martes, 13 de marzo de 2012

¿Qué hacer con la Fiscalía?

Escribió hace poco Juan Manuel Charry en Twitter que nuestra Constitución introdujo avances significativos en materia de derechos, pero falló en el diseño institucional.

Es lo que estamos observando en una institución tan importante como la Fiscalía General de la Nación, que representa a mi juicio uno de los fracasos más estrepitosos y dañinos del ordenamiento político que improvisamos en 1991.

En otras oportunidades he recordado un pensamiento que se atribuye a Napoleón, según el cual “el juez de instrucción (léase el fiscal) es el funcionario más poderoso dentro del Estado”.

Quizás el ilustre corso exageraba, pero tan sólo un poco. Por supuesto que sus jueces de instrucción, así como su temible policía, no eran tan poderosos como él. Con todo, eran los árbitros de la vida, honra, libertad y bienes, vale decir, la seguridad jurídica de los asociados. Y, con algunas cortapisas, siguen siéndolo.

Recuerdo cuando César Gaviria, de ingrata presencia en la memoria, anunció la creación de la Fiscalía General de la Nación encomiando la genialidad del Constituyente, que la concibió, según sus palabras, “con un pie en el Ejecutivo y otro en el Judicial”.

La figura misma de la Fiscalía, según mi leal saber y entender, procede de la presión norteamericana para contar con un instrumento supuestamente idóneo capaz de actuar con eficacia contra las diferentes modalidades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

Esa presión se puso claramente de manifiesto desde la década del 70 en el siglo pasado y fue bastante significativa durante el gobierno de Barco. Ya habrá oportunidad de estudiar cómo nuestra política criminal ha dejado de ser autónoma, por no decir soberana, para subordinarse los dictados de Washington.

Tal vez fue en Santiago dónde escuché de labios de Navarro su versión sobre el diseño híbrido que adoptó la Asamblea Constituyente para configurar la Fiscalía. Si la memoria no me es infiel, dijo Navarro que todo fue producto de un acuerdo suyo con Álvaro Gómez Hurtado.

Ambos estaban de acuerdo en crear el nuevo ente, pero disentían sobre su naturaleza. Gómez, que siempre desconfió de la magistratura, pensaba en algo similar a lo que existe en Estados Unidos, es decir, dependiente del Ejecutivo. Pero Navarro, a su vez, desconfiaba en razón de su pasado subversivo de la injerencia del gobierno en todo lo que significara limitación de la libertad personal en materia de orden público.

Entonces, a alguno se le ocurrió la gran fórmula conciliadora: el híbrido de dos patas que le dio oportunidad  a Gaviria para exaltar la sabiduría de la Asamblea Constituyente.

Según esa fórmula, el Fiscal sería elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna pasada por el Presidente de la República.

Así las cosas, el Ejecutivo tendría la iniciativa acerca de los candidatos, pero el Judicial se reservaría el poder de elegir.

El diseño de la nueva institución se fue afinando posteriormente a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que resaltó su naturaleza judicial, y de la reforma constitucional que, al introducir el sistema acusatorio, les asignó a los jueces algunas atribuciones  que habían hecho de la Fiscalía un monstruo temible.

Pero la idea de que con esta institución se pudiera contar con un instrumento idóneo de política criminal, asunto que evidentemente es del resorte de los gobiernos, se desvirtuó rápidamente, por cuanto el papel de los mismos quedó restringido a la postulación de la terna, pero sin que el elegido tuviese con aquéllos otro nexo diferente de ese cordón umbilical.

Además, y esto es lo más grave del asunto, los gobiernos, al postular sus candidatos, se olvidaron del tema central, esto es, las consideraciones de política criminal que justificaran la confección de las ternas.

No es sino examinar la lista de los que han ocupado el cargo de Fiscal hasta ahora, para darse cuenta de que en ninguna de las elecciones ha habido una preocupación específica por ese tema de fondo.

En mi opinión, sólo uno de ellos hizo algo verdaderamente meritorio. Me refiero a Valdivieso, a quien no vacilo en calificar como un grande de la patria por su empeño en  denunciar los nexos de los políticos con los narcotraficantes. De ninguno de los restantes tengo buena impresión, pero no entraré en detalles, pues mi tema de hoy es otro.

