Memoria de cosas viejas

Una mujer cualquiera  que me insultó hace poco en el Centro Comercial Oviedo porque ocupé un espacio al que ella creía tener derecho preferencial, cerró su agravio gritándome desde la ventanilla de su auto:"Siquiera te faltan pocos años de vida".

Hube de soportar con cristiana resignación que me dijera viejo, amén de un epíteto que por decoro no puedo reproducir aquí, y tratara de recordarme lo que en efecto tengo todos los días muy presente en mi interior, esto es, que dentro de no mucho tiempo habré de comparecer ante Dios para dar cuenta de mi vida. Temo llegar ante Él con las manos vacías, pero confío en su misericordia infinita, de la que personalmente puedo dar testimonio fehaciente.

Pues bien, como mantengo a la vista lo que Julián Marías llamaba “el horizonte de las ultimidades”, creo que hay cosas que no debo guardarme para que queden sepultadas conmigo en la frialdad de la sepultura.

De las que ahora diré, muy poco he hablado y nunca en público, para no herir susceptibilidades  ni posar de impoluto, que no lo soy. Pero, al tenor de lo que hoy se debate en Colombia, tal vez no sobre dar un testimonio personal acerca de asuntos que sucedieron hace algo más de un cuarto de siglo y ahora recuperan actualidad porque tocan con el delicado tema de la extradición, que ahora Santos pretende liquidar, y la transparencia de la administración de justicia, que recientes escándalos han empañado.

He dicho en otras ocasiones que llegué a la Corte Suprema de Justicia, como lo aseveraba para sí algún rústico, “en una escasez que hubimos”. No tuve que intrigar el puesto ni hacer campaña para que me eligieran, pues el asunto se resolvió en cosa de dos o tres días.

Sucede que el entonces integrante de la Sala Constitucional Jaime Pinzón López, que había sido nombrado después del fatídico holocausto de 1985, consideró cumplida su misión en la Corte y presentó renuncia a su cargo en diciembre del año siguiente. Como tal vez nadie quería aspirar a una posición tan peligrosa desde muchos puntos de vista, se resolvió, como dice por ahí uno de esos tangos reos que me encantan, “ir al campo a cachar giles”, y caí en la red.

Mi profesor de Obligaciones y Derecho Procesal Administrativo, Jairo Duque Pérez, propuso mi nombre y entiendo que el único reparo que hubo fue por ser antioqueño, pero como nací en Cali y por motivos familiares he tenido vínculos con el Valle del Cauca, según me contaron después, me presentaron como valluno y, además, medio caucano, por ser mi adorada esposa de origen payanés.

El magistrado Duque me llamó a ofrecerme el cargo y sin mayor discernimiento, “con profunda emoción patriótica”, como solía decir Guillermo León Valencia, lo acepté. ¡Cómo iba yo a negarle ese servicio a mi patria colombiana!

La elección se produjo por unanimidad el 11 de diciembre de 1986. Ese mismo día, por desgracia, la Corte Suprema de Justicia falló, también de modo unánime, declarando la inexequibilidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición que se había celebrado con Estados Unidos bajo el gobierno de Turbay.

La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Duque, hizo dos consideraciones no solo muy discutibles, sino realmente acomodaticias, a saber: a) que la Corte era competente para fallar sobre la inexequibilidad de esa ley, no obstante hacer parte la misma de un acto complejo que había culminado con el canje de ratificaciones por parte de los gobiernos respectivos, pues la ley era un “acto separable” para efectos jurisdiccionales, tal como estaba previsto en esa época para controvertir las adjudicaciones en la contratación estatal; b) que la ley adolecía de vicio procedimental insalvable porque no la había sancionado el Presidente de la República, sino el ministro delegatario con funciones presidenciales, dado que aquel se hallaba a la sazón fuera del país.

Tiempo después me gané un regaño inmerecido de Germán Zea Hernández, que fue quien sancionó la ley. Me dijo Zea con visible indignación que él fue  promotor de la reforma constitucional que introdujo la figura del ministro delegatario y en parte alguna se había considerado que el mismo estuviera sometido a los límites que  la Corte extrajo de su magín para invalidar su actuación. Hube de responderle que yo no integraba  la Corte cuando se dictó esa sentencia y que tampoco estaba de acuerdo con ella. Por consiguiente, las recriminaciones no tenía por qué hacérmelas a mí, sino a otros.

