Contrastes

La Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, ha sido uno de los estatutos  más discutidos en la historia legislativa colombiana.

En una charla que di hace algún tiempo, la puse como ejemplo de las limitaciones que hoy pesan sobre la soberanía estatal, pues para adoptarla fue necesario buscar consensos por todas partes.

Había que superar, en efecto, las reticencias y observaciones de los congresistas, los partidos políticos, la Iglesia, los periodistas, los gremios, las ONG, los gobiernos extranjeros, la OEA, la ONU y hasta los destinatarios del estatuto, con miras a rodearlo de legitimidad y hacerlo viable.

Fue un debate muy arduo, pues la izquierda, tanto nacional como internacional, trató de satanizar el proyecto, acusando al entonces presidente Uribe y su Comisionado de Paz de promover la impunidad del paramilitarismo e incluso de conocidos narcotraficantes que infiltraron los grupos de autodefensa con el propósito de hacerse a los beneficios que el mismo contemplaba.

Superados los escollos que se presentaron durante el trámite legislativo,  la Ley se sometió al examen de la Corte Constitucional, que como de costumbre actuó como una tercera instancia legislativa y metió baza, declarando unas inexequibilidades e imponiendo de su cosecha interpretaciones que modificaron sensiblemente los alcances de lo que había aprobado el Congreso.

En la charla de marras me interesaba señalar cómo nosotros, en razón de nuestros graves problemas de delincuencia y alteración del orden constitucional, prácticamente hemos perdido la autonomía para decidir sobre asuntos que otrora se manejaban por los gobiernos mediante el recurso al estado de sitio, y por los legisladores, a través de leyes de indulto y amnistía.

Le Ley de Justicia y Paz se pensó para todos los actores armados que pudiesen considerarse de carácter político y con la finalidad de desmovilizar sus organizaciones ilegales, reinsertar a sus integrantes y someterlos a la acción de la justicia en la medida que hubiese confesión de sus delitos, la reparación de las víctimas, la entrega de los bienes mal habidos y el compromiso firme de no perseverar en las actividades delictivas.

Se trató de un estatuto complejo y muy detallado, del que puede afirmarse que tuvo consecuencias positivas y negativas que obligan a evaluar sus resultados matizando las opiniones.

Dentro de las consecuencias positivas cabe considerar el hecho de que un buen número de jefes paramilitares estén hoy a buen recaudo en cárceles norteamericanas. Pero, dentro de las negativas hay que señalar que los guerrilleros, que también eran destinatarios de la Ley, se negaron a acogerse a sus términos.

Recuerdo que en alguna ocasión el entonces presidente Uribe me comentó que ya vería a los dirigentes de la guerrilla pidiendo muchísimo más que lo que a regañadientes aceptaron los paramilitares.

Agrego yo ahora que la izquierda, que por todos los medios se encargó de decir que la Ley de Justicia y Paz fue un estatuto de impunidad,  anda tras lo que el actual gobierno ha dado en denominar el Marco Jurídico para la Paz, que por medio de la modificación de unos pocos artículos de la Constitución, pretende efectivamente que los dirigentes guerrilleros se desmovilicen, se reinserten a la vida civil y gocen de la totalidad de los derechos políticos, sin tener que pagar por los innumerables y atroces crímenes con que han azotado al pueblo colombiano a lo largo de cerca de medio siglo.

Dicho de otro modo, lo que se consideraba demasiado generoso para el paramilitarismo, se piensa que es muy drástico e inviable para hacer la paz con la guerrilla, como si ambos fenómenos fuesen sustancialmente distintos desde el punto de vista de los hechos y, sobre todo, de la valoración moral de los mismos.

Hay pues un agudo e injustificado contraste entre el contexto que rodeó la aprobación y la puesta en práctica de la Ley de Justicia y Paz, y lo que viene haciéndose en torno del Marco Jurídico para la Paz.

El contraste es aun más fuerte si se considera que, en lugar de promover abiertamente la discusión, como lo hizo Uribe, el gobierno de Santos impulsa el proyecto prácticamente a espaldas de la opinión pública, apadrinando indirectamente lo que dice que es iniciativa del senador Roy Barreras, del que se comenta en la prensa que está siendo favorecido con jugosas cuotas burocráticas, como si lo que sucedió con la tristemente célebre “Yidispolitica” no hubiera generado jurisprudencia también aplicable a los manejos de la actual administración.

Se habla también de que el acercamiento diplomático a Cuba, Venezuela y Ecuador, que tanto alaban los áulicos de Santos y su Canciller, tiene que ver con el proyecto que cursa en el Congreso, el cual podría ser fruto de negociaciones que al parecer hay en curso con la guerrilla bajo los auspicios de los gobiernos de esos países, que son no solo sus amigos, sino sus patrocinadores.

“¡Vivir para ver!”, exclamó en alguna oportunidad Alfonso López Michelsen para referirse a algo no menos inaudito que lo que estamos ahora presenciando y temiendo.

Pienso que la idea que tiene Santos del manejo político, no muy distante de la que alberga el conductor de una aplanadora, está llevando al país a situaciones cuya complejidad no alcanzamos todavía a avizorar.

Viene a mi memoria el episodio autobiográfico que relataba el finado Jorge Franco Vélez en “Hildebrando”, cuando le dio por tomarse unos aguardientes cerca de la Facultad de Medicina y, en lugar de irse a dictar su cátedra mañanera, resolvió montarse en una aplanadora que pasaba por ahí y seguir la juerga con su operario, muertos los dos de la risa, por las calles céntricas de Medellín.

Recuerdo también un versículo del Eclesiastés que sirvió de tema para una difícil pieza teatral de Montherlant, -“Desventurada la ciudad cuyo príncipe es un niño”-, para deplorar la frivolidad con que el actual gobierno se ocupa de asuntos de tamaña importancia para la suerte futura del país.

Traigo a colación, en fin, la desafortunada y torpe manifestación de algún  consejero del gobierno anterior, que resolvió decir que algo tan significativo como la reelección presidencial se reducía al “cambio de un articulito”, pues no otra cosa parece estar festinando hoy el senador Roy Barreras con la complacencia del conductor de la aplanadora presidencial.

Agrego que los pequeños cambios de redacción que propone Roy Barreras lo que entrañan es el otorgamiento de una cómoda y peligrosísima carta en blanco a un gobernante frívolo que podría hacer de las suyas con los  amplios  poderes que pide de soslayo que se le concedan.

Colombia quiere, desde luego, la paz, pero no al precio de la abyección. Eso debería de tenerlo muy claro Santos con el apoyo que le brindó el electorado para llevarlo a la Presidencia.

Pero la falta de reglas institucionales idóneas para hacer efectivas las responsabilidades políticas, así como para impedir que los gobiernos avasallen a los congresistas, hace que el ungido crea que puede hacer lo que le venga en gana, así deshonre sus compromisos con la ciudadanía y desvirtúe la regla de oro de la democracia, que conlleva el respeto por las decisiones mayoritarias.

Los nueve millones de colombianos que eligieron a Santos le dieron poder para seguir combatiendo a los guerrilleros, no para darles impunidad ni abrirles las puertas del poder.