El gobierno de las mentiras

Recuerdo que, a raíz del escándalo por la financiación mafiosa de la campaña de Samper, Hernán Echavarría Olózaga declaró con mucho pesar que el Presidente de Colombia era un granuja.

Muchos colombianos tenemos hoy una percepción similar acerca de Juan Manuel Santos Calderón.

Lo que se ha visto en relación con el debate electoral del pasado domingo parece avalar esa mala impresión, pues es probable que en muchas décadas no hayamos presenciado unas elecciones tan sucias como las que , con su habitual desenfado, acaba de presentar como las más tranquilas y transparentes de nuestra historia.

Fernando Londoño Hoyos habla de ellas en El Tiempo denominándolas “el gran chocorazo”.(http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/fernandolondoo/el-gran-chocorazo-fernando-londono-hoyos-columnista-el-tiempo-_13636957-4)

Hay dos graves antecedentes que apuntan hacia la responsabilidad que le compete al gobierno de Santos en este delicado asunto, ambos denunciados oportunamente por el hoy senador electo Álvaro Uribe Vélez: el Cartel de la Reelección y el manejo de los recursos para las entidades territoriales.

Hace varias semanas, el también hoy electo senador Ernesto Macías Tovar denunció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes al Presidente de la República por la adjudicación de recursos presupuestales y nombramientos de personal en beneficio de congresistas de la llamada Mesa de Unidad Nacional que apoya la gestión del actual gobierno.

El contenido de la denuncia puede consultarse en http://carteldelareeleccion.com/

Se habla de que los recursos distribuídos entre los congresistas por estos conceptos ascienden probablemente a la exorbitante suma de tres billones de pesos. La candidata presidencial del Polo Democrático, Clara López, se ha presentado varias veces en Cablenoticias con la recopilación de los documentos de la denuncia para sustentar sus críticas contra la falta de garantías electorales por parte del gobierno. Y el expresidente Andrés Pastrana ha dicho en Twitter que por este medio el gobierno ha financiado irregularmente las campañas de los candidatos de la coalición que lo respalda en el Congreso, si bien la cifra que menciona es de dos billones y no de tres.

Desde luego que en un país decente estas denuncias habrían suscitado intensos y hasta acalorados debates en todos los escenarios de formación y manifestación de la opinión pública. Pero Colombia ya no es la “potencia moral” de que hablaba hace 70 años el hoy olvidado profesor Luis López de Mesa. Por consiguiente, a la “Gran Prensa” que sigue sumisamente la orientación que le fija el gobierno el tema le pareció poco digno de su interés, lo mismo que el fraude a que me refiero.

Por otra parte, el expresidente Uribe Vélez  en varias ocasiones se ha referido al extraño procedimiento adoptado por el gobierno, consistente en retener los giros de las regalías en favor de entidades territoriales para distribuirlos después con ocasión de las campañas para elegir congresistas y presidente en el primer semestre de este año.

Los hechos demuestran que de este modo el gobierno ha utilizado los recursos fiscales para favorecer a sus candidatos y, por supuesto, la aspiración reeleccionista de Santos.

Me dijo en estos días una de mis fuentes de altísima fidelidad que por boca de un alcalde municipal, se enteró de que el gobierno les prometió a los municipios unos jugosos recursos condicionados a que en Antioquia sus autoridades promovieran la candidatura del senador Germán Darío Hoyos Giraldo, del Partido de la U que dice ser el del presidente Santos. Según datos actuales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dicho senador aparece reelegido el pasado domingo con 55,499 votos y ocupa el número 55 en la lista provisional de nuevos senadores que puede consultarse  en  http://www.elcolombiano.com/elecciones-2014.asp

En declaraciones que dio en estos días, el senador Juan Manuel Galán corroboró las acusaciones del expresidente Uribe Vélez en torno del papel que juegan las autoridades departamentales y municipales en la elección de senadores y representantes.

A través de ellas se canalizan recursos que  gira el gobierno nacional, los cuales se gastan básicamente en nómina de personal y contratación que sirven de modo indirecto, pero ilegal y cuantiosísimo, para la financiación de las campañas políticas.

