Montealegre sienta las bases para instaurar el delito de opinión en Colombia

En mi último artículo señalé que por una rabieta presidencial, se anunció la formulación de una querella por Injuria o Calumnia contra Álvaro Uribe Vélez por haber dicho públicamente que el Fiscal debería investigar si es cierto que parte de los dólares que un narcotraficante dijo que le pagó a J.J. Rendón, entró a la pasada campaña presidencial de Juan Manuel Santos, pues corre el rumor de que Rendón le aportó dos millones de dólares.

Como en los términos en que hizo Uribe su declaración no podría configurarse ninguno de esos delitos, y entonces la querella estaría condenada al fracaso, el fiscal Montealegre decidió, por sí y ante sí, pero quizás en contubernio con Santos, darle un giro siniestro al asunto, anunciando que las palabras de Uribe podrían constituir un falso rumor cuya divulgación es constitutiva de delito y quizás hace parte de una conspiración de vasto alcance contra la institucionalidad y la democracia, en la que involucra al “hácker” Sepúlveda y, según sus sospechas, a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga y a sectores no identificados de las Fuerzas Armadas.

Ruego a los lectores que lean el reportaje que le hizo Yamid Amat en El Tiempo el pasado 11 de mayo. Lo encuentran a partir del siguiente enlace: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/entrevista-con-el-fiscal-general-eduardo-montealegre/13972260

Les sugiero, así mismo, que lean la información que dicho periódico publicó ese mismo día sobre las evidencias que según se dice comprometen al temible “hácker”: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/los-archivos-del-hacker-andres-sepulveda/13972255

Observo de entrada que la publicación simultánea de la entrevista y las evidencias suscita una muy inquietante interrogación:¿Cómo obtuvo El Tiempo esa información? ¿La suministró el propio Fiscal para ambientar sus declaraciones? ¿Qué tiene qué ver esa publicación con la reserva del sumario? ¿Qué garantías tiene Sepúlveda frente a un funcionario que desde el comienzo ya lo considera culpable, sin siquiera haberlo oído, al parecer, en indagatoria?(Vid. Artículo 194. Divulgación y empleo de documentos reservados. Modificado por el art. 25, Ley 1288 de 2009.  El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.)

En parte alguna del Código Penal (vid. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388) se prevé como delito la divulgación de rumores falsos, salvo en lo concerniente al Pánico en lugar público, abierto al público o en transporte colectivo (art. 356), así como el Pánico económico, este en los siguientes términos:

“Artículo 302. Pánico económico. El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrirá el que utilice iguales medios con el fin de provocar o estimular el retiro del país de capitales nacionales o extranjeros o la desvinculación colectiva de personal que labore en empresa industrial, agropecuaria o de servicios.

La pena se aumentará hasta en la mitad, si como consecuencia de las conductas anteriores se produjere alguno de los resultados previstos.”

No obstante, el Fiscal dice lo siguiente en sus declaraciones para El Tiempo:

“La creación de rumores falsos es una conducta delictuosa. Ese tipo de actividades pueden convertirse en fraudes a la administración de justicia, que son delitos. Una cosa es la libertad de opinión y el margen de la libertad de opinión y el margen el pluralismo que da la Constitución, y otra, la manipulación de la opinión pública a través de medios ilícitos. Eso es delictuoso.”

No cita la disposición legal en que se diga que la creación de rumores falsos es una conducta delictuosa. Para llegar a esta conclusión, discurre de manera alambicada. Veamos:

“Creación de mentiras, aseverar cosas que no corresponden con la verdad para poner en funcionamiento la administración de justicia, pues eso es una conducta de fraude procesal {…} Vamos a citar al expresidente Uribe la próxima semana para que, bajo la gravedad del juramento, le exhiba a la Fiscalía General las pruebas para hacer una acusación de tal naturaleza. Actuaremos con total transparencia y total independencia. El expresidente Uribe tendrá que comparecer ante la Fiscalía, con pruebas en la mano, para sustentar la afirmación y explicar cuáles son los fundamentos que tiene para poner en acción la administración de justicia. Supongo que debe tener pruebas muy serias para hacer una afirmación de esta naturaleza. Sería impensable que un expresidente de la República se atreva a jugar con la justicia colombiana {…} Él formuló una denuncia, y bajo la gravedad del juramento queremos que vaya a la Fiscalía y nos dé las circunstancias, los elementos probatorios en los que fundamentó esa acusación.{…} Queremos que nos diga quién le dijo eso, qué personas le hicieron esos comentarios, y los vamos a citar para que, bajo la gravedad del juramento, nos exhiban las pruebas. Y si no dicen la verdad de los hechos, pues es muy clara la ley penal: quien engaña a la justicia incurre en fraude procesal.{…} lo vamos a citar para que, bajo la gravedad del juramento, amplíe las denuncias y nos diga cuáles son las pruebas. Y citaremos a quienes se lo dijeron. Esto no es un juego. Las autoridades judiciales no vamos a permitir que se engañe a la justicia colombiana. Vamos a hacer una investigación a fondo de las denuncias, vamos a exigir seriedad en las pruebas que se presenten porque el ordenamiento colombiano establece que quien haga falsas denuncias y afirmaciones falsas ante jueces puede ser constitutivo, entre otros, de un delito de fraude procesal.{…} Advierto que yo no estoy anunciando ninguna investigación contra Uribe, pero sí le vamos a exigir que comparezca a la Fiscalía para que nos exhiba las pruebas.”

Para no perder el hilo, recordemos que Uribe simplemente dijo que la Fiscalía debería investigar si a la campaña de Santos hace cuatro años entraron aportes de J. J. Rendón y cuál fue el origen de esos fondos. Eso no lo inventó el expresidente, pues, como lo dijo anoche Aurelio Suárez en 360 grados, desde hace varios meses el senador Jorge Robledo viene preguntando por fondos que ingresaron a esa campaña y no se declararon, por lo que al parecer hubo de parte de sus responsables violación de los topes legales de financiación.

Pues bien, el Fiscal considera que todo el que formule públicamente alguna sospecha está obligado a denunciar ante su despacho lo pertinente, presentando las pruebas de que disponga. Y si no se presenta, carece de pruebas o  estas no son serias, correrá el riesgo de que lo procese por Omisión de denuncia, Falsa denuncia, Falsedad o Fraude procesal.

Yo no soy penalista, pero, a diferencia de cierto dirigente político, sé leer y lo hago todos los días. Además, tengo algún criterio jurídico. Pero, en este caso, me gustaría que los expertos emitieran su dictamen.

Por lo pronto, observo lo siguiente:

- Sobre Omisión de denuncia de particular (que es el caso actual del expresidente Uribe), la normatividad que hoy rige estipula:

“Artículo 441. Omisión de denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título II y en el Capítulo IV del Título IV de este libro, en este último caso cuando el sujeto pasivo sea un menor de doce (12) años, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.”

Uribe estaría obligado a denunciar su conocimiento de los delitos que menciona esta disposición. Pero lo que dice que debería investigar la Fiscalía no parece encajar dentro de estas figuras delictivas.

- Sobre Falsa denuncia hay estas dos disposiciones:

“Artículo 435. Falsa denuncia. El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de dos (2) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 436. Falsa denuncia contra persona determinada. El que bajo juramento denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de dos (2) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

Se ha entendido siempre que estas conductas deben ser dolosas, vale decir, que el denunciante debe conocer la falsedad de los hechos cuya investigación solicita y tener el propósito de poner en funcionamiento la actividad investigativa a partir de bases que sabe que no corresponden a la realidad.

El expresidente Uribe bien podría presentar denuncia formal sobre los hechos de su declaración pública, o abstenerse de hacerlo. Si lo hace, solo incurrirá en delito de Falsa denuncia si asevera que los hechos de que se trata son reales, a sabiendas de que son falsos. Pero si los presenta como hipotéticos,¿dónde estaría su delito?

- El Fiscal amenaza con encausarlo por Fraude procesal.

¿En qué consiste dicho delito?

