Martes negro

No cabe duda: el de hace una semana fue un día  tenebroso para Colombia.

Recapitulemos: en la mañana, la Policía descubrió y desactivó un carro-bomba que pudo haber causado estragos indecibles en la capital; cerca del mediodía, se produjo un feroz atentado criminal contra Fernando Londoño Hoyos, con abultado número de víctimas y daños materiales; por la tarde, la Cámara de Representantes, como si nada hubiera ocurrido, aprobó en sexto debate por amplia mayoría y bajo presión del gobierno, el mal llamado Marco Jurídico para la Paz.

Para cualquier observador desprevenido, lo del carro-bomba y lo del atentado criminal fácilmente  se enlazan entre sí y señalan la autoría de las Farc. Pero el gobierno y la Gran Prensa corrieron a desligar el uno del otro y a difundir hipótesis exculpatorias de esa temible organización narco-terrorista.

Por supuesto que la gente no les creyó, dado que conoce de sobra la extrema crueldad de los guerrilleros y  su enorme capacidad de hacer daño.

Grave a más no poder resultó, pues, que el principal responsable del orden público y los encargados de orientar al país mostrasen tamaña miopía para captar lo que significaban esos dos acontecimientos.

El Comandante de Policía de Bogotá sí vio lo que estaba pasando: le dijo a El Colombiano que las Farc pretenden recuperar su influencia en Bogotá. Después lo silenciaron desde arriba.

La ciudadanía no se llama a engaño, pues sabe a ciencia cierta, como lo ha dicho en otras ocasiones el expresidente Uribe, que “la culebra está viva”. Peor todavía: ya picó a Santos.

Pero el colmo de todo estuvo en la actitud gubernamental y la de la Cámara de Representantes, pues en lugar de suspender la votación de tan discutible proyecto, corrieron a forzarla, dizque para demostrar que los congresistas no se dejan intimidar, según lo dijo en la noche el cándido Presidente de la Cámara, que por eso mismo bien merece que se lo llame Simón el Bobito.

Lo sensato, después de los temibles acontecimientos de la mañana, habría sido que la Cámara suspendiera el trámite del proyecto y reabriera la discusión a la luz de esos nuevos hechos. Pero, siguiendo lo que decían los griegos acerca de que “los dioses ciegan a quienes quieren perder”, los congresistas corrieron como borregos a aprobar un proyecto que eventualmente podría conducir a la impunidad de los perpetradores de lo atentados e incluso a su elegibilidad para ocupar los más altos cargos de representación popular.

Ninguna de las explicaciones que han dado los promotores del  proyecto ha sido capaz de desvirtuar esa apreciación.

El expresidente Uribe, visible y explicablemente impactado por estos hechos, dio una emotiva declaración en la que reclamó que, mientras Bogotá estaba bañada en sangre, un gobierno clientelista forzaba al Congreso a aprobar un proyecto tendiente a garantizar la impunidad para los terroristas.

Y entonces vino el rasgarse las vestiduras por parte de la dirigencia que mal nos conduce.

¡Que Uribe debió convocar a la unidad nacional en esos momentos cruciales, en lugar de criticar a Santos! ¡Que Uribe no debió dar declaraciones para la televisión extranjera! ¡Que Uribe debió ofrecerle solidaridad al gobierno!

Con todo respeto, considero que no hay que preocuparse tanto por el momento o el lugar en que Uribe se pronunció, sino por la verdad de lo que dijo. Y esa verdad ciertamente duele.

Mal se puede exigir solidaridad para con un gobierno que se está equivocando en materia grave. Lo que se le debe exigir a éste es que recapacite y corrija el rumbo que lleva. y si se trata de un gobierno que parece ser sordo e incluso autista, lo indispensable es que las glosas se formulen en voz alta.

Así lo está haciendo Uribe, no sólo en su propio nombre, sino en el de una mayoría silenciosa que contempla con desconcierto cómo los logros de ocho años de dura e intrépida labor se están diluyendo por el extraño empecinamiento de quien fue elegido para consolidarlos y no para desconocerlos.

Nadie ha osado desmentir a Uribe cuando afirma que Santos está negociando en secreto con las Farc bajo los auspicios de la dictadura venezolana, que posa ahora de mediadora, cuando ha sido cómplice y favorecedora de los terroristas.

Santos no puede decir que eso no es cierto, porque no otro sentido tiene que hubiera salido hace poco a defender al régimen de Cuba ante la comunidad internacional, para disgusto de la disidencia de ese país que sufre la más inclemente de las persecuciones, o a sostener que Chávez es un factor de estabilidad para Venezuela y la región, cuando es precisamente el más pernicioso agente de las perturbaciones hemisféricas hoy por hoy.

Asombra pensar que en las encuestas lo que más se resalta de la gestión de Santos son las relaciones internacionales, cuando en mi modesto sentir en ese campo se da  precisamente lo más discutible de sus ejecutorias, pues ha uncido a Colombia al ominoso yugo de Chávez y sus conmilitones.

Tampoco puede proclamar Santos que las preocupaciones de la ciudadanía acerca del deterioro de la seguridad en el país sean mero asunto de percepción, pues los hechos recientes dan cuenta irrefutable de la presencia activa de las Farc en los cuatro puntos cardinales de nuestra geografía y de la falta de respuesta adecuada de las fuerzas militares para impedir sus agresiones.

