¿Cuál respeto a la voluntad popular?

La mitología constitucional proclama que la soberanía reside en el pueblo y que los gobernantes derivan el poder que ejercen de la voluntad que aquél expresa a través del voto.

Hace dos décadas se promovió la expedición de la Constitución que hoy malamente nos rige, dizque para profundizar la democracia mediante la introducción de nuevos mecanismos que garantizasen el imperio de la voluntad popular y, al mismo tiempo, erradicasen vicios seculares  hondamente arraigados que distorsionaban sus manifestaciones.

Uno de los grandes pretextos para demoler la Constitución de 1886 fue que se hacía necesario ajustar nuestro sistema a las exigencias de los tiempos acerca del  tránsito de una democracia meramente representativa a una participativa, la limitación de los poderes de los gobernantes y la instauración de medios de control más eficaces para asegurar su sometimiento a la juridicidad y, por supuesto, a la soberanía popular.

En algún momento habrá que hacer el escrutinio sobre la distancia que media entre los enunciados constitucionales y la práctica efectiva que se pone de manifiesto en los eventos electorales, las costumbres políticas y las actuaciones de las autoridades.

Mencionaré, por lo pronto, tan solo algo que llama la atención de no pocos comentaristas, sobre todo los que frecuentan el Twitter, quienes con sus trinos turban el silencio que al respecto guardan los que dicen orientar al país desde la tribuna de la Gran Prensa.

Se trata del notorio desfase que hay entre los compromisos que el candidato Santos asumió en la campaña presidencial, en virtud de los cuales obtuvo una abultada votación, y los giros que ha dado su política en materias tan delicadas como las relaciones con los países vecinos, la administración de justicia, la orientación de la coalición gubernamental o la seguridad pública.

Es bien cierto que en el último debate lectoral el país no reeligió a Uribe, sino que votó por Santos, y que éste no es idéntico a aquél. Pero también lo es que Santos hizo su campaña diciéndole a la gente que él sería el mejor continuador de las políticas de Uribe. Por consiguiente, según lo dice más de uno, Santos llegó al poder con los votos de Uribe.

Era previsible que, al posesionarse del cargo, el nuevo Presidente marcara distancias con su predecesor, con miras a definir su propio perfil, seleccionar sus propios colaboradores y desarrollar sus propias ideas. Al fin y al cabo, a un gobernante no lo atan las lealtades personales, pues se lo elige para que gobierne según su criterio y no el de otro.

Pero ello no significa que esté  libre de compromisos con sus electores, que no entienden cómo, de la noche a la mañana y sin explicaciones plausibles, el personaje por quien votaron confiados en sus discursos de campaña entre a desarrollar las tesis de los que perdieron las elecciones.

El caso con Venezuela es sintomático.

Rafael Pardo, en alianza con Ernesto Samper, fue un crítico severo de la política de Uribe y planteó que era necesario a todo trance recomponer la relación con Chávez para no seguir perjudicando a las habitantes de la frontera que estaban sufriendo los efectos del bloqueo comercial. El gobierno de Uribe, en cambio, estaba denunciando la presencia de las Farc en territorio venezolano y el apoyo que les daba el gobierno chavista.

Eran dos posiciones antagónicas y en ningún momento el candidato Santos dijo estar de acuerdo con su contendor liberal, que obtuvo una irrisoria votación en la justa electoral. Es decir, el electorado no apoyó a Pardo y si  votó por Santos fue porque éste en ningún momento desautorizó la política de Uribe. Si lo hubiera hecho, el resultado habría sido otro.

Algunas personas que dicen estar bien informadas cuentan que, un vez ganadas las elecciones, Santos inició acercamientos con Chávez y se proponía visitarlo, intento que se frustró con la denuncia que el embajador Luis Alfonso Hoyos presentó en la OEA. Se cree que buscó la ayuda de Samper para hacer los contactos iniciales.

Lo cierto es que nombró para la Cancillería a una ex embajadora  en Venezuela muy cercana a Samper y, luego, para la Embajada en el vecino país, a un ex ministro también de Samper. Es decir, las relaciones internacionales quedaron manos del samperismo, sin que Santos se hubiera tomado el trabajo de explicarle al país que votó por él las razones que tuvo para dar ese giro.

La campaña electoral se desenvolvió en medio de una agria confrontación entre el entonces presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Santos no les dijo a sus electores que se proponía claudicar ante la Corte en el asunto de la Fiscalía, ni muchísimo menos que proyectaba proponer a una conspicua defensora de Samper para que ocupara ese importantísimo cargo.