Como el supuesto vicio de inconstitucionalidad que la Corte encontró consistía en que el proyecto de ley que el Congreso aprobó con el lleno de las formalidades constitucionales fue sancionado para convertirse en ley por un ministro delegatario que, según aquella, no podía gozar de la facultad de sancionar leyes aprobatorias de tratados internacionales, el presidente Barco, que era hombre decidido al que no le temblaba la mano, resolvió sancionarla él mismo , de suerte que la ley entró a regir con otra numeración a pesar del fallo de inexequibilidad emitido por la Corte Suprema de Justicia.

Las demandas contra la decisión de Barco no se hicieron esperar. A mí me tocó en reparto una de ellas; otra le correspondió al magistrado Fabio Morón Díaz. La Corte había adoptado una tesis poco sólida acerca de la acumulación de demandas de inexequibilidad, en cuya virtud  tenían que tramitarse por “distinta cuerda”, como se dice en la jerga de los procesalistas.

Fue así como cada uno de nosotros tramitó y sometió a la consideración de la Sala Constitucional su respectivo proyecto. El de Morón era de inexequibilidad, sobre la base de que una ley declarada contraria a la Constitución por cualquier motivo salía definitivamente del ordenamiento jurídico y no podía revivírsela de modo alguno. Yo no discutía esa opinión, pero pensaba que, al haberse declarado la inexequibilidad solo por un supuesto defecto en la sanción, la ley ciertamente desaparecía, pero quedaba un proyecto que podía corregirse, como en efecto lo hizo el presidente Barco.

Era, a mi modo de ver, un defecto subsanable, doctrina esta que dio lugar a un intenso debate en el seno de la Corte, con el resultado que luego diré, y que fue acogida después de modo expreso por el parágrafo del artículo 241 de la Constitución actual. Mi inolvidable profesor David Córdoba Medina, cuando exponía en clase alguna tesis propia, la anunciaba como un “inventico”. Pues bien, lo que estoy mencionando fue un “inventico” mío.

La Sala Constitucional derrotó mi ponencia y presentó a la Corte en pleno la de inexequibilidad de Morón. Pero, según el reglamento de la época, yo tenía derecho de presentar la mía como proposición sustitutiva, y así lo hice. En consecuencia, los magistrados tenían ante sí dos ponencias para decidir, la de Morón y la mía.

Al momento de votar, la Sala Plena, en la que actuábamos 22 magistrados, se dividió por mitades. El magistrado Nemesio Camacho apoyaba mi “inventico”, pero ya estaba de salida de la Corte, y su reemplazo, Ramón Zúñiga, podría estar llamado a desempatar el partido. En su primera actuación ante la Sala Plena leyó un documento que daba la impresión de apoyar mi tesis, pero concluía adhiriendo a la de Morón.

Sin embargo, no hubo desempate. El Presidente de la Corte manifestó que era urgente decidir, dado que ya se estaban presentando amenazas contra varios magistrados. La Sala Penal me acompañaba en mi posición, salvedad hecha de uno de sus integrantes. Pero este, cuando se hizo la advertencia de parte del Presidente de la Corte, exclamó:"Si la cosa es con amenazas, yo cambio mi voto”. Y votó en favor de la exequibilidad de la ley. De ese modo, restableció el equilibrio de las fuerzas.

Yo venía sufriendo amenazas desde tiempo atrás. Me llegaban cartas con el membrete de “Los Extraditables” en las que me advertían que si mi proyecto era aprobado harían “justicia” contra mí y los míos do quiera que estuviéremos. A veces, cuando iba de regreso a casa, el conductor me llevaba por rutas extrañas, diciéndome que se habían recibido llamadas de alerta. Los teléfonos de mi residencia estaban intervenidos, pues en el allanamiento que se le hizo a Pablo Escobar en “El Bizcocho” aparecieron grabaciones sobre las que la justicia me pidió después que declarara si correspondían a personas de mi familia. Mi hija mayor me contó años más tarde que un día recibió una llamada en la que le advertían que me iban a matar. Y el segundo de mis hijos, que a la sazón tenía apenas cinco años, hizo alguna vez este comentario:"Es que a mi papá lo van a matar".

