lunes, 7 de mayo de 2012

Contrastes

La Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, ha sido uno de los estatutos  más discutidos en la historia legislativa colombiana.

En una charla que di hace algún tiempo, la puse como ejemplo de las limitaciones que hoy pesan sobre la soberanía estatal, pues para adoptarla fue necesario buscar consensos por todas partes.

Había que superar, en efecto, las reticencias y observaciones de los congresistas, los partidos políticos, la Iglesia, los periodistas, los gremios, las ONG, los gobiernos extranjeros, la OEA, la ONU y hasta los destinatarios del estatuto, con miras a rodearlo de legitimidad y hacerlo viable.

Fue un debate muy arduo, pues la izquierda, tanto nacional como internacional, trató de satanizar el proyecto, acusando al entonces presidente Uribe y su Comisionado de Paz de promover la impunidad del paramilitarismo e incluso de conocidos narcotraficantes que infiltraron los grupos de autodefensa con el propósito de hacerse a los beneficios que el mismo contemplaba.

Superados los escollos que se presentaron durante el trámite legislativo,  la Ley se sometió al examen de la Corte Constitucional, que como de costumbre actuó como una tercera instancia legislativa y metió baza, declarando unas inexequibilidades e imponiendo de su cosecha interpretaciones que modificaron sensiblemente los alcances de lo que había aprobado el Congreso.

En la charla de marras me interesaba señalar cómo nosotros, en razón de nuestros graves problemas de delincuencia y alteración del orden constitucional, prácticamente hemos perdido la autonomía para decidir sobre asuntos que otrora se manejaban por los gobiernos mediante el recurso al estado de sitio, y por los legisladores, a través de leyes de indulto y amnistía.

Le Ley de Justicia y Paz se pensó para todos los actores armados que pudiesen considerarse de carácter político y con la finalidad de desmovilizar sus organizaciones ilegales, reinsertar a sus integrantes y someterlos a la acción de la justicia en la medida que hubiese confesión de sus delitos, la reparación de las víctimas, la entrega de los bienes mal habidos y el compromiso firme de no perseverar en las actividades delictivas.

Se trató de un estatuto complejo y muy detallado, del que puede afirmarse que tuvo consecuencias positivas y negativas que obligan a evaluar sus resultados matizando las opiniones.

Dentro de las consecuencias positivas cabe considerar el hecho de que un buen número de jefes paramilitares estén hoy a buen recaudo en cárceles norteamericanas. Pero, dentro de las negativas hay que señalar que los guerrilleros, que también eran destinatarios de la Ley, se negaron a acogerse a sus términos.

Recuerdo que en alguna ocasión el entonces presidente Uribe me comentó que ya vería a los dirigentes de la guerrilla pidiendo muchísimo más que lo que a regañadientes aceptaron los paramilitares.

Agrego yo ahora que la izquierda, que por todos los medios se encargó de decir que la Ley de Justicia y Paz fue un estatuto de impunidad,  anda tras lo que el actual gobierno ha dado en denominar el Marco Jurídico para la Paz, que por medio de la modificación de unos pocos artículos de la Constitución, pretende efectivamente que los dirigentes guerrilleros se desmovilicen, se reinserten a la vida civil y gocen de la totalidad de los derechos políticos, sin tener que pagar por los innumerables y atroces crímenes con que han azotado al pueblo colombiano a lo largo de cerca de medio siglo.

Dicho de otro modo, lo que se consideraba demasiado generoso para el paramilitarismo, se piensa que es muy drástico e inviable para hacer la paz con la guerrilla, como si ambos fenómenos fuesen sustancialmente distintos desde el punto de vista de los hechos y, sobre todo, de la valoración moral de los mismos.

Hay pues un agudo e injustificado contraste entre el contexto que rodeó la aprobación y la puesta en práctica de la Ley de Justicia y Paz, y lo que viene haciéndose en torno del Marco Jurídico para la Paz.

El contraste es aun más fuerte si se considera que, en lugar de promover abiertamente la discusión, como lo hizo Uribe, el gobierno de Santos impulsa el proyecto prácticamente a espaldas de la opinión pública, apadrinando indirectamente lo que dice que es iniciativa del senador Roy Barreras, del que se comenta en la prensa que está siendo favorecido con jugosas cuotas burocráticas, como si lo que sucedió con la tristemente célebre “Yidispolitica” no hubiera generado jurisprudencia también aplicable a los manejos de la actual administración.