Veamos el artículo 453 del Código Penal:

“Artículo 453. Fraude procesal. Modificado por el art. 11, Ley 890 de 2004. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.”

Salta a la vista que en este delito solo  incurriría si a la postre, con base en medios fraudulentos inductivos de error, lograra que su denuncia culminase en sentencia favorable a aquella.

En síntesis, el Fiscal trata de estructurar una figura delictiva que no está prevista en la ley y que él denomina “Creación de rumores falsos”.

Como evidentemente no la contempla nuestro ordenamiento penal, la construye a partir de una combinación artificiosa de delitos de la que se vale para tipificar uno nuevo, de su propia cosecha: la”manipulación de la opinión pública a través de medios ilícitos”, consistentes estos en “poner en funcionamiento la administración de justicia” de manera engañosa.

No emito juicio sobre este procedimiento. Les pido a los penalistas que nos digan si esta manera de interpretar la ley penal y ejercer la función inquisitiva de la Fiscalía General de la Nación protege los derechos de la ciudadanía o, por el contrario, representa un gravísimo peligro para todos nosotros, como me atrevo a creerlo y manifestarlo.

El Fiscal ambienta su inusitada construcción penal en dos hechos diferentes que combina o asocia sin mucho discernimiento, a mi modesto y lego modo de ver.

El primero tiene que ver con el episodio del “hácker”, que lo lleva a pensar que hay una tremenda conspiración contra la “institucionalidad” y la “democracia”, tal como él las concibe, animada por la “ultraderecha” que identifica con el fascismo y el nazismo, tendiente a entronizar un Hitler entre nosotros. Sugiere que tras ella están el expresdiente Uribe, el candidato Zuluaga y el Centro Democrático, aliados con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas.

Escribí en Twitter, y lo reitero, que esto expele cierto tufillo de paranoia y que estamos muchisimo más cerca de que en Colombia se instaure un régimen de corte estalinista, con las ventajas que Santos y  el Fiscal quieren darles a los capos narcoterroristas de las Farc, que de la toma del poder por la entelequia de la “ultraderecha” con que Santos y ahora él, Montealegre, pretenden asustar al electorado en vísperas de los comicios presidenciales.

De hecho, la elaboración jurídica que nos ofrece el Fiscal es de corte netamente estalinista y trae a la memoria los torvos argumentos del fiscal Vichinsky, el “jurista” de los procesos de Moscú que tan bien retratados dejó Artur Koestler en “El Cero y el Infinito”. Sugiero a mis lectores que visiten esa obra maestra de la literatura política del siglo XIX a fin de que se vayan preparando para lo que vendrá con gente como Montealegre encargada de poner en marcha la represión del Estado.

Queda la impresión de que la andanada mediática de Santos y sus áulicos para que un hombre decente como Óscar Iván Zuluaga le diga al país toda la verdad sobre el pobre “hácker” se inspira en la fantasiosa hipótesis de Montealegre sobre la “Gran Conspiración”. No en vano ha dicho Paloma Valencia que al parecer Montealegre ocupa el puesto que dejó vacante J. J. Rendón en la campaña reeleccionista. Si el Fiscal se reúne con la bancada santista en el Congreso, según se denunció anoche,¿de qué podrían hablar, sino de este caballito de batalla espoleado por él?

¿Por qué no le piden más bien a Santos que le diga al país toda la verdad sobre Germán Chica, a quién conoce demasiado bien?

La acusación que arroja Montealegre contra Uribe no se relaciona directamente con la “Gran Conspiración”, pero él, con su sagacidad estalinista, trata de ligarlas.

Volvamos al principio, así parezca reiterativo: el expresidente pidió que la Fiscalía investigara si es verdad que J. J. Rendón aportó dos millones de dólares a la campaña de Santos en 2010, si esa campaña violó los topes de financiación establecidos, y si ese aporte tuvo que ver con los doce millones de dólares o más que se dice que los mafiosos del Norte del Valle entregaron para la gestión de un proyecto de acuerdo con Santos.

