Debate sobre la administración de justicia IV

“Los fallos de los jueces son jurídicos; no son políticos”

Esto dijo hace poco el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y es algo que se repite cada vez que alguna sentencia genera debate en la opinión pública.

El planteamiento parte de un premisa equivocada, a saber: que es posible discernir con nitidez lo jurídico y lo político.

Es un tema de alto coturno.

Recuerdo que Kelsen lo abordaba a partir de la distinción entre la validez formal, propia de lo jurídico, y la validez material, que es asunto propio de lo político.

Pero no obstante los esfuerzos del célebre jurista vienés y sus seguidores, en la práctica las fronteras entre una y otra se van difuminando en manos de los jueces, que a menudo se salen del marco del Derecho positivo y buscan la solución de los casos que deben decidir en otras instancias, ya no en las del Derecho natural, porque esta expresión les huele a metafísica, sino en las de una metafísica que no osa decir su nombre, la ideología.

Recuerdo acá el título de una obra de mi apreciado amigo y colega Gilberto Tobón Sanín que lleva por título “El carácter ideológico de la Filosofía del Derecho”.

En su momento, me pareció que ese título era desafiante, pues creía no sólo en la posibilidad de una fundamentación racional del Derecho, sino en que, como dijo un eminente jurista galo, “el buen sentido preside su  creación y su aplicación”. Pero los desarrollos de las últimas décadas me han convencido de que no suele ser así y ahora me inclino a darle la razón a mi amigo. Es, en efecto, la ideología la que se impone a través de la normatividad jurídica.

Esa ideología se pone de manifiesto cuando se invocan los Principios y Valores que los juristas alemanes, italianos y españoles se han encargado de sacralizar hasta el punto de que nadie por estos pagos se atreve a ponerlos en cuestión, salvo que esté dispuesto a perder su cátedra y su respetabilidad académica y profesional. Anacrónico, conservador y hasta fascista, son epítetos con que lo entierran a uno si no anda salmodiando en esa procesión de beatos del Nuevo Derecho.

El recurso a la ideología facilita la labor del juez, pues lo dispensa del rigor en el razonamiento. Le basta con ser audaz en sus propuestas, poniendo a los textos a decir lo que no dicen y jamás podrían decir, siempre y cuando sus conclusiones se enmarquen dentro de lo que los dómines de la opinión consideren que es lo progresista.

A propósito de ello, alguno me tildó en estos días de ser un retardatario propio de la Época de las Cavernas, porque me atreví a escribir que el aborto es un crimen horrendo. Hube de responder que me parecía conveniente que previamente discutiéramos acerca de qué es lo retardatario y qué lo progresista, pues me queda la impresión de que la defensa de la vida humana y la superación del individualismo más bien apuntan hacia el progreso moral de la sociedad.

Retomando el hilo de la cuestión, observo que hay otros recursos técnicos que facilitan la politización de los fallos e incluso la estimulan.

Ya he dicho que las altas corporaciones judiciales invocan de hecho su soberanía cuando alegan que son “órganos de cierre” encargados de decir la última palabra acerca de los contenidos de la juridicidad. Y ese poder se robustece gracias a la impunidad de que gozan, pues lo que en un humilde juez municipal sería un prevaricato mondo y lirondo, en boca de los respetables magistrados se torna en admirable sabiduría jurisprudencial.

Suele hablarse también de la soberanía de que goza el juez al apreciar las pruebas. Él dice si el testigo es creíble, si los indicios son elocuentes, si la peritación es admisible, si del documento y la confesión se desprende lo que estima suficiente para absolver o para condenar, etc.

De ese modo, la prueba de los computadores de Jorge 40 resulta determinante para sustentar condenas por parapolítica, pero los de Raúl Reyes, en cambio, son legalmente inexistentes.

Ahora bien, como  el cadáver del  temible guerrillero fue trasladado al territorio colombiano sin las formalidades requeridas por el Convenio con Ecuador, tal vez tengamos entonces que admitir que legalmente sigue vivo y entró ilegalmente al país. Quizás la solución sea devolverlo a las autoridades ecuatorianas para que éstas levanten el acta de defunción y autoricen su traslado a Colombia para lo demás que sea pertinente.

¡Algo así como el “Sínodo Cadavérico” que marcó un hito en la postración de la Santa Sede a fines del primer milenio!

El juez goza, además, de una amplia potestad para encuadrar los hechos que declare probados dentro de las categorías normativas. Él califica, en últimas, si se está en presencia de determinado hecho punible, si cierta situación equivale a posesión, si se dan o no las circunstancias de una relación laboral, si se configura una falla del servicio, etc.

Todo ello le permite incurrir sin temores en el sesgo político.

Acaba de referirse Santos a la inseguridad jurídica como factor negativo para la inversión extranjera en Colombia. Pero, ¿cómo podría él convencer a jueces y magistrados para que fuesen más responsables en sus decisiones, sobretodo cuando la ideología los predispone contra los promotores de la creación de riqueza ?

Igual pregunta cabe acerca de la ponderación que les pide en torno de los fallos contra las Fuerzas Armadas, que ignoran rampantemente el contexto de la agresión narcoterrorista, lo que él se empeña en llamar conflicto armado.

Si de entrada claudicó ante la Corte Suprema de Justicia en lo de la Fiscalía –que suministra la prueba reina de la politización de la Corte Suprema de Justicia en el mal sentido de la palabra-, no puede esperar ahora que sus integrantes se muestren atentos frente a sus solicitudes.

Hay una justificada insatisfacción en la ciudadanía por la dictadura judicial a que estamos sometidos. Pero el remedio no es una nueva constituyente, pues ya se conocen los excesos a que conduce este tipo de soluciones.

La verdad sea dicha, carecemos de remedios institucionales para manejar esta aguda y calamitosa dolencia.

Diré, en fin, como el clásico Horacio: “¿De qué sirven las vanas leyes, si las costumbres fallan?”