Las dos fuentes de la Constitución de 1991

Es bien sabido que el proceso constituyente que impulsó César Gaviria a poco de asumir la Presidencia el 7 de agosto de 1990 surgió de un pacto oculto con el M-19 y otras organizaciones subversivas.

Por supuesto que dicho pacto no se menciona  en los considerandos de los decretos que sirvieron de antecedentes de la convocatoria que se hizo a la ciudadanía para que aprobara la posibilidad de reformar la Constitución por medio de una Asamblea Constituyente y se procediera a elegir a sus integrantes.

Pero el mismo sirvió para presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se mostraban reacios a avalar la exequibilidad de un decreto que, en virtud de la vigencia del estado de sitio, disponía dicha convocatoria.

César Gaviria dictó ese decreto pocos días después de haber jurado solemnemente que cumpliría con fidelidad y lealtad la Constitución y las leyes de la República. El decreto no sólo contrariaba el artículo 218 de la Constitución, sino que presuponía algo extravagante, como que la causa de la perturbación del orden público que se pretendía restaurar radicaba en la Constitución misma.

Me contó el finado jurista Jaime Sanín Greiffenstein, que me reemplazó en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que a los magistrados los estuvieron presionando desde el Gobierno con la tesis de que de ellos dependía la paz de Colombia y que si no le daban vía libre al extravagante decreto que acababa de dictar César Gaviria, la responsabilidad por la frustración de los acuerdos con el M-19 sería de ellos.

Tal fue el motivo por el cual el también hoy finado Hernando Gómez Otálora dio el brazo a torcer y cambió de opinión al dar  su voto favorable a ese decreto, proclamando que por encima del texto constitucional imperaba el valor supremo de la paz. Con ese voto, que tenía en vilo al país, se dio vía libre a la convocatoria ciudadana en pro del cambio constitucional.

Este proceso venía de atrás. En realidad, se lo urdió en las postrimerías del gobierno de Virgilio Barco y cobró fuerza con el aborto de la reforma constitucional de 1989, que se produjo por obra del tema de la extradición de nacionales. Un antecedente que conviene mencionar es la famosa séptima papeleta que, por iniciativa estudiantil, autorizó Barco que se sufragara en las elecciones para Congreso que se celebraron a principios de 1990, aunque oficialmente no se computó su resultado.

El libro que publicó hace poco María Isabel Rueda, “Casi toda la verdad”, señala que ese proceso fue uno de los coletazos del secuestro de Álvaro Gómez Hurtado por los guerrilleros del M-19. No pocos amigos del asesinado líder conservador comentan, en efecto, que Gómez experimentó un cambio profundo a raíz de ello. “Era otro”, dicen.

Los guerrilleros del M-19 eran hábiles para manipular a la opinión pública. A pesar del desastre del incendio del Palacio de Justicia y la muerte violenta de más de cien personas, entre ellas la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a fines de 1990 hubo encuestas que señalaban que podrían aspirar a obtener creo que el 56% de los puestos en la Asamblea Constituyente que se iba elegir en diciembre de 1991. De hecho, quedaron con más con un tercio y el voto de sus delegados era indispensable para que pudiera aprobarse lo que Gaviria había dicho que sería una reforma constitucional y la Asamblea terminó ordenando que fuese una nueva Carta Política.

Para entender la colcha de retazos y no pocos de los errores e incluso exabruptos de la Constitución de 1991, que no me canso de llamar el “Código Funesto”, hay que recordar que fue una pieza compuesta a múltiples manos y que quedó hasta con “Fe de Erratas”.

Me contaba a propósito de ello el pastor Jaime Ortiz, que fue un discípulo muy distinguido en mi curso de Teoría Constitucional y se graduó “Summa Cum Laude” como abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, que como nadie tenía mayoría en la Asamblea de que él hizo parte en nombre del electorado cristiano, había que negociar todas las iniciativas y, por supuesto, cada sector otorgaba su voto si recibía alguna contraprestación respecto de sus proyectos.