La Fiscalía no ha contribuido a reducir los índices de impunidad, que siguen siendo escandalosos. Es un monstruo burocrático con todos los defectos que son inherentes a una organización que de suyo es inmanejable y a la que sus titulares, además, se han dedicado a politizar a través de nombramientos concertados con distintos sectores partidistas. No de otra manera se explica que en Antioquia hubiese ejercido un alto cargo el hoy condenado Guillermo León Valencia Cossio.

Lo que sucedió en las postrimerías del gobierno de Álvaro Uribe Vélez amerita, como lo he señalado en otro artículo, un escrutinio riguroso, pues se trata de uno de los episodios más dañinos para la institucionalidad de que yo tenga memoria.

Concedo que la primera terna que presentó Uribe dejaba que desear y abrió flancos para que el partido de la Corte la torpedeara. Pero la segunda mejoró sustancialmente y no había razón alguna para que, ciñéndose a los usos ya establecidos, el organismo elector se abstuviera de cumplir con la función constitucional de escoger a alguno de los candidatos propuestos por quien en derecho tenía la atribución de presentarlos.

Se ha dicho que la Corte Suprema de Justicia, en actitud de franco prevaricato, se abstuvo de elegir simple y llanamente para que el cargo no lo ocupara alguien propuesto por Álvaro Uribe Vélez. Pero hay algo más grave, en virtud de lo cual se cree que la interinidad se prolongó para mantener  a algunos funcionarios claves convenidos por magistrados de la Sala Penal con quien ejercía el oficio por encargo.

Si esto es cierto, resulta de una gravedad inaudita. En efecto, la introducción del sistema acusatorio implica que el acusador sea distinto del juez. Pero si entre uno y otro hay nexos vecinos del contubernio, evidentemente desaparece la garantía, que la Constitución quiere preservar, del juez independiente e imparcial.

Lo que acaba de verse entre el magistrado auxiliar Velásquez y la Fiscal encargada Zamora no es un episodio de colaboración armónica entre dos autoridades, sino un grave indicio de conciliábulo entre el ente acusador y el juzgador.

Afortunadamente, Santos no cayó en la trampa de incluir a dicha funcionaria en la terna que acaba de dar a conocer.

Ahora bien, sin ánimo de entrar en el juego de descalificaciones personales, observo que con ella Santos se mueve dentro del esquema que vengo censurando, es decir, el que ignora tanto la enorme importancia del cargo que se trata de llenar, como las necesarias consideraciones de política criminal que justifiquen que sean esas personas y no otras las llamadas a competir por tan destacada posición.

Siguiendo de cerca la tesis de Napoleón, me atrevo a pensar que el cargo de Fiscal es el segundo en importancia en nuestra organización política, después del de Presidente de la República. Por consiguiente, no es el caso de proveerlo a partir de ternas de uno ni con lo que vulgarmente se considera que son rellenos.

Pero lo más grave toca con la idea que Santos pueda albergar sobre la política criminal y el manejo de ese monstruo que es la Fiscalía.

¿Qué prospectos tiene sobre lo uno y lo otro, que se ponen de manifiesto en las personas que acaba de candidatizar?¿Qué criterios podría formarse la Corte al evaluar la terna y adoptar una decisión acerca de la idoneidad de sus integrantes?

La elección de Vivian Morales, fuera de los vicios jurídicos que acaba de censurar el Consejo de Estado en el fallo que  declaró su nulidad, dejó la amarga sensación de que fue producto de una perversa componenda política cuyos frutos rápidamente se pusieron de manifiesto en la persecución que contra el uribismo desató la célebre defensora de Samper en el proceso que bajo su liderazgo abortó en la Cámara de Representantes.

Si recordamos lo de que “Vaca ladrona no olvida portillo”, ¿podremos estar tranquilos en cuanto a que la elección que se apresta a hacer la Corte estará exenta de oscuras negociaciones y proditorios cálculos políticos?

Mientras tanto, la criminalidad se ensaña contra los colombianos de a pie, la impunidad sigue tan campante y los anhelos de pronta y cumplida justicia de las comunidades siguen postergados.

¿No es hora de pensar en serio acerca de cuál es la mejor modalidad de justicia penal para una sociedad como la nuestra?¿Será mucho pedir que, por fin, los dirigentes políticos exhiban sus cartas, diciéndonos qué es lo que realmente pretenden, más allá de los discursos de cajón que tratan de presentarnos una terna por lo menos mediocre, como algo portentoso?

