¿Quo Vadis, Colombia?

Recuerdo que hace algo así como un cuarto de siglo, Alfonso López Michelsen dijo en una conferencia en el Club Unión de Medellín que la guerras se pueden perder en las mesas de negociación.

Hablaba específicamente del conflicto colombiano, con el propósito de advertir sobre las implicaciones que podrían acarrear los diálogos con los alzados en armas en nuestro país.

Es lo que estamos presenciando en estos momentos en La Habana con las sucesivas claudicaciones que viene exhibiendo el gobierno frente a las pretensiones de las Farc.

Hasta la semana pasada, el Centro Democrático llevaba contabilizadas 68 concesiones desmedidas hechas a ese colectivo narcoterrorista. Y a medida que se vaya acercando el plazo angustioso que al parecer se ha fijado el gobierno para firmar un acuerdo que pueda someterse a la aprobación de la ciudadanía, sus reculadas serán cada vez más visibles y preocupantes.

No hay que ser zahoríes para adivinar que ese plazo se relaciona con las elecciones de octubre del año entrante, dado que la Corte Constitucional acaba de avalar la exequibilidad de la disposición que permite que de modo simultáneo el electorado concurra a ejercer del derecho al sufragio y a decidir sobre acuerdos suscritos con la insurgencia en virtud de negociaciones de paz.

Los últimos acontecimientos demuestran que el gobierno ha resuelto, como se dice coloquialmente, activar el acelerador de los diálogos. Y como es él quien tiene prisa, está a merced de su contraparte, que es hueso bien duro de roer, tal como lo acredita este documento que acabo de recibir por el correo electrónico: http://colombiasoberanalavozdelosoprimidos.blogspot.com/2014/10/cdte-pastor-alape-presenta-comando.html

Así las cosas, en el próximo certamen electoral la ciudadanía tendrá que votar por candidatos a asambleas, gobernaciones, concejos, alcaldías y juntas locales, al tiempo que le corresponderá pronunciarse sobre lo que el gobierno le presente a título de acuerdo convenido con las Farc y, de pronto, con el Eln.

Dejemos de lado el espinoso asunto del modus operandi de la aprobación de ese acuerdo desde el punto de vista jurídico-constitucional, para concentrarnos en sus aspectos políticos.

Lo primero que salta a la vista es la interferencia del tema de los acuerdos con el del voto por los candidatos. Parece lógico pensar que las campañas de estos se centrarán en la discusión sobre los acuerdos para recomendar que se vote en favor o en contra de ellos. En consecuencia, los temas regionales y locales pasarán a segundo plano, que es justamente lo que no quería el constituyente de 1991 que ocurriera.

En segundo término, tanto el gobierno como las guerrillas presionarán al electorado para que vote en favor de los acuerdos y de los candidatos que los apoyen. Se reproducirá, entonces, el esquema perverso de las elecciones de este año, con un gobierno que muestra una total carencia de escrúpulos para poner a sus servicio las maquinarias políticas, y una subversión fortalecida con la presencia territorial que ha venido ganando gracias al abandono de la seguridad democrática y que tampoco tiene escrúpulos a la hora de intimidar a las comunidades.

Dentro de un año estaremos en presencia de uno de estos tres escenarios, a saber:

-El gobierno y los subversivos logran un apoyo contundente a los acuerdos que sometan al escrutinio del electorado.

-La ciudadanía se divide tajantemente, de suerte que el voto en favor o en contra ´no sea políticamente decisivo.

-La población rechaza por amplia mayoría los acuerdos.

Lo que hoy dicen las encuestas es que la mayoría de la gente aprueba que se dialogue con los guerrilleros para ponerle fin al conflicto, pero esa misma mayoría está en desacuerdo con que se les otorgue algo que equivalga a la impunidad por las atrocidades que han cometido ni que se les permita a los cabecillas aspirar a cargos de elección popular. Por consiguiente, parece que en la largada el gobierno y la subversión van de perdedores, pues les tocará vencer el escepticismo dominante en la opinión acerca de las concesiones a que aspira la segunda y, sobre  todo, la falta de confianza que la misma inspira. La gente no cree que se llegue a algún acuerdo; lo que es peor, no confía en que los guerrilleros cumplan lo que eventualmente llegue a convenirse.

Ninguno de esos escenarios es halagüeño.

El primero crearía en Colombia una situación prerrevolucionaria. Estimuladas por una amplia votación en favor de los acuerdos, las guerrillas pondrían en marcha todos los dispositivos que han venido preparando a lo largo de años para la toma del poder. Ya no habría fuerzas armadas dispuestas a enfrentarlas y los poderosos que han apoyado a Santos se irían en masa para el exterior. Comenzaría el gran éxodo de los colombianos y toda la institucionalidad colapsaría.

El segundo traería consigo probablemente la guerra civil.

El tercero no solo representaría una gran frustración, sino el regreso a la situación del año 2002, con unos guerrilleros fortalecidos militarmente, pero debilitados en lo político y dispuestos a incrementar sus depredaciones.

Quisiera estar equivocado en el diagnóstico, pero el examen de las tendencias que se ponen de manifiesto en los hechos no invita al optimismo. Ya lo he dicho: este proceso no conduce a que las Farc y el Eln se conviertan a la socialdemocracia, como sucedió con el M-19 y ha ocurrido en otras latitudes, sino a que perseveren en la línea dura del marxismo-leninismo, con el apoyo de la izquierda que reina en Unasur.

Que Dios nos tenga de su mano.