La aplanadora de Santos

La idea democrática es más o menos simple en su formulación, pero compleja a más no poder en su implementación y su ejecución. Por eso hay tantas discusiones acerca de cuál es la verdadera democracia y qué es lo que verdaderamente conviene para consolidarla.

Por ejemplo, uno de los temas más sensibles es el de la responsabilidad de los elegidos frente a los electores. Éstos votan por aquéllos en función de diversas consideraciones, dentro de las cuales tienen bastante peso los programas y las promesas, vale decir, las líneas de acción política que se les proponen para convencerlos de las ventajas que representa votar por unos partidos y unos candidatos, en lugar de hacerlo por otros.

No parece lógico, entonces, que quien resulte elegido dentro de cierto esquema político resuelva de buenas a primeras darles la espalda a sus electores y gobernar con los programas, las tendencias y los candidatos derrotados en las justas electorales.

En la teoría constitucional se considera que esta eventualidad es un defecto del sistema del mandato representativo, pues al dejar jurídicamente en completa libertad a los elegidos para seguir las líneas de acción política que mejor les parezcan, so pretexto de que lo hacen consultando la justicia y el bien común, se deja sin piso la idea de que la democracia es el régimen en que se gobierna de acuerdo con el parecer de las mayorías.

Para ponerle coto a esa inveterada tendencia, se dispuso en el artículo 259 de la Constitución Política lo concerniente al voto programático en las elecciones de gobernadores y de alcaldes, de suerte que el incumplimiento de los compromisos electorales puede dar pie para la revocatoria del mandato.

Desafortunadamente, no se dispuso lo mismo para las elecciones en el ámbito nacional, por lo que no hay recurso jurídico alguno para exigirles a Santos y los congresistas que fueron elegidos con las banderas de la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social que cumplan lo que les prometieron a unos nueve millones de votantes.

Lo que muchos denominan la traición de Santos, de los congresistas de la U y de un buen número de conservadores no es, pues, materia de responsabilidad jurídica.

Se dirá que, sin embargo, podrá serlo de responsabilidades morales y políticas, dado que esos nueve millones de ciudadanos que votaron confiando que el actual gobierno sería el continuador más idóneo de la colosal obra realizado por el expresidente Uribe en sus ocho años de mandato, probablemente ejercerán el voto castigo, negándose a reelegir a Santos y a los congresistas que han incurrido en la traición.

Pero muchos conocedores de la teoría y la práctica del sistema político colombiano opinan que la “aplanadora de Santos” probablemente se encargará de superar la resistencia moral de la ciudadanía, haciendo uso de los múltiples dispositivos con que cuenta un gobierno para seducir y, si es del caso, violentar a los votantes.

Los que así razonan tienen de la democracia colombiana  el mismo concepto que se pone de manifiesto en ese tangazo que cantaba Agustín Magaldi, “Dios te salve m’hijo”, en el que se relata un episodio en que “los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción, arengando a los paisanos de ganar las elecciones por la plata, por la tumba, por el voto o el facón.”

No hay que ignorar, desde luego, que Santos tiene a su favor los medios de comunicación nacionales, lo que siguiendo a Alberto Zalamea podemos llamar la “Gran Prensa”, así como a los “Cacaos” del mundo empresarial, tal como se los motejó en la funesta época de Samper, y a gran parte de la clase política, que se mueve por los gajes del poder y teme que sin ellos no podrá mantener su electorado.

Al tenor de no pocas acusaciones, entre ellas las que valerosamente ha hecho “El Colombiano”, los agentes gubernamentales no se paran en pelillos para ejercer distintas formas de coerción contra quienes osan discrepar del “gran estadista” que hebdomadariamente es objeto de vergonzosos ditirambos de parte de la revista “Semana”, el “Lambicolor” del régimen.

Todo eso puede ser cierto, en términos generales, lo que significaría que nuestra democracia no ha superado vicios ancestrales que la debilitan y deslegitiman.

No obstante ello, todavía quedan espacios para hacerle oposición a un régimen que abre no pocos flancos para la crítica, para que en caso de que su orientación termine siendo inconveniente para el país, haya un equipo de oposición que sea capaz de tomar el relevo y ofrecerles a las comunidades otras alternativas.

Reitero que en esta acción hay que considerar, por una parte, que todo poder es un ídolo con pies de barro, y que, por otra parte, el tema no consiste en alimentar rencillas personales, sino en pensar en los grandes intereses de Colombia.

Las iniciativas de Santos deben de examinarse cuidadosamente para criticarlas, no porque provengan de él, sino por sus deficiencias y sus inconvenientes. Hay que ejercer entonces de manera constructiva la oposición contra su gobierno.

Pese a las limitaciones de  nuestra democracia, en los últimos tiempos se pueden mencionar ejemplos que muestran con elocuencia que la opinión pública es capaz de reaccionar contra malas políticas si se llega a ella adecuadamente.

Tal es hoy el reto de quienes quieren hacerle oposición a Santos, lo cual no es fácil, pero tampoco es imposible.

De esa manera, se mejora y consolida la democracia, en la que el ideal es la alternación de las políticas, conforme a la gran tradición anglosajona.