La influencia del M-19, conjugada con la de sectores izquierdistas del Partido Liberal, se puso de manifiesto en el cúmulo de cortapisas que se contemplaron en el texto constitucional respecto de los poderes gubernamentales para el manejo del orden público. Ello explica por qué ahora que el Gobierno y el Congreso pretenden que se declare que Colombia vive un conflicto armado interno, no es posible enfrentarlo mediante el Estado de Conmoción Interior, pues los lineamientos de éste fueron trazados con los representantes de la guerrilla, que lo privaron de eficacia, fuera de que el desarrollo jurisprudencial de sus textos ha quedado en manos de una Corte Constitucional que hasta no hace mucho estaba liderada por magistrados de extracción izquierdista y bastante politizados por cierto.

Mantengo el diagnóstico que ofrecí en una publicación que se efectuó hace dos décadas, “Doce ensayos sobre la Constitución de 1991”, según el cual esta normatividad contiene elementos susceptibles de hacer ingobernable a Colombia.

El M-19 y sus amigos liberales influyeron, además, en la tendencia populista de la Constitución, también agudizada por una Corte Constitucional en la que han prevalecido magistrados con fuerte influencia de la ideología izquierdista.

Ya me ocuparé en otra oportunidad de lo que pesa la ideología en el universo jurídico. Por lo pronto, señalaré que nuestra Corte Constitucional ha consolidado, por así decirlo, el imperio de la ideología sobre la juridicidad y que ningún otro tribunal en toda la historia del país ha estado más ideologizado que ella.

En todo caso, la Constitución de 1991 tuvo su origen, en primer término, en un tratado de paz con el M-19 y otros grupos guerrilleros, tratado en verdad imperfecto e incompleto. Esto último, por cuanto al mismo se negaron a adherir las Farc y el Eln.

No sobra recordar que por esas calendas varios congresistas, entre ellos Horacio Serpa y Piedad Córdoba, se entrevistaron con el tristemente célebre “Tirofijo”, quien les hizo ver que no estaba de acuerdo con las concesiones que se le hicieron al M-19. Según él, lo que procedía era un acuerdo similar al que hicieron los dos partidos tradicionales cuando conformaron el Frente Nacional. Les propuso, entonces, la convocatoria de una Asamblea Constituyente en la que la mitad de los miembros sería de las Farc y la otra mitad se la repartiría el llamado “establecimiento” como a bien tuviera.

Pues bien, sin la presencia de las Farc y el Eln se frustró el cometido de buscar la paz a través de una nueva Constitución, bajo cuya vigencia Colombia ha conocido una de las etapas más violentas de su trajinada historia de conflictos, lo que ha llevado a Hernando Valencia Villa a afirmar que nuestra evolución constitucional se ha desarrollado a través de “Cartas de batalla” en las que siempre ha habido ganadores y perdedores.

La segunda fuente de la Constitución de 1991 es turbia a más no poder. Se trata del pacto oculto e inconfesable que parece haber mediado entre el gobierno de Gaviria y Pablo Escobar para que a través de la Asamblea Constituyente se prohibiera la extradición de nacionales.

Desde luego que dicho pacto no pudo haber constado por escrito y, si se lo convino, debió haber sido a través de terceros y diríase que por señas. Pero hay fuertes indicios de  que lo hubo.

Basta con recordar que la entrega de Pablo Escobar a las autoridades se efectuó inmediatamente después de que la Asamblea Constituyente aprobó el texto que prohibía la extradición.

Recuérdese también que esa aprobación se hizo por fuera del articulado de la Constitución, antes de que ésta se redactara. Fue la segunda decisión que adoptó la Asamblea, después de declarar que no había límite alguno de carácter material que entrabase su soberanía constituyente.

