Seguridad y Legalidad (I)

Cuando Mockus habla de que es necesario avanzar en el proceso de seguridad democrática hacia el estadio de la legalidad, a no dudarlo le está haciendo una severa crítica al presidente Uribe por la parapolítica, los falsos positivos, las “chuzadas” del DAS y, en general, los excesos o descuidos que se han dado en el ejercicio de la autoridad a lo largo de los últimos ocho años.

Dice no negar los avances logrados en el empeño de proteger a los colombianos contra las depredaciones de los violentos, y aspirar además a la mejoría de lo construido, todo lo cual parece muy puesto en orden. Pero ello no obsta para preguntarse acerca de los alcances de las críticas que viene formulando así sea en tono menor, así como para reflexionar en torno de la concepción de la legalidad con que aspira a darle nuevo aire a lo que ha sido el eje del gobierno de Uribe.

Para abordar el análisis del asunto, hay qué considerar, de entrada, que a lo largo de la historia la primera tarea que se asigna a la autoridad política en todas las latitudes es la garantía de la seguridad exterior e interior de las comunidades. Es lo que éstas siempre han demandado, a punto tal que bien puede afirmarse que todo lo demás en lo concerniente al cuerpo político, como que en el mismo el poder se someta a reglas, que esas reglas garanticen unos derechos fundamentales, que se lo constituya democráticamente y que vele por el bienestar de la gente, se supedita al imperativo de la seguridad, pues sin ésta nada de lo otro es posible.

Esa es la razón por la que, bajo diferentes denominaciones y con diverso contenido, se ha dotado a los gobernantes de atributos que en el lenguaje del derecho público se consideran soberanos.

Es interesante recordar cómo en el derecho romano llegó a considerarse que el emperador estaba por encima de la ley, que a los reos de lesa majestad se los ponía por fuera del amparo de aquélla y que, dentro del propósito de mantener el orden, prácticamente todo les estaba permitido a los responsables del mismo. En estos antecedentes se inspiraron durante muchos siglos tanto los  filósofos como los juristas y, desde luego, los gobernantes, en las sociedades que siguieron el modelo romano. Ni qué decir de las otras, en que la juridicidad nunca tuvo la importancia ni el refinamiento de la que nos legó Roma.

Puede afirmarse que la Razón de Estado parte de la base de que la existencia y la seguridad del mismo prevalecen sobre cualquiera otra necesidad, por cuanto si no hay Estado o éste se debilita hasta el punto de convertirse en un rey de burlas, todo lo demás zozobrará y se hundirá en el cenagal de la anarquía. Pero, como es bien sabido, esa Razón de Estado no es susceptible de encuadrarse dentro de lo que se considera propio de toda racionalidad, especialmente la matemática cuyos enunciados se caracterizan por la universalidad y la necesidad lógica.

En efecto, la Razón de Estado es casuista, flexible y del todo refractaria a dejarse encasillar dentro del rigor de principios y normatividades. Tal como se la ha concebido, ahí se pone de manifiesto un voluntarismo mondo y lirondo, vecino de la arbitrariedad, que es la negación del derecho.

La Revolución Liberal que se inició en el siglo XVII en Inglaterra y continuó luego en el siglo XVIII con la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, se produjo en buena medida como reacción contra la arbitrariedad de la monarquía absoluta, que en el lenguaje de la época se identificaba con el despotismo. Sus promotores aspiraban, no sin cierta ingenuidad, a instaurar en las sociedades el primado de la Razón, sin adjetivos ni especificaciones.

Al tenor de sus planteamientos, el Estado de Derecho debía ser ante todo racional, tanto en sus presupuestos  conceptuales como en su estructura y su funcionamiento. Y sus poderes tendrían qué considerar no sólo la seguridad, sino los derechos individuales a la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad, a los que aquélla debería supeditarse. De ese modo, la seguridad dejaba de ser presupuesto de la legalidad, ya que ésta se alzaba por encima de todo lo demás. Es la idea de la Regla de Derecho o Rule of  Law en que suele considerarse que en últimas reside la soberanía, de modo que en la práctica del Estado se imponga la voluntad abstracta de la Ley y no la concreta y subjetiva del gobernante.

Es lástima que el limitado espacio del blog, que no es otro que el que otorga la paciencia de los lectores, me impida por lo pronto ocuparme de las implicaciones tanto teóricas como prácticas de este cambio de paradigma, así como de las vicisitudes de su implantación en las sociedades occidentales y las que han seguido su modelo.