7 comentarios:

  1. Magnifica y portentosa la disertación que hace el doctor Jesús Vallejo Mejía; digna de su pluma. Sobre el particular, es de perogrullo mi absoluta coincidencia conceptual y específicamente en torno a la maquinada intervención de la Corte Suprema de Justicia en negarse prevaricadoramente a la elección del Fiscal General de la terna que le enviara el entonces presidente Alvaro Uribe Velez, a quien sencillamente le confeccionaron el cajón. Eso es un delito y me he preguntado, qué pasa cuando la Corte Suprema de Justicia delinque? Tiene licencia para delinquir? Por qué? Por el prurito de que nos encontramos en un Estado de Derecho, se dirá, pero a mi modo de ver las cosas, no debe ser así porque la paz es el conglomerado de muchos aspectos entre los que puede contarse. No en vano, con mucho tino lo dicen las lineas; se dilató la elección con una y otra maquinada razón hasta que con la connivencia, complacencia y deslealtad de Juan Manuel Santos colocó a quien les serviría para cristalizar la persecusión. La doctora Viviane Morales era la pieza clave y a fe que fue nombrada transgrediéndose olímpicamente el Código de las Penas, bajo aquel prurito que porque nos hallamos ante un Estado de Derecho hay que respetar y acatar las decisiones de las Altar Cortes.
    Por la específica función, en relación con la política criminal, el Fiscal estimo debe ser un abogado con especialidad en el área penal, así no lo diga o lo exija el artículo 249 de la Constitución Nacional que le asimila a las del Magistrado sencillamente, pero, luego si hay especialidades en el entendido de las salas en el interior de la Corte Suprema que exige obviamente su especialidad, por qué no exigírsela por analogía siquiera a quien dirigirá la cuestión eminentemente penal en el País?

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  2. Como no cabe duda de que en un sistema penal acusatorio el juez debe actuar con imparcialidad frente al acusador y el acusado, el fiscal, como ente acusador, no debe depender, ni en su elección ni en el desempeño de sus funciones, del ente judicial. Sin embargo, tendríamos un problema si colocáramos a la Fiscalía bajo la dependencia del Ejecutivo y decidiéramos dar por hecho que las funciones de acusación son funciones judiciales, pues estaríamos dando al Ejecutivo funciones judiciales. Afortunadamente, la investigación del delito y la acusación de sus presuntos responsables no son funciones judiciales, a pesar de que nuestras altas cortes puedan tener un criterio diferente. Por lo tanto, una posibilidad válida de mejoramiento de la Fiscalía es la de vincularla al Ejecutivo, desgajándola definitivamente del Judicial. Así, lograríamos que la política criminal sea verdaderamente del resorte del Gobierno y, lógicamente, los electores, al momento de elegir al Jefe del Ejecutivo, estarían también votando por la política criminal de su programa.

    Si por motivos de resistencia de las fuerzas políticas, que pueden modificar el diseño de la Fiscalía, a vincularla al Ejecutivo, esto no fuere posible, no debería caerse en el error de hacer de la Fiscalía un ente autónomo y carente de todo control por parte de instituciones elegidas popularmente o por el pueblo directamente. No hay que olvidar que entes autónomos e independientes en realidad significan entes irresponsables y sin control externo. De cualquier manera, es tiempo ya de rectificar el error histórico de una “Fiscalía con un pie en el ejecutivo y otro en el Judicial”.

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  3. Ojalá el video de la audiencia de imputación de cargos contra el exministro Andrés Felipe Arias fuera publicado en Internet en su totalidad. El video serviría para enseñar en las facultades de derecho lo que no debería hacerse en una audiencia. Tanto el Magistrado que dirigió la audiencia, como la Fiscal que imputó los cargos y el abogado de la defensa actuaron en forma contraria a los fines de una audiencia de imputación de cargos. La Fiscal leyó durante horas un memorial digital que contenía una descripción detallada las “monstruosidades” cometidas por el Exministro, sin que el abogado de la defensa la objetara. Cuando correspondió al abogado de la defensa tomar la palabra, también habló durante horas tratando de desvirtuar lo dicho por la Fiscal y, al mismo tiempo, describiendo minuciosamente la “maravilla” del programa AIS. El Magistrado, que omitió exigirles a las partes que no hablaran tanto, quedó perplejo por la abrumadora cantidad de información verbal recibida, y decidió aplazar para otro día su decisión sobre la medida de aseguramiento pedida por la Fiscal.