Pero hay algo más. Un alto funcionario del gobierno de Gaviria les dijo a los abogados de un sujeto que por ese entonces estaba preso con fines de extradición, que estuvieran tranquilos porque la Asamblea se aprestaba a prohibirla y entonces su cliente quedaría libre. Y fue con los abogados de los Ochoa que se concertaron los decretos que a principios de su mandato expidió Gaviria para que no hubiera extradición si se llenaban ciertos requisitos.

Hace unos meses el tal “Popeye”, muy cercano a Pablo Escobar, dijo por RCN que el capo controlaba a 27 constituyentes y que del resto de los que se necesitaban para hacer mayoría en contra de la extradición de nacionales se encargaron el gobierno de Gaviria y Hernando Santos, director de El Tiempo.

Acá ha hecho carrera la tesis de que a los delincuentes sólo se les puede creer si declaran contra el ex presidente Uribe o sus amigos y colaboradores. Pero, en cambio, hay que ignorar lo que dicen si afecta a otros personajes.

Sobre este debate lo que hay que señalar es que las declaraciones de esos sujetos deben examinarse a la luz de la sana critica. Unas veces pueden resultar inexactas y hasta malintencionadas. Pero también pueden corresponder a la realidad.

Lo cierto es que la versión de que había un pacto oculto entre  el gobierno de Gaviria y los capos del narcotráfico para aprovechar la Asamblea Constituyente en lo de la prohibición de la extradición, circulaba entre los altos mandos militares, según me lo ha dicho un testigo de entero crédito, como que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Resulta, pues, que el gobierno de Barco, muy valerosamente por cierto, prefirió retirar el proyecto de reforma constitucional que en 1989 estaba en su última etapa, para impedir que se convocara un plebiscito sobre la prohibición de la extradición, pero esta medida terminó imponiéndose por una Asamblea Constituyente en la que hubo fuerte influencia, bien fuese por temor o por venalidad, de los capos del narcotráfico.

Escribo lo anterior para observar que, a propósito de los 20 años de vigencia de la Constitución de 1991, no es mucho lo que amerita celebrarse, y que las trabas jurídicas que impiden que las autoridades puedan cumplir a cabalidad el cometido de garantizar la vida, honra y bienes de los habitantes del territorio colombiano, provienen de la influencia que en aquélla tuvieron los ex guerrilleros en los que poco interés había en que las autoridades contasen con atribuciones idóneas para la conservación y el restablecimiento del orden público.

Sobre el conflicto armado interno

A no dudarlo, el tema de actualidad en Colombia es hoy si conviene o no reconocer legalmente que estamos en medio de un conflicto armado interno, lo que conlleva la discusión sobre las implicaciones jurídico-políticas de ello.

Nadie niega, por supuesto, que vivimos en medio de situaciones de violencia que hacen que la seguridad pública sea la preocupación fundamental de todos los gobiernos desde hace años.

Pero, ¿amerita calificarlas como constitutivas de un conflicto armado interno, a la  luz de la normatividad internacional vigente?¿Qué se seguiría de ese reconocimiento, tanto en el hecho como en el derecho?

Para el análisis del asunto hay que mirar ante todo si el Derecho Internacional Público define con claridad el conflicto armado interno. Pues bien, la respuesta es negativa. Ni el artículo tercero común  de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, ni el Protocolo Adicional II de 1977 dicen qué ha de entenderse por tal. El último de los instrumentos en cita, sin embargo, ofrece una definición negativa al excluír la aplicación de sus disposiciones “las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines,los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados”(art. 1-2).

Observa el profesor Edmundo Vargas Carreño  que “el problema aparentemente resulta fácil de solucionar en las situaciones extremas. Es evidente que las normas son aplicables cuando se trata de una guerra civil declarada, así como también pueden excluirse de su aplicación cuando se trata de meros disturbios y tensiones internas, como motines o actos aislados y esporádicos de violencia. Es en situaciones intermedias cuando se presentan dificultades. Si bien el artículo 3 sabiamente deja a salvo  que la aplicación de sus disposiciones “no tendrá efecto sobre el estatuto jurídico sobre las Partes contendientes”, en la práctica algunos Estados han pretendido en caso que el conflicto ha adquirido ciertas proporciones, aplicar únicamente las disposiciones de su derecho interno, lo cual,desde luego, importa desconocer las normas de los Convenios de Ginebra”(Vargas Carreño, Edmundo, “Derecho Internacional Público de acuerdo a las normas y prácticas que rigen en el siglo XXI”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007, p. 595).