Se cree que un 20% de cada contrato va a las arcas de los políticos que lo gestionan. A ello hay que agregar que, si bien la contribución del personal a los grupos políticos con cargo a la nómina está prohibida, de hecho los vinculados tienen que seguir financiando a sus amos, so pena de perder sus puestos. A cuánto ascienden estas contribuciones, averígüelo Vargas, que sí debe de saber de eso.

No se ha investigado la medida en que el programa de casas gratuitas que puso en acción el hoy candidato vicepresidencial que acompaña a Santos les trajo beneficios a los promotores de su reelección. Pero, siguiendo la lógica perversa que rige la acción política entre nosotros, es probable que ahí se encuentre un rico filón.

Las campañas electorales son cada vez más costosas. No obstante la financiación estatal que las beneficia, los candidatos tienen que conseguir muchas veces recursos adicionales, sobre todo cuando su intención es hacerle fraude a la normatividad para gozar de las ventajas que otorga una bolsa bien nutrida. Bastante conocida es, en efecto, una perniciosa “ley de hierro” de las democracias actuales, en cuya virtud el voto es producto de la inversión que se haga en las campañas; o sea que, “a mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de votos”.

Esos recursos adicionales proceden en buena parte del crimen organizado, pero también de la corrupción administrativa.

Poco se ha hablado en estos días de lo primero. En cambio, el gran debate que hoy se abre acerca de la suciedad de las elecciones presididas por Santos, tan transparentes como la urna de cristal que cargan los helicópteros militares en que pasean sus familiares, versa sobre los fondos públicos con que los contribuyentes han pagado las campañas de los que, una vez elegidos, les incrementan los gravámenes.

Es posible que gran cantidad de los recursos adicionales que obtienen los candidatos a través de empleos y contratos se destine a la compra de votos. Y este parece haber sido el medio fraudulento que más impacto tuvo en el chocorazo del domingo pasado.

Otra de mis fuentes me explicó el modus operandi del tráfico de votos en la Costa atlántica.

Según lo que me contó una persona conocedora del asunto, en vísperas  de elecciones los agentes de compra de votos van de puerta en puerta ofreciendo el negocio. Esos agentes funcionan a cargo de sujetos que a su vez dependen de algún político que maneja la empresa electoral.

Establecidos los términos de la transacción, al votante se lo cita para que se haga presente en un sitio dado, en donde, con los demás vendedores, toma un bus que los transporta hacia los sitios de votación. Los votantes entran acompañados de sujetos que vigilan que  depositen su voto y les dan instrucciones sobre cómo llenar los tarjetones.

Después de votar, a los vendedores les suministran algún refrigerio (puede tratarse incluso de tamales, como los que repartió el senador Roy Barreras) y los trasladan a determinado sitio en donde les pagan lo convenido.

Varios de mis corresponsales en Twitter me han comentado que el valor de cada voto se cotizó  por lo bajo en $ 50.000, pero en algunas partes o circunstancias su precio pudo haber sido más elevado. Circula en Twitter la fotocopia de un tarjetón en que el votante le da las gracias a Besayle por los $ 50.000 que le pagó. Y otro trinador dijo hace un rato que en Santa Marta el voto se cotizó en $ 100.000.

La compra de votos parece ser una verdadera empresa ilegal. No siempre la maneja directamente el candidato interesado, sino que contrata con políticos de  distintas localidades (por ejemplo, el Jose que compra votos en el barrio San Martín en Barranquilla), a cambio bien sea de dinero o de prebendas oficiales, como empleos,contratos, licencias, etc.