Cuando llegaron las primeras cartas de amenaza contra mí a la Corte, se reforzó mi escolta, pero no había para protegerme un carro blindado. El único con que se contaba se lo habían asignado al magistrado Duque y no quiso cedérmelo.

El magistrado Duque alegaba correr mucho peligro. Aunque había sido ponente del fallo del 11 de diciembre de 1986, alguna vez me dijo que había proyectado una ponencia de exequibilidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición, pero la Sala Constitucional no se la aprobó y tuvo que redactar otra en sentido contrario. Incluso, llegó a mostrarme la parte resolutiva de su primer proyecto.

No obstante, tenía estrechas relaciones con Diego Londoño White, que en una grabación de las de “El Bizcocho” figuró dándole a Pablo Escobar noticias sobre la marcha del proceso de inexequibilidad de la ley, recibidas, según él, del propio Duque.

Este fue asesinado años más tarde al parecer por “Los Pepes”, según dijeron fuentes de la Universidad de Antioquia. Y un profesor de esta, que años después fue magistrado de la Corte Constitucional, formulándome airadamente el reclamo por haber hecho un elogio póstumo de Duque en el claustro universitario, lo sustentó afirmando que en su sucesión había aparecido una finca regalada por “El Mejicano”. Lo cierto es que los paramilitares despojaron prácticamente a sus herederos de los ganados y haciendas que poseía en la zona de Maceo.

Como las votaciones en la Corte seguían divididas, hubo que optar por el sorteo de un conjuez cuya misión se limitaría a votar por una de las dos ponencias que estaban sobre la mesa.

Hubo un primer sorteo y resultó elegido un exmagistrado de la Sala Penal. Cuando se leyó su nombre, uno de los integrantes de dicha Sala exclamó:"Esto se perdió. Ese es de ellos". Pero el sorteado no aceptó, aduciendo que ya había conceptuado sobre el tema en la universidad en donde dictaba clases. La misma excusa invocó el segundo de los sorteados, que gozaba de muchísimo prestigio entre los penalistas y era un connotado personaje que había sido ministro de Gobierno. Un tercer sorteo arrojó el nombre de un respetado constitucionalista, quien con toda razón dijo que no podía aceptar porque había hecho parte del Congreso que aprobó la ley. Hubo un cuarto sorteo y esta vez el señalado, que era un litigante que también gozaba de enorme prestigio, abordó el asunto. Días después se convocó la Sala Plena para escuchar la sustentación de su voto, lo que hizo en un breve escrito en que zanjaba el debate apoyando la tesis de la inexequibilidad.

Una vez leído este documento, me abordó para felicitarme por mi ponencia, agregando que ojalá hubiera en  Colombia otras personas con tanto coraje como el mío. Pero años más tarde, “Popeye” contó en su libro que la víspera del fallo se metió a la oficina del conjuez y arrojó sobre su escritorio un maletín con dos millones de dólares en efectivo, diciéndole que no se admitirían devoluciones.

Todo este tejemaneje ocasionó un grave desprestigio para la Corte Suprema de Justicia, a punto tal que, a raíz de algunas declaraciones que di para Caracol, Antonio Panesso Robledo resolvió atacarme desde su columna en “El Espectador”, tratándome de “metafísico” y diciendo que la Corte se había abstenido de fallar sobre el espinoso tema de la extradición para poner sobre la espalda del conjuez ese fardo tan indeseable.

Ese escrito me molestó muchísimo y lo respondí con acerbía, diciéndole a Panesso que se estaba dando el lujo de escribir sobre lo que ignoraba. Uno de mis colegas me aconsejó que no lo hiciera, porque él tenía periódico para seguir atacándome y yo no; agregó que, además, no lo tenía en buen concepto. “Es un hombre amargado, a quien conozco bien”, me dijo. Como desatendí ese sabio consejo, Panesso aprovechó la oportunidad para seguir maltratándome y denigrando de la Corte.