La anotación que al final del texto citado hace el profesor Vargas Carreño no toca con el caso colombiano, por cuanto, cualquiera sea la calificación que se dé a la situación de violencia que nos aflige, las normatividades del Derecho Internacional Humanitario y el de los Derechos Humanos hacen parte del llamado Bloque de Constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por el artículo  93 de la Constitución Política.

En cambio, es pertinente su observación acerca de que la nuestra cabe dentro de las situaciones intermedias que no configuran guerra civil, pero tampoco pueden motejarse como meros desórdenes o motines.

En esa zona de claroscuro bien puede uno irse por el extremo de ubicar conceptualmente el caso colombiano como conflicto armado interno, pero también es posible ser cautelosos afirmando que no estamos dentro de una situación de esa índole.

El presidente Santos ha decidido no ser cauteloso en esa calificación, como sí lo ha sido el ex presidente Uribe.

Invoca para el efecto la que yo creo una razón equivocada, en virtud de la cual el reconocimiento del conflicto armado interno protegería jurídicamente a las autoridades y sobre todo a las fuerzas militares respecto de los operativos bélicos que se han realizado contra los guerrilleros.

Piensa que con ese paso se legitima la aplicación del Derecho de la Guerra, de modo que los jueces, por consiguiente, al examinar las acciones de los agentes del Estado tendrían que considerarlas como de carácter bélico y apreciarlas con mayor flexibilidad que como han venido haciéndolo en casos que han ocasionado intensos debates en los últimos tiempos.

En esta apreciación presidencial se incurre en el error de no distinguir entre la protección que respecto de  los partícipes de los conflictos, las víctimas y la población civil estatuye la normatividad internacional, que como digo hace parte de nuestra Constitución, y las atribuciones que el Derecho de la Guerra les confiere a las autoridades estatales. Son dos cosas muy diferentes que sólo están ligadas entre sí por los límites que las autoridades deben respetar en materia humanitaria.

Pienso que la Constitución Política sólo amplía la órbita de poderes de las autoridades en el sentido que pretende Santos cuando se esté en presencia del Estado de Guerra Exterior, según lo prevé el artículo 212.

En el Estado de Conmoción Interior hay también, ciertamente, una ampliación de las atribuciones gubernamentales, pero sólo dentro de lo que señalan el artículo 212 y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, que en parte alguna dicen, como sí lo decía el artículo 121 de la Constitución anterior, que el Gobierno queda  investido de las facultades que de acuerdo con el Derecho de Gentes rigen para la guerra entre naciones.

Muchísimo menos puede Santos afirmar que, en la situación de aparente normalidad que rige por fuera de los estados de excepción, el accionar militar y policivo contra los grupos armados por fuera de la ley podría contar con las atribuciones que el Derecho Internacional prevé para los casos de conflicto armado internacional.

El temor que acaba de expresar imprudentemente de que por falta de consagración legal del conflicto armado interno él y su antecesor, así como los jefes militares, estarían expuestos a ir a la cárcel no se conjura por ese medio. Con o sin ese texto legal el riesgo subsistiría, por cuanto sólo en caso de guerra exterior sería posible invocar esas atribuciones.

En síntesis, a Santos, a los jefes militares y a quienes defienden con estos argumentos el texto legal en discusión les han vendido un cuento chino.

