sábado, 20 de noviembre de 2010

La commedia dell’arte

Una de las peculiaridades del régimen que se instauró con la Constitución de 1991 es lo que los periodistas han denominado los choques de trenes, vale decir, los conflictos entre los titulares de los poderes públicos. 

Algunos de esos conflictos son moneda corriente en todas partes, como los que enfrentan a los congresos con los gobiernos, y su manejo es uno de los temas más importantes dentro de los ordenamientos constitucionales. Pero con nuestro Código Funesto han aparecido otros conflictos, como los de las altas cortes entre ellas y uno particularmente dañino e insoluble por las vías institucionales, el del Presidente de la República con la Corte Suprema de Justicia.

El origen y las vicisitudes de la confrontación del ex presidente Uribe Vélez con la Corte Suprema de Justicia son hoy materia de debate en los medios de comunicación social, en los que no siempre prevalece la objetividad. Tal vez haya que dejarles a los historiadores la tarea de establecer más adelante cómo sucedieron los hechos de un proceso que probablemente incidirá de modo decisivo en la institucionalidad colombiana en el inmediato porvenir.

Conjeturo, para mí, que Uribe y sus agentes cometieron graves errores en el manejo de tan delicado asunto. Pero conviene examinar la otra cara de la moneda, para ver si la Corte las tiene todas consigo en ello y ha sido la víctima inocente de un gobierno que no se paró en pelillos para obstruir su empresa justiciera, o si también de su lado sus integrantes han contribuido a agudizar la confrontación, con grave desmedro para la institucionalidad.

Sus contradictores han dicho cosas que ameritan investigarse, como que la Corte decidió erigirse como instancia política para oponerse al gobierno anterior, que varios de sus integrantes se comportaron de manera inapropiada para el alto rango que ostentan, que con el Fiscal interino media un “roscograma” o que ha habido algún género de concierto con el el ministro Vargas para entorpecer la elección de Fiscal en propiedad.

¿Qué tal que todo esto o al menos algo de ahí resultara cierto?

Lo que salta a la vista es la crisis interna que padece la Corte, pues no ha podido elegir Presidente, ni quienes llenen las vacantes dentro de su seno, ni Fiscal. Y solo a la hora de Nona vino a designar su candidato a la Contraloría General.

Como bien se ha dicho, si la segunda terna que presentó Uribe para la Fiscalía se consideró viable por la misma Corte, el impedimento para la elección no procede de aquella, sino de los magistrados, que votan y votan sin que ninguno de los candidatos obtenga los 16 sufragios que se requieren para el efecto, pues siempre aparecen unos votos en blanco.

Si la terna es viable, pues no hay objeciones de fondo contra ninguno de los candidatos, el voto en blanco tal vez se explique por el propósito de obstruir la elección. Y si dicho propósito ha sido estimulado desde fuera, tal vez desde el alto Gobierno, reitero que con ello no sólo se está sentando un pésimo precedente, sino que se están bordeando los linderos del Código Penal.

He señalado que la práctica en las corporaciones en materia electoral consiste en agilizar los procesos mediante el descarte de los candidatos menos opcionados, de modo que se los vaya decantando para concentrar el debate entre los que cuenten con mayor respaldo. Esto es lógico, pues si las posiciones iniciales se mantienen indefinidamente, nunca será posible cumplir con el cometido propuesto.

Ahora bien, si el cometido no es elegir, sino impedir que se elija, se distorsiona el poder asignado a la corporación y se produce una crisis que, de generalizarse, ocasionaría un severo detrimento institucional.

Es lo que ha advertido, con claridad y entereza que lo honran, el magistrado Velilla, a quien María Isabel Rueda ha pretendido descalificar con epítetos que más daño le hacen a ella que a él.

Que por incumplir quizás dolosamente su deber de elegir Fiscal entre los integrantes de la terna que propuso el entonces presidente Uribe, la Corte haya dado lugar al decaimiento del acto de nominación, y por consiguiente el actual mandatario recuperó su atribución de proponer candidatos, es uno de los esperpentos jurídico-políticos más groseros que sea dable imaginar.

Me resisto a creer que mi discípulo y muy apreciado amigo Jaime Arrubla sea el promotor de esta teoría que desvergonzadamente le atribuyó el ministro Varguitas en recientes declaraciones para El Colombiano.

Como bien lo ha señalado Velilla, el decaimiento de la terna puede ocurrir por circunstancias atinentes a los que la componen, pero de ninguna manera a la omisión en que ha incurrido la Corte.

El presidente Santos y su ministro Varguitas han obrado con poco tino en el manejo de esta situación. Ahí se va viendo que poco los inquieta faltar a la elegantia juris  e incluso al buen sentido que, según dice un clásico, no sólo preside la creación, sino la interpretación y la aplicación del derecho.

Es claro que Colombia necesita que haya Fiscal en propiedad, pero no al precio de claudicar ante la Corte Suprema de Justicia, ni de contradecirse flagrantemente, ni de llevarse de calle la institucionalidad tolerando que la ilicitud de un comportamiento ajeno a los ternados dizque dé lugar a que quede sin piso su nominación.

Conviene recordar que poco antes de enviar nuevos candidatos, el presidente Santos dijo que le pedía a la Corte que eligiera alguno de los integrantes de la terna que el magistrado Velilla llama de derecho, en contraposición a la de hecho que surgió de la claudicación gubernamental.

No faltó quien creyera que de ese modo Santos estaba desautorizando a Varguitas y exigiéndole a la Corte que cumpliera con su deber. Pero, de un momento a otro, cambió de opinión y se plegó a lo que Varguitas dice con descaro  que insinuó Arrubla.

¿Fue éste entonces el propulsor de esa maniobra que pone de manifiesto que Santos es, además de inteligente y camaleónico, saltarin, tal como lo ha descrito mi admirado amigo Carlos Villalba Bustillo?

Vaya uno a saber si de salto en salto terminará cayendo de bruces.

En Brasil acaban de elegir  como congresista a un payaso. Nosotros no nos quedamos atrás: nos gobiernan unos saltimbanquis.

1 comentario:

  1. Que bien, igual considero que la Corte Suprema de Justicia, por no referir los nombres de los magistrados específicamente por su desconocimiento, realmente no quiso elegir el Fiscal de la terna propuesta por el presidente ALVARO URIBE VELEZ, lo que, siendo sin duda dolosa la situación, ameritaría no el cambio de la terna más sí la investigación y sanción respectiva, bajo los limites del Código Penal, por el manifiesto y claro propósito de no cumplir con los deberes constitucionales. Un manejo eminentemente político reviste el comportamiento de la Corte.

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