Lo he manifestado públicamente y aquí lo sostengo. En un país serio, las lúcidas y valerosas  insinuaciones que ha hecho el consejero Velilla habrían dado lugar a que el ministro Vargas tuviera que dar las explicaciones que no ha sido capaz de ofrecer sobre su comportamiento en este caso. La verdad sea dicha, nadie ha salido a desmentir a Velilla, aunque sí ha sido objeto de vejámenes por cierta claque capitalina que es incapaz de entender que a un caballero no se lo puede ofender en su dignidad sin que él se dé por aludido.

Pero, ¿es tan maravillosa y equilibrada la terna de hecho que propuso Santos sin la firma de Vargas Lleras?

Pienso que es, como la primera de Uribe, terna de uno, que no es otro que mi apreciado y admirado amigo Juan Carlos Esguerra, que merece este y muchos otros honores por sus señaladas cualidades intelectuales, profesionales y morales.

Veamos. El ex procurador Arrieta es de inequívoca estirpe uribista, aunque ahora trate de deslindarse de recientes iniciativas de los seguidores de Uribe en torno de la defensa de los funcionarios de su administración. Siéndolo, incurre en la causal de inhabilidad  que el odio de la Corte contra aquél ha dado lugar a que se esgrima contra los integrantes de la terna de derecho. Si éstos no son elegibles porque los propuso Uribe, tampoco lo es Arrieta por su cercanía con él.

En cuanto a Vivian Morales, no podemos olvidar que fue una de las más celosas defensoras de Samper en el proceso que se le siguió en la Cámara de Representantes y, sobre todo, que fue la impulsora de la tristemente célebre tutela que dio lugar a que la Corte Constitucional, con el abracadabrante artilugio de la vía de hecho prospectiva, abortara la acción que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había iniciado contra los congresistas que votaron en favor de dicho ex mandatario.

No tendría mucho sentido que, después de haberle entregado al samperismo las relaciones con Venezuela y quizás con Ecuador, Santos también le ofreciese la gabela de la Fiscalía.

Así, aunque formalmente parece que la terna de hecho es de tres, habida consideración de las circunstancias el elegible es solo uno: Juan Carlos Esguerra Portocarrero.

Uno no sabe si felicitarlo, pues se le está ofreciendo el puesto de guardián del infierno. No otra cosa cabe predicar, por más que se diga, de ese monstruo burocrático que es la Fiscalía General de la Nación. Tiempo habrá para mostrar que es uno de los más nocivos inventos del que sigo llamando el Código Funesto.