La reacción de Montealegre no habría podido ser más enérgica, por no decir histérica: ”Queremos que nos diga quién le dijo eso, qué personas le hicieron esos comentarios, y los vamos a citar para que, bajo la gravedad del juramento, nos exhiban las pruebas. Y si no dicen la verdad de los hechos, pues es muy clara la ley penal: quien engaña a la justicia incurre en fraude procesal.”

Todos los días aparecen en la prensa acusaciones graves contra personajes públicos, con distintos grados de fundamentación: sólidos, tenues, endebles. Muchas acusaciones llegan a los estrados judiciales, bien sea a la Fiscalía o a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Y si a quienes las formulan se los amenazase como acaba de hacerlo el Fiscal respecto del expresidente Uribe, es probable que todas esas acusaciones se reducirían al mínimo. El mismo Montealegre ha sido objeto de acusaciones por su actividad profesional como abogado de Saludcoop o por alguna investigación que dijo El Tiempo hace años que le inició la Dian.

Solo ahora viene el Fiscal a mostrar con ademán hirsuto todos los colmillos y las garras de su investidura oficial. Son unas declaraciones intimidantes que denotan prejuzgamiento.

¿Por qué?

Los motivos, al parecer, son simples: quien formula las acusaciones es el expresidente Álvaro Uribe Vélez; se acusa a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010; estamos en vísperas de unas elecciones presidenciales en que las encuestas indican que Óscar Iván Zuluaga podría triunfar sobre el Presidente-candidato.

La sabiduría campesina ha ideado una adivinanza de lo obvio, la que dice “Blanco es, gallina lo pone, frito se come, huevo se llama”.

Creo que no hay que ser demasiado zahoríes para entender qué es lo que quiere el Fiscal.

Es poco probable que su intento de abrirle investigación a Uribe por el supuesto delito de “Creación de rumores falsos” llegue a puerto, como no podría llegar tampoco la querella que el santismo anunció en su contra por Injuria y Calumnia. Por sesgado, torpe o ignorante que sea un juez de garantías, me parece difícil que se atreva a autorizar la privación de su libertad o cualquiera otra medida preventiva por estos conceptos.

De lo que se trata, más bien, es de producir unos efectos políticos. De ahí podría resultar que a Uribe se lo presente, como ya viene haciéndolo Santos, como un personaje poco serio que lanza acusaciones al aire sin ton ni son, con lo cual se afectaría la campaña del Centro Democrático.

De contera, se distraería a la opinión de lo que realmente interesa: la relación de dos muy cercanos asesores de Santos con narcotraficantes del Norte del Valle; la declaración de uno de ellos que dijo haberle entregado a Rendón una cuantiosa suma en dólares: lo que viene diciendo desde hace meses el senador Jorge Robledo acerca de fondos que entraron a la campaña de 2010 y no se declararon. En suma, lo que los medios ya denominan el “8.000 de Santos”, que al Fiscal parece no motivarlo, salvo para enfilar sus baterías contra los denunciantes.

A eso apunta el coro de plañideras encabezado por los dirigentes de la Mesa de Unidad Nacional que andan pidiendo que se le diga toda la verdad al país sobre la “Gran Conspiración” que con ayuda de Montealegre están inventando, al tiempo que callan sobre las andanzas de Rendón y, sobretodo, de Chica, no obstante lo escandalosas que parecen ser.

Pasadas las elecciones, poco importará que se diga a la postre que lo del Fiscal no fue más que un chorro de babas. Si Santos gana con su ayuda, motivos de agradecimiento tendrá para con él. Pero, sobre todo, habrá salvado su embeleco de la paz con las Farc, al que el Fiscal le ha sacrificado todo su prestigio.

Una lectora de El Colombiano que se identificó como María Mercedes escribió que el Fiscal no es un payaso, como muchos piensan, sino un peligro para la sociedad colombiana.

Creo lo mismo. Y avalo el comentario que hizo Montserrat Fernández en “La Hora de la Verdad”: Lo que está haciendo el fiscal Montealegre contra el expresidente Uribe es espeluznante.