Lo cierto es que el que Napoléon consideraba como el cargo más poderoso dentro del Estado quedó también en manos del samperismo, sin que Santos se tomase el trabajo de explicar las razones de política criminal que lo llevaron a incluir en la terna a Vivian Morales y quizás a lograr que la Corte la eligiera.

No sobra señalar que las intimidades de ese vertiginoso proceso no son de dominio público y quedan muchas incógnitas por esclarecer. Dicho en buen romance, en lugar de la transparencia que se proclama que es el leitmotiv de la Constitución, lo que ha mediado en este asunto es la opacidad.

Santos se apropió los méritos de Uribe y las fuerzas armadas insistiendo en que como ministro de Defensa de aquél era el más capacitado para continuar la política de seguridad democrática.

No obstante, la opinión ha venido señalando retrocesos y ambigüedades en desarrollo de la misma. Y en un tema crucial, como el de si procede o no reconocer explícitamente por parte de las autoridades la existencia de un conflicto armado interno, Santos ha entrado en franca contradicción con Uribe, que se ha opuesto a que se haga esa declaración o al menos ha pedido que se la matice agregando que nuestra institucionalidad es víctima de la agresión de grupos armados que obran por fuera de la ley.

Acá aparece de nuevo Samper.

Ayer hubo en la W un debate entre Uribe y Samper acerca del tal reconocimiento del conflicto armado interno. Me llamó la atención que el segundo, al término del debate, anunciara que Piedad Córdoba está en México y otros países promoviendo un gran intercambio supuestamente humanitario de secuestrados por la guerrilla y subversivos presos en las cárceles colombianas.

Ahí se me encendieron las alarmas. La seguridad con que Samper habla del asunto suscita la inquietud de si anda en tratos con Santos para dicho propósito. Pero Samper es consocio de Piedad Córdoba, y ésta, a su vez, sigue las consignas de Chávez. Luego, parece haber en marcha un proyecto de Santos, Samper y Piedad Córdoba, junto con los nuevos mejores amigos del primero, es decir, Chávez y Correa, para entrar en negociaciones con las Farc y el Eln.

La flema con que Santos y su Canciller han decidido doblar la hoja en torno del escanaloso asunto de los computadores de Raúl Reyes y el informe del IIEE acerca de las relaciones de Chávez y Correa con las Farc, indica que algo se está cocinando en ese sentido.

A Santos no le habría costado el menor esfuerzo llegar a un acuerdo con Uribe en torno de las observaciones de éste sobre el texto del proyecto de Ley de Víctimas y Tierras, pues el propio Uribe abrió las puertas para una solución que conciliara el reconocimiento legal de la existencia del conflicto armado interno con el señalamiento de la naturaleza terrorista y antidemocrática de los grupos ilegales que atentan contra la institucionalidad.

¿Por qué se abstuvo de acercarse a su predecesor, si hace poco dijo que lo peor que podría sucedernos sería un enfrentamiento entre los dos? ¿Quería decirle de una vez por todas que es él quien manda ahora? ¿Aprovechó la oportunidad para que quedara claro que el partido de la U ya es de la S?

Pienso que hay algo más.

Aunque Santos y su gente lo nieguen, el reconocimiento legal del conflicto armado interno es la antesala del reconocimiento de beligerancia que exigen las Farc, aupadas por Chávez y Correa.

Es verdad que lo primero no implica necesariamente lo segundo, pero sí lo es que, dada esa declaración, seguidamente vendrá la presión para que se diga que la subversión es parte en condiciones de igualdad con las autoridades colombianas de un conflicto que debería resolverse con participación de terceros, llámeselos facilitadores, conciliadores o como se quiera.

Si Uribe se ha consagrado como el Hombre de la Guerra, Santos tal vez aspira a pasar a la historia como el Príncipe de la Paz.

Ahora bien, el electorado votó hace un año por una política que, mañosamente, se está desviando hacia otra sobre la que no se la ha dado suficiente información ni explicación.

Formulo unas inquietudes no exentas de ingenuidad: ¿En qué queda el acatamiento a la voluntad popular que se manifestó el año pasado en las urnas? ¿Cómo hacer que el Presidente respete a su electorado? ¿No amerita el deber de transparencia que se le diga a la opinión por dónde va el agua al molino?