miércoles, 4 de noviembre de 2015

Un Despliegue de Maldad

Recomiendo a mis lectores este excelente artículo de Francisco Cortés Rodas, Director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, que publicó ayer “El Colombiano” bajo el título de “El Olvido de las Víctimas”:

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/el-olvido-de-las-victimas-LI3028481

Ahí se hace hincapié en un elemento que es ineludible para que haya reconciliación entre nosotros los colombianos después de más de medio siglo de violencia guerrillera y que ha sido pasado por alto por el Gobierno y las Farc en los diálogos de La Habana: la reconstrucción de la base moral de la sociedad.

Sin que desconozca las injusticias de nuestra estructura social ni los abusos que los agentes estatales han cometido en su lucha por restaurar el orden público, todo lo cual es desde luego censurable del modo más severo, me parece que la mayor responsabilidad por lo que hemos sufrido en este largo y doloroso período de nuestra historia les incumbe a los promotores de la violencia guerrillera, tanto los que aún siguen alzados en armas, como los que fueron amnistiados hace años y hoy ocupan posiciones de privilegio en el escenario político.

Ellos son responsables de una auténtica guerra de agresión contra una democracia que es ciertamente imperfecta, pero es una de las más antiguas del mundo actual. En efecto, salvo algunas interrupciones, nuestro régimen constitucional tiene más de 190 años de vigencia. Y lo que las guerrillas comunistas pretenden es sustituirlo por un régimen totalitario y liberticida que siga el fracasado modelo cubano y la vergonzosa dictadura que hoy oprime a Venezuela.

Dizque para corregir la injusticia social y derrocar la oligarquía que según ellos nos explota inmisericordemente, los comunistas colombianos, fieles a la fementida moralidad revolucionaria que predica el marxismo-leninismo y a la consigna de la combinación de todas las formas de lucha, han incurrido en toda suerte de depredaciones que justifican en aras de su abominable proyecto político.

No los arredran el asesinato, las masacres, el reclutamiento forzado de niños, la inmisericorde explotación sexual,  el secuestro, los campos de concentración, las horrendas torturas infligidas a sus víctimas, la extorsión, la destrucción de fuentes lícitas de riqueza y de trabajo,  el menoscabo del patrimonio colectivo, los gravísimos atentados  contra la ecología, la participación en todos los momentos del pernicioso negocio de la droga, ni la comisión de delito alguno así sea de los que la conciencia jurídica de la civilización ha declarado como crímenes de lesa humanidad.

Cuando se escriba lealmente la historia de esta continuada agresión contra nuestro pueblo y sus instituciones, habrá que decir con las famosas palabras de Enrique Santos Discépolo en su “Cambalache”, que toda ella no es otra cosa que un ominoso despliegue de maldad.

Y es ante esa maldad que nos estamos doblegando los colombianos por obra de un gobernante amoral y falto de carácter a quien sigue una dirigencia no menos perversa.

Las Farc, por boca de sus más conspicuos voceros, han dicho a los cuatro vientos que no tienen nada de qué arrepentirse, porque si mostrasen arrepentimiento por lo que han hecho desconocerían su condición de guerrilleros.

Por consiguiente, no están en disposición de asumir responsabilidades jurídicas, políticas, morales ni metafísicas por los incontables y atroces daños causados a las comunidades y a millones de individuos que han sido víctimas de sus inicuos procederes.

“No pagaremos un solo día de cárcel”, exclaman de modo desafiante. Y, para darles gusto, los golillas de Santos ponen a funcionar su torpe imaginación en procura de urdir dizque las fórmulas jurídicas adecuadas para ponerle fin al conflicto.

Esto significa para ellos que las Farc gocen de impunidad y puedan dar tranquilas el salto hacia la conquista de un poder que se les ofrece en bandeja de plata.

Ponerle fin al conflicto quiere decir en el “neolenguaje” del santismo arrodillarse ante las Farc, ceder cobardemente ante sus exigencias, pavimentarles el camino para que nos impongan sus delirios revolucionarios, sin importar que con ello se le tuerza el pescuezo a nuestro ordenamiento institucional y hasta a la más elemental lógica jurídica.

Piénsese tan solo en esta perla: el delito político goza de trato favorable de acuerdo con el derecho penal en razón de la supuesta filantropía de sus fines. Y al considerarse los crímenes de lesa humanidad, los de guerra y el narcotráfico como conexos con los delitos políticos, se llega a la asombrosa conclusión de que ellos también merecen trato de favor porque se los ha cometido por filantropía.

¡Qué horror!  La que el mundo civilizado considera que es una de las organizaciones terroristas más ricas del orbe y quizás la responsable de más de la mitad del tráfico mundial de cocaína, resulta que hace narcoterrorismo en grande por razones humanitarias.

Citemos de nuevo al magistral Discépolo:"Qué falta de respeto y qué atropello a la razón".

COLOMBIA, DESPIERTA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE.

2 comentarios:

  1. ¡Excelente artículo! ¿Qué posibilidad hay de candidatizar a los principales cabecillsa de las FARC incluído el "tirofijo) para ser elevado a los altares y que esa respetable y querida organización (léase fundación), sea anexada a la Cruz Roja Internacional, a Caritas o a HWR?
    Juanfer

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  2. El presente artículo hace reflexionar sobre lo siguiente:

    1) Si el arrepentimiento moral es individual, personal o íntimo, ¿sería válido que los agentes del Estado exigiesen al criminal esta clase de arrepentimiento para concederle beneficios penales?, ¿qué pasaría si el criminal sinceramente expresara que no siente arrepentimiento?, ¿en este último caso, el Estado debería negarle los beneficios penales?

    2) ¿Existe la posibilidad jurídica de que el Estado pueda garantizar la seguridad de la sociedad de las posibles acciones de un criminal no arrepentido, a quien se le haya otorgado beneficios penales?

    3) En el proceso de la Habana, las Farc han declarado, sinceramente, creo, que no se arrepienten de las actividades ilegales que han ejecutado. ¿Qué debería hacer, en este caso, el gobierno, si quiere continuar con el proceso de paz, sin afectar la seguridad de la sociedad y los derechos de las víctimas?

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