Ahora bien, como lo ha observado el ex presidente Uribe, ese texto consagra, ni más ni menos, el primer paso para que las Farc y el Eln , así como los gobiernos de los países vecinos que los protegen y estimulan, presionen por el reconocimiento del status de beligerancia, tema sobre el cuál el ministro del Interior acaba de incurrir en una penosa equivocación, pues dicho status no lo otorga la ONU, sino que surge de que se reúnan otras dos condiciones y, con base en ellas, lo acepten discrecionalmente gobiernos extranjeros. Esas dos condiciones tienen que ver con el control territorial y el mando unificado, así como con la aceptación de las reglas del DIH por parte de los insurgentes.

Hacia allá van. La liberación de secuestrados que están promoviendo Samper y Piedad Córdoba seguramente irá seguida de una declaración de los guerrilleros sobre su aceptación de las reglas que han violado a troche y moche a lo largo de varias décadas. Sólo quedaría faltando que Chávez, Correa y Ortega, cuando no otros más, declaren que con ese paso los pueden reconocer como beligerantes.

¿Qué significaría que las Farc y el Eln fueran reconocidos como beligerantes?

Ante todo, quedarían investidos de cierta personalidad internacional. Además, el derecho interno colombiano, especialmente el penal, no les sería aplicable, razón por la cual quedarían por fuera de nuestra jurisdicción los múltiples y atroces delitos que han cometido, pues se los tomaría como actos de guerra. Y hasta podrían invocar derechos de partes en un conflicto bélico, como el de presa y otros más.

Ojalá esté equivocado en mis apreciaciones, pero pienso que los pasos que se están dando son sumamente peligrosos y que Santos y las autoridades militares corren el riesgo de quedarse con el pecado y sin el género.

¿Cuál respeto a la voluntad popular?

La mitología constitucional proclama que la soberanía reside en el pueblo y que los gobernantes derivan el poder que ejercen de la voluntad que aquél expresa a través del voto.

Hace dos décadas se promovió la expedición de la Constitución que hoy malamente nos rige, dizque para profundizar la democracia mediante la introducción de nuevos mecanismos que garantizasen el imperio de la voluntad popular y, al mismo tiempo, erradicasen vicios seculares  hondamente arraigados que distorsionaban sus manifestaciones.

Uno de los grandes pretextos para demoler la Constitución de 1886 fue que se hacía necesario ajustar nuestro sistema a las exigencias de los tiempos acerca del  tránsito de una democracia meramente representativa a una participativa, la limitación de los poderes de los gobernantes y la instauración de medios de control más eficaces para asegurar su sometimiento a la juridicidad y, por supuesto, a la soberanía popular.

En algún momento habrá que hacer el escrutinio sobre la distancia que media entre los enunciados constitucionales y la práctica efectiva que se pone de manifiesto en los eventos electorales, las costumbres políticas y las actuaciones de las autoridades.

Mencionaré, por lo pronto, tan solo algo que llama la atención de no pocos comentaristas, sobre todo los que frecuentan el Twitter, quienes con sus trinos turban el silencio que al respecto guardan los que dicen orientar al país desde la tribuna de la Gran Prensa.

Se trata del notorio desfase que hay entre los compromisos que el candidato Santos asumió en la campaña presidencial, en virtud de los cuales obtuvo una abultada votación, y los giros que ha dado su política en materias tan delicadas como las relaciones con los países vecinos, la administración de justicia, la orientación de la coalición gubernamental o la seguridad pública.

Es bien cierto que en el último debate lectoral el país no reeligió a Uribe, sino que votó por Santos, y que éste no es idéntico a aquél. Pero también lo es que Santos hizo su campaña diciéndole a la gente que él sería el mejor continuador de las políticas de Uribe. Por consiguiente, según lo dice más de uno, Santos llegó al poder con los votos de Uribe.

Era previsible que, al posesionarse del cargo, el nuevo Presidente marcara distancias con su predecesor, con miras a definir su propio perfil, seleccionar sus propios colaboradores y desarrollar sus propias ideas. Al fin y al cabo, a un gobernante no lo atan las lealtades personales, pues se lo elige para que gobierne según su criterio y no el de otro.