Se habla también de que el acercamiento diplomático a Cuba, Venezuela y Ecuador, que tanto alaban los áulicos de Santos y su Canciller, tiene que ver con el proyecto que cursa en el Congreso, el cual podría ser fruto de negociaciones que al parecer hay en curso con la guerrilla bajo los auspicios de los gobiernos de esos países, que son no solo sus amigos, sino sus patrocinadores.

“¡Vivir para ver!”, exclamó en alguna oportunidad Alfonso López Michelsen para referirse a algo no menos inaudito que lo que estamos ahora presenciando y temiendo.

Pienso que la idea que tiene Santos del manejo político, no muy distante de la que alberga el conductor de una aplanadora, está llevando al país a situaciones cuya complejidad no alcanzamos todavía a avizorar.

Viene a mi memoria el episodio autobiográfico que relataba el finado Jorge Franco Vélez en “Hildebrando”, cuando le dio por tomarse unos aguardientes cerca de la Facultad de Medicina y, en lugar de irse a dictar su cátedra mañanera, resolvió montarse en una aplanadora que pasaba por ahí y seguir la juerga con su operario, muertos los dos de la risa, por las calles céntricas de Medellín.

Recuerdo también un versículo del Eclesiastés que sirvió de tema para una difícil pieza teatral de Montherlant, -“Desventurada la ciudad cuyo príncipe es un niño”-, para deplorar la frivolidad con que el actual gobierno se ocupa de asuntos de tamaña importancia para la suerte futura del país.

Traigo a colación, en fin, la desafortunada y torpe manifestación de algún  consejero del gobierno anterior, que resolvió decir que algo tan significativo como la reelección presidencial se reducía al “cambio de un articulito”, pues no otra cosa parece estar festinando hoy el senador Roy Barreras con la complacencia del conductor de la aplanadora presidencial.

Agrego que los pequeños cambios de redacción que propone Roy Barreras lo que entrañan es el otorgamiento de una cómoda y peligrosísima carta en blanco a un gobernante frívolo que podría hacer de las suyas con los  amplios  poderes que pide de soslayo que se le concedan.

Colombia quiere, desde luego, la paz, pero no al precio de la abyección. Eso debería de tenerlo muy claro Santos con el apoyo que le brindó el electorado para llevarlo a la Presidencia.

Pero la falta de reglas institucionales idóneas para hacer efectivas las responsabilidades políticas, así como para impedir que los gobiernos avasallen a los congresistas, hace que el ungido crea que puede hacer lo que le venga en gana, así deshonre sus compromisos con la ciudadanía y desvirtúe la regla de oro de la democracia, que conlleva el respeto por las decisiones mayoritarias.

Los nueve millones de colombianos que eligieron a Santos le dieron poder para seguir combatiendo a los guerrilleros, no para darles impunidad ni abrirles las puertas del poder.

4 comentarios:

  1. Santos siempre ha sido el político de la foto, pero creo que vargas le pagara con la misma moneda que el esta pagando su traición. Doctor, tiene un correo electrónico donde podría consultarle sobre algunos libros de historia.

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  2. Juan Manuel Santos, celebre únicamente por la enorme traición que fraguo con tiempo y paciencia en contra del doctor Alvaro Uribe Velez, -lo he dicho- quiere pasar a la historia de nuestro País como el presidente que finalmente firmó la tan anhelada Paz, porque no de otra forma será recordado y de hecho, no querrá que se le evoque solamente como aquel desleal político que jugó con su jefe hasta obtener que le endosara el total de su electorado. Y, como esa es su pretensión lo hará sin importarle las consecuencias que surjan porque sencillamente terminará su periodo presidencial y puede optar por lo que mas le plazca fuera de los límites de nuestro País, es decir, sin que le salpique nada. En ese orden de ideas, entregará y facilitará todo lo que le pidan y parte sin novedad.Firmó la Paz y quedará en los anaqueles de la historia Colombiana como el presidente que sin aniquilar la guerrilla obtuvo la firma de la Paz, dejándolos a éstos libres, perdonados y hasta ubicados en el Congreso de la República.

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  3. El entendimiento de los colombianos sobre el asunto del Marco Jurídico para la Paz es el más importante para el futuro de la paz en este país. En los últimos años hemos experimentado dos soluciones para terminar con un conflicto armado: la ley de amnistía e indulto, en el gobierno de César Gaviria, y la ley de justicia y paz, en el de Álvaro Uribe. Cada una tiene su propia justificación.