    Técnicamente, una audiencia de imputación de cargos solamente tiene la finalidad de vincular procesalmente al acusado, para que de allí en adelante pueda ejercer su defensa dentro de un proceso penal. Así, aún las audiencias de imputación de cargos con los casos más complicados y enredados del mundo no deberían tardar más de media hora, de principio a fin. La formulación de cargos, por más abundantes que fueren, no debería tardar más de diez minutos. El abogado de la defensa, después de que el acusado no acepta los cargos, debería guardar silencio y reservar el debate para otra ocasión. Sobre lo único que debería haber debate, en tales audiencias, es sobre la evidencia de medida de aseguramiento; el cual debería llevarse a cabo pausadamente y en un ambiente de cordialidad, imparcialidad y buena fe, y no debería tardar más de quince minutos.

    Infortunadamente el caso de la audiencia del Exministro Arias no es un caso aislado de desconocimiento de cómo funciona el proceso penal acusatorio. La mayoría de fiscales de la República, de todos los niveles, todavía creen que su papel es similar al de los extintos jueces de instrucción criminal y, por lo tanto, antes de llevar los casos a los estrados judiciales, forman voluminosos expedientes durante meses, y a veces, años. Llenan esos expedientes con innumerables interrogatorios formales de testigos y pruebas documentales que ninguna utilidad tienen en un juicio penal acusatorio. Esta es una de las razones de la lentitud e impunidad de la justicia penal colombiana. Infortunadamente también, los fiscales aún no aceptan que la investigación es contraria al formalismo, que, por ejemplo, bien pudieran anotar las entrevistas a los testigos en un cuaderno de apuntes y que tan solo excepcionalmente se requieren de entrevistas formales.

    Ojalá el nuevo o nueva Fiscal General de la Nación, que próximamente elegirá la Corte Suprema de Justicia, instruya a todos sus delegados en el territorio nacional sobre la manera cómo deben manejar las investigaciones y acusaciones en el sistema penal acusatorio.

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  4. Creo que sobre el tema de ¿Qué hacer con la Fiscalía?, propuesto oportunamente por el doctor Jesús Vallejo Mejía, en estos tiempos de crisis de esta institución, es pertinente referirnos al sentido histórico en el diseño de instituciones. Los ingleses son conocidos, en materia institucional, por el respeto a sus tradiciones y por el gusto de estar a la vanguardia, al mismo tiempo; por eso en su país las instituciones políticas tienen la misma fachada de hace siglos, pero en su funcionamiento son más modernas que las de otros países supuestamente más revolucionarios. En contraste, los colombianos nos hemos caracterizado por la vergüenza de nuestro pasado y por tratar de ser como lo que no somos, en materia institucional por supuesto. Por eso, cambiamos frecuentemente la fachada de nuestras instituciones, pero no eliminamos sus antiguos vicios ni hacemos realidad las virtudes prometidas por el cambio. Nos falta, entonces, a los colombianos, el sentido histórico.

    Conservar lo bueno que tenemos e ir eliminando lo malo es un arte que lograremos solamente a través de la recuperación del llamado sentido histórico. Para nosotros, la Fiscalía es una institución nueva, sobre la que no tenemos mayor experiencia, pues la adoptamos solamente a partir de la vigencia de la Constitución de 1991. Al principio no se diferenciaba en mayor cosa de la institución de instrucción criminal que teníamos antes de la Constitución del 91. Así, nuestro sistema penal en realidad seguía siendo inquisitivo; con el pasar de los años fue tomando nueva forma, dando un viraje claro hacia el sistema penal acusatorio. A partir del año 2005, con la expedición del Nuevo código de Procedimiento Penal ya tenemos un sistema penal, además de acusatorio, adversativo, al estilo del de los Estados Unidos (aunque sin jurado de conciencia).