Pero ello no significa que esté  libre de compromisos con sus electores, que no entienden cómo, de la noche a la mañana y sin explicaciones plausibles, el personaje por quien votaron confiados en sus discursos de campaña entre a desarrollar las tesis de los que perdieron las elecciones.

El caso con Venezuela es sintomático.

Rafael Pardo, en alianza con Ernesto Samper, fue un crítico severo de la política de Uribe y planteó que era necesario a todo trance recomponer la relación con Chávez para no seguir perjudicando a las habitantes de la frontera que estaban sufriendo los efectos del bloqueo comercial. El gobierno de Uribe, en cambio, estaba denunciando la presencia de las Farc en territorio venezolano y el apoyo que les daba el gobierno chavista.

Eran dos posiciones antagónicas y en ningún momento el candidato Santos dijo estar de acuerdo con su contendor liberal, que obtuvo una irrisoria votación en la justa electoral. Es decir, el electorado no apoyó a Pardo y si  votó por Santos fue porque éste en ningún momento desautorizó la política de Uribe. Si lo hubiera hecho, el resultado habría sido otro.

Algunas personas que dicen estar bien informadas cuentan que, un vez ganadas las elecciones, Santos inició acercamientos con Chávez y se proponía visitarlo, intento que se frustró con la denuncia que el embajador Luis Alfonso Hoyos presentó en la OEA. Se cree que buscó la ayuda de Samper para hacer los contactos iniciales.

Lo cierto es que nombró para la Cancillería a una ex embajadora  en Venezuela muy cercana a Samper y, luego, para la Embajada en el vecino país, a un ex ministro también de Samper. Es decir, las relaciones internacionales quedaron manos del samperismo, sin que Santos se hubiera tomado el trabajo de explicarle al país que votó por él las razones que tuvo para dar ese giro.

La campaña electoral se desenvolvió en medio de una agria confrontación entre el entonces presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Santos no les dijo a sus electores que se proponía claudicar ante la Corte en el asunto de la Fiscalía, ni muchísimo menos que proyectaba proponer a una conspicua defensora de Samper para que ocupara ese importantísimo cargo.

Lo cierto es que el que Napoléon consideraba como el cargo más poderoso dentro del Estado quedó también en manos del samperismo, sin que Santos se tomase el trabajo de explicar las razones de política criminal que lo llevaron a incluir en la terna a Vivian Morales y quizás a lograr que la Corte la eligiera.

No sobra señalar que las intimidades de ese vertiginoso proceso no son de dominio público y quedan muchas incógnitas por esclarecer. Dicho en buen romance, en lugar de la transparencia que se proclama que es el leitmotiv de la Constitución, lo que ha mediado en este asunto es la opacidad.

Santos se apropió los méritos de Uribe y las fuerzas armadas insistiendo en que como ministro de Defensa de aquél era el más capacitado para continuar la política de seguridad democrática.

No obstante, la opinión ha venido señalando retrocesos y ambigüedades en desarrollo de la misma. Y en un tema crucial, como el de si procede o no reconocer explícitamente por parte de las autoridades la existencia de un conflicto armado interno, Santos ha entrado en franca contradicción con Uribe, que se ha opuesto a que se haga esa declaración o al menos ha pedido que se la matice agregando que nuestra institucionalidad es víctima de la agresión de grupos armados que obran por fuera de la ley.

Acá aparece de nuevo Samper.

Ayer hubo en la W un debate entre Uribe y Samper acerca del tal reconocimiento del conflicto armado interno. Me llamó la atención que el segundo, al término del debate, anunciara que Piedad Córdoba está en México y otros países promoviendo un gran intercambio supuestamente humanitario de secuestrados por la guerrilla y subversivos presos en las cárceles colombianas.

Ahí se me encendieron las alarmas. La seguridad con que Samper habla del asunto suscita la inquietud de si anda en tratos con Santos para dicho propósito. Pero Samper es consocio de Piedad Córdoba, y ésta, a su vez, sigue las consignas de Chávez. Luego, parece haber en marcha un proyecto de Santos, Samper y Piedad Córdoba, junto con los nuevos mejores amigos del primero, es decir, Chávez y Correa, para entrar en negociaciones con las Farc y el Eln.

