Donde viven los monstruos
No me refiero al cuento de Maurice Sendak, que es ya un clásico, (https://cajondesastreparalengua.wikispaces.com/file/view/donde+viven+los+monstruos.pdf), sino a nuestra flamante Constitución Política de 1991, que alberga una abominable caterva de monstruosidades institucionales.
Es una nave que por donde se la mire hace agua, una edificación que por doquier amenaza ruina.
Prácticamente toda la institucionalidad que deriva de ella está en crisis, tal como lo acreditan las más recientes encuestas de opinión.
Y hace carrera la idea de “refundar a Colombia”, expresión que viene de las Farc, pero ha encontrado acogida en distintos escenarios, pues hay consenso acerca de que el país no va por buen camino y se hace menester enderezarlo.
Con todo, no hay acuerdo sobre el modus operandi de esa empresa, ni acerca de las notas distintivas de lo que un dirigente empresarial llama “el país que soñamos”.
Colombia está poseída por lo que los antiguos griegos llamaban “hybris”, que significa “desmesura, todo lo que sobrepasa una justa medida, orgullo, soberbia” ( http://etimologias.dechile.net/?hybris).
Las altas corporaciones judiciales han perdido la sindéresis, si es que alguna vez en los últimos años la tuvieron, y se han extraviado por los andurriales de la política, no la grande de los valores que deben guiar los destinos de la patria, sino la menuda de los juegos de poder que las pone al servicio de las maquinaciones gubernamentales y en contra de aquellos a quienes se pretende liquidar porque se los considera opositores al régimen o incluso meros competidores suyos.
Pero si alguien osa ponerlas en su sitio, se atrincheran en sus privilegios y batallan para conservarlos.
Ya a nadie le cabe duda alguna acerca de que hemos llegado a los extremos calamitosos de la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Las declaraciones del expresidente y actual senador Uribe Vélez, difundidas después de presentarse ante la Corte Suprema de Justicia el 5 de mayo último, constituyen un histórico Memorial de Agravios que debería preocupar a todos los interesados en la suerte institucional de Colombia, pues si a él lo asiste la razón en sus quejas, estaríamos abocados a una situación de extrema gravedad , inédita en nuestra patria.(Vid.http://www.wradio.com.co/docs/2015050594ae687.pdf).
El espectáculo que está ofreciendo el Congreso es lamentable a más no poder. Compradas e intimidadas sus mayorías por la zanahoria y el garrote presupuestales, obra como caballo cochero que anda a ciegas por la senda que le impone el látigo que esgrime el jefe del Estado.
Lo ocurrido con el Plan de Desarrollo y lo que se ve con el proyecto sobre equilibrio de poderes que anda por el séptimo debate, son muestras del desdén que nuestros legisladores experimentan respecto de la Constitución.
¿Qué decir de la realidad que ofrece nuestro Estado unitario y descentralizado con autonomía de sus entidades territoriales, que ha sido capturado por tenebrosas redes de corrupción, también sin precedentes en nuestra historia?
Pero las muestras más elocuentes e inquietantes de desbordamiento institucional proceden del siniestro binomio que integran el presidente Santos y el fiscal Montealegre, frente al cual otro binomio de que se habló hace más de medio siglo podría considerarse, como dice un sentido vals argentino, “igual que dos palomas”.(Vid. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1034716).
Escribió María Isabel Rueda el domingo pasado en “El Tiempo”:
“¿Cuál es el miedo que el gobierno Santos le tiene al fiscal Montealegre?
“Tiene que ser algo muy gordo. Porque casi con complacencia, y a veces con complicidad, observa cómo el doctor Montealegre extralimita y desborda cotidianamente sus funciones y ejerce combinaciones extrañas de intereses con la subversión.
Cuando no está arengando a los jueces para que salgan a la calle a protestar por una reforma de la justicia que no le gusta a él, está inventando propuestas que suplantan el nombre de las altas cortes para retar a los poderes públicos y allanar el camino minado hacia la constituyente que exigen las Farc…”
Me atrevo a pensar que, fuera de alguna eventual afinidad ideológica que algunos han denunciado entre el supuesto “Santiago” que ocupa la silla presidencial y un viejo activista no arrepentido ni evolucionado de la Juco, está de por medio el caso Arango Bacci, pues al absolver al Contraalmirante y reconocer el oscuro montaje que se armó para destruirlo, la Corte Suprema de Justicia ordenó compulsar copias para que la Fiscalía investigara a Juan Manuel Santos “por haber presuntamente incurrido en irregularidades y falsos testimonios a lo largo del proceso contra Arango Bacci”, según informó en su momento “El País”.