    Si analizamos el funcionamiento interior de la Fiscalía, encontramos que en ella se mezclan elementos de instituciones de vigencias pasadas, en asunto de investigación penal. Los delegados del Fiscal General de la Nación aún se aferran a procedimientos, trámites y formas incompatibles con una de las principales razones de ser del sistema oral, acusatorio y adversativo, que es la celeridad o velocidad. Los fiscales aún se consideran ellos mismos jueces; y por lo tanto, todavía hacen llamar a sus despachos, por medios del personal auxiliar, a testigos para recibirles declaraciones formales. No comprenden aún que en un sistema de juicio oral y público, salvo casos muy excepcionales, de nada valen las declaraciones rendidas por testigos fuera de la audiencia del juicio. De esta forma y de otras similares, los fiscales pierden tiempo, congestionan innecesariamente sus oficinas con diligencias, expedientes y quehaceres inútiles.

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  5. El funcionamiento prácticamente catastrófico de la Fiscalía, por su lentitud, incoherencia y carencia de resultados prácticos, no obedece en sí a la inepcia de la Fiscalía como institución de investigación y acusación penal, sino a la falta de liderazgo para hacerla funcionar correctamente. Por eso, ante todo, el Fiscal General de la Nación, debería ser un líder que comprende que la Institución actualmente no tiene dirección, que aún no se han establecido pautas coherentes de qué y cómo investigar, cómo acusar y cómo actuar en las audiencias judiciales. En fin, al nuevo Fiscal General de la Nación le esperan muchos retos para hacer de la Fiscalía una Institución verdaderamente funcional.

    Para mejorar la actuación de la Fiscalía, es de gran provecho observar la herencia del pasado, de nuestro pueblo y de otros pueblos. Creo que las instituciones de investigación penal de éxito, a través de todos los tiempos, han sido aquellas que se mueven con agilidad y, así, sorprenden y controlan a los delincuentes, antes de que estos adquieran la confianza que les da la impunidad y se tornen un problema irresoluble. Por el contrario, las instituciones destinadas al fracaso, en investigación penal y control de la delincuencia, han sido aquellas que se caracterizan por su lentitud y sedentarismo.

    Nuestros fiscales son sedentarios, funcionarios de oficina, porque aún creen que su función es similar a la de los jueces. Pero como la investigación penal requiere detectar la evidencia en los lugares donde el delito se produce, el sedentarismo de los fiscales termina por favorecer la delincuencia en perjuicio de la sociedad. Está bien que la función principal de los fiscales sea preparar los casos para presentarlos ante los jueces, pero no deben pretender que la evidencia les llegue a sus oficinas (mediante la recepción de declaraciones y diligencias similares). Cada fiscal delegado debería también ser un líder para que dirija correctamente a su equipo de investigación y lo haga llegar hasta los sitios más apartados o inhóspitos del país, en búsqueda de la evidencia, para presentarla formalmente en los juicios orales. Ahora, la descoordinación entre el quehacer de los fiscales, los investigadores y la policía es absoluta; por eso, en realidad, en Colombia no hay investigación penal, a pesar de que la cantidad de servidores destinados a ello es enorme.

    Como ejemplos de instituciones investigativas exitosas, en nuestra historia, los tenemos en abundancia, pero, infortunadamente en tiempos de la Colonia, no en la época republicana. Digo infortunadamente porque a los colombianos se nos ha enseñado a despreciar las instituciones de los tiempos coloniales; por lo cual no les prestamos importancia. Como muestra de una institución de investigación penal exitosa está la de “Los Alcaldes de la Santa Hermandad” y “Los Cuadrilleros de la Santa Hermandad”, vigentes en los municipios de Colombia durante los tiempos de la Colonia. La forma de actuación y los procedimientos empleados por estos entes ya es obsoleto, pero el principio sobre el cual actuaron en contra de la criminalidad sigue aún vigente: es el de la agilidad, contrario al sedentarismo. Los “Alcaldes y Cuadrilleros” se movilizaban con extraordinaria rapidez para investigar y juzgar los delitos graves que asolaban a las gentes del campo; por eso en aquel entonces había más paz en el campo del que la ha habido en toda la época republicana.

    El nuevo Fiscal General de la Nación debería tener en cuenta El Sentido Histórico.

