Las aguas bajan turbias

El cierre de la primera etapa dela campaña presidencial en curso da pie para varias consideraciones.

La primera, acerca de la calidad humana de los candidatos.

Si el debate hubiera transcurrido entre Óscar Iván Zuluaga. Marta Lucía Ramírez, Clara López y Enrique Peñalosa, habría sido ejemplar. Nuestra democracia podría presentarse ante el mundo como un régimen serio, deliberante, racional. pues cada uno de ellos se ha exhibido ante el público como persona responsable, moderada, ecuánime y con buen conocimiento de los problemas del país. Todos tienen formación avanzada, experiencia gubernamental, probada idoneidad en los cargos que han desempeñado. Sus intervenciones dan fe de que tienen propuestas dignas de considerarse sobre los temas que interesan a las comunidades. Cada uno, por supuesto, pone su propio énfasis en lo que considera prioritario y aspira a diferenciarse de los demás por la pertinencia de los programas que ofrece.

La nota discordante en este armonioso conjunto la pone el Presidente-candidato, cuyos procedimientos han rebajado el tono intelectual y moral del debate con descalificaciones personales contra sus adversarios, especialmente Óscar Iván Zuluaga; el empleo de recursos dialécticos que tratan de manipular y desorientar al electorado; el abuso pertinaz del poder de que goza; la corrupción y la presión sobre políticos, periodistas, gobernadores, alcaldes y empresarios; y una tendencia al juego sucio que le ha hecho decir a su primo Francisco Santos que él sería capaz de cualquier cosa para perpetuarse en el poder, pues carece de todo escrúpulo.

El simplismo en la presentación de los grandes temas de campaña, en la que se acude a ligeras y falsas polarizaciones, como la de paz y guerra, es un insulto a la inteligencia de los votantes y buena muestra de la inopia intelectual del Presidente-candidato.

Decía yo en un foro el viernes pasado que echo de menos a los Lleras de verdad, que al proponer sus políticas presentaban argumentos sólidos, sin desconocer las dificultades propias de su concepción y ejecución, las cuales trataban de explicar a sus auditorios con miras a persuadirlos racionalmente de sus ventajas. En el discurso de Santos, así como el de su jefe de debate, Gaviria, campean en cambio la ramplonería, los lugares comunes, las frases hechas, los argumentos traídos de los cabellos y las agresiones personales. No he visto en muchos años nada tan lamentable como los chillidos histéricos de Gaviria diciendo “Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso”, cuando de lo que se trataba era de convencer a la comunidad de que el proyecto de paz de Santos le conviene al país, lo mismo que la continuidad de sus políticas.

Como lo he señalado en artículos anteriores, los diálogos con las Farc en La Habana suscitan demasiadas inquietudes que invitan más bien al escepticismo que a la esperanza. Y así lo ve la gente del común, al tenor de lo que registran las encuestas. Pero en lugar de disipar las dudas de los escépticos, Santos y su troupe se esmeran más bien en insultarlos diciéndoles guerreristas y traficantes de la muerte, cuando estos son epítetos que más les cuadran a los narcoterroristas de las Farc y el Eln.

Santos dice que nunca antes habíamos estado tan cerca de la paz con las guerrillas como ahora, olvidando que, según se estipuló en el texto que firmaron los famosos “plenipotenciarios” de las partes, nada estará acordado hasta que todo esté acordado, y que las Farc al cierre de cada capítulo dejan siempre la constancia de que lo ahí estipulado está sujeto a revisión.

Tengo para mí que en la hora final, cuando todo esté redactado, las Farc dirán que faltaría ponerse de acuerdo sobre un punto en que han insistido con vehemencia: la convocatoria de una constituyente hecha a la medida de sus aspiraciones, que eleve a canon fundamental sus iniciativas sobre la famosa “refundación del país” que pretenden. El gobierno se rasgará las vestiduras, la prensa clamará, las fuerzas vivas se estremecerán, pero las Farc, con dureza estalinista, se pararán en la raya. “Tómenlo o déjenlo”, dirán. Si quieren deshacer lo andado, es cosa de ustedes, y que siga derramándose sangre inocentes de colombianos de a pie por su intransigencia.

Santos, a quien su vanidad lo lleva a compararse con Churchill, no tiene el coraje ni la honestidad de decirle al país que de su gestión solo cabe esperar “Sangre, sudor y lágrimas”. Por el contrario, ofrece ríos de leche y miel que se financiarían con la drástica reducción del presupuesto militar que les dejaría las manos libres a las Farc para consolidarse en campos y ciudades de Colombia. Lo que ahora se denomina el “postconflicto” sería quizás más difícil de manejar que la guerra abierta en que estamos. Pero su discurso es el del engaño a los colombianos y no el de mostrarles las crudas realidades a que nos veríamos enfrentados con unas Farc envalentonadas con la impunidad, la elegibilidad, la presencia en puestos claves del gobierno y la justicia, las armas guardadas y sus cuadros políticos haciendo acto de presencia tanto en las zonas de reserva campesina como en los barrios bajos de las ciudades.

