El Imperio de la Ilegalidad

Una de las notas más inquietantes de la campaña presidencial en curso es la sospechosa coordinación de acciones del Fiscal General de la Nación con la empresa política del Presidente-candidato que aspira a su reelección, especialmente en sus ataques contra el Centro Democrático, su senador electo Álvaro Uribe Vélez y su candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.

 

Los hechos son de dominio público y, además, bastante ostensibles, al punto de que basta hacer unos tenues esfuerzos de concatenación para atar los cabos que vinculan las líneas directrices de la campaña santista con los procedimientos y declaraciones del Fiscal, así como con la publicidad que medios afectos al régimen hacen de piezas procesales amparadas por la reserva legal y la pasividad de la Fiscalía ante graves hechos que al parecer son violatorios del Código Penal relacionados con tales publicaciones.

 

Al poner término a sus intervenciones al aire libre, el Presidente-candidato acusó al Centro Democrático de estar llevando a cabo una “campaña delincuencial”, en armonía con lo que en las últimas semanas han venido clamando los dirigentes de la “Mesa de Unidad Nacional” que sustenta su aspiración, las informaciones y los debates que han nutrido la actividad de los medios de comunicación que lo respaldan y las ejecutorias de la Fiscalía.

 

No cabe duda de que se trata de una acción articulada por todos ellos con miras a presentar a los supuestos “enemigos de la paz” como una “ultraderecha” que no teme llegar a los peores extremos en su propósito de que fracasen los diálogos de La Habana. La idea es descreditar ante todo al Centro Democrático y sus dirigentes, presentándolos ya no como traficantes de la muerte, sino como copartícipes de una “Gran Conspiración” a la que no arredra el delito y libra una “Guerra Sucia” contra los más caros ideales del pueblo colombiano.

 

Por supuesto que muchos compatriotas se han dado cuenta de la enormidad de estos cuestionamientos y los torvos propósitos que los animan, lo cual los lleva más bien a rechazar las consignas reeleccionistas y afirmarse en su respaldo a las tesis y los abanderados del Centro Democrático. O sea que, es probable que a Santos estas estrategias le pueden estar resultando contraproducentes, pues las comunidades conocen bien a Álvaro Uribe Vélez y saben que es un dirigente que puede equivocarse, pero actúa siempre de frente y sin dobleces. Lo mismo piensan los que observan desprevenidamente a ese nuevo astro de la política colombiana que es Óscar Iván Zuluaga, cuyos antecedentes personales no permiten identificarlo como personaje de oscuras intenciones y más oscuros aun procederes.

 

Insisto en que el Presidente-candidato ha elegido una estrategia equivocada que de seguro lo conducirá al fracaso, pues en lugar de aplicarse a persuadir racionalmente al electorado de las bondades de su continuidad en el gobierno, se ha dedicado a descalificar a sus contradictores hasta el extremo de señalarlos ante la opinión como delincuentes y echarles encima los perros rabiosos de la Gran Prensa y la Fiscalía, inequívocamente coludidos en una empresa, esta sí, criminal, como lo he venido sosteniendo en mis últimos escritos y lo corroboraré en el presente.

 

En mi más reciente artículo creo haber demostrado que el complot contra Óscar Iván Zuluaga entraña la comisión de varios delitos que apuntan hacia la Fiscalía, la campaña reeleccionista, la fementida Mesa de Unidad Nacional y la Gran Prensa, especialmente El Tiempo y Semana.

 

Los delitos que he señalado son la violación de la intimidad en el lugar de trabajo del famoso “hácker”, la violación de la reserva sumarial en el proceso contra el mismo sujeto y la publicación de piezas procesales amparadas por dicha reserva, tales como las supuestas evidencias contra Sepúlveda que publicó El Tiempo el domingo antepasado, la difusión del video de Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos y el dicho Sepúlveda que efectuó Semana en la edición que está circulando y la de nuevas evidencias de filmaciones y testimonios en su contra que aparecen en la edición de El Tiempo de hoy.

 

Pero hay otro más, del que deberían responder los que promovieron las publicaciones en El Tiempo y Semana: la receptación.

 

Transcribo en seguida el texto correspondiente del Código Penal:

 

“Artículo 447. Receptación. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad.”

