Justicia+Solidaridad+Reconciliación= Paz

Hay una bella oración que se reza en Santa María de la Paz en la que se pide por la paz que es fruto de la justicia, la solidaridad y la reconciliación.

La paz social es un concepto difícil de definir, por cuanto todas las sociedades son competitivas y conflictivas, pero quizás pueda decirse que la hay cuando los distintos grupos que la conforman aceptan resolver sus conflictos reales o potenciales por la vía del diálogo y, en última instancia, por la de los procedimientos jurídicos.

En el primer caso, todos ellos admiten unas reglas de juego básicas para ventilar sus diferencias.

Cuáles deban ser esas reglas es uno de los temas fundamentales de discusión del pensamiento jurídico-político contemporáneo, tal como se ve en los escritos de Rawls o de Habermas, por ejemplo, en los cuales se privilegian los consensos como referentes supremos de la juridicidad.

En el segundo caso, las partes se someten a reglas que se crean y aplican por terceros en cuya imparcialidad todas ellas confían. Ahí entra en juego la idea del Estado como instancia suprema de solución de conflictos a través de la Regla de Derecho y la administración de justicia.

Puede considerarse que en estos casos se ponen en función, por una parte, la idea de autonomía y, por la otra, la de autoridad. Pero en ambos hay denominadores comunes de confianza, lealtad y seguridad de que lo que se resuelva será respetado por todos.

Muchos creen que la civilización consiste precisamente en que se decidan las diferencias entre los seres humanos por una de esas dos vías o por combinaciones de ambas. Pero cabe observar que también en los pueblos que se consideran primitivos obran eficazmente esos dos procedimientos, y que, en cambio, no siempre en las sociedades que se consideran a sí mismas civilizadas se les brinda a ellos el respeto que merecen.

Muy a menudo, en estas últimas la aceptación de los procedimientos supuestamente jurídico-racionales de prevención o solución de conflictos colectivos es más bien resultado de la imposición de unas partes sobre otras, que, en consecuencia, podrían sentirse discriminadas y  solo a regañadientes terminan sometiéndose a las decisiones que se adopten.

Menciono estas consideraciones a propósito de lo que hasta el momento se conoce acerca del acuerdo a que acaba de llegar el gobierno de Santos con las Farc para iniciar conversaciones con miras a la búsqueda de la paz en Colombia.

Se supone que el resultado óptimo de las mismas conllevaría que los alzados en armas terminarán renunciando al uso de las mismas y desmovilizando sus estructuras, de suerte que en adelante desarrollarán su actividad política con sujeción a los cánones del Estado de Derecho.

Tal como se lee en las publicaciones de hoy, Santos parece pensar que la vía de la paz no se articula a partir del reconocimiento por las Farc de la legitimidad del Estado colombiano ni de la Constitución que lo rige, lo que implicaría para los guerrilleros la sujeción a algún grado de normatividad superior, sino que ambos, autoridades del Estado y guerrillas, se consideran como partes de un conflicto que se sientan a dialogar en condiciones de igualdad jurídica en procura de soluciones de consenso.

Según esto, el tristemente célebre Timoshenko quizás tenga razón en lo que dice de refundar el país por ese camino, lo que significaría entonces que a partir de hoy toda nuestra institucionalidad quedará en veremos. Las Farc la rechazan abiertamente y Santos admite, como premisa de las negociaciones, ponerla entre paréntesis.

No es el mismo caso de 1990 con el M-19, cuando se sacrificó la Constitución de 1886 en aras de la reinserción de sus efectivos y los de otros grupos subversivos, pero sobre la base de que se sometieran al dictamen de las urnas en la elección de una asamblea constituyente y admitiesen, por ende, la supremacía del régimen constitucional.

Los presupuestos sobre los que ha montado Santos esta empresa temeraria darán pie para muchas discusiones. Yo me atrevo a juzgar que lo suyo es de una irresponsabilidad atroz, pero no es a ello a lo que quiero referirme por ahora, sino más bien a las condiciones que plantea la oración que cité arriba.

La primera de ellas es la justicia. No hay que ser muy profundo en el conocimiento del mundo del derecho para advertir que, en efecto, una paz sólida solo es viable a partir de una sociedad justa.

Pero acá comienza el Cristo a padecer, pues si algo hay que suscite opiniones encontradas es el concepto mismo de sociedad justa y el modo de alcanzarla.