No deja de ser inquietante que Santos enfrente a Vivanco en el tema del Marco Legal para la Impunidad y, en cambio, se muestre obsecuente con él para soslayar la iniciativa sobre el fuero militar.

¿Por qué lo uno y lo otro? Sin duda alguna, porque algo tiene ya avanzado con la guerrilla a expensas de los militares y del país.

La  opinión pública no tiene claridad acerca de lo que se está cocinando en Venezuela y Cuba. Lo que sí sabe y la tiene alarmada es que Santos ha presionado al Congreso para que apruebe a las volandas una reforma constitucional que suscita demasiadas inquietudes.

Llamo la atención sobre tres aspectos del asunto.

La semana pasada publicó Ramón Elejalde Arbeláez una nota muy crítica sobre la reforma de la Justicia que está en curso.

Ese valeroso y sesudo artículo encendió mis alarmas. La tesis de Elejalde es que ese proyecto es una piñata con premios para los congresistas, los magistrados y  el gobierno, mas no para la comunidad, que no debe esperar de su aprobación que haya más pronta, cumplida y sapiente justicia.

Pues bien, si se correlaciona ese proyecto con el del Marco Legal para la Impunidad, fácilmente se llega a la conclusión de que Santos pretende premiar a los congresistas, si votan favorablemente el segundo, con las ventajas que contempla el primero y que no estarían al alcance del colombiano común y corriente.

El segundo aspecto es como sigue. Si se lee ese discutible y peligrosísimo  proyecto de Roy Barreras, pues Santos y Vargas Lleras no se atrevieron a presentarlo como de su cosecha, se encuentra uno con que en últimas derivaría en la concesión de atribuciones tan inusitadas en materia judicial al Presidente de la República, que romperían de tajo la separación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Ello entrañaría un cambio de tal naturaleza en la estructura institucional, que daría lugar a hablar no de una reforma de la Constitución, sino del reemplazo de la que malamente nos rige en la actualidad por otra de peor caterva, en la que el Presidente dispondría de amplios poderes discrecionales para suspender acciones penales y los efectos de sentencias condenatorias.

Dicho de otro modo, con este proyecto se estaría sustituyendo la Presidencia por una Monarquía.

¿Es sensato confiarle a Santos esas atribuciones? ¿Y si el presidente llamado a ejercerlas no fuera Santos, sino un pro Farc. como el que temo que vendrá después de él?

Más aún, ¿pasaría esta reforma por la criba de la Corte Constitucional, habida consideración de su tesis sobre las “cláusulas pétreas” de la Constitución de 1991?

Una consideración final.

Hace cerca de 20 años Horacio Serpa, Piedad Córdoba y otros congresistas visitaron a Tirofijo, con el propósito de convencerlo de que entrara en uno de tantos procesos de paz que se han anunciado como la solución definitiva del problema de la subversión.

El bandolero les dijo que el asunto se podría resolver de la manera más sencilla, mediante la convocatoria de una constituyente  en que la mitad de los miembros la pusieran las Farc y la otra se la repartiera el “establecimiento” como a bien tuviese. Invocó para sustentar su propuesta el pacto bipartidista que dio lugar al Frente Nacional en 1957.

Parece claro que, en efecto, cualquier acuerdo final con las Farc implicará reformas de fondo del ordenamiento constitucional, salvo que esa organización narcoterrorista se viere tan acorralada que no tendría otro remedio que negociar su rendición, como le sucedió al M-19.

Pero  no es ese el caso hoy por hoy con las Farc.

Todo lo contrario, el gobierno de Santos, de entrada, ya está negociando la Constitución con las Farc, promoviendo el famoso Marco Legal para la Impunidad, dizque para permitirles a unos guerrilleros que se quieren entregar que lo hagan honorablemente, según lo ha dicho con pasmosa inocencia otro bobito, el senador Roy Barreras.

Dicho de otro modo, entrega parte de la Constitución sin que formalmente medie compromiso alguno de  parte de los guerrilleros, con la ingenua esperanza de que entren en un proceso de acuerdos que conllevará, en últimas, otra reforma a fondo de la Carta Política al gusto de los mismos.

Si de entrada se les está regalando la institucionalidad, ¿cómo será el regalo final?

Santos puede ser un astuto jugador de póker. Quizás también sea tahúr, dado que a Darío Arizmendy le reconoció hace algún tiempo que le gustan las picardías. Pero otra cosa es una negociación en la que se juega la suerte de Colombia, en la que los pasos que viene dando lo muestran más bien como un actor que cede, cede y cede sin contraprestaciones significativas.

Gaviria sacrificó la Constitución de 1886 para consolidar la paz con el M-19, el EPL y el Quintín Lame. Por aquellos días, trascendió que Tirofijo decía que él no  estaba dispuesto a negociar por tan poca cosa.

¿A qué estarían dispuestos hoy los cabecillas de Farc-Eln, cuando gozan de la protección de gobiernos de países vecinos como Venezuela y Ecuador? ¿Podremos poner en duda que ellos serían promotores del mal llamado Proyecto Bolivariano cuyo propósito es reproducir el dominio de la bota venezolana contra la que tuvimos que alzarnos los colombianos al término de la dictadura de Bolívar y bajo la de Urdaneta?

Uribe es el segundo libertador de Colombia. Así lo dijo Santos durante su campaña presidencial. Hay que pedirle que sea el tercero, es decir, que nos proteja con su verbo, su entereza y su indeclinable patriotismo, de las malas artes de su sucesor.