Hay algo demasiado podrido en Cundinamarca

Alguien trajo a colación en estos días, a raíz de los escándalos en la Corte Constitucional, la conocida frase de Hamlet sobre el estado moral del reino de su asesinado padre.

No es para menos. Lo que ha salido a la luz a raíz del linchamiento moral y jurídico contra el magistrado Pretelt es, simplemente, escabroso.

Para futura memoria, anoto aquí los enlaces de la entrevista que dio para la W el viernes pasado y que estremeció al país: 

-http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/escuche-la-entrevista-al-magistrado-jorge-pretelt--parte-1/20150320/oir/2683240.aspx

-http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/escuche-la-entrevista-al-magistrado-jorge-pretelt--parte-2/20150320/oir/2683212.aspx

Debo dejar constancia de que no conozco al magistrado Pretelt, de quien, la verdad sea dicha, algunos amigos míos no dan las mejores referencias. Pero, a  juzgar por lo que públicamente se conoce, tengo la impresión de que en contra suya se ha desatado una campaña de desprestigio e incluso de persecución que no tiene antecedentes en la historia judicial de Colombia y deja ver que hay todo una conspiración urdida para sacarlo a como dé lugar de la Corte Constitucional.

También para futura memoria, invito a leer tres escritos que según mi parecer arrojan mucha luz sobre lo que está sucediendo:

-http://linkis.com/elmeridiano.co/escan/N7qQq

-https://lupinedrive.wordpress.com/2015/03/23/la-importancia-de-la-vigencia-del-estado-de-derecho-en-la-resolucion-del-caso-pretelt/

-http://www.elespectador.com/opinion/linchamientos

Si el magistrado Pretelt incurrió en un delito, es tema que evidentemente debe decidir la justicia penal con el lleno de las formalidades procesales que le garantizan el derecho de defensa. Condenarlo sin haberlo oído y vencido en juicio es una atrocidad que pone en peligro la seguridad jurídica de todos los colombianos. Y a eso equivale la presión que desde distintos frentes se está ejerciendo sobre él para que renuncie a la magistratura.

El escrito del Dr. Fabián Moreno Sánchez, distinguido jurista nariñense que tuvo que emigrar a los Estados Unidos por el deterioro de la seguridad en su terruño, es contundente: en las circunstancias actuales, la renuncia del magistrado Pretelt no sería válida y acarrearía además una gravísima lesión del Estado de Derecho que dizque nos rige. Es más, la presión que sobre él están ejerciendo el Gobierno, la Fiscalía y sus colegas de la Corte Constitucional es ilícita y en rigor configura abuso de autoridad que  por lo menos podría considerarse como falta disciplinaria.

Mención aparte amerita la condena que ya le dictó la prensa en ejercicio de la “justicia mediática” que sus animadores ejercen a menudo irresponsablemente y sin consideración alguna por la dignidad de las personas que por cualquier motivo quedan expuestas a sus atropellos. Bien vale la pena recordar aquí, para enjuiciar lo que está haciendo entre nosotros la que Alberto Zalamea denominaba la “Gran Prensa”, estas sabias palabras de Rafael Núñez:"La prensa debe ser antorcha y no tea, cordial y no tósigo…”. Comprada o presionada por los gobernantes de turno, y puesta al servicio de intereses que no son diáfanos, está contribuyendo decisivamente a lo que hace poco calificó en lúcido escrito María Anastasia O’Grady como “el declive de la democracia colombiana”.

Era previsible que ante la insólita presión ejercida en su contra, el magistrado Pretelt acudiera al conocido recurso de contraatacar para defenderse, activando el ventilador para enlodar a sus detractores. Y, como coloquialmente se dice, no dejó títere con cabeza. Apuntó certeramente a tres frentes: sus colegas de la Corte Constitucional, el Fiscal General de la Nación, el Presidente de la República.

Desnudó a los primeros, exhibiendo sus lacras. Acusó al fiscal Montealegre de perseguirlo para hacerse al control de la Corte Constitucional con miras a asegurar la impunidad para las Farc. Mostró, en fin, que tras esta hedionda intriga se halla el presidente Santos. De ahí que el expresidente Uribe hubiera dicho que “Santos y la Fiscalía presionan a la justicia para dar impunidad al terrorismo”(Vid.http://periodicodebate.com/#8).

Son tres capítulos que conviene examinar por separado a pesar de los vasos comunicantes que los ligan entre sí.

La pérdida de respetabilidad y credibilidad de las altas Cortes es palmaria y ha tocado fondo, pero sus causas vienen de tiempo atrás. En otra oportunidad he señalado que nuestra justicia padece, entre otros defectos, de ideologización, politización y corrupción.