Ignoro cuál haya sido la suerte de la investigación que le tocaba abrir a la Fiscalía para atender la exigencia de la Corte Suprema de Justicia. Quizás peque de malpensado si digo que probablemente anda, como el caimán, con las fauces abiertas a la espera de que Santos dé algún mal paso para asestarle un golpe que lo aconducte.
Insisto en lo que escribí al comienzo de este artículo: la Constitución de 1991 es un criadero de monstruos institucionales.
Y el peor de todos es la Fiscalía General de la Nación. Su enorme potencialidad de daño para el ordenamiento político y jurídico del país se ha hecho patente con el desbordado ejercicio de sus atribuciones por parte de Eduardo Montealegre.
Se atribuye a Napoleón el dicho de que “el juez de instrucción es el funcionario más poderoso dentro del Estado”, dado que en últimas es el dueño de las libertades ciudadanas. Y si, como buen comunista, obra siguiendo el lema del pavoroso jefe de la policía secreta de Stalin, Lavrenti Beria, que decía “Mostradme el sujeto y yo os mostraré el delito”(Vid. http://henrymakow.com/2015/05/Freemasons-Control-the-US-Justice-System%20.html), todo el que caiga en sus garras la lleva perdida.
Afrortunadamente, la dirigencia colombiana ya está reaccionando contra esta ominosa dictadura, tal como puede leerse en el editorial de “El Colombiano” de hoy, que le formula al Fiscal estas severas exigencias:
“Más institucionalidad y menos acción fuera de los linderos de las reglas del juego. A lo mejor retomando las funciones que la Constitución le encomienda, podrá rescatar algo del sentido de justicia para el cual fue postulado al cargo.”(http://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/menos-audacia-mas-razon-ME1897871)
Santos, por su parte, también ostenta ínfulas dictatoriales. Pero es un dictador de fachada, pues, como lo insinúa María Isabel Rueda, está bajo el control de Montealegre. O, quizás, bajo el de Timochenko, según sugiere Guillermo Perry cuando escribe, también para “El Tiempo”, que “Santos ha cometido errores que pueden haber inducido a las Farc a pensar que quedó en sus manos.” (Vid. http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/con-pies-de-plomo-guillermo-perry-columnista-el-tiempo/15722165)
Hace días rematé un escrito con esto que traigo de nuevo a colación:
¡Colombia, despierta antes de que sea demasiado tarde!
Es muy preocupante que nadie se haya dado cuenta de que en los ocho años de gobierno de Uribe nadie quisiera cambiar esa constitución. Al igual que la negociación de paz, es una de esas cosas que recuerdan una frase de Mark Twain sobre el mal tiempo: todos se quejan de él pero nadie hace nada para remediarlo.
ResponderEliminarEstá haciendo carrera una tesis que, considero, es perjudicial cuando llegue la hora de reformar o reemplazar los monstruos institucionales de la constitución de 1991. Es la tesis de que para realizar esas reformas hay que hacerlas con el consentimiento de quienes están obteniendo provecho indebido de esas instituciones. No otra cosa quieren decir, por ejemplo, las personas que afirman que para reformar la justicia hay que consultar con los que ocupan los cargos de magistrados de las altas cortes; o que para reformar la fiscalía hay que consultarle al actual fiscal. Ellos sostienen que hay que obtener el consentimiento de esos altos funcionarios y que las reformas hay que hacerlas en consenso.
ResponderEliminarAl contrario de esa posición, creo que lo correcto es que no se consulte las posibles propuestas de reforma con esos altos funcionarios y que sean los partidos y movimientos políticos los que propongan las respectivas reformas al pueblo, y que sea el voto mayoritario popular el que elija qué propuesta acoge, sin consenso.
En esta materia son los consensos los que generan instituciones monstruosas. Otra cosa muy diferente y respetable es el respeto por los derechos de las minorías.