    La justificación de las leyes sobre amnistía e indulto es, siempre, el estado de necesidad. En este caso el Estado reconoce su incapacidad de derrotar a los adversarios alzados en armas y, por eso, les ofrece perdón y olvido de todos sus delitos a cambio de que no los sigan cometiendo y se reintegren a la vida civil. La amnistía e indulto implica impunidad total y garantía completa del ejercicio de derechos políticos a favor de los amnistiados e indultados.

    La justificación de las leyes sobre justicia y paz, que implica garantías a los alzados en armas de rebajas considerables de penas a cambio de confesión de sus delitos, cierta reparación a las víctimas, entrega de los bienes mal habidos y reincorporación a la vida civil, es la conveniencia para la sociedad y el Estado, mas no el estado de necesidad. Esa conveniencia consiste en evitarle a la sociedad más derramamiento de sangre, tanto de civiles como de militares y alzados en armas. En este caso los derechos políticos más importantes son negados a los desmovilizados.

    César Gaviria otorgó amnistía e indulto a los miembros del entonces grupo rebelde M-19. Los expertos dicen que este grupo se desmovilizó porque ya había sido derrotado por las armas del Estado. Si así hubiese sido, no había necesidad de amnistía e indulto, porque el Estado ya habría obtenido la victoria militar sobre ese grupo. De cualquier manera, el presidente Gaviria y la sociedad se mostraron y fueron generosos con el M-19. Sus antiguos combatientes, después del perdón y olvido, han ejercido sus derechos políticos con decoro, aunque algunos de ellos han olvidado la generosidad del gobierno y la sociedad hacia ellos y no aceptan ninguna clase de mitigación para alzados en armas contrarios a su ideología.

    Álvaro Uribe ofreció beneficios de justicia y paz a los grupos de autodefensas y guerrilleros. Las autodefensas aceptaron los beneficios en tanto que los grupos guerrilleros los rechazaron. Hasta entonces ni unos ni otros habían sido derrotados por las armas del Estado, pues la oferta de justicia y paz se hizo al inicio del gobierno de Uribe, cuando apenas había recibido el Estado de sus antecesores, en una situación de suprema debilidad (“suprema flojedad”) frente a toda clase de alzados en armas. Uribe nunca tuvo duda de que podía derrotar a los violentos, pero para evitar derramamiento de sangre les ofreció beneficios de justicia y paz. Desde el inicio de su gobierno combatió con firmeza a todos los alzados en armas. Al final de su mandato la victoria militar sobre la guerrilla, no desmovilizada, estaba casi concluida.

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  4. El sucesor de Uribe en la presidencia, Juan Manuel Santos, fue elegido por el pueblo para que terminara la obra iniciada por Uribe, es decir, derrotar por completo a la guerrilla. No obstante, Santos, en lugar de hacer lo debido para lograrlo, aflojó la firmeza del Estado y, en estos momentos, está ofreciendo a la guerrilla perdón y olvido, es decir, amnistía e indulto, para que hagan la paz.

    Sin embargo, Colombia no está en estado de necesidad de ofrecer amnistía e indulto; pues el expresidente Uribe, en su mandato, demostró que el Estado, o gobierno, está en capacidad de doblegar militarmente a los rebeldes. Por lo tanto, tal ofrecimiento es un acto de generosidad de Santos y una manifestación de su voluntad de concederles, además de la impunidad, la plenitud de los derechos políticos. No hay duda de que la sociedad colombiana también es generosa y, a pesar de los terribles daños recibidos por la crueldad de la guerrilla, es capaz de perdonarla y acoger a los posibles desmovilizados de buen grado.

    Infortunadamente, la guerrilla de las FARC y la del ELN, que son los posibles beneficiarios del ofrecimiento del gobierno de Santos, tienen un historial de no tomar en serio tal clase de ofrecimientos y de aprovecharse de ellos, para fortalecerse militar y políticamente. Por lo tanto, Santos, con su actitud ingenua e irresponsable frente a esos grupos rebeldes, puede fortalecerlos y permitir que hagan aún más daño a la sociedad, como sucedió en los tiempos del presidente Belisario Betancourt y Andrés Pastrana, respectivamente.

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