La flema con que Santos y su Canciller han decidido doblar la hoja en torno del escanaloso asunto de los computadores de Raúl Reyes y el informe del IIEE acerca de las relaciones de Chávez y Correa con las Farc, indica que algo se está cocinando en ese sentido.

A Santos no le habría costado el menor esfuerzo llegar a un acuerdo con Uribe en torno de las observaciones de éste sobre el texto del proyecto de Ley de Víctimas y Tierras, pues el propio Uribe abrió las puertas para una solución que conciliara el reconocimiento legal de la existencia del conflicto armado interno con el señalamiento de la naturaleza terrorista y antidemocrática de los grupos ilegales que atentan contra la institucionalidad.

¿Por qué se abstuvo de acercarse a su predecesor, si hace poco dijo que lo peor que podría sucedernos sería un enfrentamiento entre los dos? ¿Quería decirle de una vez por todas que es él quien manda ahora? ¿Aprovechó la oportunidad para que quedara claro que el partido de la U ya es de la S?

Pienso que hay algo más.

Aunque Santos y su gente lo nieguen, el reconocimiento legal del conflicto armado interno es la antesala del reconocimiento de beligerancia que exigen las Farc, aupadas por Chávez y Correa.

Es verdad que lo primero no implica necesariamente lo segundo, pero sí lo es que, dada esa declaración, seguidamente vendrá la presión para que se diga que la subversión es parte en condiciones de igualdad con las autoridades colombianas de un conflicto que debería resolverse con participación de terceros, llámeselos facilitadores, conciliadores o como se quiera.

Si Uribe se ha consagrado como el Hombre de la Guerra, Santos tal vez aspira a pasar a la historia como el Príncipe de la Paz.

Ahora bien, el electorado votó hace un año por una política que, mañosamente, se está desviando hacia otra sobre la que no se la ha dado suficiente información ni explicación.

Formulo unas inquietudes no exentas de ingenuidad: ¿En qué queda el acatamiento a la voluntad popular que se manifestó el año pasado en las urnas? ¿Cómo hacer que el Presidente respete a su electorado? ¿No amerita el deber de transparencia que se le diga a la opinión por dónde va el agua al molino?