Es más, las diferencias de fondo de los regímenes políticos proceden precisamente de las ideas encontradas de justicia en que cada uno se funda. Y lo que se va a enfrentar en las mesas de diálogo que se pretende instaurar es precisamente un concepto de justicia marxista-leninista con unos conceptos que los ideólogos de la guerrilla tildan de burgueses y retardatarios.

Además de la discusión global sobre la idea de justicia, hay otras más concretas que versan en torno de las reivindicaciones de las víctimas del conflicto.

El documento que publicó hoy El Tiempo pone mucho énfasis en las víctimas de supuestos atropellos de parte de las autoridades y de los grupos paramilitares. Pero sesga de un modo muy inquietante el tema de las víctimas de la violencia guerrillera. Y uno se pregunta si hay verdadera preocupación por hacerles justicia, ya que los corifeos de estos acuerdos insisten en que para el logro de la paz será necesario aceptar ciertos déficits y sacrificios en esta materia.

El reino de la justicia es complejo a más no poder y no es con apreciaciones simplistas como debe de abordárselo, pues aquellos con quienes no se obre justamente tenderán a rebelarse contra las estipulaciones que se adopten.

Hay que recordar que la justicia es asunto en el que entran en juego relaciones de la sociedad con los individuos y los grupos que la integran, así como relaciones intersubjetivas. No es, como tiende a creerlo el pensamiento dominante en la actualidad, un tema de derechos individuales absolutos, sino de un delicado equilibrio entre muchos actores sociales.

Ahora bien, esperar ideas razonables de justicia de parte de las Farc es del todo ilusorio. Pero quizás lo sea más esperarlas de Santos y su séquito de tahúres y aventureros.

La segunda condición de la paz es la solidaridad, que va más allá de la justicia, por lo menos si se la mira en sentido estricto.

Si la justicia tiene profundas connotaciones morales, mayores aún son las de la solidaridad, y acá también tiene uno el derecho de preguntarse qué tan dispuesta se halla una sociedad tan impregnada de valores de corte individualista, sobre todo en sus clases dirigentes, a aceptar limitaciones y hacer sacrificios en aras de acciones solidarias que favorezcan la paz social.

Queda la tercera condición: la reconciliación.

Esta condición es la que mayor calado moral tiene.

Puede haber, en efecto, una justicia más o menos convencional y utilitaria, en la que se acepten unos sacrificios a cambio de ciertas ventajas. Puede haber incluso la aceptación de cargas solidarias, también en función de cálculos de probabilidades, tal como lo propone la teoría de los juegos. Pero la reconciliación que resulta de perdonar lo ocurrido y mirar hacia adelante sin desconfiar en los enemigos del pasado reciente ni conservar respecto de ellos sentimientos de odio y de venganza, exige una muy severa disciplina espiritual a la que quizás no esté dispuesto un pueblo al que las clases dirigentes tienen cada vez más corrompido con los valores negativos que promueven los medios de comunicación social y las instituciones educativas.

Bien se advierte, pues, que en la búsqueda y el logro de la paz hay compromisos morales muy severos.

Y lo que uno echa de menos en la iniciativa de Santos es precisamente la idea de que la moralidad haya debido animarla desde un principio, pues nada ha habido más inmoral en la política colombiana, después de lo que sucedió con la financiación mafiosa de la campaña presidencial de Samper, que la traición y el engaño de Santos a su electorado.

Santos dice que este proceso no podrá dilatarse indefinidamente. Todo sugiere que quiere tenerlo listo para aspirar a la reelección en 2014, pero esta premura juega en contra suya y del país.

A las Farc les bastará aplicarle la estrategia del cansancio, pues es Santos el que tiene más necesidad de los acuerdos y, por consiguiente, más ganas de lograrlos. Y si le aplican además la estrategia del incremento de la violencia, el país naufragará, como lo temo, en un baño de sangre.

Hoy me permití recordar en Twitter lo que dijo Raymond Aron cuando Giscard anunció, luego de ganar las elecciones presidenciales francesas, que buscaría entenderse con los soviéticos: “Ese joven ignora que la historia es trágica”.

Santos ya no es joven, pero no ha madurado y se comporta como un adolescente dominado por un sentido lúdico de la existencia. Dicen algunos de sus allegados, en efecto, que es un ludópata. Y está jugando con la suerte de Colombia.