Resolví, entonces, pedirles a los responsables de ese periódico que me recibieran. La voz cantante era la de José Salgar, pues la dirección había quedado en manos de jóvenes herederos de Don Guillermo Cano, a quien la mafia había asesinado unos  meses antes. Les manifesté que no entendía lo que estaba pasando en Colombia para que ellos se atrevieran a publicar que los magistrados nos habíamos puesto de acuerdo para dividirnos el voto de manera que la decisión tuviese que quedar a cargo de un conjuez. Esa insinuación, a mi juicio, era atroz. Señalé, además, que era inadmisible que después de  uno exponerse a lo peor en función del cumplimiento de su deber, salieran a desacreditarlo de ese modo. Salgar me respondió que ellos respetaban la independencia de sus colaboradores para opinar. Cerró el diálogo diciéndome que la Corte no había sido solidaria con ellos en relación con la trágica muerte de Don Guillermo Cano.

A partir de ahí, tomé la decisión de retirarme de la Corte. Me dije que uno se iba para allá arriesgando por la búsqueda del honor, la vida, la familia, la tranquilidad, la seguridad y el escaso patrimonio, pues nunca fui persona adinerada y de hecho he vivido saltando matones, para terminar perdiéndolo todo y sufriendo la deshonra.

Regresé a Medellín con un sabor muy amargo en el alma. Nunca pude recuperar la envidiable posición profesional que tenía cuando de buenas a primeras acepté la magistratura.

Una amiga me llamó en esos días para decirme que había estado en una reunión en que la esposa de un médico sostenía a pie juntillas que yo me había vendido en la Corte. Ignoro cuánta gente pensaba y decía lo mismo.

Un amigo me contó por esa misma época que, cuando yo estaba en la Corte y tenía en mis manos el tema de la extradición, se le acercó un personaje muy conspicuo en los altos círculos sociales de Medellín para decirle, palabra más palabra menos, lo siguiente:"Como usted conoce al Dr. Vallejo, ¿por qué no le dice que pida la suma que quiera, pues mis mandantes están dispuestos a depositarla como y donde diga”. Según mi amigo, este le respondió:"Ni se les ocurra. Lo conozco muy bien y es absolutamente insobornable”.

Algo similar ocurrió cuando desde las páginas de “El Colombiano” escribía para atacar a Samper. Este se quejó a un gran amigo mío por mis escritos, y le dijo:"Cómo me gustaría hablar con él”. Mi amigo le contestó más o menos lo mismo que el otro:"No se le ocurra. Es un hombre muy independiente”.

No puedo ser ingrato con las personas amigas que creyeron en mí y me tendieron la mano en la travesía por el desierto que hube de padecer a mi regreso a Medellín después del paso por la magistratura. Todas ellas están presentes en mis oraciones, que es lo único que tengo para darles en reciprocidad por el apoyo tanto moral como material que me brindaron. Ya no hay amargura en mi corazón, porque vivo cada vez más cerca de mi Creador. Todos los días, al despertar, le digo:"Dios mío, te amo; en Tí creo, confío y espero; a Ti me encomiendo y quiero servirte …"

Yo podría estar muerto, pues la mafia no perdona. Si el conjuez hubiera votado en favor de mi ponencia, yo no estaría contando este cuento.Pienso ahora en todas las víctimas de la extradición, comenzando por los magistrados de la Sala Constitucional que los del M-19, en alianza con Pablo Escobar, asesinaron en el Palacio de Justicia en 1985.

Santos, para congraciarse con los narcoterroristas de las Farc,  acaba de borrar de un plumazo esa figura que, si bien parece odiosa, ha representado un valioso instrumento contra las peores manifestaciones del crimen organizado en nuestro país.

Igual que muchos, estoy escandalizado por lo que ahora sucede en la Corte Constitucional. Pero esto no representa ninguna novedad para mí, y en mi interior, dado lo que he padecido y conocido, pienso que “maña vieja no es resabio”. Desde hace tiempo he venido escribiendo sobre la crisis de la justicia en Colombia. Lo que ahora ocurre es que ha tocado fondo.

Se trata, por supuesto, de una crisis de la institucionalidad. Pero hay algo más grave: una profunda crisis moral que invita a preguntarse como alguien lo hizo en estos días:¿Qué ha sucedido con la dirigencia colombiana?