Carta a Rafael Nieto L. sobre el conflicto armado

Mayo 8 de 2011
Apreciado Rafael:
Muy bueno tu artículo de hoy en El Colombiano.
Aporta claridad y rigor conceptuales sobre el tema de discusión que se agitó en la última semana.
Con todo, creo que el debate que ha planteado el ex presidente Uribe va más allá del sentido estricto de las palabras y advierte tanto sobre ciertas implicaciones que podrían extraerse de ellas, como respecto de las intenciones que podría haber en el trasfondo del cambio de lenguaje que las mismas reflejan.
Como bien sabes, el lenguaje político no es neutro.
De hecho, el propio lenguaje es de suyo un arma política, sea en cabeza de quien lo pronuncia, ya para sus destinatarios y terceros.
De ese modo, el reconocimiento oficial de que estamos en medio de un conflicto armado puede dar pie para ulteriores desarrollos que con toda razón inquietan a Uribe. Para la guerrilla y sus amigos es, ni más y menos, como clavar una pica en Flandes. Y para vecinos inamistosos y taimados, la oportunidad para intervenir en nuestros asuntos internos, como acaba de hacerlo en sus declaraciones el presidente Correa o como lo hizo Chávez en otras ocasiones, cuando dijo que, si el propio gobierno colombiano les había otorgado a las Farc una zona de despeje y quería entrar en diálogo con ese grupo armado al margen de la ley, ello implicaba el reconocimiento de un status de beligerancia por parte de aquél.
Como ducho internacionalista que eres, no escapará a tu consideración que el alcance de las palabras es asunto que debe de sopesarse muy cuidadosamente en las relaciones entre los gobiernos.
Pero, más allá de la discusión sobre las implicaciones semánticas del reconocimiento oficial de la existencia del conflicto armado, cabe el análisis de los propósitos que esconde ese cambio lingüístico.
Algunos "twitteros" –valga el barbarismo– acaban de recordar que hace pocos años Santos negó tajantemente que entre nosotros hubiese un conflicto de esa índole.
Cabe preguntarse si han cambiado las circunstancias. Algún malintencionado podría observar que, en efecto, a partir del 7 de agosto del año pasado la situación colombiana ha evolucionado de una situación de relativa seguridad democrática a otra de alteración radical del orden público que amerita considerar que estamos en una nueva fase, ciertamente regresiva, de conflicto armado.
Pero lo que ha cambiado, según se puede observar con entera claridad, es el talante gubernamental.
Por una parte, saltan a la vista las diferencias de personalidad que median entre Uribe y Santos. Aquél es serio, quizás en exceso, Santos, en cambio, tiende a la frivolidad y es muy poco cauteloso para hablar. Ya hemos visto que en asuntos muy delicados hoy dice una cosa que mañana tiene que aclarar o enmendar. Aunque su dicción no sea fluida, su locuacidad es torrencial y no mide el alcance de lo que dice.
Por otra parte, como decimos en Antioquia, Santos tiene mucha trastienda y la gente ya ha aprendido a desconfiar de sus propósitos.
¿Qué se propone cuando afirma lo que hasta ayer negaba?¿Esconde un programa de diálogos con la subversión?¿Sus nuevos mejores amigos están comprometidos en secreto con ese programa?¿Le está quitando el liderazgo de la acción gubernamental a la U para asignárselo a los liberales?¿Coincide con éstos y otros integrantes de su coalición en el propósito de liquidar a Uribe y sus seguidores?
Acabo de leer unas declaraciones de Samper, que al parecer ejerce ahora notable influencia sobre la justicia, en las que dice que Santos ha arreglado lo que deterioró Uribe en sus ocho años de gobierno.
¿A qué deterioro alude?¿Qué es lo que ha arreglado Santos con su vara mágica?¿Está mejor hoy el país que el siete de agosto del año pasado?¿Se siente mejor?
Sin embargo, Semana, que se ha convertido en vocero oficial de Santos, algo así como su Lambicolor, lo ensalza proclamándolo como nuevo líder regional.
¿Líder sobre Chávez, sobre Correa, sobre Morales, sobre la Sra. Kirchner, sobre Mújica, sobre la Presidenta del Brasil?
No importa que se digan exabruptos. Lo que le interesa a la Gran Prensa hoy es demeritar a Uribe, mostrar que su gobierno fue un nido de corruptos, convencer al pueblo colombiano de que lo suyo era una obsesión guerrerista, arrojar al ostracismo a los antioqueños…
Hay otras repercusiones posibles de la consagración gubernamental de la existencia de conflicto armado en nuestro país.
Tienen que ver con su impacto en el crédito, en la inversión extranjera, en los contratos de seguro, etc.
Por eso, me parece prudente lo que ha propuesto Uribe, a saber: que se diga que el país está sometido al asedio de grupos armados al margen de la ley que no cuentan con control territorial ni apoyo de la población, pero fundan su influencia en los recursos que obtienen del narcotráfico y su actividad terrorista.
Después de haber logrado con gran dificultad el reconocimiento internacional de la lucha que los colombianos hemos tenido que librar contra unos grupos equiparables a Eta, Al Qaeda, Ira o Hamas, con los que además tienen relaciones que bien permiten que se hable de una Internacional del Terrorismo, damos marcha atrás enviándole a la comunidad de las naciones un mensaje ambiguo que cada cual interpretará a su manera.
Te pido perdón de antemano por distraer tu precioso tiempo con estas consideraciones que ojalá estuvieran fuera de foco.
Cordial saludo,
Jesús Vallejo Mejía