He señalado que la historia muestra muchos casos de acuerdos de paz que han traído consigo nuevas y peores confrontaciones que las que pretendían superarse. Y tal es el riesgo que correríamos con unos pactos ingenuos con las guerrillas.

Pero lo que quiero tratar en esta oportunidad es el el tema del juego sucio con que Santos ha contaminado esta campaña, y que sería impensable si la competencia se hubiera dado solo entre los cuatro candidatos que en la misma han hecho gala de decencia ejemplar.

El último evento de ese juego sucio corre por cuenta de la edición de la revista Semana que circula a partir de hoy, en la que se publica el supuesto video que registra una reunión del “hácker” con Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos.

De acuerdo con ese pestilente pasquín, que deshonra a la prensa colombiana, “Óscar Iván Zuluaga y su asesor Luis Alfonso Hoyos eran más cercanos al ‘hacker’ de lo que han reconocido y sabían más de sus actividades ilícitas de lo que han dicho”, lo que ha dado pie para que los enemigos de su candidatura lo llamen mentiroso y peligroso (Vid. http://www.semana.com/nacion/articulo/el-video-del-hacker-con-oscar-ivan-zuluaga/388438-3).

Este es uno de esos golpes bajos que suelen presentarse debido a la corrupción de la democracia norteamericana. Santos y su séquito han decidido entrar de lleno, sin reato alguno, en esa modalidad de la lucha política, ignorando que de esa manera ponen en peligro la institucionalidad, destruyen su respetabilidad y les abren las puertas a los peores demonios capaces de envenenar la vida colectiva.

El debate sobre esta publicación apenas comienza y seguramente ocupará la atención del país no solo en estas vísperas electorales, sino en la segunda vuelta que se avizora.

Destaco en torno del tema dos aspectos que considero fundamentales:

-El contubernio de Santos, Montealegre, El Tiempo y Semana, entre otros, para enlodar la campaña de Óscar Iván Zuluaga  y el Centro Democrático.

-Lo que en Twitter denominé el “Watergate” de Santos.

Los acontecimientos de las últimas semanas muestran a las claras una acción coordinada en la que la Fiscalía, valiéndose de los medios y especialmente de El Tiempo y Semana, se ha dedicado a desacreditar e intimidar al Centro Democrático, especialmente a través de sus dos grandes líderes, el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el senador electo Álvaro Uribe Vélez. Los hechos son de dominio público, pues arrancaron precisamente con una rueda de prensa  en que el Fiscal denunció la captura de un “peligrosísismo hácker” que prestaba sus servicios de asesoría informática a la campaña presidencial de Zuluaga; continuaron con las declaraciones que dio el Fiscal para El Tiempo el pasado domingo y de las que me ocupé en mi último artículo para este blog, así como con la publicación a todas luces delictuosa de supuestas evidencias contra el “hácker” el mismo día; y hasta el momento han avanzado con la publicación atrás mencionada que hace hoy la revista Semana.

Esta publicación registra, ni más ni menos, un episodio parecido al de Watergate que enturbió la campaña reeleccionista de Nixon y terminó arrojándolo del poder en medio del escarnio público.

Acerca de ella, un acucioso y honorable periodista, Mauricio Villegas L., ha hecho un penetrante análisis en su cuenta de Twitter que puede leerse a través del siguiente enlace: http://www.twitlonger.com/show/n_1s1q3pp

Agrego las siguientes consideraciones:

- La revista dice que ha tenido en su poder el  video de la reunión entre Sepúlveda, Zuluaga y Hoyos que hace público hoy. Pero no informa cómo lo obtuvo.

Es una pieza procesal que hace parte del expediente de la investigación que la Fiscalía adelanta contra el “hácker” Sepúlveda y, por consiguiente, igual como sucedió con la publicación de evidencias contra el mismo que verificó hace ocho días El Tiempo, cabe suponer que llegó a sus manos a través de funcionarios de la entidad, cuando no del propio Fiscal.

El tráfico de documentos reservados parte de la comisión de un delito, que es en este caso la violación de la reserva sumarial. Y su publicación constituye un delito autónomo según el Código Penal:

“Artículo 194. Divulgación y empleo de documentos reservados. El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor".

A la luz de esta disposición, es claro que los responsables de la revista, igual que los de la publicación de El Tiempo hace una semana, han trasgredido el Código Penal y merecen, por ello, que se los investigue y procese. Pero, como la filtración pudo haber provenido de la Fiscalía, que no se ha dado por aludida frente a estos graves hechos, ¿quién hará que la ley se cumpla en estos casos y a los responsables se los someta a las sanciones que merecen por su desacato a la normatividad penal?

Tratándose de un delito, en este hecho pueden darse otras figuras, como la coparticipación criminal, de acuerdo con los artículos 28, 29 y 30 del Código Penal, que a la letra dicen:

“Artículo 28. Concurso de personas en la conducta punible. Concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes.