La senadora electa María del Rosario Guerra denunció estas prácticas en “La hora de la verdad”, señalando que debido a ellas la votación del Centro Democrático se vería severamente afectada en la Costa. como en efecto sucedió. Anunció además que expertos en elecciones le habían comentado que por obra de las malas prácticas en la Registraduría, al Centro Democrático le podrían robar medio millón de votos. El Comunicado que se dio a conocer hoy habla de por lo menos 250.000 votos.(Ver  http://www.centrodemocratico.com/entrega-consolidada-registraduria/)

Pues bien, como lo denuncia Fernando Londoño Hoyos en el artículo que atrás cité, todo indica que por obra de la compra de votos tres departamentoas (Atlántico, Sucre y Córdoba) acaban de elegir “el 26 por ciento, más de la cuarta parte, de todo el Senado de la República. Atlántico tiene el 5 por ciento de la población del país y eligió 10 senadores; Córdoba, con el 3 por ciento de la población eligió 9 senadores, y Sucre eligió 7 con el 2 por ciento del censo nacional.” Y en el programa de Hassan Nassar en Cablenoticias acaban de informar que la Costa domina el 41% del Partido de la U.

Santos, el inefable Santos (inefable, porque el DRAE se queda corto en epítetos capaces de describir los oscuros abismos de su alma), se fue a última hora a la sede del Partido de la U a festejar su triunfo. Gritó destemplados vivas a la U y aprovechó para felicitar con sorna al “senador Uribe” por su decoroso segundo puesto en el certamen electoral.

Pero el primer puesto por el que se felicita a sí mismo y congratula a sus secuaces, es bastante deshonroso.

En efecto,¿en poder de quiénes queda la U, a la que Santos le acaba de vender el alma?

Reproduzco el listado de 21 senadores que se dan por elegidos, con sus respectivas votaciones:

MUSA BESAILE FAYAD

145.402
1,01%

BERNARDO MIGUEL ELIAS VIDAL

140.143
0,97%

JOSE DAVID NAME CARDOZO

103.215
0,72%

ROOSVELT RODRIGUEZ RENGIFO

100.229
0,70%

JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA

97.741
0,68%

OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO

96.525
0,67%

MIGUEL AMIN ESCAF

83.944
0,58%

EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA

83.530
0,58%

ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE

80.534
0,56%

MARITZA MARTINEZ ARISTIZABAL

73.037
0,51%

MARTIN EMILIO MORALES DIZ

69.818
0,48%

WILLIAM JIMMY CHAMORRO CRUZ

61.005
0,42%

ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA

60.980
0,42%

SANDRA ELENA VILLADIEGO VILLADIEGO

56.959
0,39%

GERMAN DARIO HOYOS GIRALDO

54.999
0,38%

MILTON ARLEX RODRIGUEZ SARMIENTO

54.815
0,38%

ANDRES FELIPE GARCIA ZUCCARDI

50.220
0,35%

ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ

46.675
0,32%

MANUEL MESIAS ENRIQUEZ ROSERO

46.283
0,32%

MANUEL GUILLERMO MORA JARAMILLO

45.999
0,32%

CARLOS ENRIQUE SOTO JARAMILLO

45.852
0,32%

(Fuente:http://congreso2014.registraduria.gov.co/99SE/DSE9999999_L2.htm)

La gran mayoría son desconocidos para el ciudadano común y corriente. Para identificarlos, hay que entrar a Google y no es raro encontrar nombres que se mencionan en investigaciones de que dan cuenta los periódicos, o que la prensa asocia a  grupos de parapolítica y a negociados, como el Carrusel de la Contratación en Bogotá.

Como dice Juan Carlos Pastrana en Twitter, es poco probable que Santos se atreva a hacerse fotografiar con Besayle y el”Ñoño”. Pero ellos son los amos de la U, y no podrá ignorarlos al momento de promover sus políticas.

Si el de la U es el partido de Santos y sobre él reposa su fuerza parlamentaria, la lógica respalda la conclusión a que esta noche llegaron en el programa de Hassan Nassar los analistas de “La Silla Vacía”: Santos es el candidato de la politiquería.

Su cinismo sin límites lo llevó hoy a proclamar que quiere una campaña sin trampas ni agravios, fundada en la verdad, en las ideas, en los programas. Pero la gente del común no se llama a engaño y sabe de sobra que su gobierno, como lo señaló en su hora Luis Carlos Restrepo, es el de las mentiras. Tiempo habrá para ir mostrándolas una por una.