Los conflictos que se avizoran

Hace algún tiempo, el profesor Vedel, uno de los grandes juristas franceses del siglo pasado, dijo en una entrevista que consideraba de la más alta conveniencia para la salud del régimen político que primero se decidieran las competencias presidenciales y después las parlamentarias.

Según su punto de vista, el secreto de la estabilidad de los regímenes occidentales reside en el entendimiento entre los titulares del poder gubernamental y los integrantes de congresos o parlamentos.

Ese entendimiento es la clave de los regímenes de tipo parlamentario, que prevén disposiciones tendientes a resolver los conflictos que pueden presentarse entre la representación popular que tiene asiento en el Parlamento y los detentadores del Gobierno. Básicamente, esas disposiciones prevén que los órganos gubernamentales se integren de acuerdo con las mayorías que imperen en los cuerpos colegiados, así como distintas interacciones entre unos y otras, tales como el voto de censura y la disolución del Parlamento, que pueden dar lugar a situaciones que en últimas deben ser resueltas por el electorado.

Según el profesor Vedel, para el caso francés y otros en que el poder presidencial sea autónomo respecto de las mayorías parlamentarias, lo preferible sería que primero se eligiera el titular de la Presidencia y después de ello se celebrasen las elecciones parlamentarias, pues de ese modo se lograría que esos dos grandes poderes obedeciesen a las mismas líneas de conducción política.

Los regímenes de tipo presidencialista como el nuestro carecen de soluciones adecuadas para resolver las diferencias políticas entre el Congreso y  el Gobierno. Aunque entre nosotros se consagra el principio de colaboración armónica entre los titulares del poder público, su fuerza jurídica es más bien endeble, por no decir irrisoria, pues no hay instancia superior capaz de hacerlo efectivo. Esa colaboración se logra mediante negociaciones. Al fin y al cabo, el arte de la política involucra ineludiblemente el de la transacción y ésta, a su vez, conlleva el sacrificio de unas aspiraciones en pro de la efectividad de otras.

En la historia colombiana, los conflictos entre el Presidente y el Congreso se han resuelto a menudo con la caída del primero o el cierre del segundo. Para no llegar a esos extremos, los gobiernos han tenido que ceder ante las presiones, no pocas veces extorsivas, de los titulares de la representación popular.

Como el país adolece de mala memoria, poco se recuerda ya el último de esos conflictos, que ocurrió bajo el mandato de Andrés Pastrana.

En 1998 el Partido Liberal eligió 56 senadores, pero perdió la Presidencia. Para manejar el Congreso, Pastrana se valió de Fabio Valencia Cossio, quien sonsacó prácticamente la mitad de la representación liberal con el cuento de la colaboración patriótica, logrando así una precaria mayoría en el Congreso.

Pero el costo fue altísimo. Los liberales colaboracionistas cobraron cuotas cada vez más descaradas, hasta el punto de que Pastrana, desesperado por sus extorsiones, se atrevió a proponer el llamado al pueblo para que votase la revocatoria del Congreso. Serpa, que entonces ejercía el liderazgo entre los liberales, respondió promoviendo la revocatoria del Presidente.

El conflicto se fue extendiendo y, en un momento dado, el alto mando militar le hizo saber a Pastrana que se estaba creando un clima de agitación que las Fuerzas Armadas no estaban en capacidad de controlar. Entiendo que, por otra parte, las entidades financieras internacionales advirtieron que esa confrontación afectaría el crédito colombiano en el exterior.

En suma, Pastrana hubo de recular y  quizás de ahí surgió la iniciativa de vincular a Juan Manuel Santos al Ministerio de Hacienda. Terminó su mandato con las manos atadas.

No menos graves fueron las extorsiones que por su propia culpa padeció Ernesto Samper, que para cumplir su desastrosa consigna de “Aquí estoy y aquí me quedo” tuvo que entregarse de pies y manos al Congreso, que tenía el poder de someterlo a juicio o exonerarlo por la financiación que su campaña recibió del narcotráfico.

Quien salga elegido para la Presidencia en las elecciones venideras tendrá qué habérselas con unos congresistas que no le deberán su elección y estarán dispuestos a exigir contraprestación por el apoyo que le brinden.

Santos no las tiene todas consigo, pues la mayoría uribista del Congreso recién elegido no es santista.  A los  esquivos votos de la U tendrá que sumarles los de los conservadores, los de Cambio Radical y hasta los del PIN, con quienes ha dicho que no negociará, así como los del MIRA y otros votos sueltos.

Pero la situación más grave será la de Mockus, con una exigua representación en el Congreso y unas mayorías que tendrán sus fauces abiertas para hacerle ver que la antipolítica no es viable.

Toda esta confusión se habría podido evitar si las elecciones presidenciales se hubieran efectuado antes de las de congresistas.

Pero como las reglas políticas las fijan los políticos y éstos las elaboran con base en lo que les conviene, lo que se ha dispuesto entre nosotros es que los aspirantes al Congreso resuelvan primero el problema de su elección, desligándola de del asunto de las aspiraciones presidenciales.

Ello tiene su lógica desde el punto de vista de los intereses de los políticos, pero contraría la del buen gobierno. Los congresistas se hacen elegir y dejan a los candidatos presidenciales abandonados a su suerte, como se ha visto con los conservadores y los liberales en la campaña actual, esperando negociar después con el ganador.

Uribe, mal que bien, ha contado con mayoría en el Congreso, pero a fuerza de transacciones como la de la yidispolítica o  la de poner el servicio exterior a la disposición de los apetitos de sus adherentes. Lo ha protegido su enorme prestigio popular. Pero el próximo Presidente, a juzgar por lo que dicen las encuestas, ganará por un margen muy estrecho de votos, lo que no le permitirá invocar un sólido respaldo del electorado en pro de sus políticas.

Por eso, Santos se ha anticipado a anunciar que aspira a hacer un gobierno de unidad nacional, lo que Mockus, con su antipolítica, no podría ofrecer sin riesgo de malquistarse con los fanáticos que lo siguen.