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  6. En los medios noticiosos escuchamos, vemos y leemos con asombro cómo la justicia actúa contra los más famosos protagonistas de la sociedad colombiana, que presuntamente han cometido delitos graves. Así, en las pantallas de televisión, en las primeras páginas de los diarios y en la radio encontramos desfilando exministros, congresistas, coroneles, generales, y algunos matones reconocidos y narcotraficantes, entre otros famosos, que tienen líos con la justicia. El espectáculo que la justicia y sus acusados y condenados nos presentan nos hace perder la cabeza fría para pensar claramente y, por lo tanto, creemos que la justicia penal es muy activa en la reprensión del delito. Unos la pueden considerar injusta y parcializada, en tanto que otros la consideran estricta y contundente contra los “peligrosos delincuentes” tanto de cuello blanco como los otros.

    Pero cuando no nos dejamos impresionar por lo que nos presentan las noticias, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la justicia colombiana es solamente apariencia. En realidad la justicia no es ni activa ni eficaz contra la criminalidad. La mayoría de los casos presentados en los medios de comunicación son simplemente famosos, pero nos son representativos de la lucha contra la verdadera criminalidad que azota a Colombia. Por lo general, los casos judiciales que nos muestran los medios de comunicación no son más que el producto de “la judicialización de la política y la politización de la justicia”, tal como la describe el doctor Jesús Vallejo Mejía.

    El fracaso de la justicia en el control de la delincuencia lo vemos cuando nos asomamos a lo que sucede a diario en las ciudades, pueblos y campos de Colombia. Para describir la pobreza de la justicia en el cumplimiento de su misión nos son de utilidad las vivencias personales con la justicia. Como abogado y como ciudadano colombiano nunca me he sentido a gusto con el actuar y la situación de la justicia penal. En referencia tan solo a la Fiscalía, y no a los juzgados donde las falencias son también enormes, de entrada uno se puede dar cuenta de que los municipios pequeños no son tenidos en cuenta para nada en la escasísima política criminal del Estado.

    Traigo a colación el siguiente ejemplo de la ciudad de Ipiales y ocho municipios que la circundan, en el departamento de Nariño, porque en él se refleja el abandono del Estado central a las comunidades donde no hay intereses de la justicia sobre los que aparentar, es decir, donde no actúa la “judicialización de la política y la politización de la justicia”. Ipiales es cede de la unidad local de fiscalía con jurisdicción tanto en esa ciudad como en los ocho o más municipios que la circundan. Pues bien, en esos ocho municipios (Aldana, Carlosama, Pupiales, Gualmatán, Contadero, Puerres, Iles y Guachucal), no existe investigación penal, porque allá no llegan ni los fiscales ni sus investigadores. Solo cuando las víctimas de delitos en esos municipios se acercan a la unidad local de fiscalía, a denunciar o a averiguar que pasa con algún expediente de su interés, o cuando la policía captura a algún malhechor es cuando la Fiscalía realiza una que otra actuación, casi siempre de carácter inútil para los fines del proceso penal acusatorio. Por supuesto, la impunidad en esos municipios es casi absoluta, y tanto los acusados como los testigos y personas que son llamados a presentarse con algún fin del expediente pasan por situaciones espantosas, al mejor estilo de “El Proceso” del escritor Franz Kafka.

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  7. Para finalizar mis comentarios al artículo sobre qué hacer con la Fiscalía, quisiera referirme al teatro que hoy en día representa la justicia penal colombiana. Las noticias nos muestran ese teatro como si fuera verdaderamente administración de justicia. Allí, los periodistas y preguntones hacen énfasis en la "peligrosidad para la sociedad" de los famosos presuntos delincuentes de estos tiempos.

    Si esos presuntos delincuentes fueran realmente "peligrosos" para la sociedad se reirían de la justicia y la tendrían de rodillas. Esto es lo que verdaderamente ha pasado con la justicia cuando ha intentado frenar la actividad delincuencial de verdaderos temibles criminales. A esta clase de delincuentes Colombia ha tenido que extraditarlos, porque cuando la justicia intenta exigirles cuentas, esos delincuentes se la ponen de ruana.

    Por eso, los famosos presuntos delincuentes de la actualidad solo son fichas que la justicia colombiana maneja para hacer teatro. Si analizaramos minuciosamente la situación y circunstancias en que se encuentran los desafortunados famosos de la actualidad, nos daríamos cuenta que son personas completamente inofensivas, aunque en el pasado hayan ejercido alguna clase de poder político, por sus respectivos trabajos o puestos.

    Espero no haberme excedido en la longitud o contenido de mis comentarios y no haber abusado de la buena voluntad del doctor Jesús Vallejo Mejía, al permitirme participar. Muchas gracias.

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