Conversación con Alberto Velásquez

El viernes pasado transmitió Teleantioquia, en el programa Al Grano, una conversación que sostuve con su director, Alberto Velásquez Martínez, acerca de temas de la actualidad política y jurídica del país.

La primera parte del diálogo versó sobre el conflicto armado interno, expresión que, según Rafael Nieto Navia, no está consagrada en el Derecho Internacional, que utiliza más bien la de Conflictos Armados Internacionales y No Internacionales.

Volví sobre la tesis que expuse en mi último artículo en el sentido de que la aplicación de la normatividad internacional para los segundos es nítida en los casos de guerra civil y se presta a discusión en los demás. Recordé, además, que el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 excluye de su aplicación los motines, desórdenes y situaciones similares.

Según mi leal saber y entender, la situación colombiana ubica en la zona de claroscuro entre el extremo de la guerra civil y el de los motines o desórdenes, pero mal puede asimilársela a la primera, por cuanto en ella no media el enfrentamiento de unos sectores de la población contra otros, o el de unas regiones contra otras, sino que el fenómeno es de bandas criminales, unas con discurso político y otras con propósitos simplemente delictivos, que atentan contra la institucionalidad legítima del país.

Observé que Santos y Vargas Lleras han presentado malos argumentos  en este debate.

El primero, por cuanto al afirmar que, si no se declara legalmente el conflicto armado interno, las operaciones militares que se han adelantado y continúan adelantándose contra la subversión perderían su sustento legal y darían lugar a que tanto los altos mandos militares como los propios presidentes que las han ordenado pudiesen ser enjuiciados como criminales.

Eso no es cierto, pues la Constitución es clara en su artículo 217 cuando les asigna a las fuerzas militares el cometido,entre otros, de defender el orden constitucional. La declaración legal de que estamos en un conflicto interno nada agrega a las atribuciones de las autoridades civiles y militares para combatir a grupos armados al margen de la ley y de índole terrorista que pretenden socavar el orden constitucional.

Por su parte, el ministro Vargas Lleras ha pretendido refutar a los que afirmamos que esa declaración legal es la antesala del reconocimiento de beligerancia en favor de los grupos guerrilleros, con dos argumentos que también resultan débiles en extremo.

El primero afirma que la declaración de beligerancia la hace la ONU, cuando la costumbre internacional es muy otra. Son los terceros gobiernos los que de modo discrecional y con sentido  político hacen ese reconocimiento, siempre y cuando los alzados en armas tengan dirección unificada, controlen territorios de manera estable y se avengan a reconocer las reglas del DIH.

El segundo argumento ministerial afirma que no hay que temerle a la figura de la beligerancia, pues se encuentra en desuso, ignorando que el gobierno de Estados Unidos acaba de reconocer como autoridad legítima al Consejo Nacional Libio que se opone a Gadafi. Ello implica, a todas luces, el reconocimiento del status de beligerantes a los rebeldes libios. O sea que la figura está vivita y coleando.

Me dijo Velásquez que estos alegatos producen la impresión de que Santos lo que quiere es crear ambiente para negociar con los guerrilleros.

Estuve de acuerdo con esa apreciación, la cual se corrobora con las declaraciones que acaba de hacer  Santos hoy en la mañana.

El tema, entonces, no es si estamos o no en medio de un conflicto interno, sino si hay las condiciones para sustituir la política de seguridad democrática por una de negociación con los grupos armados por fuera de la ley que invocan motivaciones políticas, asunto respecto del cual soy pesimista, por cuanto no hay un clima de opinión favorable a ello y, sobre todo, median severas dificultades jurídico-políticas para  abordarlo.

En efecto,¿qué se podría negociar hoy con esos grupos narcoterroristas?

El tratado sobre la Corte Penal Internacional ya no permite amnistías ni indultos respecto de los crímenes de lesa humanidad y otros de su jurisdicción que han cometido los subversivos a lo largo de años, incluso con posterioridad al levantamiento de la reserva que había hecho el Estado colombiano  para facilitar las negociaciones con esos grupos.

Difícilmente se podría adelantar, además, alguna negociación que tuviera como referente el contenido de la Ley de Justicia y Paz, a la que sólo se acogieron los paramilitares, dado el descrédito que la Gran Prensa y los enemigos de Uribe generaron en torno suyo.

No creo, tampoco, que pueda entregárseles la Constitución, como lo hizo Gaviria con el M-19, pues una  nueva Constituyente generaría enorme desconfianza en la opinión colombiana. La de 1991 dejó, en efecto, muy mal sabor, así haya una legión de turiferarios que la exaltan como si hubiese actuado como un Sínodo de Sabios.

Pasamos luego a considerar la decisión de la Corte Suprema de Justicia acerca de los computadores de Raúl Reyes, asunto sobre el cual preferí no pronunciarme de fondo, pues hay en él mucha tela para cortar y es necesario digerir primero el texto de la providencia.

No dejé de advertir, sin embargo, que nuestra legislación es muy idealista y poco pragmática, lo que la hace inapropiada para enfrentar  las peculiaridades  de nuestras difíciles circunstancias sociales y políticas.

Señalé, además, mi preocupación por el conflicto que se ha manifestado entre los jueces y la fuerza pública, pues acarrea serios  riesgos institucionales.

Recordé a propósito lo que con sobra de razones recalcaba como presidente Alfonso López Michelsen acerca de que la garantía del Estado de Derecho reposa en el binomio Corte Suprema de Justicia-Fuerzas Armadas.

Hoy no contamos con ese binomio, sino que presenciamos una peligrosa antinomia entre ellas a raíz de las decisiones judiciales contra militares y policías involucrados en situaciones difíciles de orden público.

Llamé la atención, además, sobre el hecho de que la administración de justicia está hoy en el centro del debate político, asunto que también se presta a severas reflexiones.

Se ha creado, en efecto, un clima de desconfianza por lo que se considera como una politización de la justicia, a lo que le presta fuerza la muy discutible iniciativa de traer al juez Garzón para que intervenga en nuestra problemática de derechos humanos, cuando se trata de un funcionario que está sub júdice en su país y , además, es conocido como actor conspicuo de la justicia espectáculo.

Rematamos el diálogo con un tema de discusión que, Deo volente, habremos de abordar más adelante. Se trata de lo que llamo, recordando a Laureano Gómez, el contubernio de la justicia y los medios.

De ello me ocuparé en otra oportunidad.