Artículo 29. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento.

Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte.

También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado.

El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible.

Artículo 30. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice.

Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción.

Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad.

Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.”

No parece osado señalar que lo que atrás denominé el contubernio de Santos, Montealegre, El Tiempo, Semana y quizás otros más, para atacar a Óscar Iván Zuluaga, Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, sobre la base de la publicación de documentos protegidos por la reserva sumarial o de la indebida participación en política del Fiscal, configure además un concierto para delinquir, a la luz del artículo 340 del Código Penal cuyo inciso primero dice:

”Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.”

En suma, la divulgación que haca Semana del video del “hácker” se basa no solo en uno o varios delitos, sino que ella misma viola el Código Penal y es algo que merece censurarse severamente por los distintos estamentos sociales.

-En cuanto al video en sí mismo considerado, independientemente de su carácter de pieza amparada por la reserva sumarial, su valor probatorio es, por lo menos, discutible.

A la luz de una interpretación rigurosa, como la que a menudo ha hecho la Corte Suprema de Justicia del inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, se trata de una prueba obtenida con violación del debido proceso, por lo cual sería nula de pleno derecho.

Dice la revista Semana:

“El video fue realizado con un celular por algunos de los compañeros del hacker que conocían de sus actividades non sanctas. Se hizo pocas semanas antes del arresto de Sepúlveda y por la conversación que allí se desarrolla tiene menos de dos meses de haber sido grabado.”

¿Cómo llegó a las autoridades ese video?

Si lo grabaron subrepticiamente unos compañeros del “hácker”, no parece lógico que este lo conservara en su poder, de suerte que la Fiscalía diera con él cuando allanó su oficina. Más lógico sería que los tales compañeros lo hubieran puesto en conocimiento de la Fiscalía y con base en ello se hubiera procedido a efectuar el allanamiento.

Ahora bien, si lo grabaron en un celular algunos compañeros del “hácker”, ¿por qué lo hicieron? ¿quién los instigó? ¿en beneficio de quién actuaron?

Aquí es donde el caso comienza a compararse con el de Watergate, pues se ve sin necesidad de mucho análisis que la campaña de Óscar Iván Zuluaga fue víctima de una infiltración realizada con el propósito de desacreditarla en beneficio de la reelección de Juan Manuel Santos.

La revista no revela la identidad de los supuestos compañeros del “hácker”. Sean quienes fueren, incurrieron en el delito previsto en el artículo 191 del Código Penal, que sanciona al que en lugar de trabajo, por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o filme aspectos de la vida de sus ocupantes. Y este delito también es susceptible de coparticipación criminal e, incluso, de ser objetivo de un concierto para delinquir.

¿Participó la Fiscalía en este complot? ¿Participaron en ello los dirigentes de la Mesa de Unidad Nacional que se reunieron el Fiscal hace unos días? ¿Está comprometido Santos en un posible concierto para delinquir consistente en cometer los delitos de violación de la reserva sumarial, publicar documentos amparados por ella y atentar contra la inviolabilidad de sitio de trabajo?

-Sobre el contenido mismo del video, no hago todavía análisis detallado, pues, como se lo dije vía Twitter a mi apreciado colega y amigo Hernando de la Rosa, me falta conocer su contexto.

Es bien sabido que las grabaciones y filmaciones pueden ser manipuladas de suerte que se diga y se vea lo que los interesados quieren, y se edite lo que pueda debilitar sus posiciones.

Prima facie, no se observa de parte de Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos el ánimo criminal.

Lo que, en realidad, le censuran a Zuluaga es una supuesta falta de sinceridad en las declaraciones públicas que ha hecho sobre sus relaciones con el “hácker”, lo que ha dado pie para que hasta el gato maúlle acusándolo de mentiroso.

Se trata, pues, de un glosa moral y no de una acusación jurídico-penal.

Cabe, entonces, la pregunta fatal:

¿Cuál de sus acusadores está legitimado para arrojarle la primera piedra?

Apoyan la reelección de lo que hemos llamado con pruebas en la mano el gobierno de las mentiras, y caen como hienas, chacales y aves carroñeras sobre Zuluaga porque su relación con el “hácker” ha ido más allá de  lo que admitió públicamente.

Agreguemos que Zuluaga no estaba obligado moralmente a divulgar detalles internos de su campaña, como haberle preguntado al “hácker” sobre las trampas que podrían esperarse de Santos y el modo de afrontarlas.

Tiene él, pues, toda la razón cuando afirma que es víctima de un vulgar montaje, el más vulgar de cuantos registra nuestra poco honorable historia política (Vid. http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?titulo=Soy-victima-de-este-vulgar-montaje--%C3%93scar-Ivan-Zuluaga----VIDEO-&WPLACA=16876)

Insisto en lo que he repetido acá una y otra vez: la reelección de Santos sería una catástrofe moral para Colombia.