domingo, 7 de marzo de 2010

La encrucijada del voto

A ocho días de las elecciones para el Congreso, el Parlamento Andino y las candidaturas presidenciales del Partido Conservador y el Movimiento Verde, muchos se preguntan por quiénes votar.

Esta pregunta no acucia a los que vendieron su voto, lo tienen ya comprometido con las maquinarias políticas o se someten con docilidad a la disciplina de partido. Pero, en cambio, inquieta al llamado voto de opinión, el que trata de inclinarse por las mejores alternativas políticas.

Es difícil cuantificar estos segmentos. Se cree que el voto comprado directamente al elector o a quienes lo controlan representa un elevado porcentaje en ciertas regiones del país. En cambio, el voto que obedece a la disciplina de partido tiende a disminuir, mientras que, sobre todo en las ciudades, cada vez tiene más importancia el voto de opinión.

Como hay una gran profusión de partidos y movimientos, así como de candidatos que aspiran a que el voto preferente les otorgue el triunfo, el ciudadano del común se ve enfrentado a múltiples opciones que a su vez le generan dudas muy similares a las encrucijadas del alma que agobiaron al presidente Uribe antes de que el fallo de la Corte Constitucional sobre la reelección se las despejara.

La cartilla que en los centros de votación se le entrega a cada elector exige un estudio previo para no dilatar el evento y no botar el voto.

Pues bien, les sugiero a los lectores que definan, primero que todo, la tendencia política de sus preferencias, en función de las candidaturas presidenciales que estarán en juego en las elecciones del próximo mes de mayo. Para que la cosa pública funcione, es necesario que Congreso y Gobierno vayan de la mano. Si se quiere que determinado candidato llegue a la Presidencia, hay que dotarlo de un Congreso que le ayude a gobernar y no se le atraviese o lo extorsione.

Este es un tema de de enorme importancia para el ordenamiento institucional, al que desafortunadamente se le ha prestado poca atención. Insistiré en posteriores oportunidades en que en la falta de dispositivos adecuados para garantizar la armonía entre  los altos poderes reside uno de los más graves defectos de nuestro sistema político. Por lo pronto, me limitaré a aconsejarles a los electores que, al depositar su voto dentro de una semana, piensen en la persona que a su juicio debería ocupar la Primera Magistratura a partir del próximo 7 de agosto.

Nuestro sistema electoral hace que el voto de cada ciudadano beneficie ante todo al partido o movimiento político que patrocina la lista de que haga parte el candidato que se desee apoyar. De ese modo, si deseo que Fulano llegue al Senado, tendré qué  recordar que mi voto no será sólo por él, sino ante todo por la organización que lo patrocine. En otros términos, al decidir por quién votar hay que mirar a qué partido o movimiento pertenece cada aspirante. Y, en las circunstancias actuales, los partidos y movimientos son de tendencia uribista o antiuribista.

Lo de “Ni con Uribe ni contra Uribe” o lo del “Post-Uribe”  son engañabobos. El tema de fondo sigue siendo la seguridad democrática. Se puede pensar que ésta requiere ajustes, que otros podrían llevarla a mejor término, que es necesario ampliarla a las ciudades, etc., pero, si así se piensa,  hay que votar por quiénes estén dispuestos a apoyarla en el Congreso. Los que consideren que esta política ya se agotó, que es necesario dar un giro que abra posibilidades de diálogo con los subversivos o que hay que favorecerlos, entonces deben depositar su voto por quienes patrocinen el abandono de esa línea de acción.

Por supuesto que hay otros temas de discusión pública, no sólo interesantes sino apremiantes, pero no se puede perder de vista que la guerrilla y Chávez son los factores que más polarizan a la opinión en esta coyuntura.

Identificada la tendencia política de sus  preferencias, entonces toca señalar el candidato que más atracción suscite. La campaña se ha hecho a partir de individuos, pero éstos, en realidad, son secundarios respecto de los partidos y movimientos. Las promesas de cada candidato se sujetan a que la organización a que pertenezca las apoye. A la hora de la verdad, el margen de acción propia que le resta a cada elegido es bastante limitado, pero ello no significa que la índole de sus compromisos con el electorado sea algo secundario. Hay congresistas que, dentro de los límites que de hecho los constriñen, se esmeran en cumplir y lo hacen.

Esta línea metódica para decidir el voto de cada uno se quiebra cuando entran en juego simpatías y antipatías, ideales y realidades, así como escalas de valores enfrentadas.

Conviene señalar que la Constitución Política adoptó en 1991 una tesis sui generis para diferenciar el Senado y la Cámara de Representantes. El primero se elige por circunscripción nacional. La segunda, por circunscripciones departamentales.

La idea de un Senado nacional no está mal fundada en sí misma. Sus promotores pensaron que de ese modo podrían llegar a él muchos personajes que gozan de reconocimiento en el país, pero cuentan con menor influencia en las distintas regiones.

Desafortunadamente, las buenas ideas suelen sufrir tergiversaciones y distorsiones en su contacto con la práctica. Nuestra cultura política sigue viendo al Senado desde la perspectiva de la representación regional. Y, de hecho, ese sistema ha dado lugar a que políticos que desconfían de su fuerza electoral en sus respectivos departamentos, tiendan a ampliarla con disidentes , excluídos o segmentos minoritarios de otros. El Senado carece, pues, de la representación nacional que soñaron los constituyentes, pero es interesante recordarle al elector que esta figura le brinda la oportunidad de salirse del esquema regional  y decidir su voto con criterio nacional.

Aunque el voto es secreto, no hay obligación de mantenerlo en reserva. En lo que a mí concierne, votaré para el Senado por Selma Samur, la número 100 de la lista conservadora, por su compromiso con los valores católicos y particularmente con la vida. Para la Cámara de Representantes, mi encrucijada del alma oscila entre Fernando Correa y Darío Acevedo, ambos de la U, pero con perfiles muy diferentes, empresarial el primero y académico el segundo. Dado que soy godo honorario y ya casi confeso, si no me separaran de la tradición conservadora no pocas discrepancias, le haré un homenaje en la consulta conservadora a Marta Lucía Ramírez, que tiene méritos sobrados para ejercer la Primera Magistratura, aunque todavía no ha gozado de oportunidades propicias para ello . Y para el Parlamento Andino, votaré por Oscar Arboleda, porque lo conozco y sé lo que vale.

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