Diré solamente que las novedades revolucionarias siempre conviven durante no pocos años con los hábitos mentales, las conductas, las costumbres y la institucionalidad de  lo que se pretende cambiar con ellas. Por consiguiente, en el Estado liberal y el derecho que se propuso imponer quedaron no pocas supervivencias del Antiguo Régimen, ya ocultas o larvadas, bien ostensibles aunque con otras denominaciones. La historia de lo que hoy llamamos los Estados de Excepción ilustra a las claras sobre esas supervivencias.

El Liberalismo, cuya paternidad suele atribuirse con buenas razones a Locke, si bien Pierre Manent se la asigna a Hobbes, ha dado muchas vueltas en estos últimos cuatro siglos. A la hora de la verdad, no es una doctrina nítida, susceptible de condensarse al modo geométrico a partir de axiomas dotados de evidencia racional hasta llegar a conclusiones o corolarios rigurosamente fundados en los primeros. Es, más bien, cierto modo de ver las cosas que López Michelsen, entre nosotros, solía identificar con el pragmatismo que anida tras el método del ensayo y el error, si bien siempre dentro del criterio de una concepción racional de la vida política.

Pero, en los últimos tiempos, los filósofos y juristas liberales se han aplicado a alejarse de ese pragmatismo, al que consideran inconveniente,  para volver al doctrinarismo racionalista del siglo XVIII, más centrado en la contemplación de los principios que en la apreciación de los hechos.

Su tema de fondo hoy es la dignidad de la persona humana, concepto en torno del cuál se aspira a ordenar no sólo el sistema político, sino todo el sistema social. Y la seguridad, que antaño primaba sobre los derechos, como condictio sine que non de la eficacia de los mismos, pasa entonces a subordinarse a lo que se considera que es inherente a la dignidad. Así las  cosas, ese augusto principio regula la acción bélica, el ejercicio de los poderes de policía, la prevención de las alteraciones del orden, la investigación de los delitos, los procedimientos penales, las restricciones de las libertades y, en general, todo lo que entraña la coercibilidad del derecho.

Esto es importante recordarlo, por cuanto  resulta probable que en el lenguaje de Mockus el concepto de legalidad equivale al de dignidad, que está en la cúspide de aquélla. Por consiguiente, lo que propone es una política de seguridad, pero con respeto a la dignidad de las personas, sin alianzas con grupos criminales ni prácticas irregulares como los falsos positivos y las famosas “chuzadas”.

Matemáticos por su formación, tanto Mockus como Fajardo quizás tiendan a considerar los temas políticos al modo geométrico, sin cuidarse demasiado de examinar el contenido de los axiomas fundantes de la acción, que piensan que son autoevidentes, ni la dialéctica de las ideas, las valoraciones, las necesidades, los intereses y los comportamientos de los seres humanos en su vida social, que suscita conflictos que a menudo sólo se resuelven de modo pragmático.

La idea de la dignidad inherente a la persona humana es, desde luego, muy halagüeña. Todos nos sentimos protegidos y estimulados por ella. Alienta lo que los pensadores existencialistas llamaban la “buena conciencia”. Pero no sobra preguntarse por su fundamento, su contenido, sus implicaciones y sus dificultades en la vida real.

Tal vez, como sucede con las ideas de libertad e igualdad que nos son tan caras, no sea algo que encontremos en la naturaleza, como si se tratase de puntos de partida o presupuestos de la sociabilidad humana,  sino que representan  puntos de llegada, aspiraciones ideales, frutos maduros de la civilización que sólo se alcanzan, con avances y retrocesos, a través de esfuerzos persistentes y arduos que chocan con tendencias muy arraigadas en nuestras entrañas.

No deja de presentarse una situación paradójica cuando las fuerzas del Estado, que por definición están sujetas a la juridicidad, tienen que habérselas con quiénes desconocen toda juridicidad o albergan acerca de la misma ideas del todo contrarias a las que ha forjado la civilización. Dicho de otro modo, es un escenario absurdo en el que unos juegan, para decirlo en términos gratos a Mockus, con unas reglas, mientras que otros se guían por reglas del todo diferentes. Ahí fracasa la teoría de los juegos que ahora está tan de moda y que Mockus aplicaba como alcalde con el símbolo de la perinola.

Esa situación obliga a pensar que debe haber una normatividad para los que se someten a las reglas de juego establecidas de modo legítimo, y otra diferente para los que las desconocen y combaten. Pero hoy no tenemos claridad acerca de cómo podrían ser estas últimas, pues media un abismo muy profundo entre las exigencias éticas que se imponen a través de la normatividad internacional y los problemas prácticos de una sociedad en avanzado estado de descomposición como la nuestra.

Es tema sobre el que habré de volver más adelante.