Seguridad y Legalidad (IV)

Las políticas de seguridad pública se desarrollan a través de diferentes acciones de inteligencia, investigación, policía, instrucción criminal, juzgamiento, etc.

Unas de ellas dependen de decisiones políticas y administrativas de los gobiernos. Otras son del resorte de autoridades de la Rama Judicial, respecto de las que los gobiernos apenas pueden ofrecer la colaboración armónica que la Constitución prevé para el cumplimiento de los fines del Estado.

Por eso, cuando Mockus habla de que su proyecto de seguridad con legalidad incluye que en cada municipio haya jueces y fiscales, está prometiendo algo que no dependería de él como gobernante, dado que la creación de juzgados, que de hecho no faltan en ningún municipio, compete al Consejo Superior de la Judicatura, y la de fiscalías corresponde al Fiscal General de la Nación.

Sería preferible que hablara de la gran reforma que se hace indispensable emprender para que en efecto la ciudadanía tenga acceso a pronta y cumplida justicia, lo que incluye modificaciones a la Constitución Política cuya viabilidad dependería de la obtención de consensos con las altas Cortes y la Fiscalía misma, así como con la Procuraduría y los sectores políticos, profesionales y académicos pertinentes.

He señalado en artículos anteriores que el trasfondo del planteamiento de Mockus involucra críticas a la gestión de Uribe dentro del contexto de los Derechos Humanos. En efecto, si echa de menos la legalidad en la política de seguridad, es porque considera que ésta no se ha aplicado del todo con arreglo a la ley, especialmente en tan delicada materia.

Uno puede preguntarse si las condiciones de debilidad institucional del Estado colombiano y las modalidades tan acusadas que asume la delincuencia de todos los pelambres entre nosotros, permiten ajustarse adecuadamente a los muy rigurosos criterios que el pensamiento jurídico contempla en la actualidad respecto de la acción de las autoridades y la garantía de los derechos individuales.

Cuando se observan las dificultades de toda índole dentro de las que les toca actuar a los agentes del orden en contra de la delincuencia, lo que salta a la vista es que no hay acción más difícil ni más ingrata que esa, pues su marco jurídico es demasiado complejo y las circunstancias reales no lo son menos.

Sea la oportunidad para ilustrar el tema con unas anécdotas personales.

En mi primera reunión como embajador con la Cancillería de Chile, se me dijo claramente que el gobierno de ese querido país apoyaba la política de seguridad democrática, pero siempre y cuando nosotros obrásemos de modo intachable en lo concerniente a los Derechos Humanos.

Por tal motivo, me pidieron que me pusiera en contacto con los Departamentos de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y la Diego Portales, que tenían a su cargo la misión de asesorarlos en la materia. Fueron explícitos en manifestarme que Chile aspiraba a ejercer una monitoría sobre el comportamiento colombiano en tan delicado asunto.

En la Universidad de Chile estaban a cargo del tema el profesor José Zalaquet, considerado como la máxima autoridad en materia de Derechos Humanos en Chile, y la doctora Cecilia Medina, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El encuentro que tuve con ellos fue muy cordial, pero no dejaron de manifestar sus preocupaciones sobre la situación colombiana, la cual, dicho sea de paso, no les resulta fácil de entender a quienes no nos conocen de cerca.

La Dra. Medina me obsequió varios libros suyos. Uno de ellos versa sobre la jurisprudencia de la Corte en mención acerca de los derechos consagrados en el Pacto de San José. Lo leí con especial interés y quedé con una enorme preocupación por el rigor con que se examinan ahí los casos. En un encuentro posterior, le comenté a la Dra. Medina que, a juzgar por los criterios de la Corte, ningún país escaparía a que se lo condenara por violación de lo estipulado en el Pacto. Me contestó con una sonrisa condescendiente: “A eso se comprometieron los Estados cuando lo firmaron”.

Con la Universidad Diego Portales la experiencia fue desastrosa, porque el punto de partida de sus investigadores y profesores era la complicidad de nuestras fuerzas armadas con el paramilitarismo. Así nos lo dijeron con toda franqueza, por lo que hube de enviarles un oficio vehemente con el que procuraba disipar lo que yo consideraba un prejuicio infundado. Desafortunadamente, lo que pasó con Noguera en el DAS y luego con los procesos de la parapolítica, no ayudaba mucho para la defensa del honor de nuestras autoridades. Cómo discutir con ellos, además, si acababa de suceder el molestísimo caso de Salvador Arana, que nos llenó de desprestigio.

A propósito, no sé cómo ha podido ocurrírsele al hablantinoso que está encargado de nuestra representación diplomática en Chile hacer en reuniones con empresarios la apología del paramilitarismo, diciendo que fue la salvación para Colombia. Lo que tampoco sé es cómo pudo ocurrírsele al Presidente enviarlo para que dijera esa y otras enormidades, como la de que es socio suyo en negocios de ganadería, como también dizque lo ha sido del funesto Salvador Arana.

Pero doblemos esta doliente hoja. Lo que quiero destacar es la enorme dificultad en que nos hallamos para garantizar el orden público y los derechos fundamentales de la gente del común en medio de unos estatutos muy restrictivos y de una vigilancia demasiado severa que se ejerce sobre nosotros desde el exterior.

No mencionaré mi experiencia tangencial con HRW, que no me dejó buen sabor, porque toca con algo que se habló en reserva y de lo que su representante impidió que quedara memoria escrita.

Diré, eso sí, un poco sobre  lo que me tocó vivir y padecer con Amnistía Internacional, cuya oficina en Santiago se ocupa de los asuntos de Colombia, para referir que en la primera comunicación que recibí de ellos se acusaba a nuestro gobierno de ser promotor de secuestros, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos.

Poco a poco tuve que ir induciéndolos a que bajaran el tono, explicándoles las dificultades que tenemos para proteger a las comunidades establecidas prácticamente en medio de la selva y acordando con ellos unos procedimientos para que sus quejas no se quedaran perdidas en la Cancillería, sino que pudieran llegar a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y demás autoridades competentes para diligenciarlas, mediando de mi parte el compromiso de informarles acerca de los resultados que se obtuvieran.

Algo se logró, gracias al interés de la sección de Derechos Humanos de nuestra Cancillería, a la que no le falta profesionalismo, pero carece de recursos humanos y materiales suficientes para atender lo que de ella se espera.

Mi experiencia personal me dejó el convencimiento de que nuestros problemas son tan difíciles, que no podemos resolverlos sin la ayuda de la comunidad internacional. Por eso me dí a la tarea de mostrar a Colombia en todas partes, bajo la consigna de que “Si nos conocen, nos entienden, y si nos entienden,nos ayudan”.

En fin, diciéndolo en lenguaje mockusiano, cabe afirmar que la idea de garantizar al mismo tiempo la seguridad y la legalidad en las condiciones actualmente imperantes, equivale a lograr la cuadratura del círculo. Ignoro cómo harán los Verdes para cumplir sus promesas.