 

Parece claro que tanto los responsables de El Tiempo como los de Semana, entraron en posesión de piezas procesales protegidas por la reserva sumarial y las han usado bien sea para ganar lectores, para servir los intereses de la reelección o para ambos propósitos. Luego, no es exagerado pensar que deberían ser investigados por este delito.

 

Lo grave es que este cúmulo de delitos se conectan unos con otros, dando la apariencia de un mismo designio criminal: afectar el resultado de las elecciones a través de la destrucción de la imagen pública de Óscar Iván Zuluaga, que es el más fuerte contradictor de la aspiración reeleccionista de Juan Manuel Santos.

 

Más grave aún resulta que la Fiscalía no solo parezca no darse por enterada de esta sucesión de posibles delitos, como si al Código Penal con que trabaja le faltaran hojas, sino que funcionarios suyos, cuando no el propio Fiscal, parecen estar vinculados a los mismos.

 

No me atrevo a pensar, como lo hacen otros, que los que hicieron la filmación hubieran procedido por cuenta de la Fiscalía, pero sí se lo proporcionaron a ella de algún modo, sea a título de denuncia criminal, de queja anónima o, lo que sería muy delicado, de acercamiento discreto al Fiscal.

 

Lo que parece fuera de discusión es que todo ese material ha salido de la Fiscalía hacia los periódicos. Lo digo porque el mismo día que El Tiempo publicó las declaraciones del Fiscal, dio a conocer las supuestas evidencias contra el “hácker”, como para respaldar la posición de aquel. y si el Fiscal, al leer la edición en que salieron ambas publicaciones, la de sus declaraciones y la de las mencionadas evidencias, no reaccionó al ver piezas del sumario en las páginas del periódico, no es osado suponer que ello ocurrió a ciencia y paciencia suyas. O peor, que él mismo la entregó o las hizo entregar, actuando quizás como uno de sus antecesores, que quiso armarme un debate público por medio de un atrapaperros de Samper con documentos que él mismo le filtraba, hasta que lo frené pidiendo que investigara el hecho. Se llenó de miedo y no hubo más escritos de ese gacetillero que me amenazaba con enviarme a la cárcel a través de las páginas de El Espectador.

 

Las acciones de la Fiscalía y las publicaciones de la prensa han coincidido con las provocaciones de los dirigentes de la tal Mesa de Unidad Nacional contra Óscar Iván Zuluaga, en las que le exigen que diga toda la verdad acerca de sus relaciones con el “hácker”. Y como se sabe de alguna reunión del Fiscal con ellos, no hay que ser muy mal pensado para concluir que, como dice el tango Cambalache que puso a sonar esta mañana La Hora de la Verdad, estaban  revolcados en un merengue y en un mismo lodo, “todos manoseados”.

 

Las publicaciones en El Tiempo y Semana, así como los debates que han armado las emisoras afectas al “régimen de la mermelada”, muestran a las claras que hacen parte del plan urdido por el Presidente-candidato para desacreditar y enredar judicialmente al más fuerte de sus contendores, el que según las encuestas podría ganarle en segunda vuelta y hasta en la primera.

 

Por supuesto que, salvo en lo que concierne a las limitadas posibilidades de la Procuraduría, es difícil pensar que la justicia obre contra Santos, Montealegre, los capos de la Mesa de Unidad Nacional y la Gran Prensa. Por eso, como le explicaba esta tarde a un amigo, lo que acá escribo es más bien para la historia, de suerte que algún acucioso investigador en el futuro encuentre algunos elementos de juicio para conocer e interpretar estas horas tan oscuras del acontecer colombiano.

 

El contubernio, pues no de otro modo podría llamarlo, de estos personajes está llamado a producir nefastas consecuencias institucionales. Ya está envenenando más de la cuenta el ambiente público.

 

Dejaré para un escrito posterior lo relativo a la actuación de la Gran Prensa en esta campaña. Juan Gossaín no ha vacilado en calificarla de asquerosa. Y he dicho en Twitter que es un cadáver insepulto que ya hiede. Sus días están contados, porque hay extensos sectores comunitarios que le están perdiendo el respeto y la desprecian.

 

El próximo domingo sabremos quién tiene por lo pronto la razón.

Lo que soy yo, votaré con muchísimas más ganas por Óscar Iván Zuluaga.