Son tres aspectos de un mismo proceso de deterioro de la juridicidad que se ha venido agudizando en las últimas décadas. El viejo culto por la sacralidad de la Regla de Derecho que caracterizaba antes a los juristas, que los llevaba a venerarla, ha cedido el paso a concepciones pragmáticas que ven la normatividad como un mero instrumento al servicio de distintos fines elegidos ad libitum por los que hoy se denominan los “operadores jurídicos”. Unos de esos fines parecen encomiables y justifican ante muchos el activismo judicial, ignorando que en un ambiente de relativismo moral esa es una tendencia disolvente que abre paso a la arbitrariedad y a la promoción de otros fines menos plausibles e incluso protervos, como la venganza política o la satisfacción de apetitos venales.

“El Meridiano” de Montería publicó ayer un artículo de Toño Sánchez Jr. que se puede leer a partir del siguiente enlace: http://elmeridiano.co/estamos-en-un-pais-donde-se-maneja-la-presuncion-delincuencial/1475.

Lo menos que cabe decir del mismo es que resulta aterrador. Para la muestra, un botón de los cuestionamientos que formula:

“¿Por qué no hacen un listado de todas las tutelas seleccionadas por los nueve magistrados y no solo las escogidas por Pretelt? ¿Por qué no aprovechar, esta turbulencia mediática, e investigar la elección de Mario Iguarán como Fiscal General, para saber, de una vez por todas, cuál fue la magistrada que puso a un mensajero de las AUC, en la madrugada, a recontar (¡!) más de mil 500 millones de pesos. Por qué no aprovechar este linchamiento para investigar quiénes y cuáles altos magistrados se beneficiaron, o por interpuestas personas, de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes.”

Más adelante viene este otro botón:

“Ya es hora que también se conozca la 'tabla de pago' que hay en el Consejo de Estado para no tumbar alcaldes y gobernadores. No es un secreto que así como están categorizados los municipios están los cobros para no tumbarlos.”

El artículo parece darles razón a los que denunciaron que hubo magistrados de la Corte Suprema de Justicia que recibieron en total $ 15.000.000.000 para que eligieran a Mario Iguarán como Fiscal General de la Nación. Y con esto se abre un capítulo que suscita tremendas inquietudes:¿Cuál es en últimas el balance que deja la institución de la Fiscalía?

Cuando manejaba una cuenta en Twitter que fue usurpada por terceros de mala fe y por considerar que es un medio poco fiable no la quise reactivar, leí el trino de una dama que decía que el fiscal Montealegre es un peligro para la sociedad. Lo mismo parece que piensa Lorenzo Madrigal cuando habla de “los calabozos de la Fiscalía, a cargo de quien, impedido en temas vidriosos, ruge con acaloramiento”.

Pues bien, hace unos días, después de negarse a conciliar con el “hácker” Sepúlveda la querella que le formuló por las afirmaciones calumniosas que hizo ante la Fiscalía, el expresidente Uribe Vélez dio una declaración que en un país medianamente serio habría producido graves repercusiones colectivas y dado lugar a fuertes debates en   los medios (Vid.http://www.radiored.com.co/noticias/judicial/uribe-se-niega-a-conciliar-y-tacha-de-loco-al-hacker-sepulveda/). Dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

“En el caso del señor Sepúlveda estamos ante un joven con trastornos mentales, a quien indujeron en falso testimonio e infiltraron en la campaña,  a quien mantienen confinado en el búnker, cuya débil piscología ha sido manipulada y torturada por la Fiscalía General, lo cual genera el mayor daño a la justicia”

En varios escritos para este blog traté detalladamente el año pasado sobre la empresa criminal que el presidente-candidato Santos, el fiscal Montealegre, la revista “Semana”, el periódico “El Tiempo” y los dirigentes de la Mesa de Unidad Nacional montaron para infiltrar. desprestigiar y criminalizar al Centro Democrático y su candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga.

Remito a los lectores a lo que entonces escribí sobre los delitos que se cometieron por todos ellos y que, por supuesto, están llamados a quedar impunes.

Tiempo después alguien le contó al Procurador que, en medio de unas libaciones, el Fiscal se había jactado de ser el artífice de la reelección de Santos.

Sobre este no es mucho lo que tengo que añadir, pues ya he escrito, y lo corroboro, que su reelección representa una catástrofe moral para Colombia. Es lo que estamos presenciando con estremecimiento a ojos vistas. Santos miente, intriga, manipula, traiciona, enloda, persigue con saña pervirtiendo de modo irresponsable nuestra endeble institucionalidad, y las que otrora solía denominarse “fuerzas vivas” del país lo dejan hacer  sin advertir que de ello podría seguirse inexorablemente el caos.

Ante todo esto, no puedo hacer otra cosa que exclamar:¡Colombia, despierta